Vigía: un mes voraginoso

Por John Marulanda

Hace 24 días, prácticamente un mes, asumió la presidencia de Colombia un ex narco terrorista, Gustavo Petro Urrego.

Muchos cambios, virajes y giros el nuevo Estado ha dado bajo la batuta de este joven que forjó su mentalidad e inteligencia en las rígidas disciplinas subversivas y terroristas de los años 90. Es tiempo de hacer un corte de cuentas inicial.

Las reformas tributaria y electoral; una indígena a la ONU y un negro a la embajada de US en Washington; el nombramiento de un embajador en Venezuela y la designación de su gabinete ministerial, son asuntos de vital interés para todos los ciudadanos.

En seguridad y defensa el panorama pinta muy complicado.

En asuntos de soberanía, la orden impartida por Palacio a los recién nombrados embajadores ante la OEA y en el país de Ortega-Murillo, para su inasistencia a la sesión extraordinaria del organismo internacional que sancionó a Nicaragua, plantea serios interrogantes sobre el futuro de la defensa territorial de Colombia, ante un rival que mantiene la ofensiva para quitarle al país suramericano más superficie marítima de la que ya está en discusión en El Caribe.

La barrida de unos 60 generales, almirantes y coroneles de la FFPP, ha planteado un nuevo reto sobre la idoneidad de sus reemplazos. “Hay injusticias” en estos cambios, declaró el propio presidente, con lo cual estamos de acuerdo, sobre todo en esta “purga” histórica de la cúpula militar y policial. Sin embargo, las estructuras básicas de inteligencia, operaciones y logística siguen ahí, esperando los nuevos comandantes que a estas alturas ya deben haber asumido sus nuevos cargos.

Como ninguno de los recién retirados ha salido a la palestra pública a denunciar su condición de injustamente descabezado, ni una sola asociación de veteranos, entre ellas la emblemática ACORE, se ha pronunciado.

En recientes declaraciones al periódico El Tiempo, el nuevo comandante del Ejército, mayor general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, nos ha mostrado un mando militar consecuente con la doctrina y los principios de la seguridad humana. Civilidad y subordinación al poder civil, dicen que se llama esa característica de un Estado democrático. Mientras tanto, las operaciones ofensivas y el dispositivo de la FFPP en el primer productor de cocaína del mundo se mantienen hasta el momento.

La orden de suspender los bombardeos (misiones Beta) contra los campamentos en donde se confirme la presencia de menores de edad, plantea serios escenarios. El tuitero eleno Antonio García del Comando Central (COCE), dijo en sus mensajes que los adolescentes en sus cuadrillas no son reclutados a la fuerza, sino voluntarios. El pasado 3 de agosto, un muchacho reclutado en el Tolima, fue hallado asesinado en Puerto Rico, Caquetá, después de comunicarse con su familia y pedirle que se encontraran en ese municipio del suroccidente colombiano. Los eventuales diálogos del nuevo gobierno con el ELN y otras cuadrillas alimentadas por Miraflores para el logro de la paz total, parece un embeleco mayor.

En cuanto a que alcaldes municipales convoquen a los militares a los Puestos de Mando Unificado (PMU) por razones humanitarias, es pertinente recordar que tales funcionarios no poseen la autoridad constitucional para esas citaciones a los militares.

Y para terminar este primer mes de montaña rusa en seguridad y defensa, la renegociación de la extradición, aunque ayer amaneció extraditando a 8 narcos; la suspensión paulatina de la Justicia Penal Militar; el desmantelamiento del servicio militar obligatorio con el proyecto de ley de orden público; la convocatoria a una Convención de cocaleros en el Catatumbo, la región con la mayor cantidad de cultivos ilícitos del mundo; la prohibición definitiva para fumigar y erradicar cultivos ilícitos y las 48 horas de plazo para el desalojo de predios invadidos por indígenas (foto), dejan flotando en el ambiente una mayor incertidumbre.

El nombramiento de un silencioso y oscuro personaje, compañero de travesuras del presidente, como director de la Dirección de la Agencia Nacional de Inteligencia (DNI) y del director de la UNP (Unidad de Protección Personal) otro colega de las andanzas sediciosas de Petro, plantean muchas preguntas a la mitad de Colombia, que no es petrista.

Así va Colombia a un mes de haber elegido presidente a Gustavo Petro Urrego, ex narco terrorista, exparlamentario y exalcalde de Bogotá.

Los cultivos ilícitos

Por Andrés de Bedout Jaramillo

Nada más dañino para las personas y para la sociedad, que los efectos de drogas como la cocaína, producida partiendo de las hojas de la mata de coca que, mezclada con químicos, genera un producto altamente adictivo, cuya dependencia tiene esclavos en todas partes del mundo y ha destruido personas y familias enteras.

La hoja de coca solita ancestralmente tiene propiedades medicinales que me da la impresión se han venido opacando, por las propiedades alucinógenas y adictivas que, mezclada con otros elementos, produce.

Ha crecido de tal manera el negocio de la cocaína, que incide representativamente en la economía de nuestro país, mayor productor de la materia prima fundamental para producir la droga maldita. Los dólares producidos por la cocaína terminan ayudando fuertemente en el torrente de la economía, escasa de dólares de las exportaciones del petróleo, por la estrepitosa caída en el consumo y precio.

Andrés Felipe Arias, construyó un documento que vale la pena mirar, para entender un poco lo que representa la cocaína en nuestra economía.

