viernes, 28 de noviembre de 2025

Implicaciones de un escabroso escándalo

Luis Alfonso García Carmona
Luis Alfonso García Carmona

Cuando pensábamos que todo lo imaginable ya lo habíamos padecido en estos tres años del régimen de traición e iniquidad que comanda el narcoguerrillero Petro, se ha descubierto un escándalo de inenarrable magnitud que explica por sí solo cómo hemos llegado al actual estado de inseguridad, desmoronamiento institucional y moral.

Con numerosos documentos a los que tuvo acceso Noticias Caracol se da cuenta el país de cómo la cruel guerrilla del bandolero alias Calarcá ha contado con la colaboración de oficiales del Ejército, funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia y altos directivos del Gobierno para acceder a informaciones reservadas de orden público, códigos secretos, planes y estrategias militares que les han permitido atacar con ventaja a las fuerzas del orden.

Es la mejor comprobación de que la seguridad de la población colombiana está en vilo y carecemos de instituciones y dirigentes dispuestos a salvar al país de esta hecatombe. La implementación del espurio Acuerdo de La Habana, las funestas administraciones de Santos y Duque, permisivas con lo que llamaron el “estallido social” y la corruptela alcahueteada por la obsoleta y desacreditada dirigencia política nos han conducido a este lamentable laberinto sin salida a la vista.

Desde hace 16 meses la documentación sobre los “archivos de Calarcá” ha permanecido en poder de la Fiscalía sin que esta proceda a actuar para descubrir todo el entramado y someter a los implicados a la acción de los jueces. Ridícula la disculpa de la fiscal general, Adriana Camargo, cuando afirma que su subordinada, la fiscal delegada, que recibió las evidencias, no las puso en conocimiento de sus inmediatos superiores jerárquicos, la delegada contra la criminalidad organizada, o la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales “Decoc”. Sólo ahora, cuando se develó el estremecedor escándalo, informa que serán compulsadas copias a la Corte Suprema de Justicia.

Vale la pena recordar cómo fue designada la fiscal general, a través de la recomendación de uno de los alfiles del camarada Petro, el anterior ministro de Defensa, Iván Velásquez, prófugo de la justicia guatemalteca y fanático defensor del marxismo-leninismo.

Ya estamos habituados a registrar cómo actúan los funcionarios judiciales. Sus determinaciones no se guían por el derecho sino por la política, como solicitaba a sus compañeros un magistrado de la Corte. Se sabe de antemano cómo van a fallar los magistrados petristas de la Corte Constitucional el tema de las irregularidades en el proyecto de reforma al sistema pensional. Tal como estaba previsto, los magistrados “petristas” Vladimir Fernández, Juan Carlos Cortéz, Natalia Ángel Cabo y Miguel Polo aceptaron el proyecto sin que fueran enmendados sus vicios de forma. Al presentarse un empate, se optó por la designación de un conjuez que lo dirima, para el cual fue escogido el doctor Carlos Pablo Márquez, recomendado por el magistrado Polo.

En el caso de la fiscal Adriana Camargo está en juego la soberanía del país puesta en peligro por su conducta dolosa o negligente que ha permitido a los subversivos actuar a sus anchas, penetrando los archivos secretos del Ejército durante 16 meses. Nuestra llamada “justicia” debería ocuparse, en primer lugar, de investigar esta conducta y someterla a la decisión de la Corte, donde aún quedan restos de decencia y de imparcialidad.

Contamos, además, con una costosa y mastodóntica Procuraduría General de la Nación, cuya intervención es de la máxima urgencia para que sean detenidos y castigados los funcionarios púbicos que resulten implicados en el caso de las “archivos de Calarcá”, y en las órdenes de libertad concedidas a bandoleros reconocidos por sus crímenes designándolos como “gestores de paz” para burlar las órdenes de captura que contra ellos existen.

Estamos ante catastróficos hechos que impiden la existencia del Estado de derecho, hacen nugatorio cualquier esfuerzo para garantizar la seguridad de los colombianos y tornan a Colombia en un Estado inviable, sin presente ni futuro. ¿Cuándo vamos a entender la diferencia entre quienes nos engañan con discursos memorizados para capturar nuestra atención y buscan a toda costa su elección aunque sea maltratando la honra de sus aliados, de una parte, y el candidato de los defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, que no se arruga ante el peligro y representa nuestra única esperanza de supervivencia?