Me impactaron las
palabras del padre de Miguel Uribe: “Esta guerra tiene
culpables y responsables. Lo sabemos. No tenemos ninguna duda de
dónde viene la violencia. No tenemos duda quién la promueve. No tenemos
duda quién la permite. Tenemos que plantar cara a esto y decir no más”.
La identificación
del autor intelectual del horroroso crimen no nos devolverá vivo a Miguel, pero
sí dejará en su familia y en las mayorías de colombianos la esperanza de que
algo comenzará a cambiar. Que su sacrificio por la patria no fue inútil.
Se oponen a este
justificado anhelo algunas circunstancias que, como en casi todos los
magnicidios, se convierten en obstáculos para llegar a la verdad procesal.
No hay la menor
duda que fue un crimen de Estado, es decir, que su móvil no fue personal
ni económico, sino que tuvo una causa política: la de ser uno de los más
destacados candidatos de la oposición a la presidencia y, como tal, haber
enfrentado con valor y contundencia al régimen y, en especial a quien ejerce la
presidencia.
No ha aparecido
hasta ahora un determinador del delito más insistente que el presidente Petro,
pues en múltiples ocasiones ha manifestado públicamente que los congresistas de
la oposición deben ser ajusticiados por el pueblo. Igualmente, es el
autor de numerosas injurias y calumnias en contra de la víctima y de su familia
en intervenciones públicas y en sus mensajes virtuales.
No es menos cierto
que la UNP, entidad del Gobierno Nacional encargada de prestar protección a
quienes la necesitan por razón de sus funciones, se negó reiteradamente a
atender las peticiones de protección presentadas por el abogado de Miguel,
Víctor Mosquera. No hace falta ser un experto en seguridad para dar fe del
estado de absoluta indefensión en que se encontraba el senador Uribe, al aire
libre, en un sitio donde podía ser abaleado desde cualquier ángulo sin que
hubiera un solo escolta protegiéndolo.
Iniciada la
investigación, no tardó el presidente Petro en aludir al conflicto árabe-judío
como posible causa del atentado, dado el origen del abuelo del occiso; pasó
luego a señalar a una desconocida organización internacional de la mafia; y,
más recientemente, endilga la autoría intelectual al grupo guerrillero del ELN.
Al parecer no dispone de prueba alguna para semejantes acusaciones, por lo que
es forzoso admitir que sólo pretende desviar la investigación, es decir, obstruir
la justicia.
Ronda en la mente
de los colombianos el inexplicable viaje del presidente Petro, sin
autorización del Congreso a la localidad de Manta, Ecuador, pocos días
antes del atentado, viaje del cual nada se ha informado a la opinión pública;
se ha ocultado el sitio donde se alojó, los contactos que hizo, el objetivo de
su visita a ese epicentro de la organización criminal de Fito.
Aparece mencionado
el Ecuador como el origen de la orden de asesinar al senador Uribe. Cuando fue
capturado el sicario que efectuó los disparos, confesó: “Suéltenme,
confieso todo, esa orden vino del Ecuador.”
A la fiscal
General, muy allegada al presidente Petro, quien dirige la investigación
judicial, parece no interesarle seguir ahondando en la “línea ecuatorial”.
En cambio, sí se han detectado irregularidades, tales como la desaparición del
celular que llevaba el sicario antes de su captura.
La inteligencia
militar aseguró que en la determinación de este vil asesinato estaba vinculado
“el Zarco” Aldinever, segundo al mando del grupo guerrillero Nueva
Marquetalia, de las FARC. Cuando adelantaba las primeras indagaciones, este
fue asesinado por el ELN, según informan los mandos militares.
No somos tampoco
optimistas en los resultados que pueda ofrecer la Inteligencia Militar,
dirigida por antiguos militantes del M-19 y perjudicada con la “capiti
deminutio” a la que han sido sometidas las Fuerzas Miliares y de Policía en
el régimen actual.
Solamente mediante
la colaboración ofrecida por países como Estados Unidos, Reino Unido,Israel y
Emiratos Árabes, podríamos superar este escurridizo camino hacia la verdad
procesal.
