Por
Antonio Montoya H.*
En Colombia
sus habitantes y ciudadanos polarizamos en todo, ya sea hablando de deporte,
religión, mujeres, hombres, moda, política o planeaciones departamentales y
municipales, por decir cualquier ejemplo. Revisando la historia de nuestro país,
tanto lejana como reciente, pocas veces, o tal vez ninguna, hemos logrado un
acuerdo mayoritario sobre lo fundamental. En su momento sucedió con el
plebiscito del año 2016, decisión trascendental que pretendía avalar el acuerdo
de paz y que, en contravía de la opinión política, perdió el SÍ y ganó el NO. Aun
así, como ocurre casi siempre, al final reformaron algo y decidieron continuar
con el proceso, el cual pese a todas las adversidades que ha tenido se debe
mantener y así lo prometió el presidente Duque. Eso sí, se buscará vía reforma
constitucional que a futuro el narcotráfico y el secuestro no sean delitos
conexos al delito político y no afecte la paz. Así respetados lectores, van mutando
las decisiones políticas, los acuerdos e interpretaciones, y al final nadie queda
contento, se vuelve toda una colcha de retazos, micos por todas partes, y los
legisladores campantes creando y reformando leyes innecesariamente.
Ahora,
y nuevamente por causa de la decisión de la Corte del pasado 17 de julio del
año en curso, se volvieron a revivir las disputas y opiniones sobre un tema de interés
nacional, como es la búsqueda de mecanismos efectivos que permitan reducir la
siembra de los cultivos ilícitos en Colombia, que están en el orden de 208 mil hectáreas
sembradas, generando un grave problema social y político nacional e
internacional.
Obviamente
este incremento no es atribuible al gobierno del presidente Duque, sino a las
consecuencias imperceptibles que se van presentando con el trascurrir de los días
por causa del acuerdo de paz.
Vale
la pena recordar que entre los años 1990 y 1994, siendo presidente de la República
el doctor César Gaviria, se fumigaron con glifosato más de dos millones de hectáreas
de cultivos ilícitos en Colombia; posteriormente, en el año 2014, se ordenó la suspensión
de la fumigación aérea con glifosato y en el año 2015 el Consejo Nacional de Estupefacientes
acató la decisión del alto tribunal y se insistió en la erradicación manual,
que también genera riesgos para la vida por la forma en que quedan
desprotegidos quienes realizan esa actividad y que pueden ser atacados por los
bandidos.
No
podemos dejar a un lado en esta discusión las afectaciones que se producen por
la aspersión aérea contra la vida, tierras y cultivos de otra naturaleza. Por
ello las entidades de salud, la misma Organización Mundial de la Salud, deben
aportar el conocimiento científico y técnico que ayuden a que el estado
colombiano actúe de una manera seria, efectiva pero respetuosa del medio
ambiente y de la vida humana.
Dice
la Corte en el fallo de la semana pasada que se podrá reanudar la aspersión aérea
si una investigación científica “de forma objetiva y concluyente, demuestra
ausencia de daño para la salud y el medio ambiente” dejando tal decisión en
manos del Consejo Nacional de Estupefacientes, reto inmenso para sus miembros,
que deben actuar con sensatez, respeto por las comunidades, el medio ambiente y
contra quienes promueven el cultivo ilícito para enriquecerse y perjudicar al país.
Lo que
sí nos debe quedar claro es que el Estado debe combatir con todas sus fuerzas
el flagelo del narcotráfico, causa de la violencia, de la degradación humana y
de la proliferación de bandas criminales que ponen en jaque la
institucionalidad.
En consecuencia,
se debe continuar activamente con acciones múltiples y variadas para acabar con
los cultivos ilícitos a través de la erradicación forzosa, la voluntaria,
acuerdos con comunidades u otras alternativas eliminando todos los riesgos y
recordando que el gran flagelo de nuestra sociedad es el narcotráfico, que es además
el primer enemigo de la paz.
