No existe vocablo
que retrate de manera más precisa el sentimiento que embarga al pueblo
colombiano con respecto a sus actuales gobernantes que el de indignación,
es decir, “enojo,
ira o enfado vehemente contra una persona o contra sus actos”, según la definición
de la RAE.
Estamos indignados
contra la indignidad de quienes nos gobiernan en el ejercicio de sus
cargos, principalmente por el incumplimiento de aquellos deberes
constitucionales que juraron cumplir y defender cuando se posesionaron de tan
altas responsabilidades.
Soberanía del pueblo
Se lee en el art. 3º. de la Constitución Política: “La soberanía
reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El
pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los
términos que la Constitución establece”. Pero ocurre que la voluntad del
pueblo fue desconocida abiertamente a través del monumental fraude cometido en
las elecciones presidenciales, tanto en la propia votación como en el conteo de
votos realizado a espaldas del pueblo por contratistas cuestionados
internacionalmente y utilizando programas que no fueron probados previamente.
Se violaron numerosas normas electorales, entre ellas las que fijan los topes
para los recursos que ingresaron a la campaña.
Unidad y convivencia
En el preámbulo de la
Constitución Política se establece como uno de sus fines el de “fortalecer
la unidad de la Nación” y asegurar a sus integrantes la convivencia.
Son fines esenciales del Estado “asegurar la convivencia pacífica y la
vigencia de un orden justo”, tal como lo dispone el art. 2º. ibídem. Ocho
meses después de la posesión la unidad nacional ha estallado gracias a la
política de estigmatización a la oposición, del odio de clases y de la venganza
que ha desatado la camarilla gubernamental. No se puede hablar de convivencia
donde sólo hay hostigamiento a quienes se atrevan a oponerse al gobierno.
Derecho a la vida
Como es obvio, asegurar
la vida y la paz de los integrantes de la Nación es uno de los objetivos
consagrados en el preámbulo de la C.P. Reza el art 2º. ibídem, inciso 2: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales
del Estado y de los particulares”. Según el art 11 ibídem, “el derecho a
la vida es inviolable”. De conformidad con el art. 22 A, “se prohíbe la
creación, promoción, instigación, organización, instrucción, apoyo, tolerancia,
encubrimiento o favorecimiento, financiación o empleo oficial y/o privado de
grupos civiles armados organizados con fines ilegales de cualquier tipo”. En
lugar de dar cumplimiento a esta obligación prioritaria, quien ahora ejerce la
Presidencia se ha dedicado a impedir la acción de las Fuerzas Militares y de
Policía, encargadas de proteger la vida y los bienes de los ciudadanos,
mientras alienta la formación de “gestores de paz”, “guardias campesinas” y
otros grupos de vándalos como los de la “Primera línea” que destruyeron parte
de los cascos urbanos en el pasado reciente. Fue uno de estos colectivos el que
secuestró a policías y civiles, y degolló a un agente del orden, mientras el presidente
prohibía que los agentes fueran auxiliados y uno de sus ministros calificaba el
secuestro y el asesinato como un “cerco humanitario”. ¿Se necesitan más
evidencias de esta flagrante violación a la Constitución?
Derecho al trabajo
Señala el citado preámbulo
como otro de los objetivos fundamentales asegurar a los nacionales el
trabajo dentro de un marco que garantice un orden político, económico y
social justo. Como fundamento del Estado consagra el artículo 1º. de la Carta,
el trabajo y la solidaridad de las personas que integran la República.
Establece el art 25 ibídem: “El trabajo es un derecho y una
obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección
del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y
justas”.
La acción gubernamental se
ha orientado precisamente en contravía de este mandato constitucional. Mediante
la teoría del decrecimiento y la ideología marxista de persecución al capital,
se han dedicado a la destrucción del sistema económico, obstaculizar la
inversión privada y conducir a la ruina al empresariado, fomentando así el
desempleo. Tras la reforma tributaria se empeñan ahora en una regresiva reforma
laboral que, como dijo una de las ministras, no tiene por objeto crear empleo.
Por supuesto que no. Ya un alto porcentaje de empresarios han anunciado que
tendrán que reducir sus nóminas de trabajadores para poder sobrevivir.
Seguridad social
Se consigna en el artículo
46 ibídem: “El Estado, la sociedad y la familia concurrirán
para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y
promoverán su integración a la vida activa y comunitaria”.
“El Estado les garantizará
los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso
de indigencia”.
Con base en el artículo
48 de la Carta, la seguridad social debe organizarse “en sujeción a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad”. Agrega esta norma: “El
Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la
cobertura de la seguridad social”. Tajantemente establece: “No se podrán
destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social
para fines diferentes a ella”. En inciso aprobado por el Acto Legislativo 1
de 2005 ordenó: “El Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad
financiera del Sistema Pensional, respetará los derechos adquiridos con arreglo
a la ley y asumirá el pago de la deuda pensional que de acuerdo con la ley esté
a su cargo. Las leyes en materia pensional que se expidan con posterioridad a
la entrada en vigencia de este acto legislativo, deberán asegurar la
sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas”.
Todas estas previsiones
constitucionales son las que el actual gobierno se quiere pasar por la faja
mediante la reforma pensional, para apoderarse de los ahorros de los
trabajadores para sus futuras pensiones, y gastarlas para cubrir el déficit
fiscal originado en el descomunal despilfarro de los dineros públicos.
