Tesla

Andrés de Bedout Jaramillo

Los vehículos eléctricos Tesla han entrado con fuerza a Colombia y al mundo, con fábricas de carros y camiones impresionantemente grandes y con una tecnología que ha superado, en buena parte, la utilización de tierras raras para disminuir la dependencia de China. Muy pronto nos sorprenderá con robots y quién sabe con qué más bienes y servicios en este mundo de tecnologías avanzadas, apuntándole siempre a la movilidad vehicular autónoma.

Lo que casi nadie sabe es que Tesla es el apellido de un científico serbio Nikola que se educó en Croacia, en Karlovac, una tranquila y pequeña ciudad donde estudió a finales del siglo XIX. Entre muchas otras ideas, o mejor, inventos brillantes, como el del carro eléctrico y la transmisión de la electricidad sin cables —donde la primera ya es una realidad casi dos siglos después y la segunda todavía se estudia sin éxitos tangibles—, lo único cierto es que el científico Tesla debió ser la inspiración para convertir este apellido en una marca símbolo que hoy está a la vanguardia de los más grandes avances tecnológicos.

Es allí donde Elon Musk está construyendo, tal vez, el conglomerado empresarial más grande en materia de movilidad terrestre y aérea, transmisión satelital, inteligencia artificial y almacenamiento de datos en el espacio, entre otras muchas actividades que nos sorprenden día a día. La dependencia de nosotros, los humanos habitantes del planeta Tierra, de los bienes y servicios que hoy y en un futuro próximo nos brindarán las empresas de Musk, nos pone a pensar que nuestro hogar, cada vez, estará más gobernado por poderosas corporaciones privadas que por gobiernos legítimamente constituidos. Incluso me atrevo a opinar que la vigencia y legitimidad de los gobiernos solo será otorgada por estas corporaciones privadas, en las que los Estados deberán tener pequeñas participaciones para no quedar del todo por fuera del inmenso poder económico de empresas como Tesla, que influirán directamente en nuestro futuro.

El homenaje que hoy se le hace al científico e inventor Nikola Tesla —quien, dicho sea de paso, fue muy mal administrador y no logró canalizar ninguno de sus inventos para construir un patrimonio económico importante, ni siquiera cuando se asoció con el señor Westinghouse, quien se convirtió en una poderosa marca de electrodomésticos— es más que merecido.

Qué gran contrasentido: Nikola Tesla murió prácticamente sin dinero y quien hoy capitaliza sus inventos, Elon Musk, es la persona más rica del mundo, según la revista que escalafona a los dueños de los grandes capitales.

Cuando lleguen los robots con I. A. a reemplazar la mano de obra humana, los bienes y servicios bajarán sustancialmente de precio y las rentas universales soportarán las necesidades individuales. Las ciudades se construirán en torno al cuidado del medio ambiente, donde el verde de la naturaleza, el regreso de las especies animales y el azul del agua pura serán la prioridad; el transporte será eléctrico y público, con un servicio ininterrumpido.

Poco a poco me he ido metiendo en este mundo loco de la tecnología; me gusta y me voy defendiéndolo.

Que nuestro Señor Jesucristo nos ilumine y nos dé las fuerzas necesarias para aprender cada día más y poder ser útiles a la sociedad.

Compatriotas sin agua para beber

Luis Alfonso García Carmona

Me han impactado las imágenes de niños buscando agua para beber en inmundos pantanos, escuálidas reses a punto de morir por falta del precioso líquido, hectáreas de secos cultivos completamente perdidos y filas de compatriotas esperando la llegada de un carrotanque para comprar un poco de agua para sus hogares.

Anticipan estas escenas la obligada suspensión de servicios de agua y energía cuando el fenómeno del “Niño” alcance su plenitud y carezcan las represas del nivel suficiente de agua para mover las turbinas y se sequen las fuentes de agua que alimentan los acueductos.

