Por José Alvear Sanín*
Como
estudié planificación en London School of Economics y en la Escuela de
Administración Pública de Madrid, y durante décadas Mariano Ospina Hernández,
principal experto nacional en la materia, influyó en mi pensamiento, cada año
el Plan Nacional de Desarrollo es de mi especial interés. Procedo, entonces, a
hacer ciertas consideraciones sobre el “Pacto
por Colombia. Pacto por la equidad”, título que lleva el del doctor Duque.
Por
la ausencia, desde que se adoptó el principio de planeación en Colombia, de un
verdadero hilo conductor y proyectivo, cada PND es más bien un programa de
gobierno. Pero aun sin eslabonarse, los 14 anteriores se inscriben dentro de
una perspectiva acorde con el modelo de economía mixta y de libertad económica
y empresarial. Indicativa, pero nunca coercitiva, en la planeación colombiana
los Planes se suceden dentro de la racionalidad propia de este modelo, que ha
hecho posible el apreciable progreso nacional.
El
presente Plan no contradice teóricamente ese marco conceptual, pero incorpora
un lastre que puede dar al traste con sus buenas intenciones. Se apuesta por un
crecimiento, como mínimo, del 4.5 % anual durante el cuatrienio, pero para
logar esa meta, indispensable pero no ambiciosa, el país requiere estímulos
poderosos: tributación que no ahogue la iniciativa ni el ahorro, un tipo de
cambio real que no esté distorsionado por crecientes ingresos non sanctos, equilibrio presupuestal,
austeridad en el gasto, e inversiones en sectores prioritarios asignadas
teniendo siempre en cuenta la mejor relación beneficio/costo.
En
los Planes de Desarrollo se trazan altas y deseables metas, como la de “sacar a 1.5 millones de la pobreza extrema;
a 3 millones, de la pobreza; reducir la tasa de desempleo a 7.9%; ofrecer
calidad de educación a niños y jóvenes, y tener salud eficiente y de calidad”.
La
inversión suma $1.100 billones. En consecuencia, el Plan apunta muy alto, pero
para que tenga éxito es necesario emplear los recursos en los frentes más
urgentes y productivos. En cambio, este Plan está lastrado por la destinación
de $37.1 billones “para la paz”, dentro de los cuales se encuentran $20 billones
para los “Programas de desarrollo con
enfoque territorial (PDET)”, cuyos beneficiarios deben ser “los municipios más afectados por la
pobreza, la violencia y los cultivos ilícitos”.
Nadie
sabe a ciencia cierta qué son esos tales Programas, y mucho menos se ha
calculado su relación beneficio/costo. Lo que se puede colegir es que se trata
de implementar rigurosamente lo convenido en el Acuerdo Final, posiblemente
para acometer la tal “reforma agraria integral”, que en ningún caso puede
considerarse como inversión productiva. Las grandes posibilidades agropecuarias
del país requieren una política moderna, dinámica, técnica y productiva, todo
lo contrario de una marcha hacia un romanticismo demagógico, bucólico e
improductivo, llamado a desembocar en el colectivismo rural que explica el
hambre persistente en los pueblos bajo el socialismo agrario.
Pero
sí es preocupante ese elevado rubro y no parece que al gobierno le baste con
cumplirles así a las FARC. Por fuera de este capítulo de “la paz”, hay un
renglón de $46.7 billones con claro tufillo de AF. El doctor Archila, consejero
presidencial para la estabilización y consolidación (sic), explica que: “El gobierno está comprometido con las
víctimas, con la reincorporación de los excombatientes y con las familias que
están en sustitución voluntaria de cultivos ilícitos”[i].
Agrega: “Iván Duque tiene un alto
compromiso con la implementación y pretende ir más allá de lo acordado (…)”[ii]
Así
las cosas, en el mejor de los casos, el gobierno, a través de este PND, se
compromete apenas a gastar unos $9 billones anuales en todo lo que las FARC
obtuvieron de su cómplice, Juan Manuel Santos. Por definición todas esas
partidas son contrarias a la racionalidad económica del modelo de la economía
social de mercado, consagrado en la Constitución del 91, que es infinitamente
mejor, aunque imperfecto, que el modelo marxista del socialismo del siglo XXI,
que las FARC exigen, prevalidas de una supra constitución espuria e
inconveniente, pero con el respaldo popular de 50.000 votos.
Una
cosa es que el doctor Archila afirme: “Los
recursos para la implementación del Acuerdo de Paz están contemplados en el
PND”, y otra cosa es que existan. Ya se vio que para incorporarlos al
presupuesto de 2019 hubo que apelar a una reforma tributaria que resultó
insuficiente para equilibrarlo, pero socavó gravemente la base política del
gobierno. En 2020, 2022 y 2023, parece que habrá que apelar a iguales o mayores
exacciones, como lo ha dado a entender Juan Camilo Restrepo, autor de un
excelente texto sobre Hacienda Pública y exministro del ramo.
El
PND, lastrado y secuestrado por las FARC, no puede ser herramienta eficaz para
un crecimiento del 4.5% anual. Al contrario, lo puede reducir peligrosamente, o
anularlo ante el horizonte 2022, hacia el cual el país avanza sin optimismo.
***
El
fugaz gobierno de Pedro Sánchez ha resuelto todos los problemas económicos y
sociales de España al profanar la tumba de Franco, contando con la ambigua
actitud del Vaticano.