Derecho a la justicia
Asimismo, se refiere el
preámbulo a la garantía de la justicia, la igualdad y la libertad para
los nacionales. Entre los fines del Estado señala el art. 2º. “garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes garantizados en la
Constitución”. De conformidad con el art. 6º ibídem, los servidores
públicos son responsables por infringir la Constitución y las leyes y por
omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
Dice el artículo 197 de la
Carta: “No podrá ser elegido presidente de la República o vicepresidente
quien hubiere incurrido en alguna de las causales de inhabilidad consagradas en
los numerales 1, 4 y 7 del artículo 179”. Y en el artículo 179 se
lee: “No podrán ser congresistas:
1. Quienes hayan sido
condenados en cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de la
libertad, excepto por delitos políticos o culposos”.
Pesa sobre el jefe de Estado
la responsabilidad por esta larga cadena de violaciones a la Carta Magna. No es
aceptable que descargue tal responsabilidad en sus ministros, los cuales en su
gestión son flor de un día. En cada asunto, el Gobierno lo conforman el presidente
con el respectivo ministro.
Pero, además, no es de poca
monta, la inhabilidad que arrastra el señor Petro para ostentar el cargo de
jefe del Estado. Es un hecho incontrovertible que cometió un delito diferente a
los de carácter político y a los culposos. ¿Por qué no hicieron efectiva esa
tremenda inhabilidad? ¿Es que Petro está por encima de la Constitución que el
resto de los colombianos estamos obligados a cumplir? ¿Vale más la trampa y el
engaño, el soborno y la indignidad que el correcto cumplimiento de las leyes?
Dignidad de la persona
humana y familia
Entre los principios
fundamentales registra el artículo 1º. de la C. P. “el respeto a la dignidad
humana”. En el art 5º. ibídem se lee: “El Estado reconoce, sin
discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y
ampara a la familia como institución básica de la sociedad”. Dispone
la Carta en su artículo 42: “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad.
Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un
hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de
conformarla”. En el art 67 se dispone: “La educación formará al
colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia.”
Y más adelante agrega: “Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema
inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por
el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y
física de los educandos”.
Como personas humanas nos
sentimos indignados por la falta de respeto a nuestros derechos por parte de un
Estado al que sólo interesa cambiar a la fuerza tanto nuestro modelo económico
como nuestro patrimonio cultural, nuestros principios, valores y creencias, con
el objeto de construir sobre las ruinas de nuestra sociedad otra república
comunista, contraria a nuestro legado histórico. Este indigno Gobierno pretende
destruir la familia, violando el mandato de la Constitución, fomentando la
enseñanza de la ideología de género, el aborto indiscriminado, la eutanasia, el
matrimonio entre personas del mismo sexo y todo lo que destruya la esencia de
la familia que la Constitución ordena proteger. ¿Vamos a permitir la
destrucción de nuestra sociedad sin ejercer nuestros derechos?
Tema de gran preocupación
para los padres y las madres es el de la educación de nuestros hijos. ¿Qué les
están inculcando estos profesores comunistas de Fecode? ¿Por qué los
estudiantes de Colombia tienen tan malos resultados en las pruebas
internacionales? ¿Por qué se permite que corrompan sus mentes con la idea
anticientífica e inmoral de que no nacemos hombres o mujeres, sino que podemos
escoger el sexo, como cuando uno escoge unos zapatos o elige seguir a un equipo
de fútbol? Ni siquiera las normas constitucionales sirven para que este indigno
gobierno cambie la orientación de la educación.
Protección a los niños
El Estado y la sociedad
garantizan la protección integral de la familia. En el art 44 se consagra: “Son
derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la
salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y
nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor,
la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión.
Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral,
secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos
riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la
Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por
Colombia”.
Es tal el desprecio de este
indigno gobierno que ni siquiera le preocupa que cientos de niños sean
secuestrados por las guerrillas, o por los narcotraficantes aliados del
Gobierno o por los colectivos irregulares que ahora son protegidos por el
Estado. ¿Tampoco esta norma les interesa cumplir porque su objetivo es
perpetuarse en el poder a cualquier costo?
El bien común
Otro principio
reconocido en el art 1º. ibídem es “la prevalencia del interés general”,
vale decir del bien común. Entre los fines esenciales, al tenor del artículo
2º. de la C. P., están los de “servir a la comunidad” y “promover la
prosperidad general”. Según el art 58 de la Carta, “Se garantizan la
propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes
civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes
posteriores”.
Nada más lejos de los
intereses que trabajar por el bien común, servir a la comunidad o promover la
prosperidad general. Está de por medio su objetivo principal: convertir a
Colombia en un estado comunista, pauperizar a la población para poder
manipularla mediante la entrega de miserables subsidios, desmoronar las fuerzas
militares y de policía para que no haya nadie a quien pedir ayuda, perpetuarse
en el poder mediante la repetición del fraude y la compra de votos, destruir a
la familia y corromper las mentes de los niños.
Sólo nos puede salvar,
en esta tenebrosa coyuntura lo que aconsejaba Maritain: “… una gran asamblea
de hombres de buena voluntad, conscientes de la unidad moral que subsiste, a
pesar de todo…”
