“La
democracia vive de la justicia y la ley. Si no existe una ley moral superior en
virtud de la cual los hombres se dirigen en conciencia hacia lo que es bueno y
justo, se corre el riesgo de alzar la ley de la mayoría como regla suprema del
bien y el mal, y la democracia pasa a ser culpable de volverse hacia el
totalitarismo, esto es, hacia su autodestrucción”. (Jacques Maritain)
4.-
Desastres en manejo económico y fiscal
El orden
económico y social justo que el Estado debiera garantizar según el
preámbulo de nuestra Constitución no se está cumpliendo. Por el contrario, los
indicadores nos muestran desorden, mala gestión y enormes perjuicios a la
población:
a. En tiempo récord
el régimen marxista está destruyendo a Colombia. La inflación del 13,12% y
llegó en marzo del 2023 al 13,28%, el peor resultado en los últimos 24 años, lo
que nos sitúa entre las 3 economías más afectadas, junto con Venezuela y
Argentina, países también gobernados por el populismo de izquierda.
b. El Banco Mundial
ha previsto que Colombia crecerá un 1,1% en 2023, una de las peores
perspectivas en América Latina, junto con Chile y Argentina, después de haber
sido el de mejor crecimiento entre los países de la OCDE.
c. La deuda pública
representa el 30,4% del PIB, lo que ha merecido una advertencia de la
Contraloría sobre los dañinos impactos en la tasa de cambio, tasas de interés y
tasa de inflación. El nivel actual es el más alto del último año y tiende a continuar
la tendencia alcista, debido al talante derrochón e incontrolado de este
gobierno.
d.
El déficit en cuenta corriente para el año 2022 alcanzó los $21.446 millones de
dólares y representó el 6,2% del PIB, significativamente superior a los
promedios históricos.
e. El número de
colombianos que, según la Cepal, viven en situación de extrema pobreza aumentó
ya en un 15%. La inflación en alimentos varió un 21,8%, perjudicando
principalmente a los más pobres.
f. No obstante el
excelente desempeño de Ecopetrol insiste el régimen en su política de no
continuar con las explotaciones petroleras, lo que causaría nada menos que
una rebaja del 40% de nuestras exportaciones. Sin duda ello incrementará el
déficit fiscal, nos obligará a arbitrar recursos para importar combustibles,
aumentará el costo de la vida, disparará el desempleo que ya alcanza dos
dígitos y dará comienzo al sistema de miseria que caracteriza a los pueblos
subyugados por el socialismo. Las explotaciones petroleras son extorsionadas
por colectivos dirigidos por las guerrillas y, en ocasiones, atacadas por estos
grupos ilegales con la aquiescencia del Gobierno, como sucedió en Los Pozos,
Caquetá.
g. La actividad de
la construcción que tradicionalmente moviliza la mayor parte de la mano de obra
no calificada, viene en picada. Mientras en febrero de 2022 se vendieron 25.800
unidades, en febrero de 2023 sólo se vendieron 9.920: una caída del 61%. Las
ventas de automotores también están disminuyendo. En el mes de marzo las ventas
de auto y motos tuvieron un descenso del 17%.
5.
Torpe manejo de las relaciones diplomáticas
La camisa de fuerza
del ideario marxista-leninista, así como la agenda impuesta por el Foro de Sao
Paulo al actual Gobierno lo han llevado a cometer las mayores torpezas en las
relaciones exteriores.
La ausencia de
planes de erradicación de cultivos, la inclusión de narcotraficantes en la ley
de sometimiento para otorgarles impunidad y demás prerrogativas gubernamentales
para esta actividad criminal comienzan a generar preocupaciones a nuestro
principal socio, Estados Unidos, y harán estallar en pedazos la tradicional
armonía reinante entre los dos países.
La indebida
intromisión en los asuntos internos de El Salvador para criticar la política de
combate a la criminalidad del presidente Bukele, que cuenta con el respaldo del
93% de la población, ha sido un tremendo error que lo ha dejado mal parado ante
la opinión mundial.
Similar situación
se labró con su ánimo pendenciero el camarada Aureliano en Perú, donde
fue declarado persona non grata por entrometerse indebidamente a abogar
por el expresidente Pedro Castillo, acusado de intento de golpe de estado,
abuso de autoridad y otros delitos.
Por su parte, el canciller
Leyva, se ha caracterizado por la designación de diplomáticos sin conocimientos
y con problemas pendientes con la justicia, con el único merecimiento de ser
amigos del Pacto Histórico. Aparte de su absoluto desconocimiento de las
relaciones internacionales, su intervención en la Cumbre de Embajadores
Latinoamericanos cuando afirmó que “si fuera indígena ya habría quemado el
país” ofende a la Nación y es indigna de quien está obligado, por el cargo
que ejerce, a enaltecer el nombre de Colombia en vez de denigrar de su país.
En cambio, se ha
empeñado el Gobierno en sostener una comunicación permanente y continuos viajes
a Venezuela para reunirse con el corrupto y sanguinario dictador de ese país,
cuyo modelo de miseria, caos y tiranía nos quiere imponer a los colombianos.
