La suspensión de la fumigación
aérea, con glifosato, a los cultivos ilícitos de coca y las trabas legales para
un eventual reinicio de esta, gestionadas por Santos con sus cortes de bolsillo,
fueron el pago inicial exigido por las FARC para comenzar el negociado de La Habana.
Como consecuencia, pasamos de unas 60 mil a unas 200 mil hectáreas que tienen a
Colombia y a la región en una penumbra transicional hacia un conjunto de Estados
con el crimen organizado transnacional adueñado del poder político. Venezuela es
el ejemplo. En medio del aturdimiento mediático por el arribo de las primeras vacunas contra
el covid-19, el nuevo Mindefensa colombiano anunció el reinicio de las tales fumigaciones
a los sembradíos que posicionan el país como el primer productor mundial de cocaína.
Noticia gorda, aunque de horizonte impredecible: “en menos de 90 días estarían
listas las condiciones establecidas por la Corte para la reanudación…”. dijo el funcionario.
Antier, el Minjusticia dio a conocer esas muchas condiciones para el reinicio de
la aspersión, suspendida desde el 2015. Y desde ya, el costo de la panela, cuya
melaza se utiliza como antídoto, protección y reconstituyente de los plantíos fumigados,
registra un aumento desproporcionado.
Un escenario complicado
Cuando se reinicie la aspersión
aérea, ojalá en este gobierno, varios eventos ocurrirán.
Como la demanda por cocaína
está al alza en Australia y el sudeste Pacífico, y Europa registra el mayor pico
histórico de consumo, además con elevados porcentajes de pureza de la sustancia,
cualquier reducción significativa en la producción colombiana, afectará el mercado
global del estupefaciente, con secuelas económicas y de seguridad, es decir, políticas.
Gobiernos que apoyan a Colombia en su lucha con el narcotráfico, entonces “mirarán
con preocupación” los efectos sociales de la fumigación. Desde Europa y Estados
Unidos, principales consumidores de cocaína, las izquierdas tildarán al gobierno
de imprudente y en la región, “paren la fumigación” será el grito unísono
de socialistas, maduristas, malinformados y oportunistas. Santos y su séquito internacional,
utilizando la prensa tarifada, reactivarán el maniqueo dilema de amigos y enemigos
de la paz.
Presionadas y amenazados
por organizaciones criminales, mingas indígenas y otras comunidades, se movilizarán
por todo el territorio nacional, realizando huelgas, protestas y bloqueos, sin importar
las restricciones impuestas por la pandemia. Ya amenazó Samper: la fumigación traerá
violencia, y él de eso tiene porqué saber. Con las movilizaciones, entonces, vendrán
incidentes violentos con posibles fatalidades que se cargarán, claro, a la fuerza
pública que, según la última encuesta de Invamer, es la institución con mayor confiabilidad
en Colombia, lo cual es un tropiezo en la estrategia del Foro de Sao Paulo y los
planes del Grupo de Puebla para la reconquista del poder regional. Se arreciará
entonces, el asedio mediático contra el ejército y la policía, en cabeza de Vivanco
y otros desde afuera, Cepeda y otros desde adentro, insistiendo en erosionar la
imagen de los uniformados ante la opinión pública, debilitar su moral interna y
torpedear sus capacidades operacionales.
Venezuela y Ecuador
Los grupos armados transnacionales
FARC y ELN, financiados por el narcotráfico y la minería ilegal, reacomodarán sus
actuales dinámicas financieras, lo que conducirá a nuevas alianzas y rupturas, acuerdos
y enfrentamientos, besos y puñaladas, especialmente en las regiones fronterizas
con Ecuador y Venezuela.
Venezuela, desde donde
vuela la cocaína rumbo al Caribe y al mercado norteamericano, verá un incremento
en su violencia urbana y en sus estados fronterizos en donde elenos y farianos mercadean
el psicoactivo colombiano con las organizaciones criminales internacionales, especialmente
las mexicanas. Constreñidos en su dinámica comercial por reducción o escasez del
producto, presionarán por otros métodos conocidos de financiación: extorsión y secuestro,
oro y coltán más caros, etcétera… La corrupción aumentará su calado. El gobierno
madurista, que se frota las manos con este escenario revuelto, sentirá a plenitud
lo que es aliarse con el diablo, que le pasará una cuenta de cobro muy dolorosa.
Ante una demanda que no
da trazas de mermar, cualquier disminución efectiva en la oferta de cocaína colombiana,
disparará la producción en los países vecinos. Perú, segundo productor mundial,
accederá fácilmente al primer lugar; Bolivia aumentará la producción residual de
sus “catos”; Ecuador y Venezuela verán incrementos de cultivos, cocinas y laboratorios
en su territorio. La quejumbre por la decisión de Bogotá, se oirá en toda la región.
Estas perspectivas por supuesto que serán útiles a los intereses geoestratégicos
de China, que fusila las “mulas” colombianas y de Rusia e Irán que aplaudirán una
frontera cercana a US en turbulencia.
Con efectos económicos
pospandemia desastrosos en todo el continente, sistema cambiario dependiente de
las exportaciones ilícitas en varios países, una no creíble erradicación de 130
mil hectáreas, un vórtice de violencia por cuenta de intereses narcos en Colombia
y campañas populistas y antisistemas en progreso, el escenario para el desarrollo
de la fumigación aérea de cultivos ilícitos en Colombia, no pinta fácil, pero es
obligatorio asperjar ahora y con toda la fuerza posible, so pena de entregar el
continente al crimen organizado transnacional, disfrazado de humanitario socialismo,
de “progresismo”. Y por supuesto, habrá que implementar otras medidas que ataquen
el sistema financiero de este emporio delictual.
