Los niños y el solipsismo de Petro

Por José Alvear Sanín

La terrible historia de los niños perdidos en la más densa selva conmovió al mundo entero, y por eso toda la humanidad respiró feliz algunos minutos cuando Petro declaró que los pequeños habían aparecido.

La ligereza con la que saltó a anunciar el dichoso hallazgo, y la subsiguiente reacción de indignación ante su irresponsable precipitación, sacudieron al mundo, mientras en Colombia nadie se inmutó, porque conocemos su locuacidad irrefrenable y su desconexión de la realidad: el que mucho habla, mucho yerra…

En efecto, su glosolalia — lenguaje conformado por neologismos y sintaxis deformada—, con la que trata todos los temas divinos y humanos, económicos y técnicos, viene aumentando de manera exponencial a partir del 7 de agosto. Ha encontrado en el Twitter un medio electrónico, tan veloz como su pensamiento irreflexivo, inconsistente y de expresión compulsiva, que fulmina desde cualquier parte del mundo porque su frenesí ambulatorio es igualmente irreprimible.

El Colombiano contabilizó entre marzo 10 y abril 9, 272 trinos y 361 retweets de Petro, quien maneja directamente ese mecanismo, mientras las nutridas oficinas de comunicación de la casa de Nariño operan otros medios virtuales con más profesionalismo y mejor gramática, lo que no implica mayor veracidad. Por su lado Caracol Radio, el pasado 19 de mayo informa que han habido días de hasta 30 trinos de Petro y “panelistas consideran que busca protagonizar y dominar la agenda pública con ese tipo de comunicación desinstitucionalizada”.

No acompaño a quienes vienen considerando lo anterior como desequilibrio, porque más bien veo solipsismo en Petro. Este consiste en una forma radical de subjetivismo, según la cual solo puede ser conocido el propio yo. Aparece en numerosas corrientes orientales, especialmente en la India, que ven la existencia solo como un sueño del sujeto, condición que se manifiesta también entre reputados, abstrusos e incomprensibles filósofos alemanes. Por esas razones, no podemos juzgar desfavorablemente a Petro Urrego, por dar él también rienda suelta al solipsismo.

Cuando uno sopesa el inmenso acervo de pensamientos originales, extravagantes, contraevidentes, agresivos, excéntricos o lunáticos del personaje, es evidente que además tiene la pasión adánica de crear el mundo que no pudo modelar antes, porque si el representante Petro no fraguó los servicios de salud, ahora los cambiará contra todos, sin ser médico ni salubrista… Si el alcalde Petro no pudo hacer un metro subterráneo –porque el subsuelo de arcillas plásticas y el costo astronómico no lo permitían–, ahora se harán, aunque él no es ingeniero… Y si el senador Petro no organizó el sistema pensional, ahora ex nihilo se cambiará, aunque él no es actuario…

Y así sucesivamente, a golpes de inspiración y aspiración, una a una, todas las instituciones, empresas y estructuras del país se recrearán sole ipso, bajo los dictados de una mente única, iluminada y omnisciente, guiada por los principios imperecederos de la lucha de clases, hasta que desaparezcan los “blanquitos ricos” y de malas, mientras al conjuro de sus trinos se revitaliza la Amazonia, rebaja el costo de la vida, disminuye el paro y se salva de la extinción la especie.

De cara al porvenir: manejo simbólico del Derecho

Por Pedro Juan González Carvajal*

El rimbombante título de esta columna, quiere decir, en términos parroquiales, que a ratos se toman medidas legales con el único fin de dejar constancia, pues aun cuando dicen los letrados, el espíritu de la ley es buena, su implementación no es posible o no se dan los suficientes dientes a los aparatos encargados de hacerla cumplir, reforzando aquel viejo dicho que sostiene que “en Colombia se respeta la ley, pero no se cumple”.

Recientemente ha sucedido, a partir de la buena intención de las altas instancias judiciales, que se ha declarado al Río Cauca como sujeto de derechos, asunto de la máxima importancia, como lo fue en su momento el declarar al Río Atrato también como sujeto de derechos, pero ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Eso cómo se come? ¿Quién defiende a los ríos?

Recientemente la Corte Suprema de Justicia ordenó “contener la deforestación en la Amazonía”, como si el asunto fuera solamente de pronunciamientos. ¿Si tiene el Estado la capacidad de cumplir y hacer cumplir semejante orden? Pareciera que este tipo de decisiones situaran a los tribunales en un mundo ubicado en la estratosfera, mientras en lo local, ¿quién ronda a los infractores?

