Por José Alvear Sanín
Tonificado,
estimulado y fortalecido por una docena de grandes escándalos, Petro acaba de
vivir la más eficaz semana de su gobierno de destrucción institucional, hasta
ahora, mientras sus opositores se hacen los de la vista gorda o consideran como
su principal deber garantizar que llegue en el poder hasta el 7 de agosto de
2026, con la ilusión de que ya solo faltan dos años y 340 días...
En efecto,
en estos siete días, el Gobierno ha logrado:
1. Que
estalle sobre el sistema de salud la deseada crisis proyectada por la
exministra Corcho cuando advertía que era necesario provocarla para eliminar el
actual sistema asistencial. Las tres principales EPS, con trece millones de
usuarios, denuncian su inminente colapso, mientras llega el inevitable de las
demás.
La
respuesta del Gobierno no se hizo esperar. Petro dijo que están bien
financiadas. El minsalud afirmó que, si cierran, mediante un plan de
contingencia sus usuarios serán bien atendidos. El director de Adres habló de
los millones girados a las entidades de salud, mientras se anunciaba un gigantesco
plan de auditoría oficial, seguramente para encontrar algunas deficiencias
contables que permitan hacer creer que las EPS son organizaciones criminales
para desfalcar al Estado.
Las EPS
solicitan interlocución con el Gobierno, para ver la manera de encontrar
soluciones que permitan seguir atendiendo correctamente a los pacientes, pero este,
empeñado en destruirlas, no acepta analizar con ellas los problemas, ni
revisará jamás de manera adecuada el monto de la Unidad de Pago por Capitación
(UPC), de la cual depende la salud financiera del sistema asistencial.
A medida
que el Gobierno agrave deliberadamente la crisis sanitaria, para lo cual basta
con dejar ese sistema sin recursos suficientes, la población aceptará el salto
al vacío en que consiste pasar de un régimen perfectible a uno clientelista, improvisado,
politizado y cargado de ideología extremista, donde finalmente los pacientes
serán tratados por mamos, yerbateros, “médicos cubanos” y los cursillistas
venezolanos, es decir la versión del socialismo del siglo XXI, de los “médicos
descalzos” de Mao, porque el régimen del decrecimiento económico conduce a una
medicina paupérrima, alejada de la ciencia y la tecnología, la única posible
para un país que renuncia a la racionalidad económica, a sus industrias vitales
y al crecimiento del producto, para seguir el iluminado discurso de un orate.
2. Como si
no bastara con quebrar el sistema asistencial, el Gobierno prepara el decreto
que autoriza la “adquisición” exprés de los fundos productivos, basado en un
artículo del Plan Nacional de Subdesarrollo vigente. Con esas disposiciones, a
los agricultores se les retira la gerencia de sus actividades, porque el
control de las explotaciones agrícolas se traslada a alguna dependencia oficial
que determinará lo que se debe (o no) cultivar en todas las fincas y haciendas,
cuyo inventario se realizará antes de determinar para qué sirven, qué deben
sembrar, o si deben permanecer incultas por motivos “ecológicos”, y cuáles
deben ser “vendidas” obligatoriamente al Estado, al precio que este indique, para
luego entregarlas a campesinos, cooperativas o exguerrilleros, para que las
acaben, que es el resultado inexorable de las “reformas agrarias” comunistas,
que hubo que revertir finalmente en Rusia y China, pero que nos han decretado
para gozar de la dignísima hambruna tipo Cuba.
Aquí
tampoco valdrá el pataleo de los gremios agrícolas y ganaderos, engatusados con
las promesas notariales de que Petro no expropiaría, y con la ilusión de que
con él se puede llegar a acuerdos convenientes para el país.
3. Como si
lo anterior fuera poco, el ministro de Hacienda ya ha destinado 1.2 billones de
pesos para la incorporación de los 100.000 “jóvenes de paz”, que, a las órdenes
del Ministerio de la Igualdad, van a integrar nuestros futuros “colectivos
bolivarianos”.
Desde
luego, ese programa costará mucho más de lo previsto, porque un millón mensual
es una cifra menor al salario mínimo, y falta calcular las prestaciones
sociales de ese inmenso contingente.
Por otro
lado, muy pronto la vinculación a ese programa dejará de ser transitoria y
limitada a muchachos sin antecedentes penales, procedentes de sectores
amenazados por la pobreza, la exclusión o el riesgo de explotación sexual, para
convertirse en la fuerza de choque que hace posible la revolución, que solo se
logra con el fusil y el terror...
Ahora bien,
mientras se avanza hacia ese enorme plan de milicianización, 32 coroneles de la
Policía, hartos, piden la baja...
***
Finalmente,
Petro afirmó no estar enfermo, y cuando el país esperaba que iba a estar
visible toda la semana, se volvió a perder más de un día para disfrutar de su
“agenda privada”, descrita por él a Coronel como “el tiempo que requiere
para sus equilibrios”, es decir el 22% del que lleva gobernando.
***
Y en la
semana que empieza, desde luego, con el escándalo habitual, esta vez el de los
654 millones recibidos para la campaña de una misteriosa empresa llamada
Varvill, se avanzará para:
1. Establecer
la inmovilidad laboral y eliminar la libertad empresarial, mediante un proyecto
ampliado de reforma laboral, que los pusilánimes gremios están “dispuestos” a
concertar con el partido comunista, que dirige el Ministerio del Trabajo.
2. Los
decretos que excluyen en los territorios indígenas y afro toda minería técnica
y moderna, para asegurar la tranquila explotación de la que hasta ahora
llamábamos “ilegal”, especialmente del oro.
3. La
reforma de la Educación, que entrega el sector a Fecode, para consolidar el
imparable descenso académico que condena al país al subdesarrollo cultural y
sempiterno.
***
¡Más rápido
y furioso no se puede ir... y faltan 152 semanas antes de que en un país devastado
empiece el segundo periodo de Petro!