No es fácil la solución a esta dramática amenaza, al comienzo de un gobierno que recibe un Estado completamente saqueado, y con un aparato burocrático permeado por la corrupción, la mediocridad y la destructiva ideología socialista.

Pero contamos con un nuevo gobierno para el cual, bajo el ejemplar liderazgo del “tigre”, no hay reto que no pueda ser vencido.

Resulta irónico que, en un país con 2 mares, ríos caudalosos, un elevado índice de precipitación y una variada orografía, parte de nuestra gente se muera de sed.

Para atender las variadas necesidades de agua en regiones con diferente conformación, deberíamos partir de la creación de un equipo de trabajo integrado con expertos profesionales de las corporaciones ambientales, las empresas de acueductos, los ministerios de Minas, Transporte y Agricultura, para estructurar una estrategia a corto y mediano plazo que logre una solución a la escasez de agua.

La Guajira

La solución definitiva es desalinizar el agua de mar, ya que es un recurso inagotable. Las dificultades tecnológicas han sido superadas con el sistema de ósmosis inversa en muchos países, entre ellos España e Israel. El mayor obstáculo consiste en el elevado consumo de energía, el cual puede ser reducido mediante la construcción de paneles solares o con energía eólica. Ya hay experiencias a través de la Gobernación de La Guajira con la firma Esepgua, que deben ser revisadas y reactivadas.

Igualmente se pactó la inversión en proyectos desalinizadores con la firma sueca SAAB AB, convenio que se encuentra bajo la lupa del gobierno.

El departamento de química de la Universidad Nacional desarrolla un sistema de desalinización para riego, que debe ser evaluado y, en caso necesario, impulsado, como una solución adicional para el pueblo guajiro y parte del Caribe.

Sistemas de riego

Dese tiempo inmemorial, gran parte del occidente colombiano sufre periódicamente, en la época lluviosa, de costosas inundaciones que destruyen hogares, cosechas, vías, etcétera; luego, las tierras se secan y se quedan sin agua para hidratar los cultivos y el ganado. Cada año los gobiernos de turno ensayan algunas obras que en nada solucionan la raíz del problema, lo cual es inexplicable a la luz de la historia. Los sumerios, la primera civilización de la tierra, 4000 años antes de Cristo, tenían un completo sistema de riego tomado de los ríos Tigris y Éufrates y se convirtieron en la despensa alimenticia del mundo antiguo. Seis mil años después ese invento no ha podido llegar a nuestra costa caribe. Es hora de que contratemos asesoría internacional para dar una solución integral y definitiva este atávico problema.

Pozos subterráneos

Con frecuencia las poblaciones sedientas se lanzan a cavar pozos en busca de agua, sin técnica alguna, para terminar sin encontrarla o, en caso afirmativo, topándose con aguas salobres inadecuadas tanto para los seres humanos como para la agricultura. Sin embargo, el sistema, si se somete a un previo estudio de los suelos y a una técnica planeación, puede dar resultado en muchas regiones del país donde escasean las lluvias y se están secando las fuentes acuíferas. Es cuestión de planeación. No de improvisación. Y, si se involucran de lleno las autoridades locales, puede ser una fórmula a corto plazo para paliar los efectos del “Niño”.

Recolección doméstica de agua lluvia

Anuncian los servicios meteorológicos que lloverá en gran parte del territorio, antes de que llegue con fuerza el fenómeno del “Niño” ¿Por qué no iniciar ya un programa nacional en las zonas lluviosas para que cada casa se adapte para captar y filtrar el agua recogida? Hay muchísimos programas disponibles, de bajo costo y de fácil instalación. Cualquier plomero los puede instalar y su costo se paga solo con el ahorro en las cuentas de agua. A los más necesitados, el gobierno, a través de los fondos de ayuda, puede financiar su instalación sin intereses y a largo plazo.

