De cara al porvenir: las cosas por su nombre

Por Pedro Juan González Carvajal

En medio de la “reformitis” en la cual estamos viviendo, le toca el turno a la educación, con un proyecto de ley estatutaria “por medio del cual se regula el derecho fundamental a la educación y se dictan otras disposiciones”, y la reforma la Ley 30 de 1992, por la cual se organiza el Servicio Público de Educación Superior, pero se pasa por un lado de la Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación.

El pasar del concepto de servicio público al de “derecho fundamental y bien común”, es más que plausible.

Sin embargo, al leer las propuestas preliminares alrededor del proyecto de ley, se llega fácilmente a la conclusión de que otra vez perderemos una oportunidad histórica para tocar el almendrón del tema de la educación en nuestro país, pues de lo que se está hablando no es de una “reforma a la educación”, sino de una “reforma administrativa de Gobierno y de financiación de la educación superior con énfasis en lo público”, lo cual es muy importante pero no contempla asuntos académicos y pedagógicos que servirían de soporte, ahí sí, a una verdadera reforma educativa, mirada de manera integral como “sistema educativo” que incluya desde los primeros niveles de parvulario hasta los posdoctorados, pasando por todos los niveles y modalidades disponibles.

Hoy las universidades se quejan del mal producto que entregan los colegios y estos sostienen que entregan un buen producto a la sociedad ¿Por qué no nos sentamos a conversar a ver qué es lo que pasa? ¿Cómo garantizar equidad e igualdad en calidad entre la educación urbana y la rural?

Claro que, para poder pensar en algo serio, como sociedad debemos responder a estas dos preguntas básicas: ¿cuál tipo de ciudadano queremos tener? y ¿a qué nos vamos a dedicar económicamente como país?

Sin tener estos qué y para qué claros, pues seguiremos teniendo discusiones interminables alrededor de los cómo y los con quién, privilegiando la forma sobre el fondo.

Como el Gobierno puede ser testarudo, pero no bobo, me imagino que este trámite de reforma se hará con guantes de seda, pues eso de alborotar estudiantes y profesores no requiere mucho esfuerzo, pues siempre estarán prestos para protestar y alimentar las dispendiosas y abundantes “mesas de trabajo”, sabiendo que cada que quieran pues paralizan el país.

Es tan complejo el tema que involucra, de manera directa, en su trámite en el Congreso nacional a 3 comisiones constitucionales de Senado y Cámara:

La Comisión Primera o de Asuntos Constitucionales por incorporarse recientemente la intención de presentar un Proyecto de Ley paralelo de carácter estatutario para meter en un solo canasto todo lo que está disperso correspondiente al tema educativo.

La Comisión Tercera o de Hacienda y Crédito Público por requerir del visto bueno del Ministerio de Hacienda por las implicaciones de recursos y presupuestos que la reforma requiere.

La Comisión Sexta que incluye entre otros varios asuntos el tema de educación y de ciencia pues el tópico central es la educación, al menos en nomenclatura como se expuso anteriormente.

De igual manera, así como en el proyecto de reforma brillan por su ausencia los asuntos académicos y pedagógicos, así mismo no se toca la estructura de fondo del paquidérmico, anquilosado y anacrónico Ministerio de Educación Nacional y sus órganos cercanos, sumidos en los trámites y en la burocracia, acabando de un tajo con principios como los de eficiencia, oportunidad y pertinencia.

Otra entelequia es que, bajo el supuesto de la gratuidad en la educación superior, pues entonces hay que acabar con el Icetex.

Recordemos que en Colombia el pretenciosamente llamado “Sistema de Educación Superior” es mixto, compuesto por instituciones tanto públicas como privadas y existen segmentos poblacionales que requieren del crédito educativo bajo esquemas privilegiados.

Es importante observar la no aplicación del concepto de igualdad con respecto a los diferentes actores del Sistema Mixto de Educación Superior en lo que corresponde, por ejemplo, a la devolución del IVA, a los aportes al SENA y a la representación en los distintos órganos de gobierno de la educación superior a nivel nacional.

De igual manera se deben establecer mecanismos que eviten la competencia de entidades como el SENA (que puede llegar a alcanzar un robustecimiento invasivo con estas reformas) y las Cajas de Compensación Familiar quienes, con recursos de todos, fundan instituciones de Educación Superior que compiten con sus aportantes.

Ahí vamos pues, de tumbo en tumbo, tratando de que todo cambie para que todo siga igual.