Bien desprestigiado que anda el poder judicial para que ahora sea objeto de burla por la trascendencia, pero la gran ingenuidad de algunas de sus decisiones, como en los ejemplos anteriormente enunciados.

Pasando a otro tema, advierte la Organización Mundial de la Salud acerca del resurgimiento del Ébola y anuncia medidas preventivas y restrictivas para tratar de evitar que se convierta en epidemia y genere una gran catástrofe.

La variedad y tipología de los riesgos que amenazan hoy en día al planeta y a la humanidad, hacen que cada vez se imponga más la sentencia de que “no hay nada más riesgoso que estar vivo”.

Impacto de meteoros, erupciones volcánicas, tsunamis, accidentes o detonaciones nucleares conscientes, aire enrarecido, agua contaminada, alimentos saturados de químicos, inestabilidades sociales, políticas y económicas, guerras, pandemias, entre algunos, son apenas un muestreo del peligro latente que nos acecha.

Mientras tanto, la humanidad continúa en su carnaval. Nada pasa mientras todo se está deteriorando. Cuesta encontrar una noticia o una acción humana positiva. La idea de no volver a ver noticieros no cambia en nada el panorama. Nuestro entorno local y planetario se enrarece, nos toca y nos afecta, aun cuando tratemos de semejar a los avestruces y enterremos la cabeza para no ver la realidad y poder entonces imaginarnos que el orden de cosas es manejable.

Crímenes siniestros, feminicidios, abuso de niños, corrupción rampante, falta de gobernabilidad y ausencia de verdaderos líderes por todos lados, migraciones forzadas, desempleo creciendo de forma galopante, crisis de institucionalidad, personalismos estúpidos y dañinos, son la realidad del día a día.

Medios de comunicación insertados entre la espada y la pared, en medio de conflictos éticos complicados. Cortoplacismo ciego, inmediatez temeraria, agotamiento de recursos y de plazos temporales para corregir el rumbo… y no pasa nada.

En Puerto Rico el gobernador Roselló cae porque a la gente se le llenó la taza y sale a la calle y protesta, y hace presión política de manera democrática. En Colombia, la indolencia nos mantiene adormecidos, a pesar de las irregularidades en que caen algunos altos funcionarios, pero tranquilos, que aquí no pasa nada.

Por ahora, y por lo que pueda suceder, mantengámonos confesados.

¡Riquísimas... pidiendo limosna!

Por José Alvear Sanín*

Uno de los espectáculos más tristes y frecuentes en Colombia es el de las mujeres indígenas, descalzas y desabrigadas, pidiendo limosna, con sus niños, en multitud de esquinas. Esa infamia aqueja a personas que pertenecen a reducidas tribus, dotadas de abundantísima financiación por parte del Tesoro Nacional, pero sometidas a la dictadura rapaz de caciques inamovibles y en general vitalicios.

La más reciente e inaceptable minga tiene como único resultado positivo el de despertar al país frente al problema antinacional y subversivo del absurdo indigenismo que se ha montado, sobre todo a partir de la Constitución de 1991.

En esa Carta, los numerosos y perjudiciales Artículos sobre esa materia condenan a los indígenas a la perpetua sumisión a unas autoridades de dudosa elección y casi de imposible cambio; y a una educación que, so pretexto de “identidad cultural” (Artículo 68), los mantendrá en el atraso secular. Los “Consejos indígenas”, conformados y reglamentados según “usos y costumbres” no escritas, no codificadas, esotéricas y jamás homologadas con la Carta, ejercen poder omnímodo sobre las comunidades.

En ellas no rigen los derechos universales ni las libertades individuales de religión y pensamiento, la igualdad ante la ley, la doble instancia, la ley preexistente, la definición de delitos y penas, etcétera.

Así, la Constitución del 91 excluye del derecho y la democracia a centenares de miles de personas que, en realidad, no son colombianos. La Carta, en vez de promoverlos hacia el progreso social, los condena a la esclavitud tribal.

También, como si lo anterior no fuera aberrante, el Artículo 246 atribuye a esos “consejos” funciones jurisdiccionales de “conformidad con sus propias normas y procedimientos”. Esta monstruosidad se mitiga diciendo que tales facultades no pueden ir contra la Constitución…, pero como esta las reconoce, y por otro lado nadie ha leído lo que establecen esos arcanos, esa garantía es pura palabrería.