Ahí tenemos 3 ideas probadas, no imaginarias. Sólo falta decisión para ponerlas en marcha y creatividad para ganarle la pelea al “Niño”. Creo que ese desafío le queda chiquito al “tigre”. Porque estamos “firmes con la Patria”.

Operación “La jefe de la banda”

José Alvear Sanín

El reportaje de Viki Dávila a Eva Ferrer sorprende al país, porque da a conocer a la Verónica como la jefe de una banda criminal que extendía sus tentáculos, desde el tráfico de estupefacientes y armas, hasta variada suerte de productivos chanchullos, en una constelación de entidades oficiales donde el entorno organizado de la mujerzuela lograba rápido y fenomenal enriquecimiento.

La sordidez, vulgaridad y desvergüenza no pueden faltar en el relato que hace la chapetona sobre su accidentada relación con la costeña, que va desde la intimidad inicial hasta el temor que siente ahora de ser asesinada.

La Ferrer es reticente en todo momento, aunque siempre da a entender que sabe mucho más de lo que relata, pero nos deja a oscuras sobre el origen de esa tóxica relación y los verdaderos motivos de su rompimiento, sin omitir los nombres de catalanes, italianos y colombianos al servicio de la tiránica, despótica y vengativa jefe de la banda.

La entrevistada es especialmente cauta en lo relativo a Petro. Al principio dice que él “es el pony blanco”, mientras la mujer “es el pony negro”, lo que, a mi juicio, concuerda con la actitud de todos aquellos que han tenido que declarar ante la Fiscalía, despacho que siempre elude preguntar por el ordenador de los incontables actos de corrupción, desfalco, desviación de fondos y enriquecimiento ilícito que se dieron día y noche durante los cuatro asquerosos años de Petro.

¿Por qué razón la Fiscalía nunca pregunta por el cerebro que planeó, organizó y seguramente se lucró de esos delitos, como si hubiesen sido cometidos, más bien, por agentes subalternos y autónomos?

La posible razón para esa fundamental omisión investigativa se encuentra seguramente en la Omertá, que rige en organizaciones criminales como la mafia y el partido comunista, donde quien habla, muere…

La Fiscalía de bolsillo deja simplemente de lado a Petro, indagando únicamente a algunos de sus cómplices que el máximo capo ha escogido como convenientes chivos expiatorios…

En consecuencia, cuando Sandra Ortiz, la exconsejera presidencial encargada de llevar los maletines con millones en efectivo para los presidentes de las Cámaras, confiesa que en el gobierno nada se hacía sin la expresa autorización y orden de Petro, la Fiscalía mira para otro lado, para que él pueda seguir indefinidamente al margen de la justicia mientras cuente con mayoría en la Comisión de Alcahuetería de la Cámara.

Ahora bien, la Fiscalía, el martes 13 de octubre, no citó a la Ferrer para que acuda a ese despacho a formalizar las denuncias que enunció ante Semana

Mi impresión, después de atenta escucha del reportaje, es que toda el agua sucia la van a derramar sobre Verónica convertida en jefe de la banda, cuando la suya apenas era una sub-banda para pequeños chanchullos multimillonarios, desviando así los reflectores que podrían iluminar los inmensos saqueos multibillonarios del verdadero jefe de la banda presidencial.

Sin desconocer la multitud de negocios de la Verónica, se equivoca Viki preguntando a la Ferrer por el negocio de los Grippen, operación de altísima complejidad que requiere abogados internacionales, contadores, bancos, Ministerios de Aviación de ambos países, y una gerencia muy por encima de las capacidades y la preparación de la brincona.

De cara al porvenir: la cultura de la fila

Pedro Juan Gonzalez Carvajal

La República de la Fila - Crónica de un país que hace fila hasta para hacer fila.

Epígrafe no oficial de Colombia: “¿Último? Hágase aquí detrás de mí”.

