Editorial: sucesos de la semana 17

En su editorial de la semana para El Pensamiento al Aire, Antonio Montoya H. ofrece sus condolencias por la muerte de Fernando Botero; también manifiesta su preocupación por la economía colombiana, país en el que las exportaciones del narcotráfico están alcanzando las cifras del petróleo; habla de las reformas de Petro que aún no logran el consenso, como el de la educación que aún no tiene la aceptación de varias universidades; expresa su pesar por la tragedia que azota a Libia, y sobre Antioquia, habla de la financiación de las campañas de candidatos afines al alcalde Quintero y sobre el futuro de Tigo, hoy con riesgos de liquidación. Desaprueba las actuaciones de algunos militares en Tierralta, Córdoba; reseña el problema ocasionado por los ciberataques en las páginas estatales, y comenta el problema que se nos viene encima con la licitación de pasaportes en el país. Finalmente llama a la unidad a los candidatos antioqueños que le hacen frente al Pacto Histórico. No dejes de verlo.

La gran semana de Petro

Por José Alvear Sanín

Tonificado, estimulado y fortalecido por una docena de grandes escándalos, Petro acaba de vivir la más eficaz semana de su gobierno de destrucción institucional, hasta ahora, mientras sus opositores se hacen los de la vista gorda o consideran como su principal deber garantizar que llegue en el poder hasta el 7 de agosto de 2026, con la ilusión de que ya solo faltan dos años y 340 días...

En efecto, en estos siete días, el Gobierno ha logrado:

1. Que estalle sobre el sistema de salud la deseada crisis proyectada por la exministra Corcho cuando advertía que era necesario provocarla para eliminar el actual sistema asistencial. Las tres principales EPS, con trece millones de usuarios, denuncian su inminente colapso, mientras llega el inevitable de las demás.

La respuesta del Gobierno no se hizo esperar. Petro dijo que están bien financiadas. El minsalud afirmó que, si cierran, mediante un plan de contingencia sus usuarios serán bien atendidos. El director de Adres habló de los millones girados a las entidades de salud, mientras se anunciaba un gigantesco plan de auditoría oficial, seguramente para encontrar algunas deficiencias contables que permitan hacer creer que las EPS son organizaciones criminales para desfalcar al Estado.

Las EPS solicitan interlocución con el Gobierno, para ver la manera de encontrar soluciones que permitan seguir atendiendo correctamente a los pacientes, pero este, empeñado en destruirlas, no acepta analizar con ellas los problemas, ni revisará jamás de manera adecuada el monto de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), de la cual depende la salud financiera del sistema asistencial.

A medida que el Gobierno agrave deliberadamente la crisis sanitaria, para lo cual basta con dejar ese sistema sin recursos suficientes, la población aceptará el salto al vacío en que consiste pasar de un régimen perfectible a uno clientelista, improvisado, politizado y cargado de ideología extremista, donde finalmente los pacientes serán tratados por mamos, yerbateros, “médicos cubanos” y los cursillistas venezolanos, es decir la versión del socialismo del siglo XXI, de los “médicos descalzos” de Mao, porque el régimen del decrecimiento económico conduce a una medicina paupérrima, alejada de la ciencia y la tecnología, la única posible para un país que renuncia a la racionalidad económica, a sus industrias vitales y al crecimiento del producto, para seguir el iluminado discurso de un orate.

2. Como si no bastara con quebrar el sistema asistencial, el Gobierno prepara el decreto que autoriza la “adquisición” exprés de los fundos productivos, basado en un artículo del Plan Nacional de Subdesarrollo vigente. Con esas disposiciones, a los agricultores se les retira la gerencia de sus actividades, porque el control de las explotaciones agrícolas se traslada a alguna dependencia oficial que determinará lo que se debe (o no) cultivar en todas las fincas y haciendas, cuyo inventario se realizará antes de determinar para qué sirven, qué deben sembrar, o si deben permanecer incultas por motivos “ecológicos”, y cuáles deben ser “vendidas” obligatoriamente al Estado, al precio que este indique, para luego entregarlas a campesinos, cooperativas o exguerrilleros, para que las acaben, que es el resultado inexorable de las “reformas agrarias” comunistas, que hubo que revertir finalmente en Rusia y China, pero que nos han decretado para gozar de la dignísima hambruna tipo Cuba.

