José Hilario López Agudelo
Nature,
en su edición online del día 7 del mes de mayo, publicó un artículo con los
resultados de una investigación de Nico Wunderling et al de la Universidad
Goethe de Frankfurt, titulado Deforestation-induced drying lowers Amazon
climate threshold (“La sequía provocada por la deforestación reduce el
umbral climático del Amazonas”)[1].
El
referido estudio revela que en 2020 la pérdida acumulada del bosque amazónico
rondaba entre el 17 y el 18 %; además advierte que si la deforestación aumenta
hasta un 22-28 % con un
calentamiento global entre 1,5 y 1,9 ºC por encima de los
niveles preindustriales, la selva amazónica cruzará un punto de inflexión y dos
tercios de su superficie se convertirán en sabana. Ese mismo escenario sucederá
si la deforestación se mantiene en los niveles actuales, pero el cambio
climático eleva la temperatura global hasta los 3,7- 4 °C. A esta misma
conclusión llega un estudio del Instituto Potsdam para la Investigación sobre
el Impacto del Cambio Climático, cuyos detalles también se han publicado en Nature.
La
Amazonía actúa como un inmenso sumidero de carbono, absorbiendo aproximadamente
1.500 millones de toneladas de CO2 al año. La vegetación y los suelos
amazónicos almacenan entre 90 y 140 mil millones de toneladas de CO2
lo que ayuda a evitar que este gas de efecto invernadero llegue a la atmósfera
y acelere el calentamiento global. Además de capturar CO2, la Amazonía
regula los patrones climáticos globales mediante la liberación de vapor de
agua, generando los llamados "ríos voladores" que influyen en el
régimen de lluvias en la Región Andina, donde se encuentra la mayor parte de la
población suramericana. Recuérdese el racionamiento de agua en la ciudad de
Bogotá y municipios vecinos entre abril de 2024 y abril 2025, causado por el debilitamiento
de los ríos voladores que se precipitan en el páramo de Chingaza, donde se
encuentran los principales embalses que dispone el acueducto de Bogotá.
El
estudio de la Universidad Goethe revela que la Amazonía recicla la mitad de su
propia lluvia, y que perder ese mecanismo podría arrastrar a regiones situadas
a miles de kilómetros hacia una espiral de sequías imparables. El problema consiste
en que la pérdida de masa forestal, unida al
calentamiento global, interrumpe el reciclaje de la lluvia,
desestabiliza la humedad de la zona y provoca un peligroso efecto en cadena con
consecuencias para todo el ecosistema y para el resto del planeta. "La
deforestación hace que la Amazonía sea mucho menos resiliente de lo que
habíamos previsto anteriormente. Reseca la atmósfera y debilita la propia
generación de precipitaciones del bosque", denuncia Nico Wunderling,
coautor del estudio de la Universidad Goethe, atrás citado. A lo que agrega, “Incluso
un calentamiento adicional moderado podría entonces desencadenar efectos en
cadena en grandes partes del bosque”.
Johan
Rockström, también coautor del referido estudio de la Universidad Goethe, comenta:
“La selva amazónica ha desempeñado un papel fundamental en la estabilización
del sistema terrestre como sumidero de carbono, regulador del ciclo del agua y
hogar de la biodiversidad terrestre más rica del planeta, pero la deforestación
continuada está socavando esta estabilidad, lo que acerca al bosque a un punto
de inflexión".
Frenar
la tala y restaurar el bosque, la única salida
La
comunidad científica coincide en que detener la deforestación reforzaría
sustancialmente la resiliencia del bioma amazónico ante el calentamiento global.
Sin embargo, existe un serio obstáculo que impide avanzar en este propósito: la
presencia de múltiples grupos armados por fuera de la ley que promueven la tala
del bosque para la siembra de coca, explotaciones mineras (principalmente oro
aluvial) y ganadería extensiva, a lo cual se suma la construcción de las vías
de acceso, que apoyen las anteriores actividades. Según el presidente Lula da
Silva, en la Amazonía operan hasta 17 organizaciones criminales compitiendo por
el control del territorio.
La
V Cumbre de presidentes de los Estados Miembros del Tratado de la Cuenca
Amazónica (OTCA) reunida en Bogotá en 2025, antesala de COP30 que se celebró a
finales de 2025 en Belém de Pará, debatió el papel que los países amazónicos
van a jugar para proteger la mayor selva y pulmón del mundo. En lo relativo a
la presencia de grupos armados, el informe “Amazonía en disputa. Seguridad
climática y conflictos socioambientales en la Amazonía noroccidental”,
presentado por la V Cumbre de la OTCA, hace un llamado urgente a los Estados,
la sociedad civil y la comunidad internacional a actuar de manera decidida ante
una realidad crítica.
