Pueblos indígenas utilizados

Por José Alvear Sanín*

Aunque ya hemos comentado en otra ocasión, ahora es más necesario que nunca insistir en este tema.

Uno de los espectáculos más tristes, frecuentes e imperdonables en Colombia es el de las mujeres indígenas, acompañadas de sus desabrigados niños, sucias, descalzas y pidiendo limosna, cuando en realidad forman parte de grupos inmensamente ricos.

En los resguardos indígenas vive cerca de un millón de personas, a las que teóricamente, se les ha entregado la propiedad colectiva y no enajenable de inmensos territorios, nada menos que 250.000 km², equivalentes a la superficie de Gran Bretaña, pero que en realidad son propiedad de caciques y chamanes, receptores de abundantes transferencias que nadie sabe dónde van a parar.

En esos territorios no existe libertad individual ni de creencias, ni posibilidades de auténtico desarrollo humano.

Una pequeña tribu aislada, dueña de un territorio inmenso, desconocido además para ellos, porque su vida apenas transcurre en torno a un caserío primitivo, no puede ejercer control alguno sobre esa extensión, que frecuentemente es invadida por cultivos ilegales o por mineros del oro o el coltán, igualmente protegidos por grupos armados fuera de la ley.

Entregar la cuarta parte del país a una ínfima población, por desgracia sometida, además, a un puñado de políticos tribales autodesignados que ejercen poder omnímodo sobre las comunidades, es la más grave equivocación de cara al futuro del país, y anula —a mi juicio— toda posibilidad de desarrollo humano para los habitantes de esos resguardos, que para liberarse de la opresión tribal, están emigrando a los cinturones de miseria de los municipios amazónicos.

Los resguardos indígenas, desde luego, carecen de toda posibilidad de proteger la selva eficazmente, y el gobierno nacional tolera las fuerzas que están degradando la Amazonía con la tala, los cultivos ilícitos y la minería ilegal.

Durante cerca de un siglo se hizo un enorme esfuerzo por integrarlos política, religiosa y culturalmente a la nación para luego entregarlos a la esclavitud bajo jefaturas implacables, rapaces y retrógradas. Si nuestra mejor realización nuestra ha sido la formación de una nación triétnica, del racismo y el odio contra la civilización occidental (la que los hacía ciudadanos libres, y les suministró la higiene y los medicamentos que les alargaron la vida) no pueden sino surgir desgracias para esos pueblos, convertidos ahora en dóciles instrumentos para el desorden, porque mamos, chamanes y caciques han pasado a militar en las peores fuerzas.

Después de 30 años de tolerancia con la falsa acción indigenista, será muy difícil recuperar para Colombia los territorios que le han sido amputados, porque, además, a esos movimientos se les atribuyen inmensas virtudes para erigirlos en maestros ejemplares y redentores de los males del mundo.

El derribo de la estatua de Belalcázar es apenas el primer episodio de una nueva serie en la lucha por la disgregación del país, inspirada en el ejemplo de grupúsculos nórdicos anarquistas, que quieren borrar todo vestigio de cristianismo y civilización occidental.

Los cultivos de coca han pasado a ser protegidos por los caciques, que impiden la acción militar y policial colombiana, especialmente en Cauca y Nariño.

Por otro lado, la imagen de la mujer con la tea, frente a la catedral de Popayán, pregonando que la iglesia que mejor ilumina es la que más arde, repite la atroz consigna revolucionaria al final de la República Española y anuncia la violencia inaudita que en todos los órdenes nos espera, si no se recuperan la ley y el orden.

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No entiendo cómo Belalcázar, casi 50 años después de su muerte pudo matar negros africanos que empezaron a llegar a partir de 1598.

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Actualmente, cualquier manifestación de catolicismo por parte de un funcionario público motiva grotescas acciones judiciales, so pretexto de “laicismo”, pero la concurrencia y promoción de ritos extraños, mágicos, esotéricos y dizque ancestrales, es saludada como señal de apertura, tolerancia y progresismo. 

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Como editor he tenido el privilegio de producir un excelente, original, agudo y oportuno libro, “Relatos de pandemia, desarraigos e identidades”, de Alfonso Monsalve, que recomiendo vivamente.

¡Riquísimas... pidiendo limosna!

Por José Alvear Sanín*

Uno de los espectáculos más tristes y frecuentes en Colombia es el de las mujeres indígenas, descalzas y desabrigadas, pidiendo limosna, con sus niños, en multitud de esquinas. Esa infamia aqueja a personas que pertenecen a reducidas tribus, dotadas de abundantísima financiación por parte del Tesoro Nacional, pero sometidas a la dictadura rapaz de caciques inamovibles y en general vitalicios.

La más reciente e inaceptable minga tiene como único resultado positivo el de despertar al país frente al problema antinacional y subversivo del absurdo indigenismo que se ha montado, sobre todo a partir de la Constitución de 1991.

En esa Carta, los numerosos y perjudiciales Artículos sobre esa materia condenan a los indígenas a la perpetua sumisión a unas autoridades de dudosa elección y casi de imposible cambio; y a una educación que, so pretexto de “identidad cultural” (Artículo 68), los mantendrá en el atraso secular. Los “Consejos indígenas”, conformados y reglamentados según “usos y costumbres” no escritas, no codificadas, esotéricas y jamás homologadas con la Carta, ejercen poder omnímodo sobre las comunidades.

