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jueves, 25 de abril de 2019

De cara al porvenir: la quejadera


Pedro Juan González Carvajal*

Pedro Juan González Carvajal
Por esta época, el año anterior, año de elecciones, los agoreros de siempre, los quejumbrosos de siempre, exponiendo sus razones, todas respetables, aseguraban que el 2018 era el peor año económico en la historia del país, que Santos había acabado con la posibilidad de hacer empresa y que el fantasma de Petro crecía como la espuma, lo cual hacía decaer el espíritu empresarial y alejaba la posibilidad de inversión.

Ya en el 2019, pasado el período de las asambleas de las empresas de acuerdo con el calendario establecido. Esas mismas voces apocalípticas no saben qué hacer para ocultar las grandes utilidades obtenidas en el ámbito empresarial y qué decir de los grandes Grupos Económicos (El Colombiano: “Empresas buen balance en 2018”) lo cual quiere decir que Santos, en materia económica, no era tan malo y que el fantasma de Petro se eliminó (o se aplazó) y todos tan contentos.

Desde que tengo uso de razón escucho la expresión de que “este año va muy mal” y al final, sin ser una cosa del otro mundo, se obtienen resultados razonables para algunos, malos para otros y excesivos por lo buenos para los de siempre.

Jamás he escuchado la expresión “vamos bien o muy bien”, la quejadera es el ejercicio común y ya hace parte de nuestra cultura gerencial.

Ojalá las nuevas generaciones de relevo en el ámbito empresarial entiendan que es irradiando optimismo y trabajando duro como se obtienen los resultados, a pesar de las dificultades en el camino, que son absolutamente normales.

A pesar de haber superado los niveles de incertidumbre que son normales, sería bueno que los acaldes, los gobernadores y el propio presidente de la República, en las ya tradicionales y monótonas sesiones de Rendición de Cuentas, nos presentaran los Estados Financieros de su Municipio, de su Departamento y del País, como lo hace cualquier gerente juicioso.

¿Cómo están los niveles patrimoniales de Medellín y de Antioquia?, ¿cómo están los pasivos?, ¿cómo está establecido el nivel de riesgo?, ¿crecieron o decrecieron nuestros activos?, ¿cuál fue el impacto de la aplicación de las NIIF? Para eso existen la Contaduría Municipal, la Contaduría Departamental y la Contaduría General de la Nación.

Así mismo sería sano que el país, siempre tan alejado de las cuentas, supiera cómo nos fue el año anterior con cada uno de los TLC firmados. ¿Cómo quedaron las distintas balanzas comerciales?, ¿cuáles TLC se aprovecharon adecuadamente y cuáles no?

Estas inquietudes, de tener respuesta, nos servirán como etapa de calentamiento para enfrentar los retos y las exigencias que nos plantea el ingreso a la OCDE.

Ahora bien, es importante que los gremios económicos sectoriales y subsectoriales y las Cámaras de Comercio, lideren estos procesos de rendición de cuentas y de análisis económico del entorno, para beneficio de sus afiliados y del propio país.

También es prudente, antes de que nos acabemos de enredar con la moda de la llamada “economía naranja”, que estudiemos y presentemos cuáles han sido los resultados reales de aporte a la riqueza de las grandes cantidades de dinero aplicados en el último decenio a los bien o mal llamados emprendimientos. Las incubadoras de empresas sirven es para sacar polluelos, no para calentar huevos de manera indefinida.

De igual manera, definir desde ahora, cuáles van a ser las metodologías a aplicar para medir el verdadero impacto que los nuevos apoyos a los vinculados con este nuevo color económico van a tener, cuáles son sus presupuestos y cuáles los resultados esperados en un tiempo predeterminado.

Si no hay cuentas claras, se acolita la corrupción.

miércoles, 27 de febrero de 2019

Un PND lastrado


Por José Alvear Sanín*

José Alvear Sanín
Como estudié planificación en London School of Economics y en la Escuela de Administración Pública de Madrid, y durante décadas Mariano Ospina Hernández, principal experto nacional en la materia, influyó en mi pensamiento, cada año el Plan Nacional de Desarrollo es de mi especial interés. Procedo, entonces, a hacer ciertas consideraciones sobre el “Pacto por Colombia. Pacto por la equidad”, título que lleva el del doctor Duque.

Por la ausencia, desde que se adoptó el principio de planeación en Colombia, de un verdadero hilo conductor y proyectivo, cada PND es más bien un programa de gobierno. Pero aun sin eslabonarse, los 14 anteriores se inscriben dentro de una perspectiva acorde con el modelo de economía mixta y de libertad económica y empresarial. Indicativa, pero nunca coercitiva, en la planeación colombiana los Planes se suceden dentro de la racionalidad propia de este modelo, que ha hecho posible el apreciable progreso nacional.

