Ante un incumplimiento aceptado

Por José Alvear Sanín*

Desde luego, el Acuerdo Final entre Timochenko y Santos carece de validez…, pero fue reconocido como supraconstitución por un congreso embadurnado, unas altas cortes prevaricadoras y dos gobiernos, el de Santos (alborozado como firmante), y el actual, resignado ante hechos cumplidos…

Sé que para muchos amigos lo que acabo de afirmar es doloroso, pero si el país sigue sometido al tal AF y tutelado a través del CSIVI, formado entre Farc y el gobierno nacional, que debe dar visto bueno previo a los actos del ejecutivo colombiano y donde participan dos gobiernos enemigos como Cuba y Venezuela, y Noruega, “neutral” (¿contra quién?, como diría Churchill), la democracia colombiana, agonizante, iría inevitablemente hacia el abismo.

El dilema es entre el ejercicio de la soberanía por un gobierno que actúe dentro de la Constitución y la ley, y el sometimiento del mismo a un convenio ilegítimo y a la supervisión inadmisible de la tal CSIVI.

Mientras continúe esa situación, en Colombia cogobierna Cuba, y si triunfan las izquierdas en el 2022, nuestro país pasará a ser manejado únicamente por los agentes de La Habana, como en Venezuela. No reconocer esto equivale a tapar el sol con un dedo.

Nunca la política fue más sencilla. Si consiste en escoger opciones, debe limitarse a la preservación de la democracia, porque si esta se pierde definitivamente, las libertades ciudadanas y el progreso económico y social desaparecerán, arrastradas por la barbarie castro-chavo-comunista.

No hay opción distinta a resistir o dejarse llevar por la pendiente facilista…

Aparentemente es imposible zafarse del AF, porque dizque está bien blindado por congreso, altas cortes, medios, la complicidad de varios partidos y tres expresidentes tan perjudiciales como poderosos. Pero, si una parte no cumple, la otra queda desligada absolutamente del convenio.

Hace pocos días, la bancada del CD en el Senado demostró con cifras indiscutibles el absoluto incumplimiento de las FARC: no han entregado los niños reclutados ni han reparado a sus víctimas, ni revelado las rutas de narcotráfico, ni repudiado a sus “disidencias”, no han consignado las sumas ofrecidas ni los bienes inventariados, ni reconocido sus delitos, ni, ni, ni…, mientras sus voceros vociferan una y otra vez que no se les viene cumpliendo…

En cambio, el gobierno se ufana de “honrar” el AF. Acude ante la CSIVI y los demás mecanismos dizque de verificación, sostiene millares de “desmovilizados”; a las “disidencias” las llama “grupos armados residuales”; entrega emisoras, paga miles de escoltas y suministra numerosos vehículos blindados a los “comandantes”; gira partidas para “proyectos productivos”; aprueba programas billonarios para cumplir el tal acuerdo… y a través de sus “altos” consejeros se inclina ante el gobierno cubano, indiscutible cabeza de las FARC.

En fin, triste es decirlo, pero el gobierno, en vez de reconocer el incumplimiento de la contraparte, lo tolera y disimula, y además, paga espléndidamente los informes de un dizque Instituto Kroc, escogido por las FARC y Santos para dar cuenta del cumplimiento del AF y el “ritmo de la implementación de la paz” que, según esos afortunados gringos, se ha hecho más lento bajo Duque, aunque subió de 68% en 2018 a 74% en 2019. Un resumen de ese sesgado mamotreto puede leerse en El Tiempo del pasado 17 de junio.

Tres años de incumplimiento y mamadera de gallo (pidiendo perdón por esta vulgar pero precisa expresión) son más que suficientes para que el gobierno se emancipe de la coyunda fatal que lo está asfixiando.

De esta pandemia, que el presidente ha sabido manejar (a pesar del saboteo por parte de la señora alcalde de Bogotá), el país saldrá arruinado y endeudado hasta niveles astronómicos y la población quedará hambrienta y desempleada.

