Justicia balurda a la medida del criminal

Luis Guillermo Echeverri Vélez

Sin respeto a la dignidad de las víctimas jamás habrá justicia en Colombia. Amnistiar criminales de lesa humanidad tiene un insostenible costo social y jurídico, que se multiplica cuando la impunidad incluye llevarlos al parlamento y la presidencia de un país.

No habrá paz en Colombia mientras nuestro nivel cultural y educativo, y nuestra actitud indiferente frente a la violencia causada por el crimen organizado nos lleve a que algunas actuaciones de una justicia ideologizada se confeccionen a la medida del criminal, y sigamos victimizando a los delincuentes.

La cooperación nórdica ha terminado auspiciando el laboratorio social desde el cual se propaga el mensaje publicitario de la revolución y se promueve el amancebamiento de la izquierda con toda suerte de organizaciones criminales que se valen del terrorismo y de la comisión de delitos de lesa humanidad, para debilitar nuestros Estados y sociedades.

En política no hay casualidades. ¿Qué tan contaminada está nuestra administración de justicia de la ideología mamerta y de los mecanismos para encubrir criminales, que malversan recursos de la cooperación europea?

Viajó el mandatario a Europa, con la mentira de ir como líder regional a una conferencia de paz donde su militancia revolucionaria y su promoción del terrorismo no serían bienvenidas. Fue a Suecia, acompañado por grandes grupos empresariales que avalaron social y políticamente una misión revolucionaria en favor de un narcoterrorismo sanguinario, para buscar la complacencia de los mercaderes ideológicos que administran aquella gélida guarida de delincuentes subsidiados.

El viaje tuvo varios objetivos: invertir la realidad de la historia colombiana, ofrecer la compra de aviones Saab Gripen, traer los niños mutilados de Gaza al hospital militar, y promover que saquen al ELN de la lista de organizaciones terroristas internacionales, para poder esparcir su psicodélica utopía de “narco-paz total”. Quizás en búsqueda de comprar una nominación al premio Nobel de Paz.

Hace 42 años la ORP (Organización Revolucionaria del Pueblo) un movimiento terrorista urbano, financió con recursos nórdicos para la ANUC (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos), el secuestro y asesinato de Gloria Lara de Echeverri, quien fue concejal de Bogotá, embajadora en la ONU, querida por todas las acciones comunales y las comunidades indígenas del país. Una verdadera líder social, que entonces era la directora nacional de la oficina de desarrollo de la comunidad Digidec, hija del empresario secuestrado y asesinado Oliverio Lara Borrero, y esposa de Héctor Echeverri Correa, presidente del Senado.

Este caso sigue impune jamás ha sido reconocido por el Estado colombiano como crimen de lesa humanidad. Los llamados a juicio como secuestradores y asesinos eran dirigentes de la ANUC y militantes del MNDP o DP (Movimiento Nacional Democrático Popular) y de su núcleo ideológico la ORP. Participaron como activistas en la campaña de Luis Carlos Galán, y consiguieron huir de la justicia colombiana cuando apelaron a su primer llamamiento a juicio en 1983, ayudados por la Embajada de Francia y el gobierno de la paz de Betancur y amparados por una gran campaña mediática a su favor que encabezaron, Galán, Enrique Santos, El Tiempo, TV-Hoy, 360 Grados, Semana, El Espacio y el Bogotano.

Mis tíos, Héctor y Gloria dedicaron gran parte de su vida y de sus recursos personales a hacer trabajo social en los barrios de Bogotá y en muchas comunidades necesitadas del país, llevándole a la gente salud y todo un abanico de ayudas que el Estado no les proveía.

Las pruebas efectuadas por la justicia indican que el objetivo político de la ORP era demostrar su capacidad para perpetrar acciones violentas, con el secuestro y asesinato de una verdadera y reconocida líder social, madre y esposa, que representaba la alta clase económica del país, para ganar reconocimiento, espacios y credibilidad ante el Partido Comunista Colombiano y las grandes organizaciones revolucionarias y guerrilleras que tanto han azotado con violencia al país.

Después de 42 años la familia sigue esperando justicia, y los imputados por secuestro y asesinato siguen ayudados por la mano invisible que financia la ideología revolucionaria; luego de confesiones, de una sentencia condenatoria, 14 procesos judiciales y varias solicitudes de la procuraduría, lograron que el caso prescribiera en 1998, y que no se considerara un crimen de lesa humanidad por la Corte Suprema en 2012.

¿Puede responder el Estado, por qué sí fue considerado crimen de lesa humanidad el secuestro y asesinato de José Raquel Mercado y el de Gloria Lara prescribió? Y ¿por qué el mandatario fue a Suecia a defender en una de sus alocuciones a quienes fueron señalados como secuestradores y asesinos de Gloria Lara y acusar a la familia de ese magnicidio y cobarde feminicidio?