Implicaciones de un escabroso escándalo

Luis Alfonso García Carmona

Cuando pensábamos que todo lo imaginable ya lo habíamos padecido en estos tres años del régimen de traición e iniquidad que comanda el narcoguerrillero Petro, se ha descubierto un escándalo de inenarrable magnitud que explica por sí solo cómo hemos llegado al actual estado de inseguridad, desmoronamiento institucional y moral.

Con numerosos documentos a los que tuvo acceso Noticias Caracol se da cuenta el país de cómo la cruel guerrilla del bandolero alias Calarcá ha contado con la colaboración de oficiales del Ejército, funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia y altos directivos del Gobierno para acceder a informaciones reservadas de orden público, códigos secretos, planes y estrategias militares que les han permitido atacar con ventaja a las fuerzas del orden.

Es la mejor comprobación de que la seguridad de la población colombiana está en vilo y carecemos de instituciones y dirigentes dispuestos a salvar al país de esta hecatombe. La implementación del espurio Acuerdo de La Habana, las funestas administraciones de Santos y Duque, permisivas con lo que llamaron el “estallido social” y la corruptela alcahueteada por la obsoleta y desacreditada dirigencia política nos han conducido a este lamentable laberinto sin salida a la vista.

Desde hace 16 meses la documentación sobre los “archivos de Calarcá” ha permanecido en poder de la Fiscalía sin que esta proceda a actuar para descubrir todo el entramado y someter a los implicados a la acción de los jueces. Ridícula la disculpa de la fiscal general, Adriana Camargo, cuando afirma que su subordinada, la fiscal delegada, que recibió las evidencias, no las puso en conocimiento de sus inmediatos superiores jerárquicos, la delegada contra la criminalidad organizada, o la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales “Decoc”. Sólo ahora, cuando se develó el estremecedor escándalo, informa que serán compulsadas copias a la Corte Suprema de Justicia.

Vale la pena recordar cómo fue designada la fiscal general, a través de la recomendación de uno de los alfiles del camarada Petro, el anterior ministro de Defensa, Iván Velásquez, prófugo de la justicia guatemalteca y fanático defensor del marxismo-leninismo.

Ya estamos habituados a registrar cómo actúan los funcionarios judiciales. Sus determinaciones no se guían por el derecho sino por la política, como solicitaba a sus compañeros un magistrado de la Corte. Se sabe de antemano cómo van a fallar los magistrados petristas de la Corte Constitucional el tema de las irregularidades en el proyecto de reforma al sistema pensional. Tal como estaba previsto, los magistrados “petristas” Vladimir Fernández, Juan Carlos Cortéz, Natalia Ángel Cabo y Miguel Polo aceptaron el proyecto sin que fueran enmendados sus vicios de forma. Al presentarse un empate, se optó por la designación de un conjuez que lo dirima, para el cual fue escogido el doctor Carlos Pablo Márquez, recomendado por el magistrado Polo.

En el caso de la fiscal Adriana Camargo está en juego la soberanía del país puesta en peligro por su conducta dolosa o negligente que ha permitido a los subversivos actuar a sus anchas, penetrando los archivos secretos del Ejército durante 16 meses. Nuestra llamada “justicia” debería ocuparse, en primer lugar, de investigar esta conducta y someterla a la decisión de la Corte, donde aún quedan restos de decencia y de imparcialidad.

Contamos, además, con una costosa y mastodóntica Procuraduría General de la Nación, cuya intervención es de la máxima urgencia para que sean detenidos y castigados los funcionarios púbicos que resulten implicados en el caso de las “archivos de Calarcá”, y en las órdenes de libertad concedidas a bandoleros reconocidos por sus crímenes designándolos como “gestores de paz” para burlar las órdenes de captura que contra ellos existen.

Estamos ante catastróficos hechos que impiden la existencia del Estado de derecho, hacen nugatorio cualquier esfuerzo para garantizar la seguridad de los colombianos y tornan a Colombia en un Estado inviable, sin presente ni futuro. ¿Cuándo vamos a entender la diferencia entre quienes nos engañan con discursos memorizados para capturar nuestra atención y buscan a toda costa su elección aunque sea maltratando la honra de sus aliados, de una parte, y el candidato de los defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, que no se arruga ante el peligro y representa nuestra única esperanza de supervivencia?

