¿Toma de Bogotá?

Por José Alvear Sanín

Al regresar de su bufa visita a España, Petro, “con carita de yo no fui”, se encontrará con dos sorpresas: la aprobación del Plan Nacional de (sub)Desarrollo (PND) y la toma de la Plaza de Bolívar por las guardias campesinas.

Si la aprobación del PND, sin mayores modificaciones, se debe a la mermelada o a la amenaza latente ejercida sobre los congresistas por una fuerza paramilitar de algo más de un millar de encapuchados, uniformados y armados de palos, nunca lo sabremos; pero lo que cuenta es que el larguísimo mamotreto y sus 350 artículos otorgan a Petro, a pesar de algunas propuestas no admitidas, amplísimos poderes para modificar la administración pública, crear docenas de “sistemas”, organizaciones, empresas y comités, propios de un Estado burocratizado, incapaz de impulsar el desenvolvimiento económico, pero autorizado para malbaratar $1.156 billones en el cuatrienio.

El documento, que conduce a un laberinto institucional kafkiano, parece ideado entre Cantinflas y el doctor Goyeneche y redactado por algún mecanismo de inteligencia artificial. Entonces, para la culminación de la toma absoluta del poder solo quedan faltando las reformas laboral, sanitaria y pensional, que “el pueblo reclama”, porque de lo contrario “vendrá la revolución”.

Ahora bien, de un Congreso capaz de aprobar en pocas horas este Plan de Subdesarrollo —cuando cada uno de sus capítulos requeriría meses de seria deliberación— se puede esperar cualquier cosa. Pero si el Capitolio sigue cercado por una fuerza intimidatoria a la que se sumarán otros cientos de encapuchados —sin desconocer la posibilidad de que bajen de Sumapaz los guerrilleros de Iván Mordisco para integrarse a ella—, las siniestras reformas no encontrarán mayores obstáculos.

Formada la tal guardia campesina, bien sea por indígenas o por elementos de las FARC (¿desmovilizados? ¿disidentes? ¿removilizados?), da lo mismo, porque al regreso de Petro lo previsible es que no sea desautorizada ni dispersada. Al contrario, es probable que se asiente definitivamente en las gradas del Capitolio hasta que el Congreso, motivado por un diálogo guardia-gobierno, legisle para legalizarla como otra fuerza policial, siguiendo el proyecto de ley respectivo, ya presentado por los congresistas de los “comunes”.

Ahora bien, ¿qué puede pasar si este escenario se concreta con uno o dos millares de individuos que pronto cambiarán los garrotes, bastones y machetes por fusiles? Contrario a la creencia de que las revoluciones se hacen con enormes masas movilizadas, la francesa debe más a la pusilanimidad de Lafayette para restablecer el orden y reprimir los disturbios, que a los tumultos iniciales; y la toma del poder en octubre de 1917 se debió más que todo a la astucia con la que Trotsky desplegó algunos centenares de subversivos para tomarse los puntos vitales de Petrogrado.

En su monumental e insuperable Revolución Rusa 1891-1924 (Barcelona: Edhasa; 2010; pag. 547), Orlando Figes ha señalado:

“Las pocas fotografías que nos han llegado de los días de octubre muestran claramente las pequeñas dimensiones de la fuerza insurgente. Presentan a un puñado de guardias rojos y de marineros que aparecen en calles medio desiertas. Ninguna de las imágenes familiares de una revolución popular (multitudes en las calles, barricadas y combates) aparece entre ellas. Toda la insurrección, como el mismo Trotsky reconoció, fue llevada a cabo como un coup d'Etat con «una serie de pequeñas operaciones, calculadas y preparadas con antelación». Las inmediaciones del Palacio de Invierno fue la única parte de la ciudad seriamente trastornada durante el 25 de octubre. En todos los demás sitios la vida de Petrogrado transcurrió de una manera normal. Los tranvías y los taxis circulaban de manera usual; la Nevsky estaba llena de la gente normal, y durante la noche las tiendas, los restaurantes, teatros y cines, siguieron abiertos.

Ahora bien, la toma de la Plaza de Bolívar es una “pequeña operación calculada y preparada con antelación”, que puede conducirnos al golpe de Estado definitivo, porque mientras los pobres Luis XVI y Nicolás II trataron de conservar el Estado, hoy en Colombia gobierno y subversión son la misma cosa.

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Hay que rodear al fiscal Barbosa, valeroso defensor de la Constitución y la Ley, enfrentado al Gobierno que promueve el caos previo a la revolución.