En consecuencia, la situación económica y fiscal, la peor en la historia de Colombia, exigirá austeridad, recortes y atención a las prioridades. Lo más equivocado sería suspender gastos urgentes e imprescindibles en la recuperación de la economía nacional, con el fin de cumplirles a las FARC con los 39 billones previstos en el actual Plan de Desarrollo, para implementar un AF que no ha traído la menor paz y que puede arruinar definitivamente el campo colombiano y encender la violencia más atroz.

Esa suma gigantesca se necesita, en cambio, para atender las situaciones más apremiantes de la población, como ha indicado el doctor Luis Alfonso García Carmona, dirigente de la Alianza para la Reconstrucción de Colombia —ARCO—, en la reciente reunión de precandidatos presidenciales del Foro Atenas. No se podrá endeudar todavía más al país para que las FARC gasten, despilfarren y hagan política a costa del bienestar de los colombianos.

En nombre de ese grupúsculo, de apenas 50.000 votantes, el señor Estrada, de la CSIVI, que ahora posa de jurista, invoca estentóreamente desde Cuba la máxima Pacta sunt servanda, para que el país se les acabe de doblegar mientras ellos siguen burlándose de 50 millones.

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Bienaventurada vejez, de Robert Radeker _ La edición colombiana de este libro (Bogotá: FCE; 2017, 150 pag.), apareció dos años después de la primera francesa. Su título es irónico, porque trata precisamente de lo contrario, el desprecio en que ha caído la ancianidad. Su autor es un filósofo nacido en 1954, gravemente amenazado por islamistas, que obviamente se acerca a la temida vejez en medio de una sociedad “jovenista”, donde los mayores son vistos como desechos cuya vida cuesta mucho dinero a los gobiernos, porque ya no existe la solidaridad familiar, que a lo largo de la historia de todos los pueblos hacía posible la natural convivencia de las edades en la familia.

Este profundo ensayo, filosófico, sociológico y antropológico, se asoma a la aterradora perspectiva del gerontocidio en el que puede desembocar la sociedad actual, porque ya el feticidio masivo ha sido aceptado en tantos países cuyos gobiernos lo promueven y lo financian, y cuyas “altas cortes” lo han convertido en “derecho fundamental”.

Sin hijos ni abuelos, el jovenismo se ha vuelto una como religión actual. Las gentes prolongan la juventud con actitudes, comportamientos, tratamientos, vestimenta y fármacos como el viagra, temerosas del momento fatal en que se los confine en los geriátricos (en Francia los EPHAD), abandonados por todos y en espera de triste y solitaria muerte. Ningún libro más actual y sobrecogedor que este, cuando los primeros gerontocidios masivos —acoto— se vienen realizando sigilosamente en Europa y los Estados Unidos por cuenta del covid-19.

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¡Y el colmo de los colmos, el prevaricato descarado e impune del Tribunal Superior de Cundinamarca, que elimina las facultades del presidente de la República como director de las relaciones exteriores y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas!

Parcelado, descuadernado y desarticulado

Por José Alvear Sanín*

El panorama del país, parcelado, descuadernado y desarticulado, no es cosa del actual gobierno. Así lo heredó. A continuación, fue sometido a una, dizque, “resistencia” permanente y agresiva, que apenas se ha suspendido, en parte por la pandemia, en las ciudades principales, mientras arrecia en las zonas cocaleras (copadas por las “disidencias”) y en los territorios indígenas (250.000 Km²), donde no impera la ley colombiana. Esta tampoco rige en el poder judicial, donde se sigue la voluntad de las variadas emanaciones del partido comunista clandestino.

En el frente económico, el gobierno tampoco heredó soberanía verdadera, porque son las exportaciones ilícitas las que generan las divisas para mantener una especie de normalidad que, por otra parte, no permite tener una tasa real de cambio, que estimule el desarrollo industrial y conduzca al equilibrio en la balanza de pagos. En buena parte nuestra economía es rehén del narcotráfico…

Actualmente, el Estado colombiano se parece a la piel de zapa, porque cada día se recorta más el poder del gobierno central, sitiado por las “altas cortes” y entrabado por las ruedas sueltas de Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Defensoría, Registraduría del Estado Civil, para no hablar de un Congreso diabético pero nostálgico de mermelada, que todo obstaculiza.

