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El concepto de seguridad ha evolucionado desde
la protección física frente a amenazas externas e internas, como invasiones y
delincuencia, hasta incluir aspectos económicos, sociales y ambientales. En
estados democráticos, también abarca la protección de los derechos humanos y
las libertades civiles, garantizando que el poder del Estado no se utilice
arbitrariamente. La relación entre democracia y seguridad es intrínseca, ya que
asegura el ejercicio de derechos y fortalece la democracia misma. En este contexto,
es fundamental para el desarrollo y estabilidad de la sociedad, y debe ser
integral, abordando tanto amenazas tradicionales como nuevas, como el crimen
organizado, la corrupción, el terrorismo, las amenazas cibernéticas y el cambio
climático.
Durante su gestión como alcalde de Medellín, el
Dr. Álvaro Uribe Vélez creó el Fondo Metropolitano de Seguridad, conocido como
"Metroseguridad", financiado mediante una sobretasa a la telefonía
fija de los 10 municipios que conforman el Valle de Aburrá. Esta medida fue
implementada a través del acuerdo municipal 025 de 1982, que lo autorizó para
tal propósito.
Recordemos que en esa época existían organismos
con dudosa institucionalidad y legalidad que ofrecían servicios de seguridad a
la ciudadanía desde el ámbito civil. Un ejemplo de ello es el Departamento de
Orden Ciudadano (DOC), encargado de la vigilancia y seguridad ciudadana. Todo
ello se consolidó en la institución Metroseguridad, que aún existe bajo el
nombre de ESU, Empresa de Seguridad Urbana. Las iniciativas con impactos
positivos en las comunidades logran sostenibilidad debido a la evidente y
persistente necesidad que satisfacen.
Durante su mandato en el Gobierno nacional, y
en medio de la crisis económica más grave que enfrentaba el país, se recurrió
al impuesto al patrimonio para fortalecer el Plan Colombia con recursos
propios. Este enfoque permitió iniciar la recuperación de territorios
controlados por el terrorismo, transformando al país de un "estado
fallido" en 2002 a una destacada "estrella latinoamericana" en
2010, en gran medida gracias a la Política de Seguridad Democrática.
El señor gobernador Andrés Julián Rendón, con
buen juicio, con la necesidad sentida ante la ausencia total de articulación
integral con el Gobierno nacional y ante el incremento permanente de actos y
hechos delictivos en el territorio; ha propuesto un esfuerzo regional colectivo
para asegurar recursos hacia el propósito superior de la seguridad, que
garantice mayores y mejores condiciones para la inversión alentadora del empleo
y el ingreso de los antioqueños. En el entendido que la seguridad es de efecto
transversal que rebota sobre todos los sectores económicos, además de la
convivencia ciudadana y la violencia intrafamiliar. No se comente por sabido en
la nueva economía que representa el turismo en ascenso, necesario para que por
todas las venas y arterias viales se inunden todos los municipios de Antioquia
de nacionales y extranjeros, en su aspiración de conocer todas estas tierras
arrugadas con sus historias, sus gentes y costumbres.
En ese sentido el señor gobernador requiere, en
estos momentos de abandono del Gobierno nacional y de dificultades en ascenso todo
el apoyo y aliento de la totalidad de la sociedad antioqueña, todos sus
sectores y gremios, para avanzar en el plan de seguridad que busca fortalecer
las instituciones, promover la participación ciudadana, prevenir el crimen,
combatir el crimen organizado, derrotar al narcoterrorismo, proteger los
derechos humanos, mejorar la seguridad cibernética, apoyar los organismos de
justicia y gestionar los riesgos de manera efectiva, asegurando así un entorno
seguro y democrático para todos los habitantes de Antioquia.
