La ignorancia es atrevida

Luis Alfonso García Carmona

Me sorprendió (no muy gratamente) la reciente entrevista que concedió el excanciller Álvaro Leyva a la prestigiosa revista Semana por la falta de precisión en algunos puntos, compartida por el entrevistado y su entrevistador, el periodista Yezid Lancheros, director de Semana.

Cuestionó el periodista al doctor Leyva sobre unos audios en los que supuestamente aparecía fraguando un golpe de estado contra el presidente Petro.

Y. Lancheros: “El presidente Gustavo Petro fue elegido democráticamente en las urnas y su mandato va hasta el 7 de agosto de 2026, salvo que él decida renunciar de manera voluntaria, lo otro es ilegal.”

A. Leyva: “Claro que sí (…) No necesariamente, porque se puede enfermar, se puede morir (…) hay normas constitucionales.”

Y. Lancheros: “¿Pero qué norma constitucional permite que el presidente de Colombia en ejercicio termine su mandato antes de tiempo?”

A. Leyva: “Por eso le digo (…) si quiere más adelante le explico.”

Para que dejemos las cosas bien claras, no es cierto que el mandato de Petro va hasta el 7 de agosto de 2026 a menos que él decida renunciar, como lo asegura Lancheros. Si uno funge como orientador desde uno de los órganos de opinión más prestigiosos debe conocer, al menos de pasada, lo que al respecto establece la Constitución:

Art. 109 de la Constitución. “Para las elecciones que se celebren a partir de la vigencia del presente acto legislativo, la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo.”

Al respecto, se tramita una denuncia formulada ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por violación de los topes financieros en la campaña presidencial de Petro. Una vez que se formulen los cargos con base en el acervo probatorio, el juicio pasará al Senado, y el incriminado (o sea, el presidente en ejercicio) deberá ser separado del cargo, como lo ordena el artículo 175 ibidem, que reza:

“En los juicios que se sigan ante el Senado, se observarán estas reglas: 1. El acusado queda de hecho suspenso de su empleo, siempre que una acusación sea públicamente admitida.”

Esto es, que, aparte de la renuncia, el presidente puede terminar su mandato en virtud de un fallo condenatorio por violación de los topes de la campaña.

Por su parte el doctor Leyva da la impresión de desconocer estas elementales normas, pues en ningún momento se refirió a ellas. Sólo señaló eventos como el de la enfermedad o la muerte como posibles causas de terminación del mandato, además de la renuncia al cargo.

En su lugar, trató de explicar, sin lograrlo, una imaginaria tesis sin ningún fundamento en la normatividad constitucional colombiana, a la que llama “neoconstitucionalismo dialógico”, consistente en que “las fuerzas vivas” de la nación se reúnen con el presidente para dialogar y proponerle que, en aras de una solución a la crisis que atraviesa el país, se retire del cargo. Eso ni tiene asidero en nuestra Carta, ni parece realizable, dada la conocida estrategia del mandatario, obsesionado con perpetuarse en el poder.

Con toda consideración lo decimos, no es explicable que quien ha ocupado tan elevados cargos oficiales y ha dedicado toda su vida a la actividad política no tenga presente en esta angustiosa coyuntura que atraviesa nuestra patria, una solución democrática, constitucional y pacífica como la que establece el art.109 arriba citado.

Si, como consecuencia del monumental soborno que viene ejerciendo el Gobierno sobre los otros órganos del poder o del amedrentamiento que surge de la furiosa estigmatización que en forma permanente lanza quien ejerce la presidencia en contra de sus opositores, llegare a fracasar este intento democrático, queda aún otra alternativa, los arts. 216 y 217 de la Constitución que ordenan a la fuerza pública actuar, en cumplimiento de su función básica o primordial, para restablecer el orden constitucional violentado en forma asidua por este Gobierno que tiene, entre sus objetivos inmediatos desconocer la misma Constitución para aferrarse al poder por cualquier medio (asamblea constituyente convocada ilegalmente, por ejemplo). Para restablecerlo, es obvio que no es posible hacerlo bajo el mandato de quien lo quiere quebrantar. ¡El que lo entendió, lo entendió!

Ya está aquí la anunciada catástrofe

Luis Alfonso García Carmona

Pasando por encima del ingenuo optimismo de algunos compatriotas, hemos llegado, como serviles borregos, al desastre anunciado.

Quedaron valiendo un maravedí las famosas instituciones que serían nuestro escudo de protección frente a la llegada de la barbarie revolucionaria de la izquierda radical. Desaparecieron desde hace rato los partidos políticos, tanto los tradicionales como aquellos que llaman “empresas electoreras de garaje”: su humillante entrega ante los sobornos del régimen les ha pasado factura y perdieron toda credibilidad. Prueba al canto: en las pasadas elecciones regionales nada pintaron, pues la mayoría de los aspirantes de los partidos “democráticos” fueron elegidos por firmas, no por sus partidos de origen. Sorprende que todavía algunos inocentes compatriotas estén pensando en que para las elecciones del 2026 (si las hay), Petro será derrotado por la unión de esos cabecillas desprestigiados y carentes de caudal electoral.

