Reacción contra la iniquidad

Luis Alfonso García Carmona

Con inusitada frecuencia me repiten amigos y contertulios que jamás en toda su vida habían presenciado una iniquidad tan monstruosa como la que vivimos en Colombia desde hace dos años. Entiéndase iniquidad como maldad, gran injusticia.

Pero no aciertan los interlocutores a desentrañar las causas de nuestra desgracia colectiva ni el origen del acelerado proceso que nos ha conducido a esta crisis integral. Probablemente hemos detenido nuestra atención en las diarias banalidades de la politiquería, alimentadas por las “cortinas de humo” generadas por la tiranía, omitiendo un análisis más profundo y enriquecedor del problema.

Comencemos por reconocer que nuestra joven democracia ha desperdiciado muchos años en estériles luchas intestinas en las que las masas han sido arrastradas a la conquista del poder para beneficio de los caciques políticos y sus seguidores, quienes han usufructuado el manejo de los presupuestos, la contratación y las abultadas nóminas en favor de sus propios intereses.

Desde su fundación ha aprovechado el comunismo toda deficiencia en la gestión de los países democráticos y capitalistas que pueda generar descontento en la población para extender su influencia a través de la violencia y Colombia no fue la excepción. Desde hace 6 décadas, con la intermediación de la dictadura cubana, se intentó la toma del país creando grupos terroristas de inspiración marxista como las FARC, el ELN, el EPL, el M-19 y otros. Durante 60 años sembraron el terror, destruyeron oleoductos, tomaron poblaciones por la fuerza, cometieron sanguinarias masacres, reclutaron menores de edad, desplazaron campesinos de sus parcelas y establecieron el cobro de extorsiones a todos los propietarios y comerciantes. Para aumentar sus ilícitos ingresos introdujeron el secuestro, la minería ilegal, y, finalmente, se convirtieron en el mayor cartel de cocaína del mundo.

A pesar de haber devastado gran parte del territorio nacional y consumido enormes recursos estatales en el mantenimiento del orden, la reparación de los daños y la investigación de los responsables fracasó la labor desoladora de la guerrilla, principalmente por dos factores que vale la pena resaltar:

a) Los principios y valores mayoritariamente aceptados por la sociedad colombiana son contrarios a la doctrina comunista, a la supremacía del Estado sobre la dignidad de la persona humana, y a la supresión de la propiedad privada y la libertad de empresa; y

b) Las Fuerzas Armadas de Colombia derrotaron a la mayor y mejor financiada guerrilla del mundo en un inhóspito territorio como el de las selvas tropicales de nuestro país.

Caído el comunismo internacionalmente y derrotada la guerrilla comunista en Colombia, cambió la extrema izquierda su estrategia y dejó en un segundo plano la lucha armada para concentrarse en la “batalla cultural”, permeando con la dañina doctrina marxista-leninista todos los estamentos de la sociedad.

En Colombia, mientras el país disfrutaba de un remanso de paz entre los militantes de los viejos partidos durante los 16 años del Frente Nacional, el comunismo empezó a infiltrarse en todos los estamentos sociales. En los sindicatos, algunos de los cuales apoyaron financieramente a las nacientes guerrillas; en las universidades, con fanáticos marxistas como catedráticos pagados por los gobiernos democráticos y activistas profesionales que permanecen indefinidamente en las aulas disfrazados de estudiantes; en la administración de justicia, desde la cual se libra una permanente batalla litigiosa en contra de los militares, agentes del orden y contradictores de la doctrina comunista y se premia con impunidad a los guerrilleros, vándalos, narcotraficantes y criminales amigos de la izquierda radical; en los medios de comunicación, las artes, la literatura, las instituciones culturales y comunitarias, donde circula sin parar la financiación estatal condicionada al soporte de la doctrina totalitaria del marxismo.