Nadie se atreve a una legalización individual de la hoja de coca, ni siquiera para efectos medicinales, como ya sucedió con el cannabis o marihuana, que después de darle muchas vueltas al asunto, se legalizaron sus cultivos para efectos medicinales. Lastimosamente no se aprovechó para meter los cultivos ya existentes al torrente formal de la economía, aprovechándolos como materias primas para efectos medicinales; entiendo que ya se tramita una ordenanza para generarle al Departamento de Antioquia, rentas con los cultivos y procesos del cannabis para efectos medicinales.

Pienso que de pronto la producción de hoja de coca es tan grande, que sería demasiada materia prima para los laboratorios de medicamentos, inclusive que ya se esté utilizando en la producción de algunas medicinas. Lo cierto es que la hoja de coca transformada en cocaína es el negocio informal, ilegal y destructivo, más rentable y dañino que se conoce hasta el momento.

Pero también pienso que hay tanto dinero alrededor de la cocaína y tantos sectores interesados en conservar el negocio en la ilegalidad y por ende en la informalidad, que legalizar la hoja de coca para efectos medicinales no será de la atención de los múltiples grupos interesados en mantener el estado actual de las cosas.

La economía informal, en un alto porcentaje, ilegal, tiene a la cocaína como su actor principal, al igual actividades formales y legales, como la industria cinematográfica, nacional y extranjera, discotecas y actividades turísticas. Se dice que es tan poderosa en la economía del negocio de la coca, que muchas empresas legales de la economía formal serán compradas y salvadas de la quiebra por la economía ilegal e informal de la coca.

La economía de la cocaína maneja territorios, donde no se permite la presencia del Estado, es más, territorios donde el Estado no se atreve a hacer presencia y de hacerla le toca hacerse el loco, el de la oreja mocha. Documentos de prensa local haciendo periodismo investigativo, han informado que, en más de 19 departamentos de Colombia, más de medio país, el tema del narcotráfico lo manejan antioqueños.

En pleno siglo 21, donde la ciencia, la tecnología, la inteligencia artificial, la robótica, los drones, etc. parece que, desde el punto de vista agrícola, ya se utilizan a la perfección los cultivos de coca y no los hemos podido utilizar eficientemente en los cultivos de alimentos que garanticen nuestra seguridad alimentaria, al parecer amenazada por las escasa resiembras de alimentos que las limitaciones de la pandemia y los bajos niveles de lluvias, afectarán nuestro autoabastecimiento en un futuro próximo.

Algo hay qué hacer con el campo, algo hay qué hacer con la hoja de coca, algo hay qué hacer con la auto sostenibilidad alimentaria, algo hay qué hacer con la economía informal e ilegal, que se le está pasando a la economía formal y legal, que después de esta pandemia quedará bien disminuida.

¿Intenciones inconfesables?

Por John Marulanda*

Durante los ocho años que el ejército estuvo acuartelado, dizque preparándose para la paz, Colombia volvió a ser el mayor productor global de cocaína y el crimen organizado internacional sentó reales en su suelo. La trama criminal del narcotráfico, que involucra todas las mafias del mundo y conforma una poderosa y sofisticada fuerza monetaria y política, toca todas las élites del poder económico, gubernamental y mediático del mundo.

Destruir el principal producto con que mercadea el crimen organizado internacional, es una tarea que afecta la mafia mundial que provee placer y dinero a millones de norteamericanos y europeos.

Los soldados colombianos combaten contra esa hidra riquísima, corruptora, con amigos y clientes en las altas esferas nacionales e internacionales, bien armada y equipada, violenta y que controla vastas zonas en Catatumbo, Arauca, Cauca, Chocó, Nariño y Putumayo. Nuestros militares, instruidos en Derechos Humanos, enmarcan sus operaciones dentro de lo establecido en el Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra y tienen el mandato gubernamental de privilegiar las desmovilizaciones sobre las capturas y bajas, y utilizar la fuerza letal en el marco del DIH, cuando se den hechos objetivos y claramente establecidos. Y para gusto de sus enemigos, no tienen fuero. Con esas referencias, proponer objetivos y ejercer presión para su cumplimiento, es legítimo y legal. Sin embargo, el Derecho Operacional, actualizado en 2015, quedó en entredicho con el sistema jurídico supraconstitucional (JEP) preparado en La Habana con inconfundible sabor comunista y además, desafortunadamente, no existe una Ley de Seguridad y Defensa que armonice lo operacional, con lo legal y lo político, lo que da lugar a artículos ambiguos y desbalanceados como el del señor Casey quien especula sobre el renacimiento de las ejecuciones extrajudiciales, vendiendo miedo y desconfianza, generando incertidumbre.

¿Qué buscan el NYT con su artículo malicioso y HRW con sus infundios contra el mando militar? ¿Proteger a los colombianos? ¿O hay intereses subterráneos para que nuestro ejército merme su ofensiva y vuelva a los cuarteles, para que no dañe el negocio? Digan lo que digan, enemigos, malquerientes y oportunistas, el Ejército Nacional sigue siendo la institución de mayor confiabilidad por parte de los colombianos. Y actuará normativamente en la compleja misión de recuperar regiones en la donde delincuencia globalizada, FARC, ELN y carteles multinacionales, durante ocho años, montaron sus imperios. Quien se equivoque en esta misión, será castigado por el pueblo, más que por la descalabrada justicia colombiana.