Jamás en la
historia de esta nación nos hemos visto tan pésimamente representados en el
concierto internacional. El oso monumental del camarada presidente en la ONU
cuando aseveró que eran más peligrosos el carbón y el petróleo que la cocaína
ha envilecido la imagen del presidente y la de Colombia.
6. Ni democracia ni Estado de derecho
La elección del camarada presidente constituyó una flagrante violación al
derecho al sufragio, a los principios de la democracia y a la vigencia del
Estado de derecho.
Desde mucho antes
de los comicios se advirtió públicamente sobre la serie de irregularidades
cometidas en la adquisición de softwares carentes de sistema de
comprobación imparcial suministrados por compañías cuestionadas
internacionalmente. Nada se hizo para garantizar la neutralidad requerida para
unas elecciones exentas de duda.
Súmese a las
irregularidades ocurridas tanto en la votación como en los escrutinios a través
de computadores amañados, la violación de los topes electorales y la llegada
de recursos financieros de los narcotraficantes a la campaña de la dupla
Petro-Márquez, lo que es más que suficiente para incoar un juicio político
en contra del presidente elegido fraudulentamente. Es, a todas luces, una elección
espuria que el pueblo colombiano tiene que impugnar.
De acuerdo con lo
establecido por los artículos 179 y 197 de la Constitución, el camarada Aureliano
no estaba habilitado para ser elegido presidente por haber sido
condenado a pena privativa de la libertad por un delito diferente a los delitos
políticos y culposos. No obstante, los responsables de hacer cumplir la
normatividad vigente omitieron su deber cometiendo grave delito que no ha
querido ser investigado. ¿En dónde quedó el Estado de derecho que decimos que
nos rige?
Al respecto nuestra
Constitución establece en los artículos 173, 174, 175 y 178 que la Cámara de
Representantes es la competente para formular las acusaciones. Corresponde al
Senado fallar el juicio político y, si es el caso, remover de su cargo al presidente.
No se nos ocultan
las dificultades de una acción de este tipo, máxime cuando a lo largo de más de
un semestre de gobierno, se ha demostrado la dañina influencia del soborno
empleada por los gobernantes de turno para comprar la conciencia de los
congresistas. ¿Será incapaz el pueblo colombiano de impedir que nuevamente sea
burlada su voluntad por el contubernio de la izquierda radical y los
políticos corruptos? ¿Se unirán las gentes honestas de Colombia para exigir
a sus representantes que obren de acuerdo con el bien común y con el Estado
de derecho para recatar al país de su mayor desastre?
7.
Desorden, despilfarro y corrupción
Desde su inicio
este Gobierno se ha caracterizado por la improvisación y el caos interno, como
consecuencia de la pésima selección de los colaboradores. Ha primado en
ella, no el análisis de la idoneidad para el desempeño del cargo sino su
fanatismo por la ideología marxista, su amistad con la camarilla gobernante o
con sus familiares y los validos del régimen, o su odio visceral contra los
empresarios, los líderes democráticos o las fuerzas armadas.
El derroche de
los dineros públicos lo encabeza el propio presidente, con sus sucesivos
viajes que en nada benefician a los colombianos, su esposa con las personas de
su círculo de amistad, y la vicepresidenta que no se baja de un helicóptero
militar y vive en suntuosa mansión suministrada por un contratista de su
gobierno. Ahora planean un safari al África con 60 invitados por cuenta de los
contribuyentes.
Se han registrado
12 visitas a la cárcel de La Picota por parte de Juan Fernando Petro, hermano
del camarada presidente, para ponerse en contacto con asesinos,
narcotraficantes, corruptos y extraditables a los que, en compañía de la
senadora Piedad Córdoba, les ofrecía “perdón social” a cambio de su
apoyo político y financiero a la candidatura de su hermano. Ello explica la
política de impunidad que, bajo la careta de la “paz total”, adelanta el
régimen comunista.
Otro escándalo que
ha rebasado la capacidad de indignación de mis compatriotas es el de Nicolás
Petro, hijo de quien ocupa la silla presidencial, quien recibió dinero de
narcotraficantes y paramilitares para la campaña electoral, y lleva un
opulento tren de vida en Barranquilla imposible de sufragar con sus honorarios
como diputado.
Existen constancias
en las que tanto el hermano como el hijo del presidente fueron encargados
por Gustavo Petro para recibir los recursos de los narcotraficantes para la
campaña. El que se beneficiaría de esos aportes era el candidato, el propio
Gustavo Petro, no su hijo ni su hermano. Eso aclara sobre quién recae la
responsabilidad política de semejante violación.
[1] Luis Alfonso García Carmona
es graduado en derecho y ciencias políticas en la Universidad de Antioquia
(Medellín), autor del libro “Reconstrucción nacional” y columnista
habitual de Tradición Viva (España), La Linterna Azul y El Pensamiento al Aire
(Colombia).
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