El problema económico es de fondo, no un asunto de tecnicismos

Por: Luis Guillermo Echeverri Vélez

El problema real y de fondo es el secuestro y la destrucción de todo el aparato institucional al que están sometiendo al país y su economía, sin que a los delincuentes les pase nada.

Aquí no queremos darnos cuenta de la verdadera dimensión y magnitud del problema económico nacional. El daño a la institucionalidad democrática y a la libertad de mercados que soporta nuestra economía ya está causado.

Están heridos de muerte: la vida de las personas sin sistema de salud, la seguridad que genera la confianza que permite la inversión, los engranajes fundamentales que hacen que los mercados operen libremente, y lo que es peor, no hay conciencia de la situación de los insumos, bienes y servicios que se transan diariamente.

Para ponérsela fácil al lector, veamos con un ejemplo realista lo que le pasa a la economía colombiana, y por qué el tema es de fondo y no es asunto de más análisis de cifras, de efectos marginales, ni porcentuales, ni de distracciones, divagaciones y discusiones sobre conceptos técnicos especializados, en rimbombantes foros y agasajos a los verdugos.

Imaginémonos que hubo una trifulca y llevan la economía colombiana en ambulancia, va herida de muerte. La policía trató de intervenir cuando los disparos, pero salió corriendo y no hizo nada, porque los tienen amenazados de que si combaten delincuentes los acusan por patear la mesa de negociaciones con los bandidos.

Lo más grave es que los criminales atracaron la ambulancia y se disfrazaron de enfermeros. Llegan a urgencias y resulta que como cambiaron el sistema de salud no hay galenos para atender el paciente. Todo parece indicar que los que van a atender al herido, son los mimos que le pegaron dos balazos y tres puñaladas.

Colombia está mal herida, perdió el conocimiento, tiene convulsiones la tienen que meter de inmediato a la sala de cirugía.

Van a despertar dos estudiantes de medicina encargados de urgencias. Estos piden toda suerte de exámenes previos: sangre, radiografías y un coprológico, pero el laboratorio no es confiable pues no hay reactores por lo del hackeo al Invima. Llegan al hospital unos reporteros, un delegado de los entes de control y un dirigente gremial, pero se limitan a observar y no se atreven a comentar nada. Conversan con los estudiantes y se van todos de rumba a una cantina cercana mientras llegan los resultados de los exámenes.

El caso no da espera. Aparecen entonces los criminales que venían en la ambulancia, ahora vestidos de médicos. Uno procede a sacarle la sangre al paciente para venderla en bolsas en un metedero clandestino cercano. Llevan al herido a un quirófano y esperan fumando bazuco mientras el paciente convulsiona.

De pronto el herido despierta y al ver la situación trata de volarse del hospital, pero ya no tiene fuerzas, boquea y se muere. Los supuestos galenos son vendedores de órganos. Preparan todo para sacarle el corazón, el hígado y los riñones, para que los lleven pronto en avión privado a Venezuela, que allá los necesitan para unos trasplantes.

Llega la familia y no le dan razón de nada de lo ocurrido. La mandan a hacer una fila para pagar antes de darle los resultados de los exámenes. Luego se inventan una falsa causa de defunción.

El problema es de fondo. La economía se desangra, está moribunda. El caso no aguanta más tecnicismos que no explican la gravedad de todo el sistema. Es un caso de vida o muerte donde hay que actuar de manera inmediata y contundente o de lo contrario, como en la historia, habrá un desplome causado intencionalmente por quienes insisten cambiar el sistema de libertades económicas, por uno estatista y expropiatorio, propio del caótico narco socialismo del siglo XXI.

Y ahora con leyes mamertas

Por José Alvear Sanín*

Desde hace más de cien años se enfrentan dos concepciones políticas: una, procedente de siglos de historia, animada por la filosofía perenne, avalada por el éxito económico y el progreso científico, que podemos llamar liberal y democrática, que se refleja en sociedades donde generalmente imperan las libertades individuales (de religión, pensamiento y empresa), y donde lo prohibido se limita a lo que daña el bien común. La otra, la comunista, contra la tradición de siglos, elimina la libertad individual para imponer totalitariamente lo que las gentes deben creer, cómo deben actuar y trabajar al servicio de un Estado omnipotente y represivo, que jamás ha sido capaz de crear las oportunidades de riqueza y felicidad que promete.

Hasta hace cuatro años, en Colombia, la Constitución y las leyes obedecían a un régimen de libertades y responsabilidades aceptado por la inmensa mayoría de los ciudadanos, pero a partir del golpe de Estado del 2 de octubre de 2016, cuando se desconoció el triunfo del No en las urnas y se procedió a imponer, violando la Constitución, el acuerdo final con las FARC, hemos venido presenciando la lucha por cambiar el derecho y la sociedad en sentido totalitario, y, por tanto, una a una, las instituciones van cayendo en manos de los agentes del ideal marxista-leninista.

A pesar de tener un marco legal democrático, liberal y cristiano, los fallos de la justicia ya obedecen abiertamente a una concepción diametralmente opuesta. La contradicción entre la ley y sus intérpretes judiciales ha dado lugar a un fenómeno inadmisible, el del prevaricato permanente, con la usurpación de todas las funciones públicas por magistrados y jueces monitoreados y programados políticamente.

