Por José Alvear Sanín*
Si la prueba
ácida es el mejor indicador para conocer la capacidad de una empresa para cancelar
sus obligaciones corrientes. Con la rocambolesca discusión de las seis
objeciones del presidente Duque al proyecto de ley estatutaria 08 de 2017
(Senado) y 016 de 2017 (Cámara)[1], ha llegado el momento de
aplicar una prueba ácida, para saber
la capacidad que tiene el gobierno de cumplir sus obligaciones legales frente
al ordenamiento mixto legal-ilegal que nos rige.
En efecto, tenemos una Constitución expedida en
1991, buena, mala, regular o pésima, con cerca de 50 enmiendas, pero adscrita
al sistema democrático representativo de derechos humanos, libertades
individuales y empresariales, separación de poderes, predominio de la ley,
independencia e imparcialidad de los jueces, elecciones libres, etc., sobre la
cual se sobreimpuso, contra la voluntad mayoritaria del pueblo, un mamotreto leninista
que, además, “se implementó” con más de un centenar de estatutos expedidos con
absoluta violación de los mecanismos previstos por la Carta.
Su análisis indica claramente que todos y cada
uno de los 159 artículos de ese proyecto de ley estatutaria de la JEP son
inconstitucionales y perjudiciales. Sin embargo, el presidente apenas objetó
los seis peores. La tormenta posterior, nacional e internacional, que se
suscitó contra él indica que da lo mismo objetar uno, cien o mil, porque cada
intento de modificar el NAF y sus corolarios “legales” está condenado al
fracaso, porque la supraconstitución está blindada, no solo “legalmente” sino
también por la acción coordinada de los amigos de la subversión, el desorden y
la revolución, en Cortes y Congreso, columnistas, emisoras, e incontables
raposas jurídicas.
Lo que acabamos de presenciar es simplemente el
enfrentamiento entre la Constitución y la supraconstitución.
Como el pueblo (constituyente primario) rechazó
el NAF y luego eligió al doctor Duque, la Carta del 91 sigue vigente, pero
supeditada inexplicablemente a un convenio de 312 páginas entre Santos y
Timochenko, cuya “validez” reposa en la firma de estos dos sujetos.
Para no decirnos mentiras, es necesario
considerar el enfrentamiento inevitable entre el régimen constitucional (que el
doctor Duque juró cumplir) y el supraconstitucional (no jurado por él), que
carece de legitimidad jurídica, electoral y moral.
El NAF no es cosa distinta de la “hoja de ruta”
para el gobierno de transición que debía ejercer Petro: impunidad, tolerancia
notoria (=estímulos) de los narcocultivos, ideología de género en la educación,
“memoria histórica”, reforma agraria colectivista, desfinanciación y
desmotivación de las Fuerzas Armadas, sometimiento del gobierno a multitud de
órganos cooptados por las FARC, predominio de la “protesta” sobre el orden
público, erogaciones astronómicas para el “postconflicto”, etc.
¡Las consecuencias de este régimen mixto
legal-ilegal consisten en obligar a Duque a ejecutar el programa demoledor de
su adversario!
En el frente económico, el PND obedece en buena
parte a los lineamientos de La Habana, en cuanto obliga al erario a atender
“compromisos” de imposible financiamiento, que superan ampliamente los 39
billones de pesos destinados a implementar el NAF en el cuatrienio, pero con
posible duplicación de los mismos porque hay muchas partidas camufladas que tienen
la misma finalidad.
El NAF no es el único factor tras el
desequilibrio estructural del presupuesto colombiano, pero lo agrava. Y el
gobierno, mientas siga maniatado “legal” y presupuestalmente por ese pacto, no
podrá equilibrar las cuentas. Cálculos prudentes del déficit previsible indican
que Colombia tendrá que sumar otros 50 o 60 billones de dólares a su endeudamiento
para poder ejecutar cabalmente el PND del actual gobierno. Nos aguarda,
entonces, el destino de Argentina y Grecia, si no se procede a un ajuste
drástico, realista e impostergable del gasto público, para que el desorden
demagógico-fiscal no se convierta en el detonante de la revolución…
En realidad, el éxito que deseamos para el
gobierno del doctor Duque exige su emancipación de la camisa de fuerza que le
dejaron Santos y Timochenko. Por eso, el gobierno debe someter la situación de
su administración a una prueba ácida
que le permita evaluarla, porque está maniatado, mientras la subversión,
desatada, cuenta con dinero, incomprensibles mayorías legislativas, la
connivencia de los jueces y poderes fácticos como los medios, además del coro
internacional de los mamertos.
***
Amarrar el
gato con la longaniza. A eso equivale el llamamiento del grupo de Lima
a la dictadura cubana para que colabore en la solución del impase venezolano,
causado en buena parte por la pusilanimidad, indecisión y tontería de esos
mismos cancilleres…, y como si fuera poco, Holmes desautoriza las atinadas
observaciones del embajador Ordóñez sobre la acción castro-chavista en todos
nuestros países. “¡Con enemigos así, Maduro no necesita amigos!”.
***
Fernando Vallejo denuncia, una y otra vez,
veraz y valerosamente, el horror del NAF y de la entrega del país. Sin ser
santo de mi devoción, admiro su coraje en estos asuntos.
[1] ¿Cómo es posible que la JEP esté actuando sin ley que determine sus
procedimientos? ¿Por qué no están
detenidos todos sus integrantes por usurpación de funciones?
