Ya está aquí la anunciada catástrofe

Luis Alfonso García Carmona

Pasando por encima del ingenuo optimismo de algunos compatriotas, hemos llegado, como serviles borregos, al desastre anunciado.

Quedaron valiendo un maravedí las famosas instituciones que serían nuestro escudo de protección frente a la llegada de la barbarie revolucionaria de la izquierda radical. Desaparecieron desde hace rato los partidos políticos, tanto los tradicionales como aquellos que llaman “empresas electoreras de garaje”: su humillante entrega ante los sobornos del régimen les ha pasado factura y perdieron toda credibilidad. Prueba al canto: en las pasadas elecciones regionales nada pintaron, pues la mayoría de los aspirantes de los partidos “democráticos” fueron elegidos por firmas, no por sus partidos de origen. Sorprende que todavía algunos inocentes compatriotas estén pensando en que para las elecciones del 2026 (si las hay), Petro será derrotado por la unión de esos cabecillas desprestigiados y carentes de caudal electoral.

Llevamos dos años sin recibir una sola noticia alentadora para la seguridad o el bienestar de los colombianos o para la solución de los graves conflictos económicos, de criminalidad y de convivencia que azotan a nuestra dañada sociedad.

En cambio de esto, nos fatiga a diario el régimen con toda clase mentiras, falacias, engaños y estúpidas excusas, que han conseguido embotar nuestra voluntad y distraer nuestra capacidad de entendimiento hacia los embustes hábilmente maquinados por la tiranía petrista. El desastre anunciado nos llegó con el anuncio de que a partir del pasado 20 de mayo, se iniciarían las negociaciones entre el régimen petrista y el ELN (otro “yo con yo”, como el tristemente famoso pacto de La Habana entre Santos y las FARC).

Este sí es el mayor “engaña bobos”, salido de la febril imaginación del sátrapa. No se trata de una reforma constitucional acordada por las mayorías políticas para solucionar los graves conflictos que afectan a la Nación, que se tramitará de conformidad con los requisitos que la propia Constitución contempla. Por el contrario, lo que Petro y su pandilla pretenden es sustituir de manera irregular, maquiavélica y a espaldas del pueblo, la Constitución vigente por un sesgado conjunto de normas que convertirán a Colombia en otro esclavo del comunismo internacional y solo acarrearán caos, esclavitud y miseria.

Y, ¿cuál es la estrategia del guerrillero presidente para imponernos tan humillante coyunda? Hábilmente ha maquinado dos planes: a) Convocar un proceso constituyente violatorio de todas las normas constitucionales que rigen la materia porque, según él, no importa la forma sino el contenido, y él irá hasta donde “el pueblo” quiera. Intenta hacernos creer que “el pueblo” son sus aliados del ELN, la Primera Línea, los narcotraficantes y corruptos que apoyaron su campaña, y los radicales izquierdistas enemigos del orden, de la empresa privada y del desarrollo del país; y, b) Incluir en el ponzoñoso acuerdo con el ELN un nuevo sistema político, económico, judicial, militar y social acordado ya en 78 reuniones del Comité de Participación Nacional, conformado en un 80 % por grupos de extrema izquierda, muchos de ellos sin personería jurídica, cuyas decisiones tienen “fuerza vinculante” en el acuerdo del yo con yo, según lo dicta el decreto que creó semejante esperpento antidemocrático.

Para nada se incluyen la disminución de la explotación de la cocaína y demás estupefacientes, ni la protección de la vida de los colombianos amenazada por la proliferación del crimen y por el aumento de la acción de guerrillas, de los grupos irregulares armados y carteles de la droga que dominan gran parte del territorio nacional. Tampoco se digna hacer mención del reclutamiento de menores para actividades terroristas, o de los delitos de secuestro y extorsión que son parte de la rutinaria actividad del ELN. Ni se hace alusión al millonario y sucio negocio de la minería ilegal que está acabando con el medio ambiente bajo la protección del régimen.

