José Hilario López Agudelo
En esta segunda y última parte me
propongo mostrar avances y retrocesos en la lucha por conservar los bosques en
los países amazónicos y en la cuenca del río Congo, la segunda selva tropical
del planeta. Asimismo, quisiera proponer que, aprovechando la adhesión de
nuestro país al Escudo de Las Américas, buscar que Estados Unidos apoye
nuestras fuerzas armadas con logistica y tecnología avanzada, para combatir las
bandas que están destruyendo el bioma amazónico.
La expansión agrícola fue la principal
causa de la pérdida de cobertura forestal en los trópicos, incluyendo tanto la
producción de productos básicos para el mercado, como la agricultura de
subsistencia. De esto se exceptúa la porción más noroccidental de la Amazonía,
caso al que nos referiremos más adelante.
Nuevos datos del laboratorio GLAD de la Universidad de
Maryland, disponibles en Global Forest Watch y Global Nature Watch del World
Resources Institute (WRI), muestran que la pérdida de selvas tropicales
primarias en 2025 se redujo en un 36 % en comparación con 2024.
Si bien la reducción es
alentadora, el mundo aún perdió 4,3 millones de hectáreas de bosque primario
tropical en 2025. La pérdida de bosque primario tropical sigue siendo un 46 %
mayor que hace una década.
Gran parte de la reducción en 2025
provino de fuertes descensos en Brasil, que experimentó una disminución del 42 %
en la pérdida de bosque primario. Sin embargo, Brasil sigue siendo el país con
la mayor superficie de selva tropical deforestada, dada la enorme extensión de
sus bosques amazónicos. Otros países con gran extensión de bosques tropicales, como
Colombia, Indonesia y Malasia, también registraron tasas de deforestación
relativamente bajas o estables en 2025, en comparación con años anteriores. La
pérdida de bosques primarios tropicales se mantuvo elevada en países como
Bolivia y la República Democrática del Congo.
Durante el cuatrienio 2022 - 2026, en
Colombia las tendencias de pérdida de bosques tropicales fueron intermitentes.
De lograr la cifra histórica más baja en 23 años de seguimiento durante 2023,
en 2024 pasamos a tener un incremento
del 43 % a nivel nacional, con un 68 % focalizado en la
Amazonia. Las señales de lo que pasó en 2025 vuelven a apuntar a una baja, con
el registro de una reducción del 25 % en la Amazonia, entre enero y
septiembre, de acuerdo con los boletines del Ideam.
Global
Forest Review, atrás
citado, destacó a Indonesia como el país que en 2024 logró la mayor reducción mundial en la pérdida
de bosques tropicales, frente al
año anterior. Sin embargo, un nuevo informe de Mongabay revela que
durante 2025 la deforestación volvió a activarse en ese país, el mayor
productor mundial de aceite de palma, principalmente en las islas de
Borneo y Papúa.
Centrémonos
en la Amazonía donde, según un estudio de la Universidad Goethe de Frankfurt, en
2020 la pérdida acumulada del bosque rondaba entre el 17 y el 18 %, advirtiendo
que si la deforestación aumenta hasta un 22 – 28 % con un
calentamiento global entre 1,5 y 1,9 °C por encima de los niveles
preindustriales, la selva amazónica cruzaría un punto de inflexión y dos
tercios de su superficie se convertirían en sabana. Este mismo sucederá si la
deforestación se mantiene en los niveles actuales, pero el cambio climático
eleva la temperatura global hasta los 3,7- 4,0 °C. A esta misma conclusión
llega un estudio del Instituto Potsdam para la Investigación sobre el Impacto
del Cambio Climático, cuyos detalles también se han
publicado en Nature. Mi columna de opinión del pasado mes de mayo se refirió a
esta preocupante advertencia, proveniente de estos dos reputados centros de
investigación[2].
Frenar
la tala y restaurar el bosque, la única salida
La
comunidad científica coincide en que detener la deforestación reforzaría
sustancialmente la resiliencia del bioma amazónico ante el calentamiento
global. Sin embargo, existe un serio obstáculo que impide avanzar en este
propósito: la presencia de múltiples grupos armados por fuera de la ley que
promueven la tala del bosque para la siembra de coca, las explotaciones mineras
(principalmente oro aluvial) y la ganadería extensiva, a lo cual se suma la
construcción de las vías de acceso, que apoyen las anteriores actividades. En
el caso colombiano se puede afirmar que la mayor parte de dichas actividades están
asociadas a las disidencias de las FARC, que en gran parte tiene el control
territorial de la Amazonia.
El
actual Gobierno Nacional empeñado en restablecer la seguridad nacional podría
aprovechar la ayuda que, como parte de su política antiterrorista espera
recibir en tecnología y logística de Estados Unidos, se haga extensiva a la
protección de nuestros bosques tropicales, empezando por someter a las bandas
criminales que están destruyendo el bosque amazónico, lo que afecta la
seguridad no sólo de nuestro país sino también los ecosistemas planetarios y de
la misma supervivencia de nuestra especie.
Existe
un antecedente exitoso con el Plan Colombia, una estrategia de cooperación
militar, económica y diplomática acordada entre los gobiernos de Colombia y los
Estados Unidos a finales de los años 90 e implementada a partir del año 2000.
El plan originalmente fue concebido como de ayuda social y económica para la
paz en nuestro país, evolucionó rápidamente hacia un fuerte componente de
seguridad antidrogas, que fortaleció la lucha contra el narcotráfico y el
debilitamiento de los grupos armados ilegales, principalmente las FARC.
Gracias
al financiamiento y la tecnología de EE.UU., las Fuerzas Militares colombianas
adquirieron capacidades avanzadas de combate, movilidad aerotransportada e
inteligencia electrónica. Las FARC fueron obligadas a replegarse desde el
centro del país hacia las fronteras y a la selva amazónica, donde la
inteligencia combinada y la precisión de los bombardeos aéreos desarrollados
bajo el Plan Colombia lograron abatir, por primera vez en la historia, a sus
máximos cabecillas, lo que obligó a esa guerrilla a sentarse a negociar con el
Gobierno Santos y a su desmovilización en 2016.
Hoy
de las FARC queda un entramado fragmentado de disidencias armadas que no se
acogieron al Acuerdo de Paz de 2016, que cuentan con miles de combatientes
concentrados principalmente en zonas selváticas y apartadas del centro del país,
como el Guaviare, Caquetá y Putumayo, así como en el Departamento del Cauca,
que se financian con economías ilícitas como el narcotráfico y la minería
ilegal.
Al menos 17 grupos operan en el 69 % la región amazónica, asociados con economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal. Estos grupos son los principales causantes de la deforestación de las fronteras compartidas entre países como Colombia, Brasil, Bolivia, Ecuador y Venezuela.