Aquí tampoco valdrá el pataleo de los gremios agrícolas y ganaderos, engatusados con las promesas notariales de que Petro no expropiaría, y con la ilusión de que con él se puede llegar a acuerdos convenientes para el país.

3. Como si lo anterior fuera poco, el ministro de Hacienda ya ha destinado 1.2 billones de pesos para la incorporación de los 100.000 “jóvenes de paz”, que, a las órdenes del Ministerio de la Igualdad, van a integrar nuestros futuros “colectivos bolivarianos”.

Desde luego, ese programa costará mucho más de lo previsto, porque un millón mensual es una cifra menor al salario mínimo, y falta calcular las prestaciones sociales de ese inmenso contingente.

Por otro lado, muy pronto la vinculación a ese programa dejará de ser transitoria y limitada a muchachos sin antecedentes penales, procedentes de sectores amenazados por la pobreza, la exclusión o el riesgo de explotación sexual, para convertirse en la fuerza de choque que hace posible la revolución, que solo se logra con el fusil y el terror...

Ahora bien, mientras se avanza hacia ese enorme plan de milicianización, 32 coroneles de la Policía, hartos, piden la baja...

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Finalmente, Petro afirmó no estar enfermo, y cuando el país esperaba que iba a estar visible toda la semana, se volvió a perder más de un día para disfrutar de su “agenda privada”, descrita por él a Coronel como “el tiempo que requiere para sus equilibrios”, es decir el 22% del que lleva gobernando.

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Y en la semana que empieza, desde luego, con el escándalo habitual, esta vez el de los 654 millones recibidos para la campaña de una misteriosa empresa llamada Varvill, se avanzará para:

1. Establecer la inmovilidad laboral y eliminar la libertad empresarial, mediante un proyecto ampliado de reforma laboral, que los pusilánimes gremios están “dispuestos” a concertar con el partido comunista, que dirige el Ministerio del Trabajo.

2. Los decretos que excluyen en los territorios indígenas y afro toda minería técnica y moderna, para asegurar la tranquila explotación de la que hasta ahora llamábamos “ilegal”, especialmente del oro.

3. La reforma de la Educación, que entrega el sector a Fecode, para consolidar el imparable descenso académico que condena al país al subdesarrollo cultural y sempiterno.

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¡Más rápido y furioso no se puede ir... y faltan 152 semanas antes de que en un país devastado empiece el segundo periodo de Petro!

De cara al porvenir: las cosas por su nombre

Por Pedro Juan González Carvajal

En medio de la “reformitis” en la cual estamos viviendo, le toca el turno a la educación, con un proyecto de ley estatutaria “por medio del cual se regula el derecho fundamental a la educación y se dictan otras disposiciones”, y la reforma la Ley 30 de 1992, por la cual se organiza el Servicio Público de Educación Superior, pero se pasa por un lado de la Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación.

El pasar del concepto de servicio público al de “derecho fundamental y bien común”, es más que plausible.

Sin embargo, al leer las propuestas preliminares alrededor del proyecto de ley, se llega fácilmente a la conclusión de que otra vez perderemos una oportunidad histórica para tocar el almendrón del tema de la educación en nuestro país, pues de lo que se está hablando no es de una “reforma a la educación”, sino de una “reforma administrativa de Gobierno y de financiación de la educación superior con énfasis en lo público”, lo cual es muy importante pero no contempla asuntos académicos y pedagógicos que servirían de soporte, ahí sí, a una verdadera reforma educativa, mirada de manera integral como “sistema educativo” que incluya desde los primeros niveles de parvulario hasta los posdoctorados, pasando por todos los niveles y modalidades disponibles.