Si hay un símbolo patrio que nunca izamos, pero todos respetamos, es la fila. En Colombia no se camina: se hace fila. No se vive: se hace turno. Hay fila para el banco, para el baño del centro comercial, para reclamar una factura, para entregar la factura, para preguntar dónde es la fila de la factura y para quejarse de la fila. Somos el único país donde para coger turno hay que hacer fila. Y donde el “digiturno” se volvió otro tótem al que se le reza de pie, 40 minutos, viendo una pantalla que dice “Faltan 58 personas”.

1. Radiografía: la fila como cultura, negocio y condena

a) La fila como deporte nacional

El colombiano promedio pasa 2 años y 4 meses de su vida en filas. Dato del DANE de 2019, antes de que llegaran las filas virtuales para hacer fila presencial. Madrugamos a las 4 a. m. para ser “los primeros” en la EPS, como si la enfermedad diera fichos. En febrero hay fila para pagar el predial, aunque se pueda pagar online, “porque en línea se cae”. Hay fila en el Éxito para pagar con tarjeta, y otra fila para empacar, y otra para que te revisen el tiquete como si fueras a robarte el pollo que acabas de pagar.

b) La fila como jerarquía social

Aquí no todos son iguales ante la ley, pero sí ante la fila. Aunque no: está la fila preferencial, la fila de “yo conozco al gerente”, la fila del “vengo de parte de” y la fila VIP del tramitador que entra con 5 carpetas y sale en 3 minutos. La fila es democrática hasta que llega alguien con apellido. Ahí se inventaron el “solo una preguntica”, que dura 20 minutos y desbarata la física cuántica de la cola.

c) La fila como modelo económico

La fila produce empleo: el que vende tinto, el que alquila sombrillas, el que cuida puestos, el tramitador, el de las fotocopias a $500. Es el PIB de la espera. Un ecosistema completo vive de que el Estado y los privados sean incapaces de atender sin fila. Si mañana se acaba la fila en la Registraduría, quiebra el del laminado de cédulas de al frente.

2. Burla con causa: el irrespeto en posición de firmes

La fila es el monumento al irrespeto por el tiempo ajeno. Es decirle al ciudadano: “su hora no vale, la mía sí”. Un banco tiene 20 cajeros y abre 3. Una EPS tiene 50 mil afiliados y atiende con 2 médicos. Un juzgado tiene 2000 procesos y un solo funcionario para dar copias. ¿Resultado? La fila.

Y nos volvimos expertos en sufrirla con dignidad. Llevamos silla plegable, termo, periódico y resignación. Nos sabemos de memoria el discurso del vigilante: “deben hacer fila”, “por acá no es”, “ya no hay más turnos”. Nos enorgullece ser “berracos” porque aguantamos 6 horas de pie para reclamar un medicamento. Confundimos masoquismo con civismo.

Lo peor: ya ni nos indigna. Si entras a un lugar y no hay fila, desconfías. “¿Será que sí atienden?”. La ausencia de fila nos genera ansiedad. Nos programaron para creer que, si no sufriste el trámite, no es legal.

3. Impacto: lo que la fila nos roba sin que nos demos cuenta

a) Productividad: Fedesarrollo calculó que el país pierde $11 billones al año en horas-hombre haciendo filas. Son 450 millones de horas. Con eso construimos 15 metros de Bogotá o graduamos 2 generaciones de ingenieros. Pero preferimos tenerlos parados frente a una ventanilla.

b) Competitividad: mientras en Dinamarca renuevas la licencia de conducción en 5 clics, aquí pides cita para pedir cita. ¿Cómo compites así? El inversionista no se va por los impuestos. Se va porque para registrar una empresa duró 3 días y en Chile duró 1 hora. La fila espanta el capital.

c) Corrupción: la fila es la madre del “cuánto hay pa eso”. Cuando la espera es inhumana, nace el mercado negro del turno. El de seguridad vende el puesto 5 en 20 mil. El funcionario “se equivoca” y te salta 30 números por 50 mil. La fila crea escasez artificial de tiempo. Y toda escasez se mercadea. Sin fila, no hay “serrucho”.

d) Salud mental: la fila enferma. Genera ansiedad, rabia, impotencia. Es violencia institucional de baja intensidad. El ciudadano sale de la DIAN, del Sisbén o del banco con la tensión en 180. Nadie lo mide, pero la fila es un determinante de mal genio nacional.