Ahora bien, si esa situación se presenta bajo leyes democráticas y civilizadas, ¿qué podemos esperar si el Congreso empieza a expedir leyes mamertas para ser interpretadas por jueces asimismo mamertos?

Se pensaba que esa aterradora perspectiva solo podría darse a partir del 2022, si las fuerzas revolucionarias llegasen a obtener mayorías parlamentarias y la Presidencia, dando lugar al inicio en firme de la revolución, pero hay indicios de que ya está en marcha la conversión del derecho colombiano hacia la concepción marxista-leninista.

En efecto, el proyecto de un código civil y comercial unificado, elaborado por profesores izquierdistas y activistas de la U. Nacional, no responde a ninguna urgencia del país. Sus propósitos no son otros que fragilizar el derecho a la propiedad y limitar al máximo la autonomía contractual de los agentes económicos. Nada más y nada menos que una revolución —tan silenciosa y letal como ciertas enfermedades—, para consolidar todos los poderes que los jueces ya han usurpado, y darles, ahora sí, poderosas facultades sobre los bienes de los ciudadanos, de tal manera que se desestimulen el ahorro y el emprendimiento, y dar la señal de partida para la fuga masiva de capitales, preparando el advenimiento de una sociedad improductiva.

Ante este posible código, cuya adopción desquicia totalmente el orden jurídico y acaba con el modelo de la libre empresa, no basta con la protesta de los juristas democráticos y el susto de los empresarios —tardío como siempre—, porque hay indicios de que el pomposo Ministerio de la Justicia y el Derecho lo conoce, pero ni lo prohíja ni lo rechaza. Esto lo que quiere decir es que su posición en el Congreso será, a lo sumo, tibia, frente a una amenaza que va envuelta dentro de la fraseología “progresista”, que fascina a los jefes populistas que dictan órdenes a las bancadas gregarias, apresuradas e ignaras de nuestro legislativo.

Nunca ha sido más urgente un firme rechazo del gobierno frente a este esperpento legislativo, porque a la amenaza confiscatoria que el acuerdo final anuncia para el campo, se suma ahora otra, que se proyectará sobre todas las demás actividades, incluyendo el empobrecimiento y hasta la aniquilación de los patrimonios familiares.

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La transformación “copernicana” del derecho, anunciada por un magistrado en trance de popularidad, parece ser la legalización del prevaricato, convertido en fuente de derecho.

Editorial

Por El Pensamiento al Aire*

Los columnistas de El Pensamiento al Aire son el padre jesuita José Leonardo Rincón, el coronel John Marulanda, el administrador de empresas José Alvear Sanín, el ingeniero Pedro Juan González, los abogados Andrés de Bedout, Julio González Villa, Antonio Montoya Hoyos, y los que eventualmente nos acompañan. Semanalmente escribimos sobre diferentes tópicos del acontecer nacional e internacional y hemos considerado, después de efectuar consultas internas, en que frente a la actual situación que vive Colombia, de crisis institucional, social, de convivencia, debemos expresar nuestra  opinión unánime en aspectos en los cuales coincidimos plenamente, que deben ser conocidos por la opinión pública y nuestros lectores asiduos, no solo en Colombia sino en 17 países en los que tenemos registro diario de las lecturas que se efectúan del blog.

Reiteramos que creemos en la democracia, como la mejor forma de gobernar a Colombia, en la que respetamos la diferencia de pensamiento, de credo, raza o condición, y que con base en ello fundamentamos nuestro diario accionar partiendo del respeto, la tolerancia, la dignificación del ser humano y la reiteración de los principios y valores que deben cumplirse en un país para que este sea regido por los mejores y serios representantes de los ciudadanos, procurando por todos los medios  el bien común y el respeto por los dineros públicos.

Como demócratas, con ideologías y formas de ver diferentes el desarrollo del país, tenemos bases comunes que rigen nuestro accionar. Buscamos participar en la construcción de un país en el que la libertad de pensamiento, la propiedad privada, la libertad de culto y el discernimiento, sean la base fundamental de nuestra sociedad, por ello luchamos y apoyamos a los partidos y al gobierno que entiende y cree que es necesario un gran acuerdo sobre lo fundamental, como lo pedía el doctor Álvaro Gómez Hurtado, por la igualdad, como lo  requería Jorge Eliécer Gaitán, por los postulados de amar y servir de Ignacio de Loyola, y en fin, en las formas justas y adecuadas de buscar una mejor calidad de vida del pueblo colombiano.

Creemos que no es época de echar atrás el acuerdo de paz, que tenemos grandes y serios problemas jurídicos en la rama judicial en todos los aspectos, y que igual ocurre en el Congreso de la República y en el ejecutivo. También en que están proliferando bandas de todos los tipos, de delincuencia común, la extorsión, el robo, en todas las regiones del país, que el Sur del país está otra vez en manos de los bandidos del ELN y disidentes de las FARC, y que por todo ello, es necesario cerrar frentes en favor del acuerdo nacional. Debemos dejar a un lado los intereses partidistas y enfocar el asunto en ponernos de acuerdo en cómo salimos del atolladero.

Nosotros estamos dispuestos a acompañar al gobierno no solo con ideas que expresamos en la columna, sino en lo que a bien quieran invitarnos. Nos ofrecemos de corazón y pensamiento para que posteriormente no nos quede remordimiento alguno, porque somos ciudadanos colombianos que no queremos ver destruida nuestra institucionalidad y forma de gobierno, y pensamos además en las generaciones futuras.