El presente Plan no contradice teóricamente ese marco conceptual, pero incorpora un lastre que puede dar al traste con sus buenas intenciones. Se apuesta por un crecimiento, como mínimo, del 4.5 % anual durante el cuatrienio, pero para logar esa meta, indispensable pero no ambiciosa, el país requiere estímulos poderosos: tributación que no ahogue la iniciativa ni el ahorro, un tipo de cambio real que no esté distorsionado por crecientes ingresos non sanctos, equilibrio presupuestal, austeridad en el gasto, e inversiones en sectores prioritarios asignadas teniendo siempre en cuenta la mejor relación beneficio/costo.

En los Planes de Desarrollo se trazan altas y deseables metas, como la de “sacar a 1.5 millones de la pobreza extrema; a 3 millones, de la pobreza; reducir la tasa de desempleo a 7.9%; ofrecer calidad de educación a niños y jóvenes, y tener salud eficiente y de calidad”.

La inversión suma $1.100 billones. En consecuencia, el Plan apunta muy alto, pero para que tenga éxito es necesario emplear los recursos en los frentes más urgentes y productivos. En cambio, este Plan está lastrado por la destinación de $37.1 billones “para la paz”, dentro de los cuales se encuentran $20 billones para los “Programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET)”, cuyos beneficiarios deben ser “los municipios más afectados por la pobreza, la violencia y los cultivos ilícitos”.

Nadie sabe a ciencia cierta qué son esos tales Programas, y mucho menos se ha calculado su relación beneficio/costo. Lo que se puede colegir es que se trata de implementar rigurosamente lo convenido en el Acuerdo Final, posiblemente para acometer la tal “reforma agraria integral”, que en ningún caso puede considerarse como inversión productiva. Las grandes posibilidades agropecuarias del país requieren una política moderna, dinámica, técnica y productiva, todo lo contrario de una marcha hacia un romanticismo demagógico, bucólico e improductivo, llamado a desembocar en el colectivismo rural que explica el hambre persistente en los pueblos bajo el socialismo agrario.

Pero sí es preocupante ese elevado rubro y no parece que al gobierno le baste con cumplirles así a las FARC. Por fuera de este capítulo de “la paz”, hay un renglón de $46.7 billones con claro tufillo de AF. El doctor Archila, consejero presidencial para la estabilización y consolidación (sic), explica que: “El gobierno está comprometido con las víctimas, con la reincorporación de los excombatientes y con las familias que están en sustitución voluntaria de cultivos ilícitos”[i]. Agrega: “Iván Duque tiene un alto compromiso con la implementación y pretende ir más allá de lo acordado (…)”[ii]

Así las cosas, en el mejor de los casos, el gobierno, a través de este PND, se compromete apenas a gastar unos $9 billones anuales en todo lo que las FARC obtuvieron de su cómplice, Juan Manuel Santos. Por definición todas esas partidas son contrarias a la racionalidad económica del modelo de la economía social de mercado, consagrado en la Constitución del 91, que es infinitamente mejor, aunque imperfecto, que el modelo marxista del socialismo del siglo XXI, que las FARC exigen, prevalidas de una supra constitución espuria e inconveniente, pero con el respaldo popular de 50.000 votos.

Una cosa es que el doctor Archila afirme: “Los recursos para la implementación del Acuerdo de Paz están contemplados en el PND”, y otra cosa es que existan. Ya se vio que para incorporarlos al presupuesto de 2019 hubo que apelar a una reforma tributaria que resultó insuficiente para equilibrarlo, pero socavó gravemente la base política del gobierno. En 2020, 2022 y 2023, parece que habrá que apelar a iguales o mayores exacciones, como lo ha dado a entender Juan Camilo Restrepo, autor de un excelente texto sobre Hacienda Pública y exministro del ramo.

El PND, lastrado y secuestrado por las FARC, no puede ser herramienta eficaz para un crecimiento del 4.5% anual. Al contrario, lo puede reducir peligrosamente, o anularlo ante el horizonte 2022, hacia el cual el país avanza sin optimismo.

***

El fugaz gobierno de Pedro Sánchez ha resuelto todos los problemas económicos y sociales de España al profanar la tumba de Franco, contando con la ambigua actitud del Vaticano.



[i] Cultivos ilícitos cuya erradicación se hará voluntariamente, respetando los convenios con 133.000 familias que así podrán tomarse todo el tiempo para no hacerlo.
[ii] ¿Estará autorizado para comprometer al Presidente de la República de esta manera?