Vigía: política y doctrina militar

Por John Marulanda* 

A menos que los militares presidan, los líderes políticos que gobiernan señalan la filosofía política del Estado y sobre esta se monta la doctrina con la que las fuerzas militares y de policía diseñan sus estrategias de defensa nacional y seguridad pública, de cuya eficiencia y eficacia depende todo el proyecto de Estado. Por ejemplo, una política del actual Estado venezolano, contempla, entre otros principios, que el ciudadano “vota o no come”. La doctrina militar, en consecuencia, diseña planes de seguridad electoral-alimentaria. Y no es un mal chiste, así funciona el socialismo.

En la década de los 90, las FARC se enseñoreaban en casi media Colombia, país fallido para muchos analistas. Pastrana entregó el Caguán a los narcoterroristas, con batallones y todo. El ejército fue humillado. El mando militar del momento tomó decisiones ante el nuevo escenario: brigadas móviles, batallones de alta montaña, brigadas contra el narcotráfico, soldados campesinos y profesionales, reposicionamiento de armas a apoyo, Plan Meteoro; la recién activada aviación tuvo la inédita tarea de armonizar operaciones conjuntas entre helicópteros americanos Blackhawk y rusos Mi-17. Pero el aspecto focal fue, como siempre ha sido en la guerra, el hombre y su moral. los planes de la victoria tuvieron como base una promesa de honor, un compromiso total con la patria, un liderazgo vocacional y de entrega. Con el apoyo del Plan Colombia, la fatua arrogancia de las narcofarc se derrumbó como un castillo de pandeyucas y nuestro ejército bicentenario volvió a cumplir con su deber constitucional, aplicando su propia doctrina criolla de guerra irregular, ejemplo de talla global.

Pero de las sombras políticas surgió La Habana con sus cálculos, insidias y engaños, chorros de dinero, propaganda y la posibilidad de un país en paz, viciado de impunidad e inmoralidad. Se necesitaba, con todo, una nueva doctrina militar.

Qué opinan los que saben                                                                                                         

En Colombia, la doctrina Damasco es un producto mediato pero directo de la política del gobierno Santos y su entrega desvergonzada a los intereses geopolíticos izquierdistas de Cuba, Venezuela y las FARC. Los militares compraron la idea de un posconflicto. Tenían porqué creerlo, pues venían de apalear a los narcoterroristas farianos. Parar los bombardeos, detener la ofensiva que tenía en agonía a los delincuentes, "oxigenar" un poco para “no ahogar la paz”. La tregua militar habanera, cambió las carpas de campaña por salones burocráticos, con uniformados en trance de reflexión doctrinal para, antes que nada, borrar el concepto de “enemigo interno” y prefigurar escenarios muy complejos que facilitarían la politización del narcotráfico. Como en Venezuela, la doctrina militar cumplió los objetivos políticos del momento. Los resultados están hoy a la vista.

Para el coronel de la reserva activa Carlos Soler, especialista en DIH, "Cuando se vendió el inicio de una paz estable y duradera, los tanques de pensamiento militar generaron una nueva forma de operar que hoy todavía no está terminada. Fue una apuesta arriesgada que no salió como se planeó y se siguió operando con métodos y maniobras del viejo manual 310-1, generando inseguridad jurídica y confusión".

Para el analista Alberto Villamarín, coronel de la reserva activa, Damasco es: “…un ambicioso híbrido de manuales y conceptos operacionales contenidos en un fardo de documentos, no muy bien traducidos, ni adecuadamente adaptados, pero tampoco aplicables a las complejas circunstancias de conflicto interno, narcoguerrillas, terrorismo urbano, bandas criminales, que enfrenta Colombia".