4. Antídoto: matar la fila antes de que la fila nos mate

1. Cero papeles, cero fila: si un trámite exige tu presencia física, que el director de la entidad justifique por escrito por qué no puede ser virtual. Y que lo publique. La presencialidad debe ser la excepción, no la regla.

2. Agenda real, no digiturno de adorno: Cita agendada = atención garantizada en 15 minutos. Si te citan a las 10:00 y te atienden a las 11:30, la entidad te indemniza con 1 día de salario mínimo. Cuando les toque pagar, aprenden a calcular capacidad.

3. Ventanilla única en serio: No más “vaya a la notaría, luego a la gobernación, luego a la oficina de instrumentos”. Un solo sitio, un solo funcionario, un solo tiempo. Estonia lo hizo con 1.3 millones de habitantes. Bogotá tiene 8 millones y 20 “ventanillas únicas” que no se hablan.

4. Rankear y castigar la fila: índice mensual de la fila. Publicar tiempo promedio de espera por entidad. Las 5 peores, director a rendir cuentas en debate de control político y presupuesto congelado hasta que baje tiempos. La vergüenza es más efectiva que la norma.

5. Prohibir la “fila para la fila”: si para reclamar un turno hay que hacer fila, el gerente de servicio al cliente responde disciplinariamente. Punto.

Conclusión: Un país sin fila es un país adulto

Un país desarrollado no es el que tiene edificios altos. Es el que respeta el tiempo de su gente. Suecia no hace fila porque confía en el ciudadano y el ciudadano en el Estado. Aquí hacemos fila porque nos enseñaron que el Estado es un favor y no un derecho.

Hay que jubilar la frase “me tocó hacer una cola la berraca”. El día que un niño colombiano no sepa qué es un digiturno, ese día dejamos de ser subdesarrollados. Mientras tanto, seguiremos siendo potencia mundial en algo: en producir gente berraca que se aguanta 3 horas de pie para que le digan “vuelva mañana con la fotocopia al 150 %”.

La fila no es cultura. Es subdesarrollo con banquito plástico. Y ya va siendo hora de pararnos de esa silla.

Editorial: Sucesos de la Semana No. 166

En esta nueva entrega de Sucesos de la Semana, Antonio Montoya H. reflexiona sobre la necesidad de fortalecer los valores familiares, el respeto y la unidad nacional. También aborda las tragedias ocasionadas por los terremotos en Panamá, Colombia, México y Perú; las controversias políticas en torno a Verónica Alcocer y las denuncias de presunta corrupción y abuso de poder; el reconocimiento internacional a la jurista sudafricana Navi Pillay por su defensa de los derechos humanos y el derecho internacional; y el homenaje al ciclista colombiano Nairo Quintana por su trayectoria deportiva. Lo invitamos a ver esta nueva edición en www.elpensamientoalaire.com.

La continuidad del robo perpetrado en el plebiscito del 2016

Luis Alfonso García Carmona

Con ocasión de las escandalosas irregularidades que se han divulgado sobre el funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz, han saltado los defensores de oficio del espurio acuerdo de La Habana (vale decir, el farcsantismo y sus secuaces), a reiterar que el fatídico acuerdo es inmodificable puesto que hace parte del “bloque de constitucionalidad” y requiere acudir previamente ante los organismos internacionales para obtener su permiso para cualquier cambio en su contenido.