Resumiendo: se busca destruir todo lo que alguna vez ha funcionado para construir sobre sus ruinas, un régimen de corte comunista, pero sin afectar los intereses ilícitos de los firmantes del asqueroso acuerdo.

El proceso de implementación que empezó la presente semana está previsto que culminará en mayo de 2025 ¿Quién podrá impedirlo antes de esa fecha?

Revisando la normatividad vigente nos topamos con un mandato constitucional cuya meridiana claridad no admite interpretación en contrario y proporciona a los colombianos la única esperanza viable de impedir que la anunciada catástrofe nos lleve a la ruina antes de doce meses: El artículo 217 de la Constitución que reza:

“La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional.”

Epílogo

1. No se requiere de un exhaustivo análisis para concluir que la pretensión de sustituir la Constitución Nacional por cualquiera de las dos modalidades que viene promoviendo el régimen representa la mayor y más nociva alteración del orden constitucional que se pueda presentar en nuestro país.

2. Es evidente que hace parte de la esencia de las Fuerzas Militares el mantenimiento del orden constitucional, pues es un elemento indisolublemente ligado a su misión natural, a la razón de su existencia.

3. Obviamente, esa obligación debe cumplirse mientras sea posible, pues la perversidad de quienes se proponen implantar la revolución por la vía de la ilegitimidad podría eliminar la citada norma antes de que sea utilizada para la salvación de Colombia,

4. No faltará la reacción violenta o desmedida de quienes tienen como única mira la descomposición de nuestra sociedad y la destrucción de nuestros valores, calificando la restauración del orden constitucional, como un “golpe de Estado”. Nada más añejado de la realidad pues, justamente, lo que la norma procura es todo lo contrario: que prevalezca el respeto por el Estado de Derecho y el mantenimiento del orden constitucional, por encima de su eliminación a manos de quienes pretenden utilizar el poder en beneficio de sus protervos fines.

5. Es claro que, para el cumplimiento de tan delicada misión, tendrán las Fuerzas Militares en cuenta la proporcionalidad de sus acciones con respecto a las consecuencias de la alteración del orden constitucional, causar el menor daño posible a la población, y garantizar en un plazo prudencial la convocatoria de elecciones transparentes, una vez neutralizados los factores y personajes involucrados en la corrupción electoral. Nada menos esperamos los colombianos de nuestros patrióticos soldados.

¡Que no les paren la caña!

 

Por José Alvear Sanín*

La detención del presidente Uribe —montaje políticamente motivado dentro de la agenda revolucionaria— ha prendido todas las alarmas entre los ciudadanos partidarios de la democracia y la legitimidad.

Los que antes han desoído las frecuentes advertencias sobre el hecho de que el poder judicial se haya transformado en herramienta al servicio de la subversión, súbitamente se han percatado de que el estado de derecho deja de funcionar cuando la justicia, en vez de obedecer la ley, la sustituye por interpretaciones caprichosas y por la usurpación descarada de funciones de los otros poderes.

Resumiendo: las “altas” cortes modifican, tergiversan y derogan las leyes, cuando no ordenan al Congreso la expedición de normas “progresistas”. Continuamente anulan o entorpecen las decisiones del ejecutivo. La extralimitación habitual de funciones les deja muy poco tiempo para concluir los procesos que les corresponden y que dormitan en los anaqueles, a menos que los asuntos requieran una decisión favorable a la subversión, en cuyo caso la resolución del expediente es expedita, fulminante, sorprendente y devastadora.

Como si esto fuera poco, los “altos” magistrados pasan buena parte del tiempo fuera de sus atrasados despachos, dictando clase en una o varias de las 96 pésimas facultades de derecho, de las que salen incontables rábulas, a cuál más ignorante, cuya conformidad ideológica será premiada con juzgados o con cargos en las ÍAS…, para que toda esa plebe intelectual disfrute de sueldos y prestaciones desproporcionadas.

