José Leonardo Rincón, S. J.
Cuando
estuve al frente de Conaced y de la Mesa Nacional de Educación Privada, con
frecuencia hablábamos en los gremios de la necesidad de tramitar una ley
estatutaria de la educación. De hecho, fue un tema que encontré en la agenda
para gestionar. La verdad, a pocos, por no decir nadie del mundo de la
política, del Congreso, o del mismo Ministerio, les interesaba el asunto. Parecían
estar conformes con la Ley 30 que regía la educación superior y la Ley 115 que
hacía lo propio con la educación preescolar, básica y media.
Como
suele pasar en nuestro Macondo, las cosas se hacen al revés. Lo lógico hubiese
sido que una vez promulgada la nueva Constitución del 91 se hubiese
confeccionado la ley estatutaria. Ese es, en derecho, el orden descendente de
las cosas: Constitución, Ley Estatutaria, Ley General, Decretos reglamentarios,
Resoluciones, etc. Pero no, así no fueron las cosas.
De
modo que cuando este Gobierno, que ha querido cambiar todo al tiempo, propuso sacar
adelante el asunto, me alegré mucho porque por fin podríamos ver realizado
aquel sueño. Pero claro, el proyecto de ley había que conocerlo, cribarlo, debatirlo,
aportarle, enriquecerlo, cuidar de que velara por el bien común y no de los
particulares o sesgados intereses de un sector político. Y la verdad es que el
texto inicial contenía asuntos delicados que no podían dejarse sin debatir a
fondo: debe haber libertad de enseñanza, no puede estar bajo el monopolio del
Estado, por la sencilla razón que somos un país bien plural y diverso y no
sumiso a la ideología del que gobierna. Los padres tienen el derecho de escoger
la educación que quieren para sus hijos, por ejemplo, y no condenados a un
único modelo estatal. Si bien es un servicio público, es sano que también los
particulares puedan prestarlo sin que eso signifique volverlo un vulgar y
rentable negocio.
Me
gustó que se nos invitara a todos a manifestarnos en una audiencia pública ante
la comisión donde se estaba estudiando el asunto. Y me gustó que el debate se
abriera, se escucharan voces divergentes, se argumentaran posiciones y,
finalmente, se escuchara la voz del pueblo, porque pueblo no es solo un sector,
pueblo colombiano somos todos los nacionales aquí nacidos.
Pero
¡oh sorpresa! Parece ser que el que se hubiera debatido y llegado a un consenso
entre las diferentes posiciones que quedaron plasmadas en una nueva versión, no
les gustó a algunos y para protestar por ello entraron en paro. Me enteré de que
les molesta tener que ser evaluados, como si el someterse a un plan de mejora
para incrementar la calidad de la educación fuese un delito. Los alumnos se
pueden evaluar, los profesores no, vea pues… Y la ministra que parecía tan ponderada,
viene trastabillando seguido, primero con su cuestionable comportamiento en el
CSU de la Nacional frente al nombramiento del nuevo rector y ahora uniéndose al
sindicato profesoral en vez de buscar un consenso y acuerdo nacionales. Así las
cosas, no habrá ley estatutaria por ahora y de nuevo volvemos al pasado, porque
las ideologías quieren manipular la educación y nosotros lo que queremos es que
no sirva a una política marrullera de turno, sino a un país que sigue siendo
subdesarrollado, con una educación mediocre, porque no quiere tomarse en serio
y a fondo la educación. Sigamos atentos…
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