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Nos gobierna el bajo mundo integrado por toda
suerte de criminales; estamos peor que la imaginaria Ciudad Gótica, pero el
caso es que Batman y los Superamigos sólo son un mito del cine y las películas,
mientras aquí el narcoterrorismo de Estado es una realidad ineludible.
Tenemos en nuestras manos todo lo necesario
para triunfar como nación, y a pesar de que aquí los malos abusen del poder,
acusen y enjuicien a los buenos, hay chispas de justicia que pueden iluminar el
camino de nuestras democracias, por tanto, todas las esperanzas deben estar
centradas en las cortes, pues en su conciencia y obrar está el destino de
nuestras naciones.
La esencia de nuestros problemas es un asunto
de legalidad pues la generación de rentas ilícitas permite la multiplicación
del crimen organizado narcoterrorista.
Para que todo no se quede en discursos de
campaña y el país no siga el sendero al caos insoluble, necesitamos estar todos
los contribuyentes de acuerdo en que los criminales y bandidos tienen que ir a
la cárcel. Resolver si el país seguirá tragándose el anzuelo de las
negociaciones de paz con las organizaciones criminales. Decidir si la ley debe
ser una sola para todos los colombianos o vamos a seguir teniendo ciudadanos de
mejor derecho representados por ilegales y minorías, y a las mayorías que
cumplen la ley y las obligaciones relegadas a menor derecho. Y estar vigilantes
para asegurarnos de que nos gobiernen los mejores profesionales, no corruptos y
clientelistas.
Los gremios tienen que salirse de la zona de
comodidad de lo políticamente correcto y exigirle al sector público. El
respaldo institucional tiene que empezar por relevar un liderazgo fracasado por
uno que defienda el balance del país constatando si el llamado a la unidad
política es un tema de conveniencias particulares o un ofrecimiento en favor de
un propósito de interés general.
El Congreso no puede estar presidido por
sindicados de corrupción. La justicia no puede estar ideologizada, politizada
ni cuestionada. Los órganos de control tienen que ser independientes. El
administrativo tiene que responder por la economía y hacer cumplir las leyes
acompañado de las fuerzas armadas que custodien la legalidad y la soberanía,
evitando que el país se fraccione en corredores de narcotráfico y “franjas
fronterizas” controladas por las organizaciones criminales.
La sociedad civil en las regiones debe
constatar que alcaldes y gobernadores no utilicen los gobiernos locales como
trampolín político y de verdad se dediquen a lo esencial que es tener unas
ciudades seguras, limpias y funcionales, manejadas con total transparencia y
responsabilidad. Ellos solo son empleados temporales elegidos para dar
resultados acordes a las necesidades de la gente.
Renovar el Congreso es tarea pendiente, pero
¿quién le pone el cascabel al gato? Ello requiere una metodología y unos
sistemas de selección que postulen gente proba y profesional y no oportunistas
que llegan a robar y dejar de lado la responsabilidad para convertir la
política en una forma de vida.
La democracia primero necesita salir triunfante
en las elecciones de cuerpos colegiados. El tema no es tener un solo candidato,
sino que resulte alguien capaz de ordenar el funcionamiento del Estado,
combatir el crimen y permitir la libertad de mercados, y eso no es de izquierda
y derecha, es de buenos contra los malos que ahora protegen las organizaciones
criminales narcoterroristas, y que harán hasta lo imposible para seguir en el
poder.
Hoy es el crimen el que está en el poder y ahí
seguirá mientras los partidos encuentran la sensatez que demanda la legalidad.
Presentarse a ser candidato presidencial no es un juego, es un derecho que
tiene que estar precedido de una obligación y un compromiso responsable que
tiene que ganarse el corazón del 70% de los votos que está en los estratos 2 y
3. Incrementar un abanico de aspirantes es un flaco favor a una nación engañada
que necesita salir del camino al Estado fallido como en 2002.
Cuando a este computador que se llama Colombia
le metimos un virus destructivo al sistema operativo, para poder construir un
modelo de país libre y pujante, primero hay que recuperar la funcionalidad
democrática y fortalecer el sistema de libre empresa. Para volver a funcionar
en democracia, se requiere confianza que solo se consigue con seguridad
ciudadana que, a base de consistencia, genera la credibilidad que regenera la
inversión y la economía.
Corolario: sin orden, la libertad degenera en
represión o libertinaje. Hoy no hay quién genere confianza ni tenga un plan de
gobierno y un equipo listo para gobernar y dominar la ilegalidad. Entendamos
que todos los cambios y transformaciones positivas a lo largo de la historia
han sido, son y serán, una función tecnológica. Si no acometemos la
digitalización del Estado no hacemos nada diferente a retrasar las esperanzas
de desarrollo y perder las grandes posibilidades que nos ofrece un mundo
globalizado. Necesitamos más que nunca una justicia equilibrada, ciega e
implacable, no más jurisdicciones especiales o como en la Ciudad Gótica, nos
adentraremos más en la confusión y la polarización extrema ideológica propias
del tenebroso ultramundo donde reinan la violencia y la muerte que aquí
representan las organizaciones ilegales narcoterroristas que se ocultan tras
las banderas del socialismo del siglo XXI.
.jpg "José Alvear Sanín")
.jpg "Antonio Montoya H.")