“¿De verdad alguien con
medianas luces puede concebir que elementos como Lula da Silva, Petro, Morales,
AMLO y afines son políticos que conducirán a sus países hacia un futuro de
prosperidad, igualdad y libertad?” (José Vicente Pascual, El Manifiesto)
No se llamen a
engaño, queridos compatriotas, con el título de este escrito, pues no se trata
de una incitación a obrar con impetuosidad y precipitación para erradicar de un
solo golpe la avalancha de males que agobian al país desde el pasado mes de
agosto.
Por el contrario,
nos proponemos, contando con su generosa comprensión, adelantar un riguroso
ejercicio que nos conduzca de manera racional, reflexiva y, por supuesto,
eficaz, al rescate de nuestra querida Patria, conducida ahora aceleradamente
hacia la hecatombe final.
Entendemos por
hecatombe un acontecimiento en el cual son muchos los perjudicados, como
sucede en Colombia a partir del 7 de agosto de 2022, si reparamos en cualquier
aspecto de la vida nacional.
1.
Seguridad y protección a la población
Es deber
prioritario del Estado garantizar este derecho natural a los ciudadanos y así
ha sido consagrado en nuestra Constitución Política, arts. 2 y 22. No puede,
por lo tanto, ningún Gobierno soslayar el cumplimiento del deber de proteger a
las personas en su vida y bienes y mantener la paz y el orden, como base
indispensable para la convivencia pacífica.
En el caso
particular de Colombia las principales amenazas contra el derecho fundamental a
la vida y a la seguridad en los últimos sesenta años son responsabilidad del grupo
armado ilegal denominado FARC, y continúan en la época presente bajo el disfraz
de “Disidencias de las FARC”, junto con la resucitada guerrilla del ELN, el
Clan del Golfo y otras bandas delincuenciales dedicadas al terrorismo, el
tráfico de estupefacientes, la minería ilegal, el secuestro y la extorsión.
En lugar de
articular una acción efectiva para proteger a la población de estas
organizaciones criminales, veamos cómo ha procedido el régimen populista de
orientación marxista-leninista que nos gobierna:
a. Designó como ministro
de Defensa a un reconocido enemigo de las Fuerzas Armadas.
b. Durante estos
primeros meses de gobierno se ha producido el mayor remezón de la historia
en la cúpula militar, con la salida de más de 50 generales y de otros
grupos de oficiales, el último con 34 oficiales retirados de la Policía
Nacional.
c. Ha ordenado a
las Fuerzas Militares el cese unilateral del fuego, mientras persisten
las masacres y actos terroristas.
d. Prohibió a los
agentes del orden continuar la erradicación manual de plantas de coca. Ya se
había prohibido la erradicación por la vía de la fumigación aérea, por lo cual
muy pronto viviremos en el mayor narco-estado de la tierra.
e. Les está
prohibido a los agentes del orden ejercer hasta el legítimo derecho a la defensa.
Todo el país está enterado del secuestro de 79 policías y empleados de una
empresa petrolera en Caquetá el pasado 2 de marzo en el cual fue degollado un
miembro de la Policía Nacional. El propio presidente prohibió que se
defendieran de la agresión y se abstuvo de enviarles auxilio, abandonándolos a
su suerte, en una clara violación de sus deberes como comandante supremo de las
Fuerzas Armadas. Uno de los ministros del régimen social-comunista se atrevió a
calificar el secuestro como un “cerco humanitario”.
f. Se adelanta una oscura
tarea para desmoronar la Fuerza Pública, coartando su accionar, impidiéndole la
utilización de bombardeos para combatir el terrorismo y el narcotráfico,
desmantelando la inteligencia militar y reduciendo su presupuesto. El objetivo
es sustituirla por colectivos de criminales afectos al régimen. Por ello,
vulnerando la separación de poderes, base esencial de todo sistema democrático,
desde la Presidencia se solicitó la libertad de vándalos pertenecientes a la
“Primera Línea”, chusma que protagonizó la destrucción de varias ciudades y los
ataques a agentes de la Policía en la pasada administración; los subversivos
ahora son designados “gestores de paz” con sueldo oficial, y se intenta dar estatus
legal a las “guardias campesinas”, que no son otra cosa que milicianos al
servicio del régimen.
g. El impulso al
sucio negocio de la cocaína es una de las prioridades del régimen. Desde la
ONU el presidente-guerrillero aseguró ante la perpleja audiencia mundial que es
más peligroso el carbón o el petróleo que la cocaína. En lugar de perseguir los
cultivos ilícitos, estos se promueven con subsidios del Estado y nada se hace
para sustituirlos por otros cultivos. No hay interdicción aérea o marítima en
asocio de países consumidores, ni control a activos ilícitos, ni extradición a
los capos de la droga, ni bombardeos a los laboratorios de coca en la selva, ni
fumigación aérea, ni erradicación manual, ni control a precursores. El
narcoterrorismo en el poder es omnipotente. En 2022, según la ONU, batimos
nuestro propio récord de cultivo de coca con un aumento del 43%. Terminamos con
204.000 hectáreas sembradas que, según los expertos, llegarán a 300.000 en
2023.
h. Inició con el
ELN un proceso de negociación para la paz, sin que este grupo de bandoleros
haya demostrado arrepentimiento por los crímenes cometidos ni voluntad de cesar
su actividad delincuencial. A pesar de habérseles otorgado el estatus de “organización
armada rebelde”, el proceso se cumple en medio de masacres como la cometida
en el Catatumbo donde 9 soldados fueron asesinados y 8 más heridos, y la
voladura del oleoducto Caño Limón-Coveñas.
i. El abandono por
parte del Gobierno de su primordial obligación de garantizar la vida, la
integridad y la propiedad de sus gobernados, en aras de implantar un régimen
marxista-leninista a toda costa, viola de manera grave el Pacto de San José o
Convención Americana de Derechos Humanos, tratado de obligatorio cumplimiento
para Colombia, que protege el derecho a la vida.
j. La llamada “paz
total” del camarada Aureliano nos ha dejado, a la fecha, escabrosos
resultados: 29 masacres y 38 líderes sociales asesinados.
[1] Luis Alfonso García Carmona
es graduado en derecho y ciencias políticas en la Universidad de Antioquia
(Medellín), autor del libro “Reconstrucción nacional” y columnista
habitual de Tradición Viva (España), La Linterna Azul y El Pensamiento al Aire
(Colombia).
