Pasando por encima
del ingenuo optimismo de algunos compatriotas, hemos llegado, como serviles
borregos, al desastre anunciado.
Quedaron valiendo
un maravedí las famosas instituciones que serían nuestro escudo de protección
frente a la llegada de la barbarie revolucionaria de la izquierda radical.
Desaparecieron desde hace rato los partidos políticos, tanto los tradicionales
como aquellos que llaman “empresas electoreras de garaje”: su humillante
entrega ante los sobornos del régimen les ha pasado factura y perdieron toda
credibilidad. Prueba al canto: en las pasadas elecciones regionales nada
pintaron, pues la mayoría de los aspirantes de los partidos “democráticos”
fueron elegidos por firmas, no por sus partidos de origen. Sorprende que
todavía algunos inocentes compatriotas estén pensando en que para las
elecciones del 2026 (si las hay), Petro será derrotado por la unión de esos
cabecillas desprestigiados y carentes de caudal electoral.
Llevamos dos años
sin recibir una sola noticia alentadora para la seguridad o el bienestar de los
colombianos o para la solución de los graves conflictos económicos, de
criminalidad y de convivencia que azotan a nuestra dañada sociedad.
En cambio de esto, nos
fatiga a diario el régimen con toda clase mentiras, falacias, engaños y
estúpidas excusas, que han conseguido embotar nuestra voluntad y distraer
nuestra capacidad de entendimiento hacia los embustes hábilmente maquinados por
la tiranía petrista. El desastre anunciado nos llegó con el
anuncio de que a partir del pasado 20 de mayo, se iniciarían las negociaciones
entre el régimen petrista y el ELN (otro “yo con yo”, como el
tristemente famoso pacto de La Habana entre Santos y las FARC).
Este sí es el mayor
“engaña bobos”, salido de la febril imaginación del sátrapa. No se trata
de una reforma constitucional acordada por las mayorías políticas para
solucionar los graves conflictos que afectan a la Nación, que se tramitará de
conformidad con los requisitos que la propia Constitución contempla. Por el
contrario, lo que Petro y su pandilla pretenden es sustituir de manera
irregular, maquiavélica y a espaldas del pueblo, la Constitución vigente por un
sesgado conjunto de normas que convertirán a Colombia en otro esclavo del
comunismo internacional y solo acarrearán caos, esclavitud y miseria.
Y, ¿cuál es la
estrategia del guerrillero presidente para imponernos tan humillante coyunda?
Hábilmente ha maquinado dos planes: a) Convocar un proceso constituyente
violatorio de todas las normas constitucionales que rigen la materia
porque, según él, no importa la forma sino el contenido, y él irá hasta donde “el
pueblo” quiera. Intenta hacernos creer que “el pueblo” son sus
aliados del ELN, la Primera Línea, los narcotraficantes y corruptos que apoyaron
su campaña, y los radicales izquierdistas enemigos del orden, de la empresa
privada y del desarrollo del país; y, b) Incluir en el ponzoñoso acuerdo con
el ELN un nuevo sistema político, económico, judicial, militar y social acordado
ya en 78 reuniones del Comité de Participación Nacional, conformado en
un 80 % por grupos de extrema izquierda, muchos de ellos sin personería
jurídica, cuyas decisiones tienen “fuerza vinculante” en el acuerdo del yo
con yo, según lo dicta el decreto que creó semejante esperpento antidemocrático.
Para nada se
incluyen la disminución de la explotación de la cocaína y demás
estupefacientes, ni la protección de la vida de los colombianos amenazada por
la proliferación del crimen y por el aumento de la acción de guerrillas, de los
grupos irregulares armados y carteles de la droga que dominan gran parte del
territorio nacional. Tampoco se digna hacer mención del reclutamiento de
menores para actividades terroristas, o de los delitos de secuestro y extorsión
que son parte de la rutinaria actividad del ELN. Ni se hace alusión al millonario
y sucio negocio de la minería ilegal que está acabando con el medio ambiente
bajo la protección del régimen.
Resumiendo: se
busca destruir todo lo que alguna vez ha funcionado para construir sobre
sus ruinas, un régimen de corte comunista, pero sin afectar los intereses ilícitos
de los firmantes del asqueroso acuerdo.
El proceso de
implementación que empezó la presente semana está previsto que culminará en
mayo de 2025 ¿Quién podrá impedirlo antes de esa fecha?
Revisando la
normatividad vigente nos topamos con un mandato constitucional cuya meridiana
claridad no admite interpretación en contrario y proporciona a los colombianos
la única esperanza viable de impedir que la anunciada catástrofe nos lleve a
la ruina antes de doce meses: El artículo 217 de la Constitución que reza:
“La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares
permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las
Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía,
la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden
constitucional.”
Epílogo
1. No se requiere
de un exhaustivo análisis para concluir que la pretensión de sustituir la
Constitución Nacional por cualquiera de las dos modalidades que viene
promoviendo el régimen representa la mayor y más nociva alteración del orden
constitucional que se pueda presentar en nuestro país.
2. Es evidente que
hace parte de la esencia de las Fuerzas Militares el mantenimiento del orden
constitucional, pues es un elemento indisolublemente ligado a su misión
natural, a la razón de su existencia.
3. Obviamente, esa
obligación debe cumplirse mientras sea posible, pues la perversidad de
quienes se proponen implantar la revolución por la vía de la ilegitimidad
podría eliminar la citada norma antes de que sea utilizada para la salvación de
Colombia,
4. No faltará la
reacción violenta o desmedida de quienes tienen como única mira la
descomposición de nuestra sociedad y la destrucción de nuestros valores,
calificando la restauración del orden constitucional, como un “golpe de
Estado”. Nada más añejado de la realidad pues, justamente, lo que la norma
procura es todo lo contrario: que prevalezca el respeto por el Estado de
Derecho y el mantenimiento del orden constitucional, por encima de su
eliminación a manos de quienes pretenden utilizar el poder en beneficio de sus
protervos fines.
5. Es claro que,
para el cumplimiento de tan delicada misión, tendrán las Fuerzas Militares en
cuenta la proporcionalidad de sus acciones con respecto a las
consecuencias de la alteración del orden constitucional, causar el menor daño
posible a la población, y garantizar en un plazo prudencial la convocatoria
de elecciones transparentes, una vez neutralizados los factores y
personajes involucrados en la corrupción electoral. Nada menos esperamos los
colombianos de nuestros patrióticos soldados.