El pueblo no es bobo. Ante ese desastre, adobado con el cartel de la toga, considera que, con excepción de las FARC, el ELN y el Congreso, el poder judicial es lo más desprestigiado y despreciable del país.

Sin embargo, nadie ha podido hacer nada a partir de la Constitución de 1991, que entregó la justicia al clientelismo, y del Acuerdo Final, que la puso al servicio de la subversión, porque todos y cada uno de los 19 tímidos e inocuos intentos para reformarla han fracasado, sea en el Congreso, sea en la Corte Constitucional.

Como si no bastara con lo anterior, hay cuatro órganos de cierre (CSJ, CC, C.de E. y JEP). Nadie sabe cuál es peor, porque todos ellos están coordinados para el logro de determinados resultados políticos.

Ante este atroz panorama, varios calificados congresistas del CD consideran urgente y necesaria la convocatoria de una asamblea constituyente, para realizar la inaplazable reforma judicial.

Esa es una inquietud explicable por la gravedad del asunto, pero olvidan:

1. Que la tal ANC sería un congresito paralelo. Si el Cd tiene ahora 20% del legislativo, difícilmente tendría mayor participación en esa asamblea.

2. Solo con mayoría absoluta y con propuestas concretas puede reformarse la justicia.

3. Sin mayoría en una constituyente, el CD solo sería testigo de más populismo judicial izquierdista y de más remiendos inocuos o, tal vez, aun más perjudiciales.

4. ¿Qué sentido tiene proponer un mecanismo tan costoso y lleno de riesgos, donde el CD sería rutinariamente aplastado?

Por su lado el presidente Duque ha señalado la dificultad y complejidad del procedimiento para decretar una constituyente, que luego debe ser plebiscitada. Eso le indica la urgencia de “buscar un mecanismo que sea más veloz y asertivo para materializar ese cambio”.

La herramienta existe y ya ha sido propuesta por el doctor Luis Alfonso García Carmona, dirigente de la Alianza para la Reconstrucción de Colombia (ARCO), fuerza política que ha presentado un programa con propuestas concretas para la completa reforma constitucional requerida en todos los órdenes, porque la Carta de 1991 y sus 54 reformas hacen prácticamente ingobernable al país.

Una constitución tiene que ser congruente, armónica y funcional, todo lo contrario de la colcha ideológica de retazos que padecemos.

En consecuencia, con realismo y pragmatismo, ARCO propone aterrizar en la realidad nacional, en vez de más propuestas vagas, aunque bien intencionadas. Lo que se requiere es la unión de todas las fuerzas democráticas del país en un movimiento que sea capaz, en 2022, de obtener amplia mayoría absoluta en el congreso, y la elección de un presidente, que con suficiente respaldo, pueda dirigir la reconstrucción del país, empezando por lo judicial.

Por tanto, lo mejor es que no les paren la caña a los bienintencionados parlamentarios del CD, que ni tienen preparada una reforma judicial coherente, ni la fuerza política requerida para sacarla adelante.

***

Muchos recordaremos estos 156 días —hasta hoy— de confinamiento, como los que nos obligaron a revisar papeles, botar recibos inútiles de largos años; sacudir el polvo de los anaqueles, ordenar los volúmenes y desenterrar libros olvidados, bien para leerlos, bien para volver a recorrer las hojas de textos amados.

Entre ellos me topo con Historias detrás de la Historia de Colombia (Bogotá: Planeta, 4ª ed., 1998), del incomparable historiador Eduardo Lemaitre Román (1914-1994).

Esta recopilación de sus crónicas en El Tiempo, ágiles, chispeantes y reveladoras, con algo de picardía, de los entresijos de la pétite histoire, más de una vez provoca la silenciosa sonrisa que se dibuja cuando leemos las obras maestras.