De cara al porvenir: el papel puede con todo

Por Pedro Juan González Carvajal*

Cumpliendo con el deber de elevar a la categoría de ley el programa de gobierno del candidato triunfador en las elecciones presidenciales, el presidente Petro acaba de presentar al Congreso el proyecto de ley del plan de desarrollo titulado “Colombia, potencia mundial de la vida”.

Cabe anotar que el nombre de “plan de desarrollo” es un poco pretencioso, pues este se agota al terminar el mandato, mientras un verdadero plan de desarrollo debe superar en el tiempo varios mandatos.

Para quienes hemos tenido la responsabilidad de liderar la elaboración de planes de desarrollo, está claro que la metodología a emplear para permitir la participación ciudadana puede convertirse en un insumo vital o en una evidente dejada de constancia.

De igual manera, una buena estructura interna permite que cualquier tópico “quepa” dentro de lo esbozado.

Para el actual gobierno, el ejercicio de participación se denominó como “Diálogos Regionales Vinculantes” y fue liderado por la Dirección Nacional de Planeación – DNP, quien recorrió el país promoviendo la participación ciudadana en el ejercicio de concretar la idea de país soñado.

Obviamente es importante colocarle al plan de desarrollo un nombre atractivo, convocante y aglutinante para que todos nos veamos reflejados en él. Sin embargo, el nombre seleccionado en esta oportunidad, –bello, por cierto– de “Colombia, Potencia Mundial de la Vida”, no refleja la realidad que los ciudadanos vivimos a lo largo y ancho del país, donde precisamente la vida, como valor supremo, es irrespetada y maltratada en todas sus expresiones y de manera continua.

Otra cosa es que nos estuviéramos refiriendo al enorme potencial que posee Colombia en biodiversidad, pero ese no es el caso, y si lo fuera, también sería contradictorio ante la amenaza creciente de extinción de especies y la pésima conservación de bosques y selvas, ríos y quebradas, mares y costas y el manejo deficitario de residuos sólidos, protección del aire y deterioro de las condiciones de vida sobre todo en las grandes ciudades.

Es claro que el Gobierno pretende hacer cosas precisamente para mejorar la situación de inseguridad que vivimos en todos los niveles, donde la insurgencia política, la delincuencia común, el desempleo, la falta de presencia estatal en el territorio, se convierten en caldos de cultivo para que la iniquidad, la desigualdad, la injusticia y la pobreza, sean el pan de cada día y la vulneración de los derechos elementales sea algo cotidiano.

No es si no escuchar o mirar un noticiero o leer un periódico o conversar con la gente para impregnarse de la sensación de inseguridad y de desprotección en la cual hemos caído.

Vulneración de los derechos de los niños, feminicidios, robos, estafas, desfalcos, asesinatos, masacres, actos de corrupción, inseguridad por el narcotráfico, disputas territoriales, asesinatos de líderes sociales, periodistas, policías, soldados, reinsertados, ciudadanos del común, robos, secuestros y chantajes, son parte de nuestro paisaje.

Como ciudadano, de corazón deseo que este plan de desarrollo logre coger el toro por los cachos y extermine algunas de las causas que ocasionan todos los fenómenos anteriormente mencionados.

Sin embargo, la acumulación histórica de problemas no resueltos y las acciones violentas de todos los días, hace muy difícil la tarea y hace también que ante propios y extraños el título del plan de desarrollo, “Colombia Potencia Mundial de la Vida” suene un poco rimbombante.

¡Amanecerá y veremos! 

Un PND lastrado

Por José Alvear Sanín*

Como estudié planificación en London School of Economics y en la Escuela de Administración Pública de Madrid, y durante décadas Mariano Ospina Hernández, principal experto nacional en la materia, influyó en mi pensamiento, cada año el Plan Nacional de Desarrollo es de mi especial interés. Procedo, entonces, a hacer ciertas consideraciones sobre el “Pacto por Colombia. Pacto por la equidad”, título que lleva el del doctor Duque.

Por la ausencia, desde que se adoptó el principio de planeación en Colombia, de un verdadero hilo conductor y proyectivo, cada PND es más bien un programa de gobierno. Pero aun sin eslabonarse, los 14 anteriores se inscriben dentro de una perspectiva acorde con el modelo de economía mixta y de libertad económica y empresarial. Indicativa, pero nunca coercitiva, en la planeación colombiana los Planes se suceden dentro de la racionalidad propia de este modelo, que ha hecho posible el apreciable progreso nacional.