Nada más alejado de la realidad jurídica, por las razones que, en apretada síntesis, quiero exponer:

1. El acuerdo de marras nunca nació a la vida jurídica, pues no cumplió con uno de los requisitos sine qua non exigidos para su existencia, la aprobación del pueblo soberano en el plebiscito convocado para decidir sobre su aprobación o rechazo. Al respecto, dijo la Corte Constitucional en la sentencia C-379 de 2016: “…en caso de que el plebiscito sea aprobado, el efecto es la activación de los diferentes mecanismos de implementación del Acuerdo Final. En cambio, si el plebiscito no es aprobado, bien porque no se cumple con el umbral aprobatorio, o cumpliéndose, los ciudadanos votan mayoritariamente por el “no”, el efecto es la imposibilidad jurídica de implementar el Acuerdo Final, comprendido como una política pública específica”. De conformidad con la Registraduría Nacional el acuerdo fue rechazado, ya que el voto por el “no” obtuvo el 50.21 % de la votación. No se cumplió, en consecuencia, con el requisito de la aprobación popular.

2. Desconocimiento de la decisión del pueblo soberano. La voluntad del pueblo soberano expresada en el plebiscito fue olímpicamente desconocida, presentando el acuerdo al Congreso para que, a través de una simple proposición, se le concediera al acuerdo la aprobación que le había negado el pueblo, en abierta contradicción con el artículo 3º. de nuestra constitución que reza: “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público.” No está dentro de las atribuciones del Congreso aprobar una proposición de este tipo, según se observa en los artículos 135 y 150 de la Constitución. Pretendió justificar la Corte Constitucional este desafuero, con la siguiente explicación: “Según lo anterior, puede haber refrendación popular con participación previa, caso en el cual se le reconoce al pueblo poder para ordenar la readecuación de lo específicamente sometido a su consideración, aunque tras la expresión ciudadana es legítimo que el proceso continúe y concluya en virtud de las competencias de una o más autoridades instituidas que le pongan fin”. En otras palabras, actuó la Corte Constitucional como si fuera ella misma el poder constituyente, al establecer una nueva forma de modificar la Carta, mediante el expediente de convocar un plebiscito y luego modificar lo aprobado por el pueblo soberano a través de una simple proposición en el Congreso con poder para reversar lo aprobado por el pueblo soberano.

3. En el caso de que la aprobación hubiese sido legítima, no hace parte del “bloque de constitucionalidad”. En el artículo 4 del Acto Legislativo 1 de 2016 se consignaba que el Acuerdo Final, una vez firmado, ingresaría al bloque constitucional y sería considerado como un Acuerdo Especial en los términos de los convenios de Ginebra. Esta disposición fue derogada mediante el Acto Legislativo 2 de 2017, que agrega en uno de sus apartes :”En desarrollo del derecho a la paz, los contenidos del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado el 24 de noviembre de 2016, que correspondan a normas de derecho internacional humanitario o derechos fundamentales definidos en la Constitución Política y aquellos conexos con los anteriores, serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo del Acuerdo Final, con sujeción a las disposiciones constitucionales”. Como es obvio, las normas de derecho humanitario y los derechos fundamentales son y seguirán siendo parámetros obligatorios de interpretación, sin que por ello deba considerarse al Acuerdo como parte del “bloque constitucional”. Así lo entendió el constituyente al derogar la citada norma del Acto Legislativo 1 de 2017.Según reiterada jurisprudencia de la Corte, el bloque de constitucionalidad está compuesto por:

a. El preámbulo de la Constitución.

b. La Constitución.

c. Los tratados limítrofes de derecho internacional ratificados por Colombia.

d. La ley estatutaria que regula los estados de excepción.

e. Los tratados de Derecho Internacional Humanitario.

f. Los tratados de derecho internacional que reconozcan derechos intangibles.

g. Los artículos de derecho internacional de derechos humanos ratificados por Colombia, cuando se trate de derechos reconocidos por la Carta.

h. La doctrina elaborada por los tribunales internacionales u órganos de control de los tratados de derechos humanos, en relación con esas normas internacionales, en los casos determinados específicamente.