Partió el comunismo de la premisa de que el capitalismo era un sistema llamado al fracaso y, sobre ella, construyó toda su doctrina. Pero ocurrió que, en el siglo XX, con posterioridad a la Segunda Guerra, vivió el capitalismo su mayor florecimiento y superó con creces el nivel de bienestar que en toda la historia había alcanzado la humanidad. Quedaba, entonces, sin piso la lucha de clases y el odio al capital, lo que llevó al socialismo a reinventarse para alcanzar una homogeneidad agrupando una serie de pequeñas identidades bajo un denominador común contra la supuesta “opresión”. El antagonismo de clase, carente de sustentación en una sociedad cada vez más desarrollada fue reemplazado por múltiples antagonismos: El de los LGTBI, el indigenismo, el racismo, el género, el ecologismo, el feminismo, etc. Como lo hemos observado entre nosotros, la extrema izquierda, en especial bajo el régimen actual, pretende exacerbar esos antagonismos sin ningún fundamento. En Colombia no ha existido racismo sino un mestizaje donde no es posible distinguir grupos en plan de antagonismo. El ecologismo carece de importancia si se parte del escaso potencial de contaminación que en el globo terráqueo alcanza nuestro país. Las mujeres tienen en la Ley y en la práctica reconocida su igualdad de derechos frente a los hombres. Las distintas tendencias sexuales son respetadas socialmente, pero ello no puede convertirse en una imposición de privilegios frente al resto de la población. Frente a la excesiva generosidad del Estado que ha convertido a los indígenas en poderosos terratenientes, son los propios movimientos guerrilleros de tendencia comunista quienes los mantienen todavía bajo su yugo.

En este escenario, y con la complicidad de gran parte de la dirigencia política, religiosa y gremial, se produjo el robo al plebiscito que autorizó el claudicante pacto de La Habana. No se consiguió con este monumental fraude la cesación de la violencia y el terror, pero sí se concedieron toda clase de privilegios a la guerrilla que han propiciado la expansión de la violencia y de la criminalidad en el territorio nacional.

Fue la antesala para el Gobierno de transición que pavimentó el acceso al poder del camarada Gustavo Petro, responsable de todo el maremágnum que estamos atravesando y de las oscuras perspectivas que aguardan al país en las próximas décadas.

Nuestra reacción frente a una hecatombe de estas proporciones debe sujetarse a dos grandes propósitos:

Primero.- Derrocar al camarada presidente por los medios establecidos en la Constitución: a) El art. 109 permite la separación del cargo de quien haya violado los topes financieros de la campaña, como se ha demostrado ampliamente en el caso del camarada Petro; y,

b) Los arts. 217 y 218 de la Constitución Política estatuyen que es función primordial de las Fuerzas Militares y de Policía mantener el orden constitucional, permanentemente violado por el camarada Petro y sus secuaces del Gobierno.

Segundo.- Devolver a la sociedad colombiana los principios y valores que forman parte de la nacionalidad y de la cultura mayoritaria de la población, que van en contra de la doctrina comunista, del crecimiento del Estado, de la violación de los derechos de la persona humana y de la aplicación de la verdad, la justicia y la moral en la gestión pública. Para ello debemos crear una nueva fuerza que comparta esos objetivos y esté dispuesta a luchar por el bien común para todos los colombianos.

Y ahora con leyes mamertas

Por José Alvear Sanín*

Desde hace más de cien años se enfrentan dos concepciones políticas: una, procedente de siglos de historia, animada por la filosofía perenne, avalada por el éxito económico y el progreso científico, que podemos llamar liberal y democrática, que se refleja en sociedades donde generalmente imperan las libertades individuales (de religión, pensamiento y empresa), y donde lo prohibido se limita a lo que daña el bien común. La otra, la comunista, contra la tradición de siglos, elimina la libertad individual para imponer totalitariamente lo que las gentes deben creer, cómo deben actuar y trabajar al servicio de un Estado omnipotente y represivo, que jamás ha sido capaz de crear las oportunidades de riqueza y felicidad que promete.

Hasta hace cuatro años, en Colombia, la Constitución y las leyes obedecían a un régimen de libertades y responsabilidades aceptado por la inmensa mayoría de los ciudadanos, pero a partir del golpe de Estado del 2 de octubre de 2016, cuando se desconoció el triunfo del No en las urnas y se procedió a imponer, violando la Constitución, el acuerdo final con las FARC, hemos venido presenciando la lucha por cambiar el derecho y la sociedad en sentido totalitario, y, por tanto, una a una, las instituciones van cayendo en manos de los agentes del ideal marxista-leninista.

A pesar de tener un marco legal democrático, liberal y cristiano, los fallos de la justicia ya obedecen abiertamente a una concepción diametralmente opuesta. La contradicción entre la ley y sus intérpretes judiciales ha dado lugar a un fenómeno inadmisible, el del prevaricato permanente, con la usurpación de todas las funciones públicas por magistrados y jueces monitoreados y programados políticamente.

Ahora bien, si esa situación se presenta bajo leyes democráticas y civilizadas, ¿qué podemos esperar si el Congreso empieza a expedir leyes mamertas para ser interpretadas por jueces asimismo mamertos?

Se pensaba que esa aterradora perspectiva solo podría darse a partir del 2022, si las fuerzas revolucionarias llegasen a obtener mayorías parlamentarias y la Presidencia, dando lugar al inicio en firme de la revolución, pero hay indicios de que ya está en marcha la conversión del derecho colombiano hacia la concepción marxista-leninista.