Cada órgano autónomo merecería el detenido análisis, que no vamos a hacer, porque en parte alguna se ve voluntad política de rescatar al ejecutivo, maniatado por una supraconstitución.

De esta pandemia saldremos empobrecidos, hambreados y atados al Acuerdo Final, que nos deja sin esperanza de tener un gobierno eficaz, para transformar las instituciones, recuperar la economía y conjurar la doble debacle electoral de 2022, cuando la demagogia tendrá, además de la miseria, luz verde, por la indolencia, frente a la incesante ofensiva subversiva.

Es lamentable el clima de resignación ante los hechos cumplidos, porque el espurio AF blinda la acción revolucionaria mientras inhibe la reacción política. El gobierno, a pesar de sus buenas intenciones, sigue, o al garete (para unos) o avanza al paso soros-santista (para otros).

Desde la Colonia miramos a la capital del Reyno, de la cual se ocupan obsesivamente los políticos y los medios. Saturados de Bogotá, no observamos lo que pasa en el resto de un país donde las mayores industrias (narcotráfico, minería ilegal y contrabando) están en las peores manos y el poder ejecutivo se ha parcelado hasta extremos increíbles: 1.126 alcaldes y 35 gobernadores, verdaderos reyezuelos que desde noviembre del 2019 son delegatarios para el manejo del orden público. Envalentonados, van erodando diariamente la autoridad central, completando, ampliando, aumentando, corrigiendo y enredando las disposiciones nacionales.

Conviene, entonces, comentar con algunos ejemplos la extralimitación, ya habitual, entre los mandatarios locales, que nadie sanciona:

* La señora alcalde de Bogotá no da pie con bola, no solo por su inexperiencia e intemperancia, sino, especialmente, por su desmedida ambición. Parlotea, sabotea y recrimina continuamente las determinaciones presidenciales. Capitaliza los pocos éxitos de su actuación desordenada y atribuye los efectos desfavorables al presidente. Si seguimos como vamos, con medios fletados, inmensos presupuestos y más de un millar de juntas de acción comunal, la López, cuya popularidad crece en razón directa de su logorrea, tiene asegurada la presidencia en el 2022, salvo intervención divina, porque no se aprovechó la facultad de suspender a tiempo a la gárrula y obstructiva funcionaria, que seguirá dictando protocolos de imposible cumplimiento, para estimular el empobrecimiento colectivo, que la favorece especialmente.

* Varios alcaldes están preparando la llegado masiva de misiones médicas de esclavos cubanos, cuando tenemos miles de médicos mejor preparados, pero no parece posible que el gobierno, después de su meliflua declaración de amor a la dictadura cubana, esté dispuesto a descalificar ese despropósito.

* En Manizales, un travesti ocupa la Secretaría de la Mujer, y el alcalde propone gravar la “plusvalía de los inmuebles” para aplastar a la clase media.

* Pinturita, elegido por el petro-fabiovalencismo (!!!), no es un personaje inexperto pero inofensivo, como lo presentan en Medellín los radioperiódicos subsidiados por el Municipio. Acaba de retribuir generosamente a Juan Carlos Monedero, el número 2 del partido comunista Podemos, para proponernos por teleconferencia el modelo con el cual su gobierno está destruyendo a España. Con ese mentor, ¿qué de raro tiene que haya embadurnado calles y paredes con arcoíris y demás emblemas LGBTI, antes de que su administración supere los cinco mil y más millones dados por su antecesor a ese abigarrado movimiento político-ideológico.

* El gobernador del Magdalena, en el Plan departamental de desarrollo, logró decretar que todas las tierras ganaderas son explotaciones contrarias a la ecología, preparando así su expropiación cuando empiece, el año venidero, la reforma agraria integral convenida entre Santos y Timo.