Hoy las universidades se quejan del mal producto que entregan los colegios y estos sostienen que entregan un buen producto a la sociedad ¿Por qué no nos sentamos a conversar a ver qué es lo que pasa? ¿Cómo garantizar equidad e igualdad en calidad entre la educación urbana y la rural?

Claro que, para poder pensar en algo serio, como sociedad debemos responder a estas dos preguntas básicas: ¿cuál tipo de ciudadano queremos tener? y ¿a qué nos vamos a dedicar económicamente como país?

Sin tener estos qué y para qué claros, pues seguiremos teniendo discusiones interminables alrededor de los cómo y los con quién, privilegiando la forma sobre el fondo.

Como el Gobierno puede ser testarudo, pero no bobo, me imagino que este trámite de reforma se hará con guantes de seda, pues eso de alborotar estudiantes y profesores no requiere mucho esfuerzo, pues siempre estarán prestos para protestar y alimentar las dispendiosas y abundantes “mesas de trabajo”, sabiendo que cada que quieran pues paralizan el país.

Es tan complejo el tema que involucra, de manera directa, en su trámite en el Congreso nacional a 3 comisiones constitucionales de Senado y Cámara:

La Comisión Primera o de Asuntos Constitucionales por incorporarse recientemente la intención de presentar un Proyecto de Ley paralelo de carácter estatutario para meter en un solo canasto todo lo que está disperso correspondiente al tema educativo.

La Comisión Tercera o de Hacienda y Crédito Público por requerir del visto bueno del Ministerio de Hacienda por las implicaciones de recursos y presupuestos que la reforma requiere.

La Comisión Sexta que incluye entre otros varios asuntos el tema de educación y de ciencia pues el tópico central es la educación, al menos en nomenclatura como se expuso anteriormente.

De igual manera, así como en el proyecto de reforma brillan por su ausencia los asuntos académicos y pedagógicos, así mismo no se toca la estructura de fondo del paquidérmico, anquilosado y anacrónico Ministerio de Educación Nacional y sus órganos cercanos, sumidos en los trámites y en la burocracia, acabando de un tajo con principios como los de eficiencia, oportunidad y pertinencia.

Otra entelequia es que, bajo el supuesto de la gratuidad en la educación superior, pues entonces hay que acabar con el Icetex.

Recordemos que en Colombia el pretenciosamente llamado “Sistema de Educación Superior” es mixto, compuesto por instituciones tanto públicas como privadas y existen segmentos poblacionales que requieren del crédito educativo bajo esquemas privilegiados.

Es importante observar la no aplicación del concepto de igualdad con respecto a los diferentes actores del Sistema Mixto de Educación Superior en lo que corresponde, por ejemplo, a la devolución del IVA, a los aportes al SENA y a la representación en los distintos órganos de gobierno de la educación superior a nivel nacional.

De igual manera se deben establecer mecanismos que eviten la competencia de entidades como el SENA (que puede llegar a alcanzar un robustecimiento invasivo con estas reformas) y las Cajas de Compensación Familiar quienes, con recursos de todos, fundan instituciones de Educación Superior que compiten con sus aportantes.

Ahí vamos pues, de tumbo en tumbo, tratando de que todo cambie para que todo siga igual.

De cara al porvenir: las cosas al derecho

Por Pedro Juan González Carvajal*

Estoy plenamente de acuerdo en que se deben hacer reformas sobre los temas más cruciales y sensibles de la sociedad colombiana, pero deben hacerse bien hechas.

El estar bien hechas, implica aprovechar lo bueno de lo existente, corregir lo corregible de lo actual e incorporar lo nuevo que ha de servir para mejorar. Reformar no es sinónimo de tierra arrasada.

El estar bien hechas implica tener una construcción de la propuesta de proyecto de reforma apoyados por quienes saben del tema y por quienes lo manejan y lo han de manejar.

Además, antes de presentar el proyecto de reforma al Congreso, debe haber sido socializado de manera pedagógica y contar con el aval de las autoridades académicas reconocidas del asunto, debiendo contar, además, con la viabilidad financiera dada por el Ministerio de Hacienda, los expertos en el tema, y los legitimadores profesionales, políticos y sociales.