Para el experto en doctrina militar colombiana, coronel de la reserva activa Horacio Lema: "La nueva Doctrina Damasco está enmarcada en un conflicto con tintes de guerra regular, a la cual da prioridad mientras relega lo irregular, idea que nos dejó engañosamente la supuesta terminación del conflicto a través de una confusa negociación de paz". Agrega el coronel Lema: "Es importante resaltar que estamos enfrentando hoy un enemigo delincuencial, es decir con ausencia total de ideología, por lo que no se justifica enfrentarlo con libretos diferentes y que no están fortalecidos con la experiencia adquirida en tantos años".

El país es el primer productor mundial de cocaína; los cultivos ilícitos no ceden: las regiones fronterizas con Panamá, Ecuador, Perú y Venezuela están siendo controladas por los narcoterroristas: los narcocarteles del ELN, el EPL, las FARC ‒con parlamentarios incluidos‒ y los narcotraficantes pura sangre crecen sin detenerse; la violencia se está saliendo de control y el congreso de US acaba de despelucarse en su último informe.

La responsabilidad de revaluar

La Habana pidió a las madres “no enviar sus hijos a la guerra”, inmovilizó el ejército, puso a reflexionar a los cuadros sobre los pensamientos militares de Bruselas y Washington, y de esa insensatez, nació Damasco, que podría tener algunas cosas rescatables, pero evidentemente no aplica a este ambiente de seguridad tan complejo.

Revaluar esa doctrina a la luz de lo que está sucediendo, va en la línea correcta. En el campo de batalla, el soldado colombiano la volverá a ganar, pero en lo político el panorama es oscuro. Baste recordar que un entusiasta defensor de Damasco es el senador Roy Barreras y que el chavista Petro, ya anunció sus proyectos institucionales militares, para entender de qué estamos hablando.

El general Mora y los intestinos de La Habana

Por John Marulanda*

Recobra protagonismo el general Jorge E. Mora Rangel, con sus revelaciones sobre algunos sucesos al interior de lo ocurrido durante la entrega, que no negociación, de La Habana. Serví directamente bajo el mando del general Mora en dos oportunidades. En 1995, como miembro del Estado Mayor de la Cuarta Brigada cuando él la comandaba, y en 1998, durante la negociación del Caguán, cuando él era comandante del Ejército y yo fundador y primer comandante de la Brigada 25 de Aviación. Jupiteriano, pero decente. Exigente, pero humano. Uno de los mejores comandantes que me tocó en suerte. Además, tenía “memoria de papel”: todo lo anotaba. Siendo yo director del Departamento de Estrategia de la Escuela Superior de Guerra, en el 2000, me llamó a calificar servicios, sin explicaciones. Suele suceder en la vida militar. “y aquí la principal hazaña es obedecer, y el modo como ha de ser, es ni pedir, ni rehusar”, dice la “Oración a la milicia” de Calderón de la Barca.

Como todos los miembros de la Reserva Activa y gran parte de la sociedad colombiana, vimos su designación en La Habana con esperanza y confianza. Desafortunadamente, la componenda se impuso, sí o sí. Mucho se dice del general Mora al respecto. Que le faltó carácter, que lo compraron, que no entendió su papel y desde el propio generalato algunos lo señalan de traidor. Alguna vez María Isabel Rueda me preguntó si yo creía que Mora estrecharía la mano de sus archienemigos en La Habana. Si lo hace será tan protocolario y frío como solía serlo cuando las circunstancias lo exigían, le respondí.

En noviembre del 2016, 13 coroneles retirados de las FFMM, suscribimos una carta a los generales Mora, Naranjo y Flórez cuestionando su papel en Cuba. Por temor, cooptación, desinterés o la arrogancia propia del grado, ninguno de los generales respondió la carta de los coroneles, dejando en el ambiente un aire a irresponsabilidad en los negociadores que representaban la institucionalidad de la seguridad pública y la defensa nacional de un Estado de derecho.

