Con inusitada
frecuencia me repiten amigos y contertulios que jamás en toda su vida habían presenciado
una iniquidad tan monstruosa como la que vivimos en Colombia desde hace dos
años. Entiéndase iniquidad como maldad, gran injusticia.
Pero no aciertan
los interlocutores a desentrañar las causas de nuestra desgracia colectiva ni
el origen del acelerado proceso que nos ha conducido a esta crisis integral.
Probablemente hemos detenido nuestra atención en las diarias banalidades de la
politiquería, alimentadas por las “cortinas de humo” generadas por la tiranía,
omitiendo un análisis más profundo y enriquecedor del problema.
Comencemos por
reconocer que nuestra joven democracia ha desperdiciado muchos años en
estériles luchas intestinas en las que las masas han sido arrastradas a la
conquista del poder para beneficio de los caciques políticos y sus seguidores,
quienes han usufructuado el manejo de los presupuestos, la contratación y las
abultadas nóminas en favor de sus propios intereses.
Desde su fundación
ha aprovechado el comunismo toda deficiencia en la gestión de los países
democráticos y capitalistas que pueda generar descontento en la población para extender
su influencia a través de la violencia y Colombia no fue la excepción. Desde
hace 6 décadas, con la intermediación de la dictadura cubana, se intentó la
toma del país creando grupos terroristas de inspiración marxista como las FARC,
el ELN, el EPL, el M-19 y otros. Durante 60 años sembraron el terror,
destruyeron oleoductos, tomaron poblaciones por la fuerza, cometieron
sanguinarias masacres, reclutaron menores de edad, desplazaron campesinos de
sus parcelas y establecieron el cobro de extorsiones a todos los propietarios y
comerciantes. Para aumentar sus ilícitos ingresos introdujeron el secuestro, la
minería ilegal, y, finalmente, se convirtieron en el mayor cartel de cocaína
del mundo.
A pesar de haber
devastado gran parte del territorio nacional y consumido enormes recursos
estatales en el mantenimiento del orden, la reparación de los daños y la
investigación de los responsables fracasó la labor desoladora de la guerrilla,
principalmente por dos factores que vale la pena resaltar:
a) Los principios y
valores mayoritariamente aceptados por la sociedad colombiana son contrarios a
la doctrina comunista, a la supremacía del Estado sobre la dignidad de la
persona humana, y a la supresión de la propiedad privada y la libertad de
empresa; y
b) Las Fuerzas
Armadas de Colombia derrotaron a la mayor y mejor financiada guerrilla del
mundo en un inhóspito territorio como el de las selvas tropicales de nuestro
país.
Caído el comunismo internacionalmente
y derrotada la guerrilla comunista en Colombia, cambió la extrema izquierda su
estrategia y dejó en un segundo plano la lucha armada para concentrarse en la “batalla
cultural”, permeando con la dañina doctrina marxista-leninista todos los
estamentos de la sociedad.
En Colombia,
mientras el país disfrutaba de un remanso de paz entre los militantes de los
viejos partidos durante los 16 años del Frente Nacional, el comunismo empezó a
infiltrarse en todos los estamentos sociales. En los sindicatos, algunos de los
cuales apoyaron financieramente a las nacientes guerrillas; en las
universidades, con fanáticos marxistas como catedráticos pagados por los
gobiernos democráticos y activistas profesionales que permanecen indefinidamente
en las aulas disfrazados de estudiantes; en la administración de justicia,
desde la cual se libra una permanente batalla litigiosa en contra de los
militares, agentes del orden y contradictores de la doctrina comunista y se
premia con impunidad a los guerrilleros, vándalos, narcotraficantes y
criminales amigos de la izquierda radical; en los medios de comunicación, las
artes, la literatura, las instituciones culturales y comunitarias, donde
circula sin parar la financiación estatal condicionada al soporte de la
doctrina totalitaria del marxismo.
Partió el comunismo
de la premisa de que el capitalismo era un sistema llamado al fracaso y, sobre
ella, construyó toda su doctrina. Pero ocurrió que, en el siglo XX, con
posterioridad a la Segunda Guerra, vivió el capitalismo su mayor florecimiento
y superó con creces el nivel de bienestar que en toda la historia había
alcanzado la humanidad. Quedaba, entonces, sin piso la lucha de clases y el
odio al capital, lo que llevó al socialismo a reinventarse para alcanzar una
homogeneidad agrupando una serie de pequeñas identidades bajo un denominador
común contra la supuesta “opresión”. El antagonismo de clase, carente de
sustentación en una sociedad cada vez más desarrollada fue reemplazado por múltiples
antagonismos: El de los LGTBI, el indigenismo, el racismo, el género, el
ecologismo, el feminismo, etc. Como lo hemos observado entre nosotros, la
extrema izquierda, en especial bajo el régimen actual, pretende exacerbar esos
antagonismos sin ningún fundamento. En Colombia no ha existido racismo sino un
mestizaje donde no es posible distinguir grupos en plan de antagonismo. El
ecologismo carece de importancia si se parte del escaso potencial de contaminación
que en el globo terráqueo alcanza nuestro país. Las mujeres tienen en la Ley y
en la práctica reconocida su igualdad de derechos frente a los hombres. Las
distintas tendencias sexuales son respetadas socialmente, pero ello no puede
convertirse en una imposición de privilegios frente al resto de la población.
Frente a la excesiva generosidad del Estado que ha convertido a los indígenas
en poderosos terratenientes, son los propios movimientos guerrilleros de
tendencia comunista quienes los mantienen todavía bajo su yugo.
En este escenario,
y con la complicidad de gran parte de la dirigencia política, religiosa y
gremial, se produjo el robo al plebiscito que autorizó el claudicante pacto de
La Habana. No se consiguió con este monumental fraude la cesación de la
violencia y el terror, pero sí se concedieron toda clase de privilegios a la
guerrilla que han propiciado la expansión de la violencia y de la criminalidad
en el territorio nacional.
Fue la antesala
para el Gobierno de transición que pavimentó el acceso al poder del camarada
Gustavo Petro, responsable de todo el maremágnum que estamos atravesando y de
las oscuras perspectivas que aguardan al país en las próximas décadas.
Nuestra reacción
frente a una hecatombe de estas proporciones debe sujetarse a dos grandes
propósitos:
Primero.- Derrocar al camarada presidente por los medios establecidos en la
Constitución: a) El art. 109 permite la separación del cargo de quien haya
violado los topes financieros de la campaña, como se ha demostrado ampliamente
en el caso del camarada Petro; y,
b) Los arts. 217 y
218 de la Constitución Política estatuyen que es función primordial de las
Fuerzas Militares y de Policía mantener el orden constitucional,
permanentemente violado por el camarada Petro y sus secuaces del Gobierno.
Segundo.- Devolver a la sociedad colombiana los principios y valores que forman
parte de la nacionalidad y de la cultura mayoritaria de la población, que van
en contra de la doctrina comunista, del crecimiento del Estado, de la violación
de los derechos de la persona humana y de la aplicación de la verdad, la
justicia y la moral en la gestión pública. Para ello debemos crear una nueva
fuerza que comparta esos objetivos y esté dispuesta a luchar por el bien común
para todos los colombianos.