Bien sé lo impopular y políticamente incorrecto que es llamar la atención en un país desorientado, desinformado e indolente, pero ¿cuándo vamos a dejar de mirar a través de gafas rosadas? ¿Y cuándo aparecerán los líderes de una Colombia erguida, para enfrentar una amenaza pavorosa y cercana? ¡Para mañana es tarde!

Hora para una "prueba ácida"

Por José Alvear Sanín*

Si la prueba ácida es el mejor indicador para conocer la capacidad de una empresa para cancelar sus obligaciones corrientes. Con la rocambolesca discusión de las seis objeciones del presidente Duque al proyecto de ley estatutaria 08 de 2017 (Senado) y 016 de 2017 (Cámara)[1], ha llegado el momento de aplicar una prueba ácida, para saber la capacidad que tiene el gobierno de cumplir sus obligaciones legales frente al ordenamiento mixto legal-ilegal que nos rige.

En efecto, tenemos una Constitución expedida en 1991, buena, mala, regular o pésima, con cerca de 50 enmiendas, pero adscrita al sistema democrático representativo de derechos humanos, libertades individuales y empresariales, separación de poderes, predominio de la ley, independencia e imparcialidad de los jueces, elecciones libres, etc., sobre la cual se sobreimpuso, contra la voluntad mayoritaria del pueblo, un mamotreto leninista que, además, “se implementó” con más de un centenar de estatutos expedidos con absoluta violación de los mecanismos previstos por la Carta.

Su análisis indica claramente que todos y cada uno de los 159 artículos de ese proyecto de ley estatutaria de la JEP son inconstitucionales y perjudiciales. Sin embargo, el presidente apenas objetó los seis peores. La tormenta posterior, nacional e internacional, que se suscitó contra él indica que da lo mismo objetar uno, cien o mil, porque cada intento de modificar el NAF y sus corolarios “legales” está condenado al fracaso, porque la supraconstitución está blindada, no solo “legalmente” sino también por la acción coordinada de los amigos de la subversión, el desorden y la revolución, en Cortes y Congreso, columnistas, emisoras, e incontables raposas jurídicas.

Lo que acabamos de presenciar es simplemente el enfrentamiento entre la Constitución y la supraconstitución.

Como el pueblo (constituyente primario) rechazó el NAF y luego eligió al doctor Duque, la Carta del 91 sigue vigente, pero supeditada inexplicablemente a un convenio de 312 páginas entre Santos y Timochenko, cuya “validez” reposa en la firma de estos dos sujetos.

Para no decirnos mentiras, es necesario considerar el enfrentamiento inevitable entre el régimen constitucional (que el doctor Duque juró cumplir) y el supraconstitucional (no jurado por él), que carece de legitimidad jurídica, electoral y moral.

El NAF no es cosa distinta de la “hoja de ruta” para el gobierno de transición que debía ejercer Petro: impunidad, tolerancia notoria (=estímulos) de los narcocultivos, ideología de género en la educación, “memoria histórica”, reforma agraria colectivista, desfinanciación y desmotivación de las Fuerzas Armadas, sometimiento del gobierno a multitud de órganos cooptados por las FARC, predominio de la “protesta” sobre el orden público, erogaciones astronómicas para el “postconflicto”, etc.

¡Las consecuencias de este régimen mixto legal-ilegal consisten en obligar a Duque a ejecutar el programa demoledor de su adversario!

En el frente económico, el PND obedece en buena parte a los lineamientos de La Habana, en cuanto obliga al erario a atender “compromisos” de imposible financiamiento, que superan ampliamente los 39 billones de pesos destinados a implementar el NAF en el cuatrienio, pero con posible duplicación de los mismos porque hay muchas partidas camufladas que tienen la misma finalidad.