No tiene cabida en esta taxativa enumeración el acuerdo suscrito entre el gobierno y un grupo ilegal armado. Queda claro que no debemos acudir a ningún órgano externo para resolver nuestro propio conflicto.

¿Quiere la mayoría de los ciudadanos que continúen indefinidamente las fatales consecuencias de este monumental robo a la voluntad popular?

Esta es la verdadera cuestión que ahora debemos plantearnos. ¿Estamos la mayoría de los colombianos de acuerdo con continuar avasallados por las infames normas impartidas por un grupo de bandidos en contubernio con los politiqueros de turno?

¿No es ya hora de acabar con la impunidad de la JEP, el imperio de la droga, los derroches del acuerdo de paz, los obstáculos a las fuerzas del orden, los privilegios para los usufructuarios del Acuerdo, el olvido de las víctimas?

Lo urgente es ponerle fin a ese remedo de tribunal de la JEP y estudiar la estrategia para devolver a la democracia colombiana el robo del plebiscito mediante la anulación del espurio acuerdo.

Bolsonaro es un peligro para la Amazonía

José Hilario López Agudelo

El pasado domingo, Flávio Bolsonaro venció en la primera vuelta al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil. Según todos los pronósticos, esto le asegura el triunfo en la segunda vuelta programada para el próximo 25 de octubre. Se trata de malas noticias para la democracia liberal en Latinoamérica y la conservación del bioma amazónico. Aquí solo abordaré el segundo tema.

En Brasil, durante el actual mandato de Lula da Silva (2023 - presente), la deforestación se redujo un 20,6 % en 2025 en comparación con 2024. Se perdieron 984 794 hectáreas de vegetación nativa, concentrándose un 29,39 % en la Amazonía brasileña. Este importante logro es fruto de políticas públicas consistentes que comenzaron en 2003, durante el primer mandato de Lula, y gracias a su liderazgo han demostrado su eficacia por más de dos décadas.

El primer gobierno de Lula (2003 - 2007) se caracterizó por combinar pragmatismo económico y políticas sociales en beneficio de las grandes masas empobrecidas del país. Parte de su estrategia incluyó modificar los modelos de negocio en la frontera forestal, alcanzando con creces el objetivo de reducir la deforestación en un 80 %. Durante su segundo mandato (2007 - 2010), Lula cumplió dos metas importantes en la protección de tierras y ecosistemas: logró consenso entre colonos, expertos, académicos y ganaderos para aprobar una ley de tierras, legalizando con criterios progresivos las ocupaciones y fortaleció las instituciones ambientales. Así, con ayuda internacional, dotó a las instituciones brasileñas de capacidad técnica y territorial para seguir frenando la deforestación de la Amazonía.

En 2019, Brasil eligió a Jair Bolsonaro, padre de Flávio, quien durante su gestión promovió políticas de flexibilización y redujo significativamente el presupuesto del control ambiental, debilitando o disolviendo entidades como el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y el Plan de Prevención y Control de la Deforestación (PPCDAm), creado por Lula en su primer gobierno.

Comparar la deforestación en la Amazonía brasileña bajo las administraciones de Jair Bolsonaro y el actual gobierno de Lula muestra el choque entre dos modelos políticos e institucionales opuestos. Mientras Bolsonaro priorizó la expansión agrícola y promovió la minería a través de desregulación, Lula ha devuelto la prioridad a la fiscalización y al cumplimiento de las metas climáticas. En enero de 2023, al iniciar su tercer mandato, Lula restableció el Fondo Amazonía, un mecanismo que utiliza donaciones extranjeras para combatir la deforestación y proteger los ecosistemas. Esta iniciativa había sido congelada por Bolsonaro.

