Editorial: no hay con quien

Antonio Montoya H., en su editorial semanal de El Pensamiento al Aire, el cual ha titulado "No hay con quien", analiza temas como el cierre de inscripciones a las elecciones regionales de Colombia 2023, los choques del presidente con la Procuraduría, el nuevo escándalo de los robos de crudo a Ecopetrol, sobre los cambios en la TRM y los rumores de un nuevo remezón ministerial y, finalmente, habla del nombramiento que hace el Gobierno de delincuentes como gestores de paz. No dejes de verlo.

Hacia la parapolicía política

Por José Alvear Sanín*

El anuncio de Petro sobre la inminente liberación de los forajidos de la Primera Línea, de manera que puedan celebrar piadosamente y en familia las Navidades, sin duda alguna constituye un golpe de Estado, al que sigue otro con la creación —sin facultades para ello— de una espuria comisión para escoger, entre 170 detenidos, los primeros “gestores de paz”.

La liberación caprichosa de los sindicados de tantos y tan graves delitos viola la división de los poderes públicos, usurpa las facultades de los jueces y también las legislativas. Además, la tal comisión se integra para que, por interpuestas personas, se cometan varios delitos…

No quiero detenerme en estos lamentables actos, rechazados por Fiscalía, Procuraduría y Corte Suprema, porque esos organismos seguramente se quedarán cortos y no serán capaces de denunciar, ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara, a los autores de estas incalificables trapisondas.

Quiero, más bien, referirme a la inmensa repercusión política de esta abusiva determinación de Petro, porque si además se crea un inmenso cuerpo de 100.000 “jóvenes para la paz”, la dictadura totalitaria estará a la vuelta de la esquina.

Petro justifica su propósito dizque con el fin de alejarlos de “organizaciones multicriminales”, y su variopinto minjusticia agrega que ese contingente tendrá como funciones “tareas humanitarias, trabajo para la reconciliación y promoción de la cultura ciudadana”.

¡Petro, a continuación, anuncia que esos “100.000 gestores de paz devengarán de a millón mensual”, generando un gasto anual adicional de más de un billón de pesos! Pero creemos, sin embargo, que se queda corto porque olvida que se acaba de decretar un salario mínimo con alza del 16 %, y que seguramente habrá que vincularlos con prima, vacaciones y seguridad social.

¡Increíble!, pero lo menos grave de este astronómico gasto es el absurdo fiscal, porque lo que hay detrás es la formación de una imparable e implacable policía política. Me estremezco con este anuncio, porque recuerdo una larga lista de cuerpos similares, sin los cuales no pueden funcionar las peores dictaduras: las Camisas Negras de Mussolini; y las Pardas, las Schutzstaffel y la Hitlerjugend; los Guardas Rojos de Mao; los Tonton Macoutes de Duvalier; los Guardas de la Revolución, en Irán; las Brigadas de Reacción Inmediata y los Comités de Defensa de la Revolución, en Cuba; y los Colectivos Bolivarianos en Venezuela.

No olvidemos, siguiendo a Orwell, que el Ministerio de la Paz hace la guerra…, por tanto, bajo el gobierno comunista, los “jóvenes de paz” impondrán la violenta paz petrista al país que él conduce velozmente al abismo…

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Cuando Petro pronuncia la imaginativa expresión de “organismos multicriminales”, ¿no estará pensando en el M-19, las FARC, el ELN, la Oficina de Envigado, las Autodefensas Gaitanistas, el Clan del Golfo… con las cuales se hará la “paz total"?

Vigía: el asunto es de contexto

Por John Marulanda*

“Los gobiernos que ordenan a su policía matar, encarcelar, torturar y detener jóvenes no son gobiernos democráticos y este es el gobierno del cambio”, sentenció el mandatario al anunciar la multitudinaria liberación de los detenidos, enjuiciados y condenados por el vandalismo del 2021.

El contexto en el cual el presidente Petro presentó la muerte de jóvenes en Chile, no tiene nada que ver con el que se vivió en Colombia a finales del año anterior. Allí imperaba una dictadura militar que en nada se relaciona con un gobierno civil y democrático como el de Colombia para finales del anterior calendario. Y esa diferencia de contexto marca una distancia clarísima entre ambas realidades.

La referencia petrista no da lugar para proponer la libertad de los jóvenes revoltosos de la Primera Línea, vinculada con el ELN, para que se conviertan en gestores de paz, especialmente aquellos condenados por delitos como tortura, homicidio, incendio y vandalismo.

A las declaraciones del presidente, los ministros de Gobierno, de Justicia y de Defensa, como buenos cuadrilleros, salieron al quite de un torero comprometido: que no serán todos, que solo quienes no tengan condenas, que únicamente los sanos, etcétera… “Quiero dejar muy en claro que esto no es un proceso ni de amnistía, ni de indulto, ni de perdón judicial. Todos los procesos judiciales de quienes hayan sido judicializados en medio de la protesta continuarán en manos de los jueces hasta su terminación”, puntualizó Alfonso Prada, ministro de Gobierno.

El propio ministro de Defensa, a través de la prensa, corrigió a su presidente: “No van a tener esa calidad (de gestores de paz) personas que hayan cometido hechos graves o que, por lo menos, estén imputados por hechos graves”, detalló el funcionario.

Por su parte, el magistrado Hugo Alexánder Ríos, presidente del Tribunal Superior de Bogotá aclaró: “Todas las decisiones de los jueces se han tomado sobre la base de un ordenamiento jurídico, son decisiones legítimas. Quienes han sido privados de la libertad, están allí por una orden de autoridad competente emitida de conformidad con los procedimientos establecidos en la Constitución y la ley, luego no hay ninguna detención ilegal”, dijo el jurisconsulto.

A escasos 100 días de su mandato, el gobierno Petro ha certificado 35 líderes asesinados, 29 masacres y una condenada, alias Violeta, como negociadora ante el ELN en Caracas, no sabemos aún si ganando 800 mil pesos mensuales por su explosivo aporte.

En medio de esta confusión, el desconcierto crece mientras el orden público se escapa entre las manos del Gobierno de un extremista de la izquierda que por primera vez llega a la presidencia en Colombia: seis soldados del batallón Pichincha asesinados, siete heridos y otros tantos desaparecidos en la vereda Muchiques, municipio de Buenos Aires, Cauca, por cuenta de la cuadrilla Jaime Martínez de las FARC y dos policías asesinados en Bogotá, en las recientes horas.

Con la inflación anual más alta en lo que va corrido del siglo, 12.53 %, un equipo ministerial radical y primario, el mandatario ha declarado a una cadena radial que “me he empezado a sentir débil” por cuenta de una tos que no lo abandona, aunque algunos maliciosos hablan de rumba y whisky, y advierten de videos comprometedores en manos de un alto exfuncionario del Estado.

El escenario, pues, no pinta nada fácil para los colombianos que guiados por un fanático anclado en su pasado revolucionario llegó a la presidencia tras el desencanto de unos electores que buscaban otro tipo de “cambio” que no sea la continuación de 60 años de violencia interna y de ser señalados como los primeros productores de cocaína del mundo, factores que en nada ayudan al buen nombre de la colombianidad. Los vínculos con Maduro, Lula, Boric y por supuesto con AMLO, dejan una amplia inquietud sobre el giro del continente hacia la izquierda radical y maluca de esta parte del mundo. Las estadísticas nos previenen: la opinión pública prefiere un gobierno fuerte, bien de derecha (Bukele) o de izquierda (¿Petro?) que la malfuncionante democracia actual. ¿Hacia allá nos encaminamos?