Luis Guillermo Echeverri Vélez
Hay que felicitar a Petro por los logros de su caótica
gestión destructora y decir que los gremios y los partidos políticos
democráticos están rajados.
Aceptemos que aquí ni en el Estado ni en el sector privado
hay compromiso, interés, determinación, voluntad política genuina, ni capacidad
de hacer valer la ley de forma correcta y contundente.
Un cáncer no se cura con mejoral ni con pañitos de agua
tibia. Al Estado de Derecho lo opera la cultura del billete no un partidismo
organizado. El parlamento, la justicia, los entes de control y las fuerzas
armadas están permeados de una cultura corrupta y clientelista disfrazada de
ideología.
Cuando uno va a cargar una mula para recorrer una trocha,
lo más importante es balancear las cargas a cada lado de la enjalma, de lo
contrario se condena a la mula a irse por un voladero, se arruina la carga y se
pierde la mula. Pues lo mismo ocurre con el desempeño de la nación y el reparto
de las cargas entre los gobiernos de turno y la responsabilidad asignada por
empresarios y trabajadores a la actividad gremial y sindical.
El pacto social se destruye cuando ocurre un desbalance
entre las fuerzas sociales que representan el sector privado, que son quienes
producen, pagan impuestos y mueven la economía, y el sector público compuesto
de burócratas que tienen un contrato temporal a sueldo como servidores, con el
objetivo de facilitar la actividad de los particulares que son la mayoría y el
electorado en los Estados democráticos.
Contrario al sistema de libertades y propiedad privada, en
el modelo comunista, el Estado y la burocracia de un partido se adueñan de
todo, reemplazan un sistema que redistribuye riqueza por la administración del
empobrecimiento, donde unos pocos roban y el resto llevan del bulto.
Y es que en la Colombia (in)humana, la del virus de la
vida, impera la miseria despótica del odio y el resentimiento de un destructor
acomplejado que se cogió confianza y ahora viene por lo de todos enarbolado en
su alucinógeno “poder constituyente”.
Pero lo peor es que la dirigencia nacional se lo está
entregando todo voluntariamente para que se cambie el sistema de libertades por
un neo-narco estalinismo, socialismo del siglo XXI, castrochavismo o populismo
con falso disfraz democrático.
En Colombia se acabaron las personas íntegras capaces de
defender con acciones y hechos reales la institucionalidad, el balance del
país, y a los ciudadanos indefensos.
A quienes han sido jefes políticos con envergadura
electoral y han ocupado posiciones importantes, el ego no los deja unirse a
defender la democracia con hechos. Sin mayorías, su toreo es de salón.
Hoy los gremios y sindicatos desvirtúan el espíritu
asociativo cuando olvidan que sin empresas no hay gremios ni sindicatos, y que,
si el balance del país no cuadra, menos el de las empresas.
Los líderes gremiales olvidaron su función esencial, el
país. No son capaces de utilizar su poderío económico para defender la
libertad, la legalidad ni la democracia. Sus juntas directivas los convirtieron
en cabilderos de intereses particulares ante parlamentarios, ministros y
magistrados.
A muchos ricos se les olvidó que nadie se puede llevar
negocios, tierra ni edificios para Miami y que en la maleta no viaja la
prestancia, el respeto y el reconocimiento social que tienen como empresarios y
empleadores en Colombia.
No es justo que mientras el pueblo grita “fuera Petro”, los
gremios cortejen como invitado de honor a quien viene a cantarle a sus
afiliados cómo es que les va a estatizar su negocio.
Entre tanto quien realmente manipula el caos político,
económico y social, aceleró a la lata el empobrecimiento nacional y como dijo
Alicia Eugenia Silva: “viene por todo”.
Del discurso terrorista, pasamos a la implementación del
caos y la miseria. Petro le pasó el buldócer al sistema electoral, a la salud,
las pensiones, la moral y capacidad de las fuerzas armadas, las relaciones
internacionales, el manejo de la economía, la educación y lo laboral.
Petro le mandó a pasar la grasera, al Congreso, las cortes
y los entes de control. Causó la implosión de las fuentes de ingresos del
Estado y las regalías que produce el sector minero-energético, mientras el
narcoterrorismo y su producción de coca y minería ilegal, se mecatearon la
biodiversidad y las forestas.
Ahora le apunta a las cuentas bancarias de los particulares
y a una narco-constituyente revolucionaria que terminará con la propiedad
privada, la seguridad nacional, ciudadana, jurídica, económica y alimentaria.
“Aunque usted no lo crea”, como decía Ripley, y ya pasó en
muchos países, Petro anunció ante todos los “alias” del gabinete invitados al
ritual, la implementación del “corralito financiero”, la semana pasada en
Cartagena ante una agremiación bancaria genuflexa, aduladora y cabildera.
Como todo lo anunciado por Petro, lo cumplirá, así sea por
la vía ilegal que es la que él domina. ¿Qué más se puede esperar de un
terrorista, que una letal inyección de desequilibrio aplicada en la vena por
donde pasa la vida económica del país?