El NAF no es el único factor tras el desequilibrio estructural del presupuesto colombiano, pero lo agrava. Y el gobierno, mientas siga maniatado “legal” y presupuestalmente por ese pacto, no podrá equilibrar las cuentas. Cálculos prudentes del déficit previsible indican que Colombia tendrá que sumar otros 50 o 60 billones de dólares a su endeudamiento para poder ejecutar cabalmente el PND del actual gobierno. Nos aguarda, entonces, el destino de Argentina y Grecia, si no se procede a un ajuste drástico, realista e impostergable del gasto público, para que el desorden demagógico-fiscal no se convierta en el detonante de la revolución…

En realidad, el éxito que deseamos para el gobierno del doctor Duque exige su emancipación de la camisa de fuerza que le dejaron Santos y Timochenko. Por eso, el gobierno debe someter la situación de su administración a una prueba ácida que le permita evaluarla, porque está maniatado, mientras la subversión, desatada, cuenta con dinero, incomprensibles mayorías legislativas, la connivencia de los jueces y poderes fácticos como los medios, además del coro internacional de los mamertos.

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Amarrar el gato con la longaniza. A eso equivale el llamamiento del grupo de Lima a la dictadura cubana para que colabore en la solución del impase venezolano, causado en buena parte por la pusilanimidad, indecisión y tontería de esos mismos cancilleres…, y como si fuera poco, Holmes desautoriza las atinadas observaciones del embajador Ordóñez sobre la acción castro-chavista en todos nuestros países. “¡Con enemigos así, Maduro no necesita amigos!”.

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Fernando Vallejo denuncia, una y otra vez, veraz y valerosamente, el horror del NAF y de la entrega del país. Sin ser santo de mi devoción, admiro su coraje en estos asuntos.

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[1] ¿Cómo es posible que la JEP esté actuando sin ley que determine sus procedimientos?  ¿Por qué no están detenidos todos sus integrantes por usurpación de funciones?

La Jurisdicción Especial para la Paz

Por Antonio Montoya H.*

La JEP es un instrumento jurídico que en mala hora surgió en las negociaciones de paz con la FARC, que pretendió y pretende ser el órgano a través del cual se juzgue, condene o absuelva a los que son admitidos a dicha jurisdicción. En el fondo, el objetivo es condenar a aquellos que cometieron distintos delitos en el trasegar de la vida guerrillera, sobre todo a los comandantes y al primer grupo de dirección, a toda la cúpula del comando superior encabezado por Timochenco y otros más que cumplían su misión en diferentes frentes del territorio nacional, así como a los que participaron en el conflicto, los militares y terceros que de una u otra forma fueron activos en el desarrollo de estos cincuenta años de guerra.

Esta bien que se sometan a decir la verdad de lo ocurrido en tantos años de violencia y se les condene si se les encuentra culpables, además que se dé la reparación y se comprometan a la no repetición. Es fácil si se cumple y someten a ello, no a dilatar, torpedear y negarse a presentarse.

Si queríamos una justicia ágil y pronta, con esta jurisdicción perdimos el año, se van a cumplir dos años del acuerdo y nadie ha visto resultados tangibles. Mucho bla, bla y nada de acción, se ha ido el tiempo en explicar en que se gastan el dinero, en crear una burocracia y otorgar contratos de increíble valor para nada, por eso es que es un adefesio jurídico la Jurisdicción Especial para la Paz. Tiene un nombre rimbombante y ha creado grandes expectativas que se están diluyendo en el tiempo, no creemos en ella y se vuelve en otro elefante blanco de la justicia en nuestro país.

Por qué no haber creado al interior de la misma Corte Suprema de Justicia una sección especial de magistrados, con investigadores apoyados por la fiscalía para encarar este tortuoso y necesario ejercicio de nuestro país para buscar la justicia, no la genérica, sino la que realmente recaiga en los responsables de los múltiples delitos que se cometieron, que no tienen justificación y que han afectado a miles de familias en Colombia, entre ellos violación, tortura, desaparición, desplazamiento, secuestro, utilización de menores, masacres, genocidios y en fin todos aquellos actos que se cometieron en el conflicto.

La verdad se debe conocer, sin ambigüedades ni engaños, así sea dolorosa, angustiante y terrible para aquellos que en forma directa van a conocer la causa de la muerte o desaparición de sus seres querido familiar y la explicación que se dé llenará sus almas de un dolor que no los dejará respirar. Es la verdad que se requiere para sanar el cuerpo y el alma no solo de sus parientes, sino de todo un país que sufrió el horror del conflicto, que vio su economía y futuro truncado por los actos vandálicos de los guerrilleros y los otros actores que hicieron parte del conflicto.