Llevamos dos años sin recibir una sola noticia alentadora para la seguridad o el bienestar de los colombianos o para la solución de los graves conflictos económicos, de criminalidad y de convivencia que azotan a nuestra dañada sociedad.

En cambio de esto, nos fatiga a diario el régimen con toda clase mentiras, falacias, engaños y estúpidas excusas, que han conseguido embotar nuestra voluntad y distraer nuestra capacidad de entendimiento hacia los embustes hábilmente maquinados por la tiranía petrista. El desastre anunciado nos llegó con el anuncio de que a partir del pasado 20 de mayo, se iniciarían las negociaciones entre el régimen petrista y el ELN (otro “yo con yo”, como el tristemente famoso pacto de La Habana entre Santos y las FARC).

Este sí es el mayor “engaña bobos”, salido de la febril imaginación del sátrapa. No se trata de una reforma constitucional acordada por las mayorías políticas para solucionar los graves conflictos que afectan a la Nación, que se tramitará de conformidad con los requisitos que la propia Constitución contempla. Por el contrario, lo que Petro y su pandilla pretenden es sustituir de manera irregular, maquiavélica y a espaldas del pueblo, la Constitución vigente por un sesgado conjunto de normas que convertirán a Colombia en otro esclavo del comunismo internacional y solo acarrearán caos, esclavitud y miseria.

Y, ¿cuál es la estrategia del guerrillero presidente para imponernos tan humillante coyunda? Hábilmente ha maquinado dos planes: a) Convocar un proceso constituyente violatorio de todas las normas constitucionales que rigen la materia porque, según él, no importa la forma sino el contenido, y él irá hasta donde “el pueblo” quiera. Intenta hacernos creer que “el pueblo” son sus aliados del ELN, la Primera Línea, los narcotraficantes y corruptos que apoyaron su campaña, y los radicales izquierdistas enemigos del orden, de la empresa privada y del desarrollo del país; y, b) Incluir en el ponzoñoso acuerdo con el ELN un nuevo sistema político, económico, judicial, militar y social acordado ya en 78 reuniones del Comité de Participación Nacional, conformado en un 80 % por grupos de extrema izquierda, muchos de ellos sin personería jurídica, cuyas decisiones tienen “fuerza vinculante” en el acuerdo del yo con yo, según lo dicta el decreto que creó semejante esperpento antidemocrático.

Para nada se incluyen la disminución de la explotación de la cocaína y demás estupefacientes, ni la protección de la vida de los colombianos amenazada por la proliferación del crimen y por el aumento de la acción de guerrillas, de los grupos irregulares armados y carteles de la droga que dominan gran parte del territorio nacional. Tampoco se digna hacer mención del reclutamiento de menores para actividades terroristas, o de los delitos de secuestro y extorsión que son parte de la rutinaria actividad del ELN. Ni se hace alusión al millonario y sucio negocio de la minería ilegal que está acabando con el medio ambiente bajo la protección del régimen.

Resumiendo: se busca destruir todo lo que alguna vez ha funcionado para construir sobre sus ruinas, un régimen de corte comunista, pero sin afectar los intereses ilícitos de los firmantes del asqueroso acuerdo.

El proceso de implementación que empezó la presente semana está previsto que culminará en mayo de 2025 ¿Quién podrá impedirlo antes de esa fecha?

Revisando la normatividad vigente nos topamos con un mandato constitucional cuya meridiana claridad no admite interpretación en contrario y proporciona a los colombianos la única esperanza viable de impedir que la anunciada catástrofe nos lleve a la ruina antes de doce meses: El artículo 217 de la Constitución que reza:

“La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional.”

Epílogo

1. No se requiere de un exhaustivo análisis para concluir que la pretensión de sustituir la Constitución Nacional por cualquiera de las dos modalidades que viene promoviendo el régimen representa la mayor y más nociva alteración del orden constitucional que se pueda presentar en nuestro país.

2. Es evidente que hace parte de la esencia de las Fuerzas Militares el mantenimiento del orden constitucional, pues es un elemento indisolublemente ligado a su misión natural, a la razón de su existencia.

3. Obviamente, esa obligación debe cumplirse mientras sea posible, pues la perversidad de quienes se proponen implantar la revolución por la vía de la ilegitimidad podría eliminar la citada norma antes de que sea utilizada para la salvación de Colombia,

4. No faltará la reacción violenta o desmedida de quienes tienen como única mira la descomposición de nuestra sociedad y la destrucción de nuestros valores, calificando la restauración del orden constitucional, como un “golpe de Estado”. Nada más añejado de la realidad pues, justamente, lo que la norma procura es todo lo contrario: que prevalezca el respeto por el Estado de Derecho y el mantenimiento del orden constitucional, por encima de su eliminación a manos de quienes pretenden utilizar el poder en beneficio de sus protervos fines.

