Por José
Alvear Sanín*
La detención del presidente Uribe —montaje políticamente motivado dentro de la agenda revolucionaria— ha prendido todas las alarmas entre los ciudadanos partidarios de la democracia y la legitimidad.
Los
que antes han desoído las frecuentes advertencias sobre el hecho de que el
poder judicial se haya transformado en herramienta al servicio de la
subversión, súbitamente se han percatado de que el estado de derecho deja de
funcionar cuando la justicia, en vez de obedecer la ley, la sustituye por
interpretaciones caprichosas y por la usurpación descarada de funciones de los
otros poderes.
Resumiendo:
las “altas” cortes modifican, tergiversan y derogan las leyes, cuando no
ordenan al Congreso la expedición de normas “progresistas”. Continuamente
anulan o entorpecen las decisiones del ejecutivo. La extralimitación habitual
de funciones les deja muy poco tiempo para concluir los procesos que les
corresponden y que dormitan en los anaqueles, a menos que los asuntos requieran
una decisión favorable a la subversión, en cuyo caso la resolución del
expediente es expedita, fulminante, sorprendente y devastadora.
Como
si esto fuera poco, los “altos” magistrados pasan buena parte del tiempo fuera de
sus atrasados despachos, dictando clase en una o varias de las 96 pésimas
facultades de derecho, de las que salen incontables rábulas, a cuál más
ignorante, cuya conformidad ideológica será premiada con juzgados o con cargos
en las ÍAS…, para que toda esa plebe intelectual disfrute de sueldos y
prestaciones desproporcionadas.
El
pueblo no es bobo. Ante ese desastre, adobado con el cartel de la toga,
considera que, con excepción de las FARC, el ELN y el Congreso, el poder
judicial es lo más desprestigiado y despreciable del país.
Sin
embargo, nadie ha podido hacer nada a partir de la Constitución de 1991, que
entregó la justicia al clientelismo, y del Acuerdo Final, que la puso al
servicio de la subversión, porque todos y cada uno de los 19 tímidos e inocuos
intentos para reformarla han fracasado, sea en el Congreso, sea en la Corte
Constitucional.
Como si no bastara con lo anterior, hay cuatro
órganos de cierre (CSJ, CC, C.de E. y JEP). Nadie sabe cuál es peor, porque
todos ellos están coordinados para el logro de determinados resultados
políticos.
Ante
este atroz panorama, varios calificados congresistas del CD consideran urgente
y necesaria la convocatoria de una asamblea constituyente, para realizar la inaplazable
reforma judicial.
Esa es
una inquietud explicable por la gravedad del asunto, pero olvidan:
1. Que
la tal ANC sería un congresito paralelo. Si el Cd tiene ahora 20% del
legislativo, difícilmente tendría mayor participación en esa asamblea.
2.
Solo con mayoría absoluta y con propuestas concretas puede reformarse la
justicia.
3. Sin
mayoría en una constituyente, el CD solo sería testigo de más populismo
judicial izquierdista y de más remiendos inocuos o, tal vez, aun más
perjudiciales.
4. ¿Qué
sentido tiene proponer un mecanismo tan costoso y lleno de riesgos, donde el CD
sería rutinariamente aplastado?
Por su
lado el presidente Duque ha señalado la dificultad y complejidad del procedimiento
para decretar una constituyente, que luego debe ser plebiscitada. Eso le indica
la urgencia de “buscar un mecanismo que
sea más veloz y asertivo para materializar ese cambio”.
La
herramienta existe y ya ha sido propuesta por el doctor Luis Alfonso García
Carmona, dirigente de la Alianza para la Reconstrucción de Colombia (ARCO),
fuerza política que ha presentado un programa con propuestas concretas para la
completa reforma constitucional requerida en todos los órdenes, porque la Carta
de 1991 y sus 54 reformas hacen prácticamente ingobernable al país.
Una
constitución tiene que ser congruente, armónica y funcional, todo lo contrario
de la colcha ideológica de retazos que padecemos.
En
consecuencia, con realismo y pragmatismo, ARCO propone aterrizar en la realidad
nacional, en vez de más propuestas vagas, aunque bien intencionadas. Lo que se
requiere es la unión de todas las fuerzas democráticas del país en un
movimiento que sea capaz, en 2022, de obtener amplia mayoría absoluta en el
congreso, y la elección de un presidente, que con suficiente respaldo, pueda
dirigir la reconstrucción del país, empezando por lo judicial.
Por
tanto, lo mejor es que no les paren la caña a los bienintencionados
parlamentarios del CD, que ni tienen preparada una reforma judicial coherente,
ni la fuerza política requerida para sacarla adelante.
***
Muchos
recordaremos estos 156 días —hasta hoy— de confinamiento, como los que nos
obligaron a revisar papeles, botar recibos inútiles de largos años; sacudir el
polvo de los anaqueles, ordenar los volúmenes y desenterrar libros olvidados,
bien para leerlos, bien para volver a recorrer las hojas de textos amados.
Entre
ellos me topo con Historias detrás de la
Historia de Colombia (Bogotá: Planeta, 4ª ed., 1998), del incomparable
historiador Eduardo Lemaitre Román (1914-1994).
Esta
recopilación de sus crónicas en El Tiempo,
ágiles, chispeantes y reveladoras, con algo de picardía, de los entresijos de
la pétite histoire, más de una vez
provoca la silenciosa sonrisa que se dibuja cuando leemos las obras maestras.
