Vigía: soberanía en riesgo en el Caribe

Por John Marulanda

Si son comunes los asesinatos de cristianos en Oriente Medio y África, ya es tiempo de entender que en América central existe un país con una dura persecución contra sus practicantes católicos. Se trata de Nicaragua. El nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag fue expulsado en marzo; unas 18 monjas de la Asociación Misioneras de la Caridad, de la orden de la madre Teresa de Calcuta abandonaron el país; 9 sacerdotes y otros colaboradores permanecen incomunicados en la cárcel de El Chipote; Rolando José Álvarez, obispo de Matagalpa, se encuentra reducido a prisión en su residencia familiar en Managua; 8 radioemisoras y 3 tele canales cristianos fueron cerrados y un sin número de fieles han sido detenidos e interrogados por las fuerzas policiales de Ortega y su esotérica esposa Rosario Murillo.

Ante el pedido de 17 organizaciones opositoras, el reciente llamado papal a una charla entre el gobierno y la iglesia católica nicaragüense fue claro, aunque repetitivo: "Quiero expresar mi convicción y mi deseo de que, a través de un diálogo abierto y sincero, se puedan encontrar las bases para una convivencia respetuosa y pacífica" dijo Francisco en su discurso del pasado domingo.

Lo anterior palidece frente a la cruda realidad de la ausencia de Colombia en el Consejo Extraordinario de la OEA que condenó la histórica reacción del gobierno nicaragüense frente a las críticas sazonadas del púlpito católico. Con 27 votos afirmativo, 1 en contra, 4 abstenciones y dos ausencias, las de Colombia y Nicaragua, la sesión extraordinaria del Consejo culminó con una condena generalizada a la tiranía de Ortega-Rosario por “hostigamiento” y violación a los derechos humanos.

El recientemente designado embajador en ese país, exparlamentario León Fredy Muñoz, fue retenido en el aeropuerto José María Córdoba, el 31 de mayo de 2018, con 146 gramos de cocaína. Un delincuente frente a las leyes actuales y quien ya está llamado a responder por su delito por la Corte Suprema de Justicia. El embajador ante la OEA, magistrado Luis Ernesto Vargas, tampoco apareció en el evento, siendo la colombiana una de las más nutridas delegaciones de país alguno. La cancillería explicó que la no presencia de estos personajes se debió a que no tenían el reconocimiento oficial como representantes diplomáticos de Colombia ante las autoridades de la embajada de Nicaragua y de la OEA. Vanas justificaciones y débiles argumentos frente a un severo riesgo contra nuestra soberanía pues, si como dijo el presidente electo habrá que cumplir el fallo de la Corte de la Haya sobre los nuevos límites marítimos en el Caribe, las cartas parecen estar jugadas frente a sus compinches de Nicaragua y Venezuela.

En la actualidad existe un litigio pendiente ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, del 16 de septiembre del 2013, para una delimitación de la Plataforma Continental Extendida, más allá de las 200 millas. El otro, del 26 de noviembre del 2013, por supuestos incumplimientos al fallo del 2012, ya fue aclarado por la mencionada Corte.

El ex embajador de Estados Unidos en el país centroamericano, Arturo McFields, hizo una declaración pertinente: “Colombia todavía, si lo quiere, puede mandar una carta a la OEA y pedir que lo pongan como patrocinador de la resolución en contra de Ortega y pedir que su voto cuente a favor de la condena a los abusos de derechos humanos. Todavía está a tiempo de redimirse; eso sería algo extraordinario”.

Y el empresario cristiano brasileño Leandro Ruschel dijo: “Haciendo aún más claro su alineamiento con el movimiento totalitario de extrema izquierda en América Latina, Petro ordenó a sus diplomáticos abstenerse de la sesión de la OEA prevista para condenar los crímenes de Daniel Ortega en Nicaragua”.

“La posición de Colombia frente a la situación en Nicaragua, al abstenerse de condenar la aberrante y violación sistemática de derechos humanos del gobierno de Ortega, es una gran vergüenza…”, trinó el 14 de agosto el excandidato presidencial colombiano Sergio Fajardo.

Y tras esa timidez, va la cesión de soberanía como lo ha hecho el país desde 1810, entregando un 54% de su suelo a diferentes nacionalidades, inclusive a la nicaragüense.

Así paga el diablo...

Por José Leonardo Rincón, S. J.*

La dictadura en Nicaragua es tan evidente como descarada. Daniel Ortega, quien en otrora fuera uno de los líderes de la revolución popular sandinista, hoy día, apoltronado en el poder, ha olvidado los principios revolucionarios que un día lo inspiraron y se ha convertido en un tirano. No exagero si afirmo que eso pasa en las derechas y en las izquierdas y que es un mal genético de quien se queda en el poder por mucho tiempo. Y si no pregúntele a Fidel o a Pinochet, tan diametralmente opuestos en lo ideológico, como parecidos a la hora de hacerse sentir como capataces de sus pueblos.

Por eso desde estas líneas manifiesto mi malestar con la posición que adoptó la delegación colombiana en la OEA, al final de la semana pasada, cuando optó por retirarse de la sesión donde se condenó a Nicaragua por la violación de derechos humanos. Esa falta de compromiso con la carta fundamental deja mal sabor diplomático. No entiendo qué pretensiones hay con esa actitud de querernos congraciar con la dictadura de Ortega. ¿Bajar la tensión por el conflicto que tenemos en la corte de La Haya a propósito de San Andrés y sus cayos?, ¿entrar en el club de la izquierda latinoamericana haciéndose pasito con uno de sus exponentes? Mala cosa, porque la consistencia del discurso tiene que ser la misma aquí y acuyá. Uno no puede protestar aquí y hacerse el de la vista gorda allá. Derechos humanos fundamentales son los mismos para unos y para otros. No puede haber distintos raseros.

Ortega, el gran detractor de Somoza en los 70, hoy es su réplica empeorada. Uno a uno fue sacando a codazos a sus compañeros de revolución, uno a uno ha ido echando a la cárcel a todos los que no piensan como él, una a una ha cerrado decenas de instituciones y ONGs, una a una ha expulsado comunidades religiosas y ahora ataca ferozmente a la iglesia católica, esa misma que un día lo apoyó en su lucha revolucionaria y estuvo en la junta que ganó la revolución en 1979 con personajes como De Escoto y los hermanos Ernesto y Fernando Cardenal. “Así paga el diablo a quien bien le sirve”, sentencia la máxima popular. Así paga el diablo de Ortega y su siniestra esposa que buscaron el poder, no para servir al pueblo sino para lograr sus siniestros propósitos.

Los principios y valores que el evangelio defiende deben permanecer incólumes, llueva, truene o relampaguee. No son plastilina manipulable al caprichoso vaivén de los de turno, o de sus estados anímicos, o de las conveniencias ideológicas y políticas. Deben conservar su libertad e independencia, su frescura y conciencia crítica. Cuando la Iglesia le da por jugársela tomando partido por un partido político no le va bien, nunca le ha ido bien, porque su servicio no es al poder de la fragilidad humana, sino a la causa del Reino que predicó Jesucristo. Ahora, la Iglesia nicaragüense, vilipendiada y humillada, perseguida y ultrajada por el régimen ha decidido no claudicar, no dar el brazo a torcer, mantener la frente en alto y seguir adelante. Su causa no es politiquera, su razón de ser es esencialmente religiosa para promover la vida, la dignidad humana, la verdad, la justicia, la paz, el amor. Lecciones de vida que se repiten para que aprendamos, de una vez por todas.