“No existe el
socialismo ‘seguro’. Si es seguro, no es socialismo. Y si es socialismo, no es
seguro. Las señales del socialismo apuntan cuesta abajo a menos libertad, menos
prosperidad, cuesta abajo a más desorden, más fracaso. Si los seguimos hasta su
destino, llevarán a esta nación a la bancarrota”. (Margaret Thatcher)
2.
Salud y seguridad social
El derecho a la
salud se elevó a rango constitucional en la Constitución de 1991 y es, en
consecuencia, deber del Estado proveer a que los habitantes tengan acceso a
condiciones aptas para su salud física y mental.
Según los resultados
del estudio “Rasgos Distintivos de los Sistemas de Salud en el Mundo”,
elaborado por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), sobre
un total de 100 puntos posibles, el país obtuvo 81,5, “lo que lo ubica por
encima del promedio global”. Colombia tiene el sexto mejor sistema de
salud del continente, por encima del de Estados Unidos (77,76), Argentina
(77,42), México (71,45) y Brasil (70,03), entre otros.
En contra de esta
realidad incontrastable se ha propuesto el régimen radical de izquierda demoler
este sistema de comprobada eficiencia y, en su lugar, regresar al torpe y
podrido manejo del servicio de salud por parte de la corrupta burocracia
estatal.
Con el más cínico
desparpajo ha anunciado el presidente-guerrillero que, a través de la
suspensión de pagos a las EPS, estas tendrán que cerrar y sus afiliados deberán
emigrar a la única que sobrevivirá, es decir, a la agencia estatal encargada de
la salud.
Mediante la práctica
delincuencial del soborno a parlamentarios de diferentes bancadas,
eufemísticamente llamado “mermelada”, aspira el camarada presidente sacar
adelante esta funesta reforma que privará a muchos colombianos del esencial
servicio de atención a su salud.
Para mayor desdicha
de la población, el Ministerio de Salud, como máxima autoridad sanitaria del
país, ha propiciado una aguda escasez de medicamentos, por lo cual ya la
Procuraduría le ha iniciado una investigación. La Asociación Colombiana
de Empresas de Medicina Integral (Acemi) denunció que hay registros de 1.242
principios activos que no son fáciles de conseguir en el país.
De otra parte, la vicepresidenta
de la nación viajó a Cuba dizque para contratar misiones de médicos cubanos,
que sólo cuentan con 2 años de capacitación, desconociendo el profesionalismo y
la calidad reconocida internacionalmente de nuestros profesionales de la salud.
La provisión de
seguridad social está prevista en los arts. 44 a 50 de la C.P., en los que se
consagra un régimen asistencial digno y justo y la prohibición de destinar los
recursos de las pensiones a otros fines.
La tal reforma pensional
no deja de ser un peligroso mito. a) No resuelve ninguno de los problemas
estructurales de nuestro sistema pensional. b) Permitirá que el Gobierno se
apodere de 20 billones de pesos anuales de los ahorros de los trabajadores para
aliviar las necesidades de caja y seguir gastando a manos llenas. c) Termina
con la libertad del trabajador para elegir si se afilia a un fondo privado o a
Colpensiones. d) Liquida los fondos privados pues, de una parte, les quita el
88,7% de los trabajadores formales que ganan hasta 3 salarios mínimos y, de
otra, otorga al Gobierno el poder de decidir sobre sus inversiones con facultad
para obligarlos a tener una rentabilidad mínima. e) Es fiscalmente insostenible
pues, según la Anif, el ingreso de 223 mil pesos para 3 millones de
ancianos pobres costaría en valor presente $357,7 billones, lo que corresponde
a 24,1% del PIB estimado para 2023. f) Generará un
descalabro fiscal aumentando en 30,2 puntos del PIB los pasivos del sistema de
protección en la vejez, según calcula Fedesarollo.
3.
Empleo y emprendimiento
Asegurar a los
habitantes el trabajo dentro de un marco económico justo es uno de los
objetivos del Estado según el preámbulo de la Constitución. Entre los fines
esenciales del Estado, establece el art 2 de la C.P. “promover la
prosperidad general”, y, en el art. 25 ibídem se consagra el trabajo
como un derecho que goza de la protección del Estado en todas sus modalidades.