En una nueva fase del PPCDAm, Lula incorpora lecciones aprendidas de las cuatro fases anteriores. Mientras que antes se enfocaba en aplicar multas por deforestación, ahora se pone mayor énfasis en promover medios de vida sostenibles. Entre las acciones más destacadas, esta nueva fase impulsa la agroforestería, la bioeconomía y el ecoturismo para crear alternativas sostenibles para familias que dependen de prácticas insostenibles, como la ganadería extensiva o la tala sin planificación.

La reforestación y restauración del hábitat son componentes básicos en los futuros paradigmas de uso del suelo, haciendo hincapié en el empoderamiento de pueblos indígenas y comunidades tradicionales. Estos son vitales para el éxito del programa, porque sus derechos son inalienables y aportan conocimientos tradicionales al diseño e implementación de nuevas iniciativas. La nueva fase busca establecer alianzas sólidas entre agencias gubernamentales, ONG, empresas privadas e instituciones de investigación para aprovechar experiencias y recursos que mejoren la vigilancia y aplicación de leyes. El objetivo es abordar causas estructurales de la deforestación, como la tala ilegal y el creciente interés por tierras para cultivar soya.

Al reconocer el papel crucial de la titulación de tierras para detener el acaparamiento, la nueva fase está acelerando la regularización de la tenencia de la tierra en favor de las comunidades forestales, los asentamientos agrarios y la agricultura familiar. Además, esta etapa subraya la necesidad de crear mecanismos financieros, incentivos económicos y regulaciones que hagan que la producción sostenible sea más atractiva que los modelos extractivos. Esto incluye estrategias para implementar REDD+ (un marco global de mitigación del cambio climático, creado por la ONU para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la deforestación y la degradación forestal en los países en desarrollo).

Al comparar las políticas contra la deforestación de la Amazonía brasileña entre las administraciones de Jair Bolsonaro y el actual gobierno de Lula, se evidencia un choque directo entre dos modelos políticos e institucionales opuestos. Mientras que durante la gestión de Bolsonaro se priorizó la expansión de la frontera agrícola mediante la desregulación, el mandato de Lula ha devuelto el enfoque a la fiscalización y el cumplimiento de las metas climáticas, impulsando nuevas medidas y propuestas clave para detener la deforestación de la Amazonía. Se busca alcanzar una deforestación neta cero para 2030, por ejemplo, con la creación del Fondo Bosques Tropicales para Siempre, un mecanismo que pretende recompensar económicamente a los países que protejan o restauren sus bosques tropicales.

Por otro lado, la campaña presidencial actual de Flávio Bolsonaro incluye propuestas para fortalecer los mecanismos de mercado y expandir la frontera agrícola en la Amazonía, con énfasis en cultivos agroindustriales como la soya, en detrimento de las políticas proteccionistas del ecosistema promovidas por Lula. En Indonesia, el principal impulsor de la deforestación en los bosques tropicales es el cultivo de palma de aceite.

Expertos analistas y organizaciones científicas, como Mongabay Latam e Infobase, han señalado contradicciones y debilidades en el discurso de campaña de Flávio Bolsonaro. Entre ellas se destacan la falta de claridad en los planes de conservación forestal, llegando incluso a evitar el uso explícito de términos como "Amazonía" o "deforestación".

Además, la misma campaña atribuye la pérdida del bosque amazónico únicamente a las economías ilegales y propone un enfoque militarizado para el control territorial. Sus promesas de flexibilizar las leyes restrictivas responden principalmente a su base electoral, compuesta en gran parte por el poderoso sector agroindustrial. Esto genera preocupación acerca de un posible aumento de la deforestación, lo que pondría en riesgo la vida en el planeta.

Colombia debería analizar la gestión de Luiz Inácio Lula da Silva en su esfuerzo por disminuir la deforestación en la Amazonía brasileña, y considerar cómo podrían aplicarse a nuestra situación.