He venido escuchando al general Mora en sus recientes intervenciones. Y aunque le cabe, sin duda alguna, gran responsabilidad en el daño hecho a la patria desde Cuba, nuestra histórica torturadora, rescato algunos puntos críticos de las exposiciones del oficial. Uno, la negociación la hizo Santos con los cabecillas farianos, de manera directa y sigilosa, a través de sus mensajeros Cepeda y Leyva, pasando por encima del equipo negociador, de lo cual también se queja De la Calle. Esto daría piso para una demanda de nulidad absoluta por vicios de consentimiento y ya los juristas interesados, patriotas, tomarán atenta nota.

Otro punto interesante. Se entendió que era una negociación para la entrega de hombres y armas, integración social de los terroristas, lograr la paz, pero se terminó negociando el Estado e imponiendo una supra constitución al amaño comunista, a pesar de que el soberano dijo que no. Nunca se acordó entregar curules a los narcoterroristas, por ejemplo. Ante la negativa del narcocartel de incluir el asunto de las drogas en el acuerdo, el general, inconforme, solicitó el avión para regresar a Bogotá pero los representantes de Cuba y Noruega, dizque acompañantes y garantes, terminaron negociando con las narcofarc la inclusión del narcotráfico en el compromiso, de manera tan desvergonzada e inane, que ahora estamos pagando las consecuencias. Jaramillo, el filosofastro de la paz, desde Bruselas niega que la aspersión aérea se haya negociado en La Habana, pero el general Moral asegura que sí fue condición. Por supuesto que le creo al general. Estos y muchos más detalles vendrán en el libro que el oficial prepara desde hace dos años.

Mientras algunos se ensañan con el general, otros que han atacado a dentelladas a la institución bicentenaria, como el senador Barrera que la graduó de asesina de niños, y otros como Samper, que consideran que el ejército entrena a sus hombres para violen niños, son invitados a dar charlas a los retirados. Y son aplaudidos. Es la debilidad institucional que está logrando la izquierda para convertir las Fuerzas Militares en su guardia pretoriana cuando les llegue el momento. Ahí están los proyectos de ley de Cepeda y Sanguino de muestra. Se repite el modelo de Venezuela.

El general Mora, debería ser punto de reflexión común y no foco de división y polarización. Allá él con su conciencia. Hay que escucharlo con serenidad, para confirmar de primera mano, lo que sospechamos desde un principio: una entrega desvergonzada del país, a los intereses narcocomunistas de las FARC. Hay que escucharlo para conocer los intestinos del negociado habanero, de donde no podría salir nada diferente a la hedentina que se percibe y que untó a los militares activos y retirados que participaron en ese desastre, el peor error de gobierno alguno en la historia del país.

Cepeda, Sanguino y CIA Ltda.

Por John Marulanda*

Sobre el terreno, en términos prácticos y simples, el marxismo leninismo se puede resumir como una técnica comprobada de asalto al poder y un método infalible para arruinar países y vidas humanas. Cien años de siniestra historia así lo comprueban. En Colombia, el componente armado de esa táctica fracasó y simbólicamente “entregó las armas”, con la fanfarria de la gran prensa manipuladora. El gobierno entreguista de Santos, convirtió a los narcoterroristas en honorables parlamentarios y los reunió en el Congreso (organización con un 72% de descrédito) con su avanzada de lucha política. Como quien impidió a los narcoterroristas llegar al poder a punto de AK fueron las fuerzas militares, y el ejército en particular, y este desde hace dos décadas ha sido la institución de mayor credibilidad en la opinión pública del país, había que, antes que nada, debilitar esa favorabilidad que tanta acidez estomacal les produce. Errores y fallas de miembros de la institución facilitaron tal propósito.

Semana a semana, conocidos medios remachacaron una y otra vez delitos y errores de soldados, suboficiales y oficiales, con grandes titulares, noticias de apertura, repetición de videoclips, informes especiales envenenados y periodistas de la poderosa e izquierdista prensa neoyorquina. Ese objetivo se logró: la simpatía por la institución bicentenaria se redujo en un 50%. Ahora inició la segunda fase: reformarla a su amaño para en una etapa posterior convertirla en la guardia pretoriana requerida, una vez en el poder.

