El Foro de Sao Paulo y
el Grupo de Puebla están de plácemes. Si bien en palabras de su vocero, el
expresidente Samper, habían “recuperado” a Bolivia, también habían “perdido”
Ecuador, pero ahora “ganaron” a Perú, en otro de los vaivenes de la geopolítica
regional que no encuentra un rumbo grupal, cierto y de progreso. En medio de
esas oscilaciones, un riesgo mayor de inestabilidad crece peligrosamente: el
narcotráfico y sus consecuentes e incontrolables corrupción y violencia.
Perú y la coca
El ascenso al poder
del “candidato del lápiz”, el gremialista Pedro Castillo, plantea serios
problemas de seguridad para toda la región y particularmente para Bogotá. Sus
propuestas claramente de corte marxista leninista, como él mismo las define, no
es asunto que políticamente incumba a sus vecinos. Cada país tiene derecho a
escoger la opción de gobierno que considere mejor. Pero siendo Perú el segundo
productor de cocaína en el mundo, después de Colombia, las políticas de
Castillo previenen un horizonte complicado en asuntos de seguridad.
En la última medición
de Washington, Perú incrementó en 16 mil hectáreas sus cultivos ilícitos de
coca en el periodo 2019-2020, lejos de Colombia, que en el mismo periodo
aumentó en más de 30 mil hectáreas tales cultivos. La producción potencial de
cocaína en el Perú para el 2020 fue de 810 toneladas métricas, mientras en el
caso colombiano picó en 1010, según el mismo informe. Resultados muy
conservadores para nuestro análisis, que incorpora un consumo histórico del
narcótico en Europa y una creciente demanda en Australia y otras regiones del
Pacífico.
Las implicaciones de
este ensanchamiento en los cultivos peruanos de coca se pueden apreciar en el
deterioro de las estadísticas de seguridad, especialmente en la región
fronteriza peruano-boliviana de El Puno, que ha llevado a varias comunidades a
organizar sus propias autodefensas, ante la incapacidad del Gobierno para
lidiar con asaltos, robos, homicidios, extorsiones. Huallaga y el Vraem siguen
siendo los principales focos de atención de las autoridades peruanas para la
erradicación, al tiempo que mantienen un combate permanente contra reductos de
Sendero Luminoso.
Si bien la cocaína
peruana se ha movido especialmente para Bolivia y Argentina vía aérea, ahora se
incrementarán las rutas terrestres a través de cargadores o porteadores, y con
ellos el reclutamiento de jóvenes que con la narco chequera y las banderas
elenas y farianas, ayudarán a acrecentar el poder armado transnacional de esas
organizaciones.
Castillo y la
seguridad regional
La exigua agrupación
terrorista maoísta Sendero Luminoso, puede repetir la historia del ELN que, reducido a su mínima expresión por la acción de las Fuerzas Militares
colombianas, creció y es hoy la más riesgosa amenaza regional, gracias al
cobijo que desde Caracas le dio el Gobierno chavista-madurista y debido a los
recursos del narcotráfico y la minería ilegal.
La preocupación viene
de un Gobierno que probablemente siga la dinámica de Miraflores pues, aun antes
de ser proclamado presidente, Castillo recordó sus principales “novedosas”
ofertas: una asamblea nacional constituyente, nacionalización de las industrias
extractivas, muchas de ellas en manos chinas, mercados populares y control a
los medios de comunicación, fórmula ya conocida en la región y que tiene sumida
en la miseria a países como Venezuela, que ya no produce petróleo, Cuba, que
hace rato dejó de producir azúcar y Argentina que escasamente tiene carne.
Además, para nuestra preocupación, anunció el retiro de la DEA de su país,
fórmula adoptada por Bolivia y Venezuela, con las consecuencias conocidas.
Para Colombia, una
política de Estado como la propuesta por Castillo, abre el espacio para que
estructuras narcotraficantes como el ELN, en alianza con carteles mexicanos y
la mafia internacional, aumenten su presencia al paso del incremento de los
cultivos ilícitos en la región amazónica, afectando países como Brasil, y a
Colombia, en la provincia de Loreto, limítrofe con el Putumayo, parte del área
con los mayores cultivos ilícitos de coca en el mundo. Es probable que, por
diferencias ideológicas, se dificulte un acuerdo binacional que permita
operaciones policiales y militares entre ambos países, algo similar a la
relación colombo-ecuatoriana en la época de Correa-Uribe. Mucho más si se tiene
en cuenta el interés venezolano en apoyar a un gobierno de su cuño, mientras
ataca a uno demócrata como el colombiano, desafortunadamente primer productor
mundial de cocaína. Con Castillo en el Perú, se complicarán mayormente los
serios problemas de seguridad por los que atraviesa la región.