En ellas no rigen los derechos universales ni las libertades individuales de religión y pensamiento, la igualdad ante la ley, la doble instancia, la ley preexistente, la definición de delitos y penas, etcétera.

Así, la Constitución del 91 excluye del derecho y la democracia a centenares de miles de personas que, en realidad, no son colombianos. La Carta, en vez de promoverlos hacia el progreso social, los condena a la esclavitud tribal.

También, como si lo anterior no fuera aberrante, el Artículo 246 atribuye a esos “consejos” funciones jurisdiccionales de “conformidad con sus propias normas y procedimientos”. Esta monstruosidad se mitiga diciendo que tales facultades no pueden ir contra la Constitución…, pero como esta las reconoce, y por otro lado nadie ha leído lo que establecen esos arcanos, esa garantía es pura palabrería.

Además de condenarlos al atraso social, el Artículo 329 dice que la propiedad en los “resguardos es colectiva y no enajenable”, lo que hace imposible el desarrollo económico.

Luego viene la mayor falacia, la de hacer creer al país que esas comunidades, sumidas en el mayor atraso tecnológico, son incomparables guardianes del medio ambiente. La realidad es que, en el pasado, una pequeña tribu desnuda en medio de la selva, pescando y comiendo algunos tubérculos, no podía causar daño ambiental, pero otra cosa es entregar a algunos centenares de individuos el imposible control policial de territorios inmensos, cuando los depredadores disponen de fuerzas paramilitares, de guerrillas, motosierras, tecnología, de amplias redes de corrupción y de mercados externos. Esa ingenuidad ha producido consecuencias trágicas para el medio ambiente en Colombia y en los demás países de la Amazonia.

El número de indígenas se acerca al millón y medio (3.5% de la población colombiana). Cerca de un millón viven en 737 resguardos, situados en 234 municipios, mientras en la Amazonia habitan 78.357 en 156 tribus.

Pero la delimitación de resguardos se ha hecho con la mayor irresponsabilidad. Durante los gobiernos de Belisario Betancur y Virgilio Barco, de los 41 millones de hectáreas de la Amazonia, se titularon resguardos por 25´614.261 hectáreas para esas 156 etnias.

En ese territorio, igual en tamaño a Gran Bretaña, vienen sucediendo todas las desgracias ecológicas, como cultivos ilícitos, minería ilegal de oro y coltán, tala indiscriminada de bosques y extinción de fauna. La ausencia del Estado no se corrige con la cómoda presunción de que los indígenas cuidan su tierra con eficacia y extraordinario celo religioso.

Y como si lo anterior fuera poco, entre 1966 y 2006 se ampliaron en el resto del país otros 650 resguardos, elevando su área total en Colombia a 31’207.938 hectáreas, superficie similar a la de la República Federal de Alemania.

Ahora bien, los resguardos indígenas, convertidos en autoridades territoriales, reciben enormes participaciones del Tesoro Nacional, que sus consejos y cabildos gastan sin verdadero control fiscal, mientras organismos como el famoso CRIC disponen también de recursos inmensos de origen público, que se evaporan igualmente mientras se perpetúa la miseria de las poblaciones explotadas por los caciques.

La miopía política de pensar que se preserva el patrimonio ecológico entregándoles el territorio a los líderes indígenas, se ha traducido en el deterioro de unas 600.000 hectáreas de la selva amazónica, cifra establecida por observación satelital. No olvidemos que los cultivos emigran, y que, por tal razón, para cada nueva siembra de coca se “limpia” una nueva área.

La liberación y la dignificación de los indígenas debe inscribirse en el ideario político de los partidos democráticos; y la delimitación de resguardos exige su reducción hasta áreas razonables. Los caciques no pueden seguir siendo los dueños de facto de la tercera parte del territorio nacional.

Nuestros pueblos ancestrales tienen el derecho de convertirse en ciudadanos colombianos, en vez de seguir eternamente esclavizados por “autoridades” arbitrarias y retrógradas, abiertamente enemigas de Colombia y generalmente confabuladas con la subversión, como lo acaba de demostrar nuevamente la minga de marzo, verdadera asonada.

A partir del excelente artículo de Rafael Nieto Loaiza, “Los indígenas pretenden gobernarnos”, del 24 de marzo pasado, una apreciable cantidad de denuncias públicas, por fin se atreven a atacar el mito indigenista, que tanto daño hace a los aborígenes como a los demás colombianos. No solamente la superficie real del país se ha reducido en más de 300.000 Km², por obra y gracia de las peores sociologías y antropologías, sino que varios billones de pesos han pasado por las manos de los caciques sin mejorar para nada la suerte de sus comunidades.

A esas sedicentes autoridades hay que auditarlas: ni un peso más para ellas. La inversión en esos territorios tiene que ejecutarse por el gobierno nacional directamente, y los defraudadores y los violentos deben ser judicializados ante los jueces y no ante “las comunidades”, mediante procedimientos “ancestrales”.

Nota: Este artículo se basa en una conferencia del autor, dictada el 12 de mayo de 2016 en la Universidad Central de Bogotá.