“Aquí nos hallamos en presencia de ese maquiavelismo impetuoso, irracional, revolucionario, violento y demoníaco, para el que la injusticia sin límites, la violencia sin límites, la mentira y la inmoralidad sin límites, son los medios políticos normales, y que extrae una abominable fuerza de ese carácter ilimitado del mal” (Jacques Maritain)
En las
sabias palabras de Maritain se sintetiza con precisión la magnitud de la
tragedia que vive Colombia desde hace 13 meses.
No obstante,
el sistemático trabajo de columnistas y destacados analistas de nuestra
política, es tan abrumador el volumen de iniquidades que a diario cometen el
Gobierno y sus seguidores contra la estabilidad nacional y contra la dignidad
de los gobernados, que la realidad supera con creces la capacidad de diagnóstico.
Pasa desapercibido el meollo del asunto, camuflado gracias a la estrategia de
distracción orquestada desde la Presidencia del país.
Cabe
destacar el meritorio esfuerzo de los veteranos de las fuerzas armadas, algunos
representantes del empresariado y activistas independientes de las agrupaciones
políticas, que han promovido masivas manifestaciones callejeras de protesta
contra la elección y la gestión de quienes asaltaron fraudulentamente el poder.
Contrasta esta enhiesta actitud con el servilismo de la clase política que
apoya los proyectos gubernamentales a cambio del humillante soborno o se dedica
a la búsqueda del poder regional en las próximas elecciones, mientras la
revolución comunista se instaura a sus anchas en todo el territorio nacional.
Por fortuna
la movilización ha penetrado la mayoritaria opinión de los colombianos, como lo
evidencian recientes encuestas que condenan la gestión oficial, especialmente
sus intenciones de modificar las normas laborales, el sistema de salud y el de
pensiones. Igualmente se ha encauzado la opinión hacia la solución
constitucional de que se tramite un juicio político en el Congreso de la
República para destituir al elegido presidente debido a que violó
protuberantemente los topes de gastos asignados por la Ley a la campaña
presidencial.
Aún no
comprendemos la razón por la que directivos de partidos que debieran estar en
abierta oposición contra este oprobioso régimen, guardan un cómplice silencio y
se abstienen de respaldar y promover esta herramienta constitucional otorgada
al pueblo para destituir a quienes sean elegidos indignamente para el máximo
cargo del Estado.
Hemos
reiterado la necesidad de derrocar al presidente por el comprobado vicio
presente en su elección. Creemos, asimismo, en la urgente tarea de conformar
una gran fuerza capaz de recuperar el poder en 2026 para recatar al país de la
destrucción moral y material a la que está sometido por la revolución
comunista.
Para
contrarrestar lo que Maritain llama la “abominable fuerza de ese carácter
ilimitado del mal” no basta con tener buenas intenciones, ni con cambiar un
presidente por otro, mientras en el seno de nuestra Nación siga proliferando la
ponzoñosa semilla del materialismo marxista que nos desgobierna. Debemos estar revestidos
de una coraza de sólidos principios, idóneos para enfrentar y vencer las
falacias y engaños de la doctrina marxista-leninista que nos quieren imponer. A
modo de ejemplo, y para el estudio de más avezados pensadores que este modesto
garrapateador de ideas, presento este decálogo que debiera unir a nuestros
compatriotas para dar la batalla cultural contra los enemigos de nuestra
identidad:
Primero.-
Garantizar el derecho la vida, primordial obligación de cualquier Estado.
Gobernar con el propósito de brindar protección a la población en sus vidas e
integridad personal. Fortalecer las fuerzas armadas y de policía. Desarticular
el terrorismo, los grupos ilegales y las bandas que atentan contra la
población.
Segundo.-
Propósito de las autoridades debe ser la búsqueda del bien común integral. Se
debe velar por el reconocimiento de los derechos primordiales de la persona
humana: Que cuente con los medios necesarios para su subsistencia, respeto a su
dignidad como persona, derecho a tener y disfrutar de sus bienes.
Tercero.- Implementar
un sistema de justicia que decida en forma imparcial y honesta los litigios.
Implica una reforma a fondo del aparato judicial para escoger por méritos a los
magistrados y que su juzgamiento sea independiente de los intereses políticos.
Incluye una modificación de la ley penal para que sea eficaz en la lucha contra
el delito, el narcotráfico, la corrupción y el terrorismo.
Cuarto.-
Responsabilidad del Estado en el desarrollo económico del país y en la
generación de empleo digno para toda la fuerza laboral. Debe reducirse el
tamaño y costo del Estado para aplicar sus recursos al fomento del crecimiento,
especialmente en el campo y en las ciudades intermedias.
Quinto.-
Defender la democracia, respetando las decisiones del pueblo, eliminando el
fraude en las elecciones, corrigiendo nuestro sistema electoral para que el
país sea dirigido por sus mejores hombre y mujeres. Se implantará la
designación de los servidores públicos por méritos y no por recomendaciones
políticas.
Sexto.-
Proporcionar adecuada asistencia a la población más débil y vulnerable.
Protección especial a la vejez, a la niñez, a los marginados de los sectores
más olvidados del país, a los nonatos, a los indígenas esclavizados por grupos
armados, a los desempleados, a las madres cabeza de familia, a los
discapacitados y a quienes se encuentren en estado de extrema pobreza.
Séptimo.-
Otorgar especial protección a la familia tradicional, núcleo fundamental de
nuestra sociedad. Combatir todo aquello que pretende su destrucción como la
ideología de género, el aborto, la difusión del materialismo ateo y marxista en
la educación de los hijos.
Octavo.- Respetar
el derecho de los padres en la educación de sus hijos. El Estado, como auxiliar
en esa tarea, debe proporcionar los medios para que nuestros hijos puedan
convertirse en buenos ciudadanos, formados en valores cívicos y espirituales, y
con una idónea formación para desempeñarse con éxito en la vida laboral o
empresarial.
Noveno.- El
Gobierno debe respetar y hacer respetar la soberanía nacional , contra toda
indebida intromisión de otros Estados o de organizaciones internacionales en
los asuntos internos.
Décimo.- El
Gobierno debe ser absolutamente respetuoso del Estado de derecho y actuar
conforme a la Constitución y a las Leyes, así como a los preceptos contenidos
en el Derecho natural y el Derecho de Gentes.