¿Si esto se cumpliera, quien se atrevería a interponerse? Los argumentos de crítica deberían ser muy sólidos y muy bien documentados y soportados.

Imaginemos que el proyecto de reforma a la salud tuviera el aval de todas las Facultades de Medicina del país y el acompañamiento en su diseño de los actores anteriormente mencionados. Yo no sé usted amable lector, pero yo la apoyaría sin ningún tipo de reservas ni de duda.

Ahora bien, ¿por qué las facultades de medicina del país no presentan por iniciativa propia un proyecto de reforma a la salud? Con el debido respeto esto demuestra falta de compromiso de la Academia y un incomprendido entendimiento de lo que es la participación social en las decisiones del país.

¿Por qué los gremios económicos y las cámaras de comercio y por qué no, los sindicatos, no presentan sendos proyectos de ley, el uno para una necesaria reforma laboral y el otro para el impulso y la generación de empleo?

¿Por qué las universidades a través de sus gremios y asociaciones, acompañados de los representantes de los otros niveles educativos no asumen la responsabilidad y el compromiso de presentar un verdadero y concienzudo proyecto para reformar la educación? ¿Necesitamos que se convoque a “comisiones de sabios” que usualmente son personajes muy importantes que en la mayoría de los casos no saben nada de educación y mucho menos de pedagogía y cuyos informes o recomendaciones finales no han servido para nada?

Algunos definen la inteligencia como la capacidad para entender, enfrentar y resolver problemas. Una invitación para que las universidades, la sociedad y las empresas le ayuden al Estado y se comprometan en la solución de los grandes problemas de la colectividad, proponiendo y actuando, no solo criticando y teorizando.

Si en gracia de discusión ya supiéramos cuál es el tipo de poder judicial que se requiere para enfrentar estos nuevos tiempos, ¿por qué no le pedimos asesoría a la OCDE o al país del mundo que sea líder en el funcionamiento de su aparato de justicia para elaborar y presentar un proyecto de ley para reformar la justicia, que tan necesario e importante es?

Ejemplos como los anteriores serían aplicables para temas como la reforma pensional, la reforma agraria, la reforma minera, la reforma política, entre otras varias que debemos sacar adelante a ver si por fin somos capaces de adentrarnos a la modernidad y poder participar con alguna probabilidad de éxito de la globalización y logramos establecer reglas de juego equitativas que promuevan la igualdad y el bienestar de los ciudadanos en Colombia.

En esto debemos hacer un detente y hacer una reflexión seria que nos permita entender que no podemos seguir esperando que el Estado a través del Gobierno de turno tome la iniciativa para enfrentar todos los problemas y todos los temas habidos y por haber. La nuestra es una Constitución Política entre cuyos pilares fundamentales está el de la participación, pero todos estamos recostados a lo que proponga el Gobierno y ahí sí, enfilar baterías para tirarle piedras a cualquier propuesta presentada.

La democracia participativa nos pone una vara muy alta y pone en evidencia la carente cultura política y el débil ejercicio de la ciudadanía que hoy tenemos en Colombia y su frágil democracia.

Si seguimos haciendo más de lo mismo con los mismos métodos tradicionales, pues ahí no hay nada que hacer.

William Ospina nuestro excelso escritor y agudo crítico de la realidad nacional advierte que las reformas, si de verdad son reformas pertinentes, no es posible que sean tramitadas objetivamente por el Congreso Nacional, pues allí están representados los poderes tradicionales a quienes el tema de las reformas no les resulta cómodo.

Recordemos esta sentencia de Maquiavelo: “No hay nada más difícil e ingrato de intentar que cambiar el orden de las cosas, pues se tendrá como enemigos a todos aquellos que han triunfado con las condiciones actuales y como defensores tibios a quienes no tienen nada que perder con el cambio”.

Ahí les dejo “ese trompo en la uña”.