No son de poca monta los proyectos de ley de dos súper amigos de la extrema narco izquierda. Cepeda, descendiente de la más pura y rancia cepa comunista soviética –como que su padre da nombre a uno de los frentes más sanguinarios de las FARC- y a quien algún despistado graduó de filósofo, propone que las operaciones de la Inteligencia militar se expongan al público. Tamaña sandez parece una broma de mal gusto. Detrás solo puede existir la intención de desbaratar definitivamente el ahora maltrecho aparato que les causó a los narcofarianos sus peores derrotas. Enseñar todos los actores y maniobras de las operaciones secretas legítimas del Estado, además de ilegal, entregará las cabezas de nuestros héroes anónimos a los sicarios del crimen disfrazado de ideología o al Tribunal revolucionario de la JEP. Si bien es cierto que la ley estatutaria 1621 de Inteligencia y Contrainteligencia requiere precisiones y ajustes, no es menos cierto que seguirle el juego al comunista Cepeda es poner en grave riesgo la seguridad nacional, la de todos los colombianos.

Su coequipero en este contubernio, Sanguino, un exterrorista eleno, quiere cambiar las reglas para el ascenso de los mandos de las fuerzas militares. La finalidad es clara. Cualquier aspirante a promoción que sea visto como inconveniente para sus ambiciones totalitarias, será adecuadamente denunciado (purgado), y sin el derecho a la presunción de inocencia, excluido de la posibilidad de ingresar a la línea de Mando. Así quieren controlar la cúpula militar, tal como lo ha hecho la camarilla ladrona de Venezuela. En el entretanto, nuestros soldados y policías siguen siendo sacrificados por las balas y las bombas del crimen organizado transnacional, léase FARC y ELN, los amigos de Cepeda y Sanguino. Acabar con el Esmad y con el servicio militar obligatorio, incorporar terroristas al ejército ‒ya los tienen en la UNP‒ también son propuestas de la bancada de izquierda en esta nueva legislatura. Luego vendrá la “necesaria” creación de una milicia nacional, encabezada por las guardias indígena, campesina o cimarrona, “para garantizar la seguridad de todos los colombianos”. No es difícil predecirlo.

Es inaceptable someter la institución a sus enemigos naturales que han avanzado sigilosamente para hincar sus colmillos sobre nuestro país con la ayuda de Cuba y Venezuela, organizaciones internacionales, ONGs, algunos miembros del clero, quintacolumnistas en la prensa y la apatía de empresarios “apolíticos”. Ante ese panorama, la reserva activa debe organizarse regionalmente, alistar sus cuadros, empuñar la pluma y afilar la lengua para señalar esta componenda congresional, apoyada por colectivos de abogados asaltantes del erario público, de nuestro dinero, a punto de falsos testigos. Es necesario adaptarse a nuevos y complejos escenarios, hacer cambios, entender los tiempos sin mirar mucho a Israel, Japón o Australia. Basta observar a Venezuela.

Vigía: ¿Erosionada después de 200 años?

Por John Marulanda*

Semana a semana se ha ensamblado un ambiente de dudas sobre el mando militar colombiano. Gran parte de las informaciones y comentarios provienen del propio mando, en una lucha interna por el poder que está minando toda la estructura responsable de enfrentar con la fuerza del Estado, organizaciones delincuenciales que amenazan la viabilidad del país. ELN, FARC, EPL, clanes del golfo y de Sinaloa, caparrapos, puntilleros y otros carteles y bandas, incrementan su pie de fuerza, se arman y controlan territorios mientras indígenas mañosos y campesinos adoctrinados vituperan, apedrean y expelen de esas zonas a nuestros soldados y policías, mandos medios sufren de parálisis operacional y generales resultan involucrados en escándalos de corrupción. Los viejos comandantes, desde su retiro, lo expresan con dolor: “...lamentables, evidentes y desafortunados hechos que, aun siendo aislados, gravitan profundamente el alma institucional y afectan la integridad moral”.