La justicia, si la hay, debe ser pronta y rápida, deberíamos tener condenas y aun no las hay, se pierde la esperanza.

La reparación no parece que se fuera a dar porque dicen que el dinero no está, que han entregado lo que tenían. Mentira, mentira, debe estar encaletado, esperando que las aguas se enfríen y proceder a legalizarlo.

La no repetición, es sin duda alguna el objetivo, el deseo que tenemos de que, aunque se den dificultades en la puesta en marcha, no se genere una desbandada y se vayan otra vez, como ya está ocurriendo, a ser parte de otros grupos. Pero, los caso que observamos de Santrich, el Paisa, Márquez y otros, que ya han sido dados de baja, hace dudar de la no repetición.

Ahora bien, además de las dificultades anteriores para el cumplimiento del objetivo final del conflicto, nos hacemos la pregunta que claramente expresó el exmagistrado de la honorable Corte suprema de Justicia, Jaime Arrubla Paucar, en el programa de televisión El Pensamiento al Aire que grabamos en días pasados en la ciudad de Medellín: para qué y por qué la Jurisdicción para la Paz tiene que tener una vigencia de veinte años. No tiene razón de ser, si va haber justicia debe ser ya, no dilatar decisiones y actuar. No debió tener más de cuatro años de duración ese esperpento jurídico, porque, además, fue un atropello contra la rama jurisdiccional, el soporte con el ejecutivo y el legislativo de la institucionalidad del país.

También, un sector grande del país se fue lanza en ristre contra el presidente Iván Duque, porque en el ejercicio de su deber constitucional considero que 6 de los 158 artículos de la ley estatutaria de la JEP, son inconvenientes. Pues lo son y de qué manera. Ahora tendrá el congreso que analizar el tema, con mucho cuidado y sin pasión, porque por causa de la polarización estamos camino del despeñadero.

No se nos puede olvidar que cuando el país se divide, el desorden crece y los populistas aprovechan para hacer y deshacer y convertirse en los lideres y mesías salvadores de la democracia. Son hábiles y así lo vemos todos los días, aprovechando las marchas para tomarse fotos, llegar a los sitios del conflicto no para apoyar sino para enrarecer más el ambiente, y eso no lo ven los líderes de los partidos, absortos en sus propias ideas y permitiendo que el país vaya al caos y aquellos otros aprovechando nuestras diferencias, para después darnos jaque mate. Así perderemos lo construido en 210 años de luchas por la democracia.

Un PND lastrado

Por José Alvear Sanín*

Como estudié planificación en London School of Economics y en la Escuela de Administración Pública de Madrid, y durante décadas Mariano Ospina Hernández, principal experto nacional en la materia, influyó en mi pensamiento, cada año el Plan Nacional de Desarrollo es de mi especial interés. Procedo, entonces, a hacer ciertas consideraciones sobre el “Pacto por Colombia. Pacto por la equidad”, título que lleva el del doctor Duque.

Por la ausencia, desde que se adoptó el principio de planeación en Colombia, de un verdadero hilo conductor y proyectivo, cada PND es más bien un programa de gobierno. Pero aun sin eslabonarse, los 14 anteriores se inscriben dentro de una perspectiva acorde con el modelo de economía mixta y de libertad económica y empresarial. Indicativa, pero nunca coercitiva, en la planeación colombiana los Planes se suceden dentro de la racionalidad propia de este modelo, que ha hecho posible el apreciable progreso nacional.

El presente Plan no contradice teóricamente ese marco conceptual, pero incorpora un lastre que puede dar al traste con sus buenas intenciones. Se apuesta por un crecimiento, como mínimo, del 4.5 % anual durante el cuatrienio, pero para logar esa meta, indispensable pero no ambiciosa, el país requiere estímulos poderosos: tributación que no ahogue la iniciativa ni el ahorro, un tipo de cambio real que no esté distorsionado por crecientes ingresos non sanctos, equilibrio presupuestal, austeridad en el gasto, e inversiones en sectores prioritarios asignadas teniendo siempre en cuenta la mejor relación beneficio/costo.

