jueves, 23 de julio de 2020

Cepeda, Sanguino y CIA Ltda.

Por John Marulanda*

Coronel John  Marulanda (RA)

Sobre el terreno, en términos prácticos y simples, el marxismo leninismo se puede resumir como una técnica comprobada de asalto al poder y un método infalible para arruinar países y vidas humanas. Cien años de siniestra historia así lo comprueban. En Colombia, el componente armado de esa táctica fracasó y simbólicamente “entregó las armas”, con la fanfarria de la gran prensa manipuladora. El gobierno entreguista de Santos, convirtió a los narcoterroristas en honorables parlamentarios y los reunió en el Congreso (organización con un 72% de descrédito) con su avanzada de lucha política. Como quien impidió a los narcoterroristas llegar al poder a punto de AK fueron las fuerzas militares, y el ejército en particular, y este desde hace dos décadas ha sido la institución de mayor credibilidad en la opinión pública del país, había que, antes que nada, debilitar esa favorabilidad que tanta acidez estomacal les produce. Errores y fallas de miembros de la institución facilitaron tal propósito.

Semana a semana, conocidos medios remachacaron una y otra vez delitos y errores de soldados, suboficiales y oficiales, con grandes titulares, noticias de apertura, repetición de videoclips, informes especiales envenenados y periodistas de la poderosa e izquierdista prensa neoyorquina. Ese objetivo se logró: la simpatía por la institución bicentenaria se redujo en un 50%. Ahora inició la segunda fase: reformarla a su amaño para en una etapa posterior convertirla en la guardia pretoriana requerida, una vez en el poder.

No son de poca monta los proyectos de ley de dos súper amigos de la extrema narco izquierda. Cepeda, descendiente de la más pura y rancia cepa comunista soviética –como que su padre da nombre a uno de los frentes más sanguinarios de las FARC- y a quien algún despistado graduó de filósofo, propone que las operaciones de la Inteligencia militar se expongan al público. Tamaña sandez parece una broma de mal gusto. Detrás solo puede existir la intención de desbaratar definitivamente el ahora maltrecho aparato que les causó a los narcofarianos sus peores derrotas. Enseñar todos los actores y maniobras de las operaciones secretas legítimas del Estado, además de ilegal, entregará las cabezas de nuestros héroes anónimos a los sicarios del crimen disfrazado de ideología o al Tribunal revolucionario de la JEP. Si bien es cierto que la ley estatutaria 1621 de Inteligencia y Contrainteligencia requiere precisiones y ajustes, no es menos cierto que seguirle el juego al comunista Cepeda es poner en grave riesgo la seguridad nacional, la de todos los colombianos.

Su coequipero en este contubernio, Sanguino, un exterrorista eleno, quiere cambiar las reglas para el ascenso de los mandos de las fuerzas militares. La finalidad es clara. Cualquier aspirante a promoción que sea visto como inconveniente para sus ambiciones totalitarias, será adecuadamente denunciado (purgado), y sin el derecho a la presunción de inocencia, excluido de la posibilidad de ingresar a la línea de Mando. Así quieren controlar la cúpula militar, tal como lo ha hecho la camarilla ladrona de Venezuela. En el entretanto, nuestros soldados y policías siguen siendo sacrificados por las balas y las bombas del crimen organizado transnacional, léase FARC y ELN, los amigos de Cepeda y Sanguino. Acabar con el Esmad y con el servicio militar obligatorio, incorporar terroristas al ejército ‒ya los tienen en la UNP‒ también son propuestas de la bancada de izquierda en esta nueva legislatura. Luego vendrá la “necesaria” creación de una milicia nacional, encabezada por las guardias indígena, campesina o cimarrona, “para garantizar la seguridad de todos los colombianos”. No es difícil predecirlo.

Es inaceptable someter la institución a sus enemigos naturales que han avanzado sigilosamente para hincar sus colmillos sobre nuestro país con la ayuda de Cuba y Venezuela, organizaciones internacionales, ONGs, algunos miembros del clero, quintacolumnistas en la prensa y la apatía de empresarios “apolíticos”. Ante ese panorama, la reserva activa debe organizarse regionalmente, alistar sus cuadros, empuñar la pluma y afilar la lengua para señalar esta componenda congresional, apoyada por colectivos de abogados asaltantes del erario público, de nuestro dinero, a punto de falsos testigos. Es necesario adaptarse a nuevos y complejos escenarios, hacer cambios, entender los tiempos sin mirar mucho a Israel, Japón o Australia. Basta observar a Venezuela.