5. Es claro que, para el cumplimiento de tan delicada misión, tendrán las Fuerzas Militares en cuenta la proporcionalidad de sus acciones con respecto a las consecuencias de la alteración del orden constitucional, causar el menor daño posible a la población, y garantizar en un plazo prudencial la convocatoria de elecciones transparentes, una vez neutralizados los factores y personajes involucrados en la corrupción electoral. Nada menos esperamos los colombianos de nuestros patrióticos soldados.

¿Será verdad que "Perro que ladra no muerde"?

Por José Alvear Sanín

En vano cuidarás una serpiente lo mejor posible; en cuanto se enfade recibirás la recompensa.

Proverbio árabe

Continuamente Petro exalta la revolución y, al mismo tiempo, la paz, como si ambas pudieran coexistir. Después del sangriento caos revolucionario, se consolida el poder de quien domine con el fusil, y luego se impone una “paz”, consistente en la obediencia forzosa y la eliminación de las libertades individuales.

Así ha sido siempre, y en Hispanoamérica no va a darse la excepción, como nos lo recuerdan Allende, Chávez, Maduro y Ortega, y como lo iba a intentar el analfabeta de Castillo, con su autogolpe de Estado, y el pobre diablo de Boric con su constituyente. Este último par fracasó porque en Perú y en Chile los ejércitos no fueron emasculados.

Más hábil, y por tanto más peligroso, es Petro, quien después de demoler las Fuerzas Armadas viene preparando su autogolpe minuciosamente, con la milicianización del país a través de las guardias indígenas, cimarronas y campesinas, y con la próxima incorporación de un “colectivo” chavista de 100.000 “jóvenes de paz”. El país no presta atención a estos preparativos, distraído por la glosolalia cotidiana, cantinflesca, incontenible, gárrula, mendaz, vulgar, procaz, fronteriza con la esquizofrenia, que hace a tantos pensar que el personaje es más de lamentar que de temer.

Al lado de la inagotable catarata de grotescos trinos aparecen también las declaraciones más siniestras, a las que el país no presta la atención debida. Muchos piensan que Petro representa solo aquello de que “perro que ladra no muerde”, de tal manera que no vale la pena preocuparse por sus chifladuras.

Pero algunos pensamos que, detrás de su insoportable cháchara y de la cantidad de sandeces que expele de manera deliberada, se esconde el propósito de que el país lo oiga “como quien oye llover”, mientras él maquina en las sombras, con los mecanismos comunistas virtuales y fácticos. Por eso hay tanta gente que sigue creyendo que la Constitución sigue vigente y que es el infalible muro de contención.

Especialmente preocupante es el anuncio de que los gobiernos municipales deberán ser dirigidos por asambleas populares, es decir, por soviets (consejos). No hay necesidad de preguntarle a Petro cómo van a integrarse sus soviets o cómo van a proceder, porque su objetivo es estimular el caos previo y necesario para el golpe que se dará, so pretexto de acuerdo con el ELN, para el establecimiento de la “democracia popular” en Colombia.

Pasada una semana, hubo apenas dos o tres comentarios superficiales sobre esos exabruptos, y luego nadie volvió a hablar de ellos, pero Petro no dejará de implementarlos, porque están dentro de la fórmula dogmática e inalterable del manual leninista.

Se dirá que la Constitución no permite la creación de esas asambleas y que, por tanto, no debemos preocuparnos por otra de las afirmaciones irresponsables a las que nos tiene acostumbrados.

Respondo que de lo que se trata es de la organización del Estado hacia la cual vamos de manera inevitable, si Petro consolida su toma de los demás poderes, empezando por la inexorable de la Fiscalía, en muy pocos meses, cuando termine el periodo de su actual titular, y por la consolidación del Pacto Histórico en las grandes ciudades y departamentos, si no hay unión de las fuerzas democráticas en torno a candidatos únicos y viables.

Entre 1925 y 1933, pocos en Alemania “pararon bolas” a los despropósitos de un cabo psicópata, y, sin embargo...

Aquí nos puede pasar lo mismo, si, a pesar de estar advertidos sobre las intenciones de Petro y la ideología de su movimiento, continuamos desconociendo el inminente peligro, ilusionados con su salida en 2026. Con voto y cómputo electrónicos, bajo autoridades electorales comprometidas con el régimen, esa es una apuesta poco sólida, desafortunadamente acorde con el clima nacional de despreocupación frente a los hechos más ominosos del actual gobierno.

Pero, después de las marchas, lo que se nota es un Petro atrincherado en la nueva legislación electoral y dispuesto a burlarse de los manifestantes...

Colombia es demasiado rica para que nuestros enemigos la suelten. Pero si la judicatura, los legisladores, los medios y los partidos reaccionasen al borde del abismo, estimulados por el verdadero sentimiento nacional expresado en las multitudinarias marchas, el país, hasta ahora resignado al escándalo y al pillaje, podría encontrar el líder indispensable para su recuperación...