En efecto, el proyecto de un código civil y comercial unificado, elaborado por profesores izquierdistas y activistas de la U. Nacional, no responde a ninguna urgencia del país. Sus propósitos no son otros que fragilizar el derecho a la propiedad y limitar al máximo la autonomía contractual de los agentes económicos. Nada más y nada menos que una revolución —tan silenciosa y letal como ciertas enfermedades—, para consolidar todos los poderes que los jueces ya han usurpado, y darles, ahora sí, poderosas facultades sobre los bienes de los ciudadanos, de tal manera que se desestimulen el ahorro y el emprendimiento, y dar la señal de partida para la fuga masiva de capitales, preparando el advenimiento de una sociedad improductiva.

Ante este posible código, cuya adopción desquicia totalmente el orden jurídico y acaba con el modelo de la libre empresa, no basta con la protesta de los juristas democráticos y el susto de los empresarios —tardío como siempre—, porque hay indicios de que el pomposo Ministerio de la Justicia y el Derecho lo conoce, pero ni lo prohíja ni lo rechaza. Esto lo que quiere decir es que su posición en el Congreso será, a lo sumo, tibia, frente a una amenaza que va envuelta dentro de la fraseología “progresista”, que fascina a los jefes populistas que dictan órdenes a las bancadas gregarias, apresuradas e ignaras de nuestro legislativo.

Nunca ha sido más urgente un firme rechazo del gobierno frente a este esperpento legislativo, porque a la amenaza confiscatoria que el acuerdo final anuncia para el campo, se suma ahora otra, que se proyectará sobre todas las demás actividades, incluyendo el empobrecimiento y hasta la aniquilación de los patrimonios familiares.

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La transformación “copernicana” del derecho, anunciada por un magistrado en trance de popularidad, parece ser la legalización del prevaricato, convertido en fuente de derecho.

Vigía. Meditaciones de Pascua: el odio como doctrina

Por John Marulanda*

El marxismo-leninismo y su versión tropical castro-chavista es el verdadero opio de los jóvenes latinoamericanos, su peor narcótico. Los enajena profundamente desde temprana edad, inducidos tradicionalmente por agentes ya enviciados que, como jíbaros, reclutan más imbéciles para su usufructo. Simple, unívoco, explicativo de toda complejidad humana con argumentos plausibles, seduce con la rebelión propia de la juventud, contra lo que dificulta o impide realizar sueños, anhelos o deseos. El gran responsable de todo mal humano es el neoliberalismo capitalista que justifica odio y violencia, enseñados, aplicados y aprobados por mente capti (mente cautivos, mentecatos), cabecillas aferrados a la bomba, el fusil y el machete.

Petro es un lamentable ejemplo viviente y actuante de esa añeja, estéril y dañina doctrina. En una reciente entrevista, sigue delirando con lo mismo que acariciaron los asesinos de las FARC durante más de 50 años: una multitud aclamándolos victoriosos. Vagas y falsas ilusiones. Los de las curules regaladas, dan vergüenza a la gran mayoría de los colombianos y los armados siguen secuestrando, asesinando y extorsionando con las mismas banderas sesenteras, pero congregados alrededor del sucio beneficio capitalista del narcotráfico.

Petro ve unas élites que, a menos que se avengan a “una democratización de Colombia, por las buenas”, recurrirán al “accionar de las ametralladoras, que es lo que están haciendo ahora”. Es un hilo de violencia entreverada que aprendió desde muy joven en el monte, tutorado por verdugos farianos, en el vil asesinato de José Raquel Mercado y en la masacre del Palacio de Justicia. “Sociedad que no se mueve, es una sociedad muerta” anuncia doctoral, pero no aclara que sociedad que se mueve en dirección al socialismo del siglo 21, del cual es el connotado vocero y promotor, es sociedad que va al despeñadero.

Preocupa pensar que los jóvenes que asumirán el mando del país, en vez de aplicarse al conocimiento y al desarrollo del sentido crítico, anden detrás de la imbecilidad de un violento que se erige vocero entre “la base misma de la sociedad” y “el rey”, entretanto recibe bolsadas de dinero como cualquier vulgar bandido. La paz, la solidaridad de los pueblos, el internacionalismo y toda esa habladuría, solo sirven para encubrir ambiciones de poder totalitario y delincuencial, que se disfraza de alternativa en alianza atractiva con sectores “progres” empeñados en temas de moda y anti todo lo que signifique institucionalidad. Esas minorías envenenadas pueden acabar con un país. Miren a Venezuela.