El presente Plan no contradice teóricamente ese marco conceptual, pero incorpora un lastre que puede dar al traste con sus buenas intenciones. Se apuesta por un crecimiento, como mínimo, del 4.5 % anual durante el cuatrienio, pero para logar esa meta, indispensable pero no ambiciosa, el país requiere estímulos poderosos: tributación que no ahogue la iniciativa ni el ahorro, un tipo de cambio real que no esté distorsionado por crecientes ingresos non sanctos, equilibrio presupuestal, austeridad en el gasto, e inversiones en sectores prioritarios asignadas teniendo siempre en cuenta la mejor relación beneficio/costo.

En los Planes de Desarrollo se trazan altas y deseables metas, como la de “sacar a 1.5 millones de la pobreza extrema; a 3 millones, de la pobreza; reducir la tasa de desempleo a 7.9%; ofrecer calidad de educación a niños y jóvenes, y tener salud eficiente y de calidad”.

La inversión suma $1.100 billones. En consecuencia, el Plan apunta muy alto, pero para que tenga éxito es necesario emplear los recursos en los frentes más urgentes y productivos. En cambio, este Plan está lastrado por la destinación de $37.1 billones “para la paz”, dentro de los cuales se encuentran $20 billones para los “Programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET)”, cuyos beneficiarios deben ser “los municipios más afectados por la pobreza, la violencia y los cultivos ilícitos”.

Nadie sabe a ciencia cierta qué son esos tales Programas, y mucho menos se ha calculado su relación beneficio/costo. Lo que se puede colegir es que se trata de implementar rigurosamente lo convenido en el Acuerdo Final, posiblemente para acometer la tal “reforma agraria integral”, que en ningún caso puede considerarse como inversión productiva. Las grandes posibilidades agropecuarias del país requieren una política moderna, dinámica, técnica y productiva, todo lo contrario de una marcha hacia un romanticismo demagógico, bucólico e improductivo, llamado a desembocar en el colectivismo rural que explica el hambre persistente en los pueblos bajo el socialismo agrario.

Pero sí es preocupante ese elevado rubro y no parece que al gobierno le baste con cumplirles así a las FARC. Por fuera de este capítulo de “la paz”, hay un renglón de $46.7 billones con claro tufillo de AF. El doctor Archila, consejero presidencial para la estabilización y consolidación (sic), explica que: “El gobierno está comprometido con las víctimas, con la reincorporación de los excombatientes y con las familias que están en sustitución voluntaria de cultivos ilícitos”[i]. Agrega: “Iván Duque tiene un alto compromiso con la implementación y pretende ir más allá de lo acordado (…)”[ii]

Así las cosas, en el mejor de los casos, el gobierno, a través de este PND, se compromete apenas a gastar unos $9 billones anuales en todo lo que las FARC obtuvieron de su cómplice, Juan Manuel Santos. Por definición todas esas partidas son contrarias a la racionalidad económica del modelo de la economía social de mercado, consagrado en la Constitución del 91, que es infinitamente mejor, aunque imperfecto, que el modelo marxista del socialismo del siglo XXI, que las FARC exigen, prevalidas de una supra constitución espuria e inconveniente, pero con el respaldo popular de 50.000 votos.

Una cosa es que el doctor Archila afirme: “Los recursos para la implementación del Acuerdo de Paz están contemplados en el PND”, y otra cosa es que existan. Ya se vio que para incorporarlos al presupuesto de 2019 hubo que apelar a una reforma tributaria que resultó insuficiente para equilibrarlo, pero socavó gravemente la base política del gobierno. En 2020, 2022 y 2023, parece que habrá que apelar a iguales o mayores exacciones, como lo ha dado a entender Juan Camilo Restrepo, autor de un excelente texto sobre Hacienda Pública y exministro del ramo.

El PND, lastrado y secuestrado por las FARC, no puede ser herramienta eficaz para un crecimiento del 4.5% anual. Al contrario, lo puede reducir peligrosamente, o anularlo ante el horizonte 2022, hacia el cual el país avanza sin optimismo.

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El fugaz gobierno de Pedro Sánchez ha resuelto todos los problemas económicos y sociales de España al profanar la tumba de Franco, contando con la ambigua actitud del Vaticano.

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[i] Cultivos ilícitos cuya erradicación se hará voluntariamente, respetando los convenios con 133.000 familias que así podrán tomarse todo el tiempo para no hacerlo.

[ii] ¿Estará autorizado para comprometer al Presidente de la República de esta manera?