La institución bicentenaria, la más querida por los colombianos, sufre los efectos mortales de un gobierno que la convirtió en un garito de chismorreos, deslealtades y conspiraciones, a lo cual llegamos porque, entre otras estupideces, el mejor soldado se fabricó en Palacio, el curso insignia de combate se degradó a un reality de tv, nuestra guerrita se empezó a pensar desde Bruselas, la doctrina Damasco se saborizó en Cuba y el mando se involucró en política. Errores garrafales de generales y políticos con perspectivas geopolíticas equívocas. Se rompió el acuerdo establecido por Alberto Lleras el 9 de mayo de 1958 en el Teatro Patria, el ejército se burocratizó y rápidamente estamos volviendo a tiempos de inseguridad e incertidumbre.

Semana a semana se corroe la solidez institucional y las recomendaciones para el manejo político de la delicada coyuntura las están dando “expertos en seguridad militar”, que no distinguen una trabilla de un afuste.

Ahora, la Corte Constitucional discute si los militares deben entregar “la propia vida” en cumplimiento de su misión. Pronto, algún desprestigiado togado decidirá que el delito de cobardía es una antigualla desechable. Entonces: ¿Quién va a pelear por Colombia?

Como lo ha planeado el Foro de San Pablo, la Comisión de la Verdad, del colectivo marxista del Cinep y la JEP, proclamarán la necesidad de acabar o reformar un ejército proyanqui, burgués, corrupto, causante principal de la violencia de la república y desprestigiado ante el pueblo. Morir por la patria dará paso a matar en defensa de un gobierno. Sicariato constitucional. Peor que en Venezuela.

Saravena: de sargentos y coroneles

Por José Alvear Sanín*

Corre en la red el video del teniente coronel comandante del Grupo (Batallón) de Caballería Revéis Pizarro, en Saravena, Arauca, poniendo los puntos sobre las íes en cuanto a lo que significa ser soldado del ejército de Colombia. Al oírlo me emocioné. Fui comandante de esa unidad táctica entre 1996 y 1997; años duros y difíciles. Y me llamó la atención que el oficial declarase con orgullo ser hijo de un suboficial.

El escalafonamiento castrense entre oficiales, suboficiales y tropa es una división funcional diseñada para la guerra desde la época griega. Luego de los romanos, en la era federiciana, devino en un fraccionamiento clasista en donde únicamente los nobles eran oficiales y quienes no fueran de la realeza, pero tuvieran condiciones excepcionales, podían ser suboficiales. El sargento, entonces, se convirtió en el eje articular del mejor ejército europeo para la época. De Prusia, ese tipo de organización saltó a Chile y de ahí llegó a Colombia, después de la guerra de los mil días. Ambos países, sin nobleza y altamente interraciales.

Hoy, es impensable que los hijos de generales sean suboficiales, pero los hijos de los suboficiales frecuentemente logran ser oficiales, en una dinámica que garantiza la esencia de liderazgo militar pues no es buen jefe quien no fue buen subalterno. Y los que nacen generales, no siempre entienden las dinámicas internas de “su” ejército.

Las jerarquías por grados y responsabilidades, la disciplina, severidad, tradiciones y símbolos, son características –y necesidades– de los cuerpos armados de todos los Estados. En los occidentales, esas peculiaridades han permitido democracia, seguridad y desarrollo; en los comunistas, ayudan a la tiranía a convertir el país en un cuartel y a la sociedad en soldadesca, como en Venezuela. Aquí, comunistas, resentidos y oportunistas han aprovechado la rígida estructura castrense para intentar generar odio de clases, especialmente entre retirados y reservistas.

Bien por el coronel Rico, hijo de sargento mayor. Es en esos contextos familiares y operacionales en donde se forja el carácter, la moral y la probidad. Allí es donde uno entiende que el coronelato no es un honor, sino un peso ético que, como una columna, soporta el deber ser de la institución bicentenaria. Los cajones de arena, cartas de situación, estadísticas y oficinas burocráticas, cultivan guerreros de utilería. Y son los soldados de verdad, los de “una profesión de hombres honrados” como diría Calderón de la Barca, los que ahora Colombia reclama con apremio.