La
Amazonía noroccidental, en su mayor parte territorio colombiano, compartido con
Ecuador, Perú y Brasil es una región que cumple una función estratégica vital
dentro del gran bioma amazónico. En la cuenca hidrográfica del río Putumayo y
en parte del denominado Trapecio Amazónico se conforma la conexión entre las
altas montañas andinas y la planicie amazónica. Justamente estas dos
subregiones, las más vulnerables por su valor ecosistémico y geopolítico de la Amazonía,
se han convertido en territorios en disputa por múltiples actores al margen de
la ley, atraídos por actividades ilegales, que compiten por la extracción de
los bienes naturales, generando una crisis multidimensional que amenaza no sólo
la vida y el equilibrio ambiental, sino también la democracia, la seguridad
climática y la estabilidad regional.
La
realidad de una Amazonía en disputa remite a un complejo escenario de
confrontación territorial multisectorial. No se trata únicamente de un
conflicto entre actores legales e ilegales, sino de una lucha por el
significado mismo del territorio, su uso, su gobernanza y su futuro. Según la
OTCA, en el centro de esa disputa confluyen múltiples conflictos, que van desde
disputas entre los mismos grupos del crimen organizado y entre las comunidades
nativas y en las mismas instituciones gubernamentales.
Crisis
Group, una organización International no gubernamental, acaba de publicar un artículo
titulado “El saqueo de la selva: blindar a la Amazonía del crimen organizado”[2],
que empieza por afirmar que el crimen organizado se ha convertido en un
importante obstáculo para la preservación de la Amazonía. Las organizaciones
criminales se expanden y conectan libremente por toda la cuenca, infiltrándose
en organismos estatales, empresas formales y comunidades. Por ello, a los
gobiernos nacionales se les dificulta lograr la colaboración de las comunidades
para hacer frente a tan diversas dinámicas ilegales. El crimen organizado se ha
convertido en uno de los principales obstáculos para los esfuerzos por frenar
la destrucción ambiental en la Amazonía y salvar uno de los ecosistemas más
importantes del planeta. “Lo que antes era principalmente un desafío de
conservación se ha convertido en una crisis de gobernanza y seguridad, lo que
hace mucho más difícil que los Estados cumplan sus planes de protección
ambiental”, expresa Bram Ebus, coautor del artículo de Crisis Group, atrás
referido.
Dos
actores principales hacen frente a la expansión del crimen organizado: las
comunidades indígenas y las fuerzas estatales. Las primeras son el blanco más
vulnerable a la violencia de los grupos criminales, mientras tanto las agencias
de seguridad estatales sólo esporádicamente combaten las operaciones criminales,
sin llegar a desmantelar el aparato financiero que sustenta estas redes ni
emprender acciones contra sus cabecillas. Las operaciones de seguridad rara vez
se coordinan con las comunidades indígenas.
Lograr
una efectiva cooperación entre las fuerzas de seguridad estatales y las
guardias indígenas es un desafío fundamental para la seguridad en toda la
Amazonía; además es el mecanismo más prometedor para detener a los grupos
ilegales. Muchas guardias indígenas (grupos de protección comunitarios creados
para defender a sus pueblos, territorios y modos de vida) afirman querer
colaborar con las autoridades nacionales para protegerse de los grupos
criminales. Estas comunidades podrían detectar actividades ilícitas, alertar a
los funcionarios estatales y coordinar una respuesta con las fuerzas de
seguridad. En los territorios indígenas yanomami del norte de Brasil,
por ejemplo, donde este tipo de colaboración ha tenido éxito, la deforestación
y la actividad delictiva han disminuido sustancialmente. Sin embargo, en la
mayoría de los casos, la desconfianza mutua, el temor a la colusión criminal y
la falta de recursos dificultan la colaboración. Una mayor cooperación entre
ambos (guardias indígenas y autoridades nacionales) debe ser el pilar de una
campaña para proteger la Amazonía del crimen organizado.
Salvar la Amazonía no es sólo responsabilidad de los ocho países a los que pertenece este valioso bioma, de cuya conservación depende la estabilidad del planeta. OTCA debería ser nuestro vocero ante los organismos multilaterales para, juntamente con los gobiernos de los países amazónicos, crear un plan de defensa de la Amazonía, con el propósito de fortalecer financiera y logísticamente las fuerzas militares nacionales, en su lucha contra los grupos delictivos que controlan el territorio y promover el desarrollo social de las comunidades nativas, para que asuman la gobernanza del territorio y la protección de los ecosistemas naturales.

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