Luis Alfonso García Carmona
En pasadas columnas nos
hemos referido a las flagrantes infracciones del régimen al orden
constitucional en aspectos de tanto calado como el respeto a la democracia en
las urnas, la protección del derecho a la vida, el mantenimiento del orden
público, la seguridad de la población, la corrupción, el despilfarro de los
recursos públicos, el crecimiento económico, la generación de empleo, la
seguridad social, el problema del narcotráfico y la reforma a la justicia. Pero
también en la protección de la familia y la niñez, este Gobierno viola el orden
constitucional.
Consagra nuestra
Constitución el deber de proteger de manera especial a la familia, como núcleo
fundamental de la sociedad y a la niñez, no sólo por su estado de
desprotección sino, también, porque representa el futuro de la nación.
Artículo 5. “El
Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos
inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de
la sociedad.”
Contraviniendo
absolutamente la primacía ordenada por la carta constitucional, se ha dedicado
el régimen actual, de inspiración materialista, a patrocinar por todos los
medios a su alcance toda iniciativa que atenta contra la vigencia y protección
debida a la institución básica de la familia tradicional, compuesta por el
hombre y la mujer e instituida con el noble propósito de perpetuar la especie
humana.
Se dedican esfuerzos
presupuestales y programas oficiales a la difusión de la ideología de género,
el cambio de sexo y otras teorías que destruyen el concepto de la familia. Se programan
eventos y festividades del “orgullo gay” con financiación oficial y
participación de menores de edad. Se reparten cartillas promoviendo la
ideología de género en los establecimientos escolares.
Con infracción de
tratados internacionales suscritos por Colombia, se promueve el aborto,
que permite el asesinato de miles de seres en el vientre materno, con el
patrocinio del Estado.
La Convención Americana
sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, del 22 de noviembre
del 1969), suscrita por Colombia, que hace parte de nuestro bloque
constitucional, estableció:
Artículo 4. Derecho a
la vida
“1. Toda persona
tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la
ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede
ser privado de la vida arbitrariamente.”
La institución del
matrimonio, pilar de la familia, sufre también la descomposición que se ha
apoderado del régimen, y está siendo sustituida por el remedo de matrimonio
entre personas del mismo sexo, que atenta gravemente contra el núcleo
básico de nuestra sociedad, la familia tradicional.
Artículo 44. Son derechos
fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad
social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una
familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la
cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos
contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta,
abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán
también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en
los tratados internacionales ratificados por Colombia.
La familia, la sociedad
y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su
desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos.
Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción
de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de
los demás.”
Las funestas
consecuencias del desmoronamiento del núcleo familiar afectan en primer lugar a
los hijos, quienes, desde temprana edad, se convierten en víctimas sin derecho
a un desarrollo armónico integral y al ejercicio pleno de sus
derechos.
Otro de los generadores
de desamparo y de negación de los derechos básicos de la niñez es la guerrilla
aliada del régimen que nos gobierna. Aún después de haber suscrito el
espurio pacto de La Habana, continúa practicándose el reclutamiento forzado
de menores y jóvenes por parte del ELN y las FARC, que, como es bien
sabido, implica separación de la familia, torturas, obligación de
participar en trabajos riesgosos, explotación económica y sexual
a los reclutados, tal como ellos mismos lo han narrado dramáticamente ante las
autoridades y los medios de comunicación.[1]
Ninguna acción por
parte del Gobierno se ha adelantado para erradicar estas bárbaras prácticas,
que ya no se aprueban ni en los países menos civilizados. Es, pues, una de las
violaciones más execrables a nuestra Constitución que debe desaparecer a la mayor
brevedad.
Corresponde a la
ciudadanía salir en defensa de lo más preciado, nuestra familia y el futuro de
nuestros hijos, para lo cual será necesario el derrocamiento por la vía
constitucional del actual régimen, bien sea por el juicio político de que trata
el art. 109 de la Constitución Política, o mediante solicitud a las Fuerzas
Armadas para que cumplan con su función primordial de devolver el orden
constitucional a la República, en ejercicio de los arts. 217 y 218 de la Constitución
Política. Asimismo, debemos unirnos los indignados que protestamos contra Petro
en una gran fuerza, independiente de las viejas castas políticas que están
aliadas con el actual régimen para aprobar sus proyectos a cambio de sobornos, para
recuperar el poder y reinstaurar los valores y principios que nos quiere
arrebatar este régimen comunista y mentiroso.