Por Pedro
Juan González Carvajal*
Una de las
funciones sustantivas de las instituciones de educación superior es la investigación,
esfuerzo del cual, lamentablemente, quedan pocos resultados concretos y tangibles,
lo que se evidencia por el escaso número de patentes que se registran en un año
y la inutilidad de la gran mayoría de los trabajos y tesis de grado.
No hablemos
entonces de patentes, sino de investigaciones que de pronto ayuden a solucionar
problemas cotidianos, tanto de empresas como del Estado, así como de las
comunidades en general.
Una de nuestras
grandes riquezas es el agua. Algunos núcleos importantes de agua ubicados en
lagos, lagunas o represas sufren la invasión de una planta conocida como “buchón”,
la cual atenta contra la oxigenación de los mismos, planteando un enorme
peligro contra la biota, impidiendo la navegación y deteriorando el
funcionamiento de algunas maquinarias. ¿Por qué no iniciar un proceso de
investigación serio que permita, si no su erradicación, sí su control? ¿Quién
tiene que buscar a quién? ¿La universidad como posible proveedor de la
solución, lo cual le generará recursos, o las comunidades o las empresas de
agua y energía, para que les ayuden a solucionar sus problemas?
Simplemente por
enumerar y ampliar el espectro de posibilidades iniciados con el tema del buchón,
otros podrían ser: descocainizar la coca como contribución a la desmotivación
de su consumo. Ayudar en la potabilización de agua en distintas regiones,
algunas con diferentes tipos de necesidades y condiciones al respecto.
Prevención y/o
sustitución de los químicos que en la actualidad se emplean en la minería
ilegal y que generan desechos tóxicos y contaminantes, ayudando, además, a
combatir su impacto nocivo actual. Manejo de desechos sólidos. Manejo de aguas
residuales. Control de plagas, entre otros muchos ejemplos nacidos de las
necesidades actuales que tiene el país y que debe solucionar.
Con 28 años de
retraso se acaba de aprobar la llamada Ley de Regiones que permite comenzar a
instrumentar el mandato Constitucional de 1991. En esto hemos sido timoratos y
los poderes anclados del Centralismo han hecho todo lo que tienen que hacer por
su propia conveniencia y evitar que la descentralización, la autonomía
administrativa y obviamente la autonomía fiscal, sean una realidad en nuestro
querido y sufrido Macondo.
Recordemos que
la descentralización es un fenómeno administrativo y que la federalización es
un fenómeno político. Ojalá más temprano que tarde, podamos contar con una
organización político-administrativa, con una república unitaria, con
configuración federal, como coincidencialmente están organizados los países
desarrollados del planeta.
Comienzan los
análisis de los datos oficiales que entrega el último censo poblacional: no
estamos muy lejos de lo que está sucediendo en otras partes del planeta con
respecto a que el envejecimiento, la infertilidad y el creciente urbanismo
comienzan a ser tres condiciones importantísimas que generan grandes impactos
de todo tipo en comunidades de otras latitudes.
La variable
demográfica es tal vez la más importante de todas cuando queremos diagnosticar
y establecer programas serios que generen verdadero impacto y que garanticen el
bienestar de los humanos a través de una existencia digna.
Nota: aun cuando
está previsto en la Ley, es de pésimo gusto por parte del señor Presidente la
decisión de no hacer convocatoria pública para elegir la terna al cargo de
Fiscal General de la Nación, sino hacerlo de manera directa. La sensación que
queda es que se va a elegir un fiscal de bolsillo, lo cual, aunado al fracaso
por sacar adelante el paquete de leyes contra la corrupción, deja un lamentable
mensaje y un agrio sinsabor. El adagio popular dice que “no solamente hay
que ser decente, sino parecerlo”.
