Por John Marulanda*
Semana
a semana se ha ensamblado un ambiente de dudas sobre el mando militar colombiano.
Gran parte de las informaciones y comentarios provienen del propio mando, en
una lucha interna por el poder que está minando toda la estructura responsable
de enfrentar con la fuerza del Estado, organizaciones delincuenciales que
amenazan la viabilidad del país. ELN, FARC, EPL, clanes del golfo y de Sinaloa,
caparrapos, puntilleros y otros carteles y bandas, incrementan su pie de
fuerza, se arman y controlan territorios mientras indígenas mañosos y
campesinos adoctrinados vituperan, apedrean y expelen de esas zonas a nuestros
soldados y policías, mandos medios sufren de parálisis operacional y generales
resultan involucrados en escándalos de corrupción. Los viejos comandantes,
desde su retiro, lo expresan con dolor: “...lamentables, evidentes y
desafortunados hechos que, aun siendo aislados, gravitan profundamente el alma
institucional y afectan la integridad moral”.
La
institución bicentenaria, la más querida por los colombianos, sufre los efectos
mortales de un gobierno que la convirtió en un garito de chismorreos,
deslealtades y conspiraciones, a lo cual llegamos porque, entre otras
estupideces, el mejor soldado se fabricó en Palacio, el curso insignia de
combate se degradó a un reality de tv, nuestra guerrita se empezó a pensar
desde Bruselas, la doctrina Damasco se saborizó en Cuba y el mando se involucró
en política. Errores garrafales de generales y políticos con perspectivas
geopolíticas equívocas. Se rompió el acuerdo establecido por Alberto Lleras el 9
de mayo de 1958 en el Teatro Patria, el ejército se burocratizó y rápidamente
estamos volviendo a tiempos de inseguridad e incertidumbre.
Semana
a semana se corroe la solidez institucional y las recomendaciones para el
manejo político de la delicada coyuntura las están dando “expertos en
seguridad militar”, que no distinguen una trabilla de un afuste.
Ahora,
la Corte Constitucional discute si los militares deben entregar “la propia
vida” en cumplimiento de su misión. Pronto, algún desprestigiado togado
decidirá que el delito de cobardía es una antigualla desechable. Entonces:
¿Quién va a pelear por Colombia?
Como
lo ha planeado el Foro de San Pablo, la Comisión de la Verdad, del colectivo
marxista del Cinep y la JEP, proclamarán la necesidad de acabar o reformar un
ejército proyanqui, burgués, corrupto, causante principal de la violencia de la
república y desprestigiado ante el pueblo. Morir por la patria dará paso a matar
en defensa de un gobierno. Sicariato constitucional. Peor que en Venezuela.