Además de condenarlos al atraso social, el Artículo 329 dice que la propiedad en los “resguardos es colectiva y no enajenable”, lo que hace imposible el desarrollo económico.

Luego viene la mayor falacia, la de hacer creer al país que esas comunidades, sumidas en el mayor atraso tecnológico, son incomparables guardianes del medio ambiente. La realidad es que, en el pasado, una pequeña tribu desnuda en medio de la selva, pescando y comiendo algunos tubérculos, no podía causar daño ambiental, pero otra cosa es entregar a algunos centenares de individuos el imposible control policial de territorios inmensos, cuando los depredadores disponen de fuerzas paramilitares, de guerrillas, motosierras, tecnología, de amplias redes de corrupción y de mercados externos. Esa ingenuidad ha producido consecuencias trágicas para el medio ambiente en Colombia y en los demás países de la Amazonia.

El número de indígenas se acerca al millón y medio (3.5% de la población colombiana). Cerca de un millón viven en 737 resguardos, situados en 234 municipios, mientras en la Amazonia habitan 78.357 en 156 tribus.

Pero la delimitación de resguardos se ha hecho con la mayor irresponsabilidad. Durante los gobiernos de Belisario Betancur y Virgilio Barco, de los 41 millones de hectáreas de la Amazonia, se titularon resguardos por 25´614.261 hectáreas para esas 156 etnias.

En ese territorio, igual en tamaño a Gran Bretaña, vienen sucediendo todas las desgracias ecológicas, como cultivos ilícitos, minería ilegal de oro y coltán, tala indiscriminada de bosques y extinción de fauna. La ausencia del Estado no se corrige con la cómoda presunción de que los indígenas cuidan su tierra con eficacia y extraordinario celo religioso.

Y como si lo anterior fuera poco, entre 1966 y 2006 se ampliaron en el resto del país otros 650 resguardos, elevando su área total en Colombia a 31’207.938 hectáreas, superficie similar a la de la República Federal de Alemania.

Ahora bien, los resguardos indígenas, convertidos en autoridades territoriales, reciben enormes participaciones del Tesoro Nacional, que sus consejos y cabildos gastan sin verdadero control fiscal, mientras organismos como el famoso CRIC disponen también de recursos inmensos de origen público, que se evaporan igualmente mientras se perpetúa la miseria de las poblaciones explotadas por los caciques.

La miopía política de pensar que se preserva el patrimonio ecológico entregándoles el territorio a los líderes indígenas, se ha traducido en el deterioro de unas 600.000 hectáreas de la selva amazónica, cifra establecida por observación satelital. No olvidemos que los cultivos emigran, y que, por tal razón, para cada nueva siembra de coca se “limpia” una nueva área.

La liberación y la dignificación de los indígenas debe inscribirse en el ideario político de los partidos democráticos; y la delimitación de resguardos exige su reducción hasta áreas razonables. Los caciques no pueden seguir siendo los dueños de facto de la tercera parte del territorio nacional.

Nuestros pueblos ancestrales tienen el derecho de convertirse en ciudadanos colombianos, en vez de seguir eternamente esclavizados por “autoridades” arbitrarias y retrógradas, abiertamente enemigas de Colombia y generalmente confabuladas con la subversión, como lo acaba de demostrar nuevamente la minga de marzo, verdadera asonada.

A partir del excelente artículo de Rafael Nieto Loaiza, “Los indígenas pretenden gobernarnos”, del 24 de marzo pasado, una apreciable cantidad de denuncias públicas, por fin se atreven a atacar el mito indigenista, que tanto daño hace a los aborígenes como a los demás colombianos. No solamente la superficie real del país se ha reducido en más de 300.000 Km², por obra y gracia de las peores sociologías y antropologías, sino que varios billones de pesos han pasado por las manos de los caciques sin mejorar para nada la suerte de sus comunidades.

A esas sedicentes autoridades hay que auditarlas: ni un peso más para ellas. La inversión en esos territorios tiene que ejecutarse por el gobierno nacional directamente, y los defraudadores y los violentos deben ser judicializados ante los jueces y no ante “las comunidades”, mediante procedimientos “ancestrales”.

Nota: Este artículo se basa en una conferencia del autor, dictada el 12 de mayo de 2016 en la Universidad Central de Bogotá.