Cabe, en
consecuencia, al Estado la responsabilidad de adoptar disposiciones que
estimulen la creación de empleos dignos y justos, eliminen el desempleo y los
empleos informales, y promuevan el emprendimiento de nuevas empresas para
proveer ingresos equitativos a quienes trabajen por su cuenta.
Como en todos los
demás aspectos, la gestión gubernamental de la camarilla de extrema izquierda
que rige nuestros destinos va en contravía de lo ordenado por la Constitución,
la Ley y el sentido común.
a. La creación de
empleo anual se sigue desacelerando. El empleo pasó de crecer 3,8% entre enero de
2022 y enero de 2023, a crecer 2,5% (552.000 empleos) entre febrero de 2022 y
febrero de 2023. Mediante la reforma
tributaria que incrementó los impuestos ahuyentando la inversión, seguirá
aumentando el desempleo.
b. Desde la
posesión del camarada presidente, el peso colombiano sufrió la mayor
devaluación en las últimas dos décadas, contribuyendo a la elevación de los
costos de producción y al recorte de puestos de trabajo en muchos casos.
c. Súmese al
aumento de impuestos, las alzas en los combustibles y servicios públicos, que
alejan aún más las posibilidades de generar nuevos empleos.
d. Se tramita ahora
una reforma laboral que ignora la realidad nacional. Tenemos 2.57
millones de desempleados y 12.8 millones de trabajadores informales, que
representan el 57,9% de la fuerza laboral. La reforma no aporta una sola medida
en beneficio de los desempleados o de los informales. Son 5,4 millones de
micronegocios los que resultarán perjudicados con las inconsultas propuestas en
materia laboral, lo que ahondará el problema del desempleo. Por ejemplo, se
encarece el costo del trabajo nocturno afectando al comercio minorista y
al sector de servicios que trabajan en horarios extendidos, aumenta el costo de
los despidos, acaba con el contrato sindical que ha permitido la vinculación de
mano de obra a través de los sindicatos, desconoce las necesidades de contratar
personal por temporadas y, desincentiva la contratación de nuevos trabajadores.
Las plataformas de mensajería tendrán que dejar sin trabajo a 80.000 personas.
Según Fedesarrollo, es posible que tales propuestas “tengan como
consecuencia un aumento en la incidencia del empleo informal, un
desincentivo a la generación de empleo y un incentivo a la automatización”. Para la
Andi, la reforma aumentaría en 400.000 los desempleados del país.
e. Con las normas
introducidas en la reforma tributaria y las que contiene el proyecto de reforma
laboral los más perjudicados resultan ser los pequeños empresarios que hoy
generan el mayor número de empleos. Queda, de paso, eliminado todo incentivo
para el emprendimiento.
f. La gestión del
actual gobierno ha obligado a más de medio millón de colombianos a emigrar
en el 2022, rompiendo los registros históricos de la Cerac. Ya en eso nos
empezamos a parecer a Cuba y Venezuela, países en los que la clase dirigente,
los empresarios, profesionales y técnicos tuvieron que abandonar su país en
busca de nuevos horizontes.
No hay que perder
de vista que la funesta gestión gubernamental en materia de seguridad, salud,
empleo y seguridad social no tiene como objetivo dar cumplimiento a los fines
esenciales del Estado, sino perpetuar en el poder la camarilla que se lo
tomó fraudulentamente, evitar una eventual acción de las fuerzas militares
para restablecer la vigencia de la Constitución, pauperizar a la población
para convertirla en esclava de la camarilla que ejerce el poder y convertir a
Colombia en el mayor narco-estado del mundo bajo el sistema político del
“castro-chavismo”.
Los llamados de los
aliados del régimen a la convocatoria de una constituyente y las arengas del
camarada presidente incitando a la intervención del “poder popular”
constituyen un terrorífico anuncio del negro panorama que espera a los
colombianos en las próximas décadas. Así iniciaron su calvario “paraísos
comunistas” como Venezuela o Chile.
Nota.- La
invitación es para que continúes leyendo
la tercera parte de este texto que aparecerá próximamente.
[1] Luis Alfonso García Carmona
es graduado en derecho y ciencias políticas en la Universidad de Antioquia
(Medellín), autor del libro “Reconstrucción nacional” y columnista
habitual de Tradición Viva (España), La Linterna Azul y El Pensamiento al Aire
(Colombia).
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