En los Planes de Desarrollo se trazan altas y deseables metas, como la de “sacar a 1.5 millones de la pobreza extrema; a 3 millones, de la pobreza; reducir la tasa de desempleo a 7.9%; ofrecer calidad de educación a niños y jóvenes, y tener salud eficiente y de calidad”.

La inversión suma $1.100 billones. En consecuencia, el Plan apunta muy alto, pero para que tenga éxito es necesario emplear los recursos en los frentes más urgentes y productivos. En cambio, este Plan está lastrado por la destinación de $37.1 billones “para la paz”, dentro de los cuales se encuentran $20 billones para los “Programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET)”, cuyos beneficiarios deben ser “los municipios más afectados por la pobreza, la violencia y los cultivos ilícitos”.

Nadie sabe a ciencia cierta qué son esos tales Programas, y mucho menos se ha calculado su relación beneficio/costo. Lo que se puede colegir es que se trata de implementar rigurosamente lo convenido en el Acuerdo Final, posiblemente para acometer la tal “reforma agraria integral”, que en ningún caso puede considerarse como inversión productiva. Las grandes posibilidades agropecuarias del país requieren una política moderna, dinámica, técnica y productiva, todo lo contrario de una marcha hacia un romanticismo demagógico, bucólico e improductivo, llamado a desembocar en el colectivismo rural que explica el hambre persistente en los pueblos bajo el socialismo agrario.

Pero sí es preocupante ese elevado rubro y no parece que al gobierno le baste con cumplirles así a las FARC. Por fuera de este capítulo de “la paz”, hay un renglón de $46.7 billones con claro tufillo de AF. El doctor Archila, consejero presidencial para la estabilización y consolidación (sic), explica que: “El gobierno está comprometido con las víctimas, con la reincorporación de los excombatientes y con las familias que están en sustitución voluntaria de cultivos ilícitos”[i]. Agrega: “Iván Duque tiene un alto compromiso con la implementación y pretende ir más allá de lo acordado (…)”[ii]

Así las cosas, en el mejor de los casos, el gobierno, a través de este PND, se compromete apenas a gastar unos $9 billones anuales en todo lo que las FARC obtuvieron de su cómplice, Juan Manuel Santos. Por definición todas esas partidas son contrarias a la racionalidad económica del modelo de la economía social de mercado, consagrado en la Constitución del 91, que es infinitamente mejor, aunque imperfecto, que el modelo marxista del socialismo del siglo XXI, que las FARC exigen, prevalidas de una supra constitución espuria e inconveniente, pero con el respaldo popular de 50.000 votos.

Una cosa es que el doctor Archila afirme: “Los recursos para la implementación del Acuerdo de Paz están contemplados en el PND”, y otra cosa es que existan. Ya se vio que para incorporarlos al presupuesto de 2019 hubo que apelar a una reforma tributaria que resultó insuficiente para equilibrarlo, pero socavó gravemente la base política del gobierno. En 2020, 2022 y 2023, parece que habrá que apelar a iguales o mayores exacciones, como lo ha dado a entender Juan Camilo Restrepo, autor de un excelente texto sobre Hacienda Pública y exministro del ramo.

El PND, lastrado y secuestrado por las FARC, no puede ser herramienta eficaz para un crecimiento del 4.5% anual. Al contrario, lo puede reducir peligrosamente, o anularlo ante el horizonte 2022, hacia el cual el país avanza sin optimismo.

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El fugaz gobierno de Pedro Sánchez ha resuelto todos los problemas económicos y sociales de España al profanar la tumba de Franco, contando con la ambigua actitud del Vaticano.

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[i] Cultivos ilícitos cuya erradicación se hará voluntariamente, respetando los convenios con 133.000 familias que así podrán tomarse todo el tiempo para no hacerlo.

[ii] ¿Estará autorizado para comprometer al Presidente de la República de esta manera?