Comienza nuestra Constitución afirmando:
“El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la
Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de
fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, …” (preámbulo)
En el Art. 2 ibídem manifiesta: “Las autoridades
de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes
en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades,
y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”
Establece al artículo 5 de nuestra Constitución: “El
Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables
de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad.”
“La vida, la dignidad, la intimidad y la libertad
son derechos fundamentales dado su carácter inalienable.” (Corte Constitucional, Sent. 571/92)
Define la Constitución en su artículo 11: “El derecho
a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte.”
Se dispone en el artículo 44 ibídem: “Son derechos fundamentales
de los niños: la vida, la integridad física (…)
No obstante, la priorización que la Constitución Política
ordena para la protección del derecho inalienable a la vida, el régimen actual ha
ignorado ese deber superior del Estado y, por el contrario, ha adoptado decisiones
que van justamente en la vía contraria a la de garantizar la vida humana con
decisiones como las siguientes[1]:
a. Se ha adelantado una política de disminución de
la capacidad operativa de las Fuerzas Militares y de Policía, encargadas por
la naturaleza de sus funciones, de guardar el orden y proteger la vida de las
habitantes del territorio patrio, mediante la salida de más de 60 generales,
el retiro continuado de efectivos, la disminución presupuestal, el cambio de su
misión, la prohibición de enfrentar a grupos ilegales patrocinados por el Gobierno,
la orden de no responder a ataques y permitir que civiles o ilegales secuestren
y torturen a la tropa, la falta de mantenimiento y renovación de armamento, equipos,
aeronaves, etc., y el sometimiento injusto de efectivos a decisiones de la JEP,
tribunal al servicio de la guerrilla[2].
b. Ahora se plantea una reforma total de las Fuerzas
Militares y de Policía en la ilegítima sustitución de la Constitución que propone
el Gobierno a través del acuerdo con el ELN donde tendrán “fuerza vinculante”
las iniciativas aprobadas en las reuniones de los grupos mayoritariamente de izquierda
que ha reunido el Comité de Participación Nacional 78 veces o, en su defecto,
mediante el ilegítimo “proceso constituyente” que promueve el presidente
con sus aliados (Pacto Histórico, ELN, FARC, Primera Línea, Fecode, etc.). Como
resultado, quedará aún más desprotegido el derecho a la vida que dispone
la Constitución que debe ser garantizado en forma prioritaria.
c. Dominado por temas que se han
convertido en obsesión, como el de reforma a la salud, olvida el presidente
el riesgo que semejante monumento a la improvisación representa para el derecho
a la vida de toda la población. Así se ha demostrado en el plan piloto iniciado
con los afiliados a Fecode, que ha desencadenado la protesta de estos. Ya se han
adelantado investigaciones que demuestran el aumento de la tasa de fallecimientos
por deficiente atención tras el retiro de afiliados de algunas EPS. ¿Cuántas vidas
humanas se perderán antes de que el pueblo soberano en unión de las Fuerzas Militares
logre que se detenga tan funesto experimento?[3]
d. El fracaso de la “paz total” anunciada por Petro ha
significado el aumento de los homicidios por causas violentas, y la violación adicional
al deber estatal de garantizar la vida de los gobernados.[4]
[2] https://www.semana.com/nacion/articulo/para-el-es-muy-facil-maquillar-las-cosas-el-duro-reclamo-de-un-policia-secuestrado-contra-el-ministro-alfonso-prada/202350/
