Asistimos en medio
del estupor –y también de la ingenuidad– al denigrante espectáculo que brinda
una camarilla delincuencial instaurada en el poder para ejercer libre e impunemente
toda clase de acciones perversas e inmorales, en nombre del “cambio” que se ha
vendido a las ignaras masas despreocupadas por los temas de la política.
Con el claro
propósito de acelerar la conversión del país en otra nación esclava del sistema
marxista-leninista y, de paso, enriquecer a manos llenas, a sus aliados, el
régimen de turno se ha ideado toda clase de artimañas para extraer recursos de
la corrupción, como si de un pozo sin fondo se tratara, y aplicarlos a esas
bien definidas metas en las que se ha comprometido toda la acción
gubernamental.
E inventó “el
cacas”, los programas de las “ollas comunitarias” y de los “carro-tanques” para
suministro de agua a la población de La Guajira. Lo demás, fue coser y cantar: sobrevalorar
el costo de los contratos y equipos, escoger los parlamentarios que deberían
beneficiarse a cambio de votar favorablemente los proyectos del Gobierno o
empantanar el proceso del juicio por indignidad contra el presidente, designar
los contratistas que se prestarían para el robo descarado a las comunidades y
ordenar a los funcionarios el trámite de las transferencias presupuestales y la
elaboración de los actos administrativos y contratos correspondiente, en los
que todos a una se beneficiarían jugosamente. Mientras tanto, ¿dónde quedan las
necesidades del pueblo? Sólo como una imaginaria referencia de los buenos
propósitos del “cambio” que nunca se cumplieron. Pura mentira e inmoralidad.
Esta es la
historia, a grandes rasgos, del escándalo llamado de la Unidad de Riesgos,
una de las mayores defraudaciones conocidas en la historia criminal de
Colombia.
Inicialmente, la
actitud del camarada Petro fue la de culpar a los funcionarios, como si no
supiéramos que pertenecen a su más cercano entorno. Luego, como buen discípulo
de Maquiavelo, cambió su estrategia y pidió perdón al Congreso, admitiendo que
solo le cabe en todo este asunto una responsabilidad política por haberlos
nombrado. Pero la Constitución, la misma que juró cumplir y defender y que viola
a diestra y siniestra, es muy clara al respecto: “Art. 198. El presidente
de la República, o quien haga sus veces, será responsable de sus actos u
omisiones que violen la Constitución o las leyes.”
En consecuencia, la restauración
del orden que más temprano que tarde tendrán que avocar los altos mandos
militares en cumplimiento de su función primordial, pasa, en primer lugar, por
la separación del cargo de quien lo ejerce y de quien lo acompañó en la
extralimitación de gastos por encima de los señalados por la ley.
Pero más allá de lo que
el presidente afirme un día, o cambie de táctica al otro, a la hora de revisar
las evidencias se podría decir que hay fuertes indicios de que Gustavo Petro
es el gran responsable del descalabro. No solo por ser el jefe de Estado,
sino porque de cierta manera ha sido el articulador de todo el engranaje que
condujo a que cientos de miles de millones de pesos, y tal vez billones, que
debían dedicarse a mitigar riesgos, se hayan gastado en darles a congresistas
prebendas para aprobar reformas en el Legislativo.
Y, más grave aún, para dar
contratos al ELN en Arauca, según lo reveló el propio Olmedo López ante la
Corte Suprema y lo conoció el país gracias a Noticias Caracol.
“La plata que –parafraseando
a Petro– se debía utilizar para calmar la sed de los
niños de la Guajira, se habría destinado a darle contratos a un grupo armado
criminal.” ¿Así o más escandaloso?
Pero volviendo a la
responsabilidad más directa de Petro, una pregunta clave es ¿cómo llegó una
dependencia relativamente menor como la Ungrd a manejar una caja billonaria?
No estamos hablando de
chichiguas. Atención a este dato: en el presupuesto aprobado en 2022 para 2023
se destinaron 657.000 millones de pesos a la Ungrd, pero el cierre presupuestal
de 2023 mostró que en realidad esa unidad de riesgos se gastó 2 billones
263.000 millones de pesos. ¡Casi 4 veces más! ¿De dónde salió tanta plata?
El propio presidente
Petro fue el que movió las clavijas de la opinión y del Estado para que
llegaran billones de pesos al bolsillo de la Ungrd.
Recordemos que Petro
estaba con la idea, que para ese entonces parecía absurda, de decretar una
“emergencia económica y social” desde antes incluso de que lo eligieran. En
marzo de 2022, dijo que la “catástrofe social del hambre” debía
mitigarse decretando la emergencia económica.
Pero lo del hambre no
le cuajó. Y ya como presidente, en septiembre de ese mismo 2022, comenzó a
sugerir que debía declarar emergencia por la crisis climática que traería
muchas lluvias. Pero lo de las lluvias tampoco le cuajó.
Y después, en 2023,
sacó de la manga otra carta: el supuesto impacto del fenómeno de El Niño sobre
la Guajira. Era la emergencia más extraña que se hubiera decretado en Colombia,
porque se ha declarado ante eventos catastróficos como la pandemia del covid o
la tragedia de Mocoa. Nunca se había decretado una emergencia con base en un
pronóstico como lo hizo Petro: “Es absolutamente pertinente decretar la
emergencia porque se avecina una calamidad pública. Porque los modelos
climáticos nos anuncian la cercanía de una sequía que nunca antes se había
visto en La Guajira”.
Era tan evidente el
despropósito que la Corte Constitucional tumbó esa emergencia. Hasta ese
momento se pensaba que el embeleco de Petro en declarar una emergencia era para
poder hacer decretos sin tener que pasar por el Congreso. Pero la historia nos
demostró que tal vez lo que buscaba era poder tener plata contante y sonante
para poder gastarla según sus intereses.
En el contexto de la
narrativa de la emergencia comenzó a lloverle plata a la Unidad de Riesgos. El
senador Juan Diego Echavarría, del equipo de Julián Bedoya, propuso que le
adicionaran $200.000 millones a la Ungrd, y dicho y hecho.
El modus operandi al
parecer les quedó gustando porque luego el ministro de Hacienda, Ricardo
Bonilla, hizo dos adiciones presupuestales por $700.000 millones cada una:
una el 22 de septiembre de 2023 y otra el 11 de diciembre de 2023”. (El
Colombiano, Editorial)
Es la consecuencia
necesaria de un proceso en el cual quienes tuvieron la potestad de orientar a
la opinión pública toleraron la avanzada de las ideas materialistas, la
destrucción de nuestros valores tradiciones y el abandono de los derechos
fundamentales de la persona humana. Como bien lo expresa Jacques Maritain: “Aquí nos hallamos en presencia de ese maquiavelismo
impetuoso, irracional, revolucionario, violento y demoníaco, para el que la injusticia
sin límites, la violencia sin límites, la mentira y la inmoralidad sin límites,
son los medios políticos normales, y que extrae una abominable fuerza de ese carácter
ilimitado del mal. Y bien podemos advertir qué clase de bien común es capaz de
aportar a la humanidad un poder semejante, que sabe perfectamente cómo no ser
bueno, y cuya hipocresía es una hipocresía consciente y feliz, una hipocresía
ostentosa y gloriosamente promulgada, cuya crueldad aspira tanto a destruir las
almas como los cuerpos y cuya mentira es una perversión total de la función
misma del lenguaje”.
.jpg "José Alvear Sanín")