Por José Alvear Sanín*
Nadie
puede negar que el desarrollo ha implicado daño ecológico considerable. Ahora,
una de las labores fundamentales del Estado consiste en corregir los errores
del pasado, recuperar los terrenos y cauces degradados, reforestar y evitar
repetición de daños.
En
Colombia viene imponiéndose un ecologismo politizado y extremista, cuya actitud
consiste en impedir el desarrollo, en lugar de propugnar por una explotación
técnica y adecuada de los recursos naturales, especialmente de los mineros. De
esta manera se está sembrando odio hacia el petróleo y hacia toda explotación,
sea ella antigua o nueva, en especial si se trata de hidrocarburos u oro.
Mientras
se obstaculiza la gran minería, nada se hace contra una extracción depredadora
de oro, con retroexcavadoras y aterradora contaminación de los ríos con
mercurio y arsénico.
La
gran minería de las transnacionales no es altruista, obviamente. Si se les
permite actuar sin control puede ser tan destructora o peor aun que la otra.
Pero esa actividad puede ser sometida a estrictas normas técnicas para minimizar
o impedir el daño ambiental.
El
deber de todo gobierno, en este campo, consiste precisamente en promover la
correcta explotación minera y petrolera, y al mismo tiempo reprimir las
actividades que convierten vastos territorios en eriales, y prodigiosos ríos
llenos de vida, en inmundos albañales, sean “legales” o no quienes destruyen el
entorno.
En
Colombia no se está haciendo nada por detener, en primer lugar, y luego acabar las
explotaciones ilegales de oro y la deforestación, tanto para la siembra de coca
como para la obtención de maderas, muchas de cuyas especies están
desapareciendo. Tampoco se está evaluando el tema del coltán, que al parecer es
abundante en la Amazonia y está siendo explotado y exportado en cantidades
crecientes, sin el menor respeto por el entorno.
Desde
esta columna sigo pidiendo al gobierno, por la urgente gravedad de estos
asuntos, adecuadas respuestas a las inquietudes expresadas.
En
los últimos días empiezan a adquirir notoriedad ciertos asuntos de especial
gravedad:
1. Nuestras reservas
probadas de petróleo son exiguas. Si no se explora ni se encuentran nuevos
yacimientos explotables, en cinco o seis años pasaremos de exportadores de
hidrocarburos a importadores de combustible.
A
pesar de tan grave predicamento —porque sin la exportación de petróleo Colombia
quedaría sumida en la miseria— ciertos grupos ecologistas muy vocales están
logrando pronunciamientos judiciales para impedir el fracking.
No
sé si el fracking sea la única manera de incrementar las reservas, pero el país
está urgido de explorar, respetando el entorno, sea con los medios
tradicionales o con este nuevo sistema. En ambos casos se debe exigir responsabilidad
ambiental. En cambio, impedir la exploración es suicida. Ya se sabe que con
aguacates no vamos a sustituir 30.000 o más millones de dólares al año.
Es
alarmante que Ecopetrol tenga que participar en exploración (vía fracking),
asociada a otras compañías, en Texas, porque no puede hacerlo en Colombia. Esta
compañía explica que, si no incrementa sus reservas, va inexorablemente a la
quiebra.
2. La arremetida contra
El Cerrejón es preocupante, porque los jueces que ahora nos gobiernan —ignorantes
en economía, geología, ecología, y hasta en derecho— pueden acabar con la
explotación del carbón, sin preocuparse por los efectos de tan absurdo
pronunciamiento.
Ahora
bien: Como todos los medios de lucha deben combinarse, el poder judicial se ha
puesto en Colombia al servicio de la revolución, que llegaría con mayor rapidez
si se impide el desarrollo económico.
El
gobierno, que se ve obligado a acatar consultas locales y fallos absurdos, es
incapaz entonces de promover el desarrollo minero-energético, y también se ve
cohibido para eliminar la explotación ilegal y depredadora de aluviones, porque
esta letal actividad goza del apoyo, encubierto pero eficaz, de las fuerzas del
desorden que con el “acuerdo final” controlan el Estado.
***
¿Cuándo
ha visto el lector al Partido Verde o la Colombia Humana condenar la frecuente
voladura de oleoductos en estos “tiempos de paz”?
***
El
poder judicial, que únicamente se muestra diligente si se trata de asuntos
políticos, ¿cuándo se ocupará del costalado de dólares de Petro?
