De cara al porvenir: qué vergüenza

Pedro Juan González Carvajal

Un Estado de manera tradicional se reconoce cuando tiene un territorio sobre el cual se alberga una población y sobre la cual se tiene y se ejerce poder.

La más elemental de las obligaciones de un Estado –en caso de existir–, es mantener presencia y control sobre la totalidad del territorio a su cargo, ya sea terrestre, marítimo, aéreo o atmosférico.

Desde hace varios decenios la zona del Catatumbo al Norte del Departamento del Norte de Santander está dominado y controlado por grupos insurgentes que cada que a bien tienen, atacan, secuestran, extorsionan, masacran y dejan la reputación de las Fuerzas Armadas y de Policía por el suelo, así como de los gobiernos enclenques de cada época, afectando de manera inmisericorde la vida de los habitantes y pobladores vecinos, y sacrificando vanamente a nuestros policías y soldados.

Cualquier argumentación que hoy se dé por parte del Gobierno o de los altos mandos militares es inocua e insuficiente ante los resultados inexistentes que se tienen y la realidad que lamentablemente se vive.

La falta de interés, de estrategia, de capacidad, de recursos o de voluntad hace que nuestros soldados y policías se conviertan en carne de cañón, y la población, en una ciudadanía dominada por el miedo y la incertidumbre.

Cada que pasa un evento trágico, la primera medida tradicional –más para dejar constancia que cualquier otra cosa– es citar o convocar a un consejo de seguridad al más alto nivel en el cual nunca ha pasado nada ni ha salido una solución… Además, se piensa, se anuncia y se decreta tardíamente el “Estado de conmoción interior” al que no hay que darle muchas vueltas para justificarlo ante las evidencias palmarias, pero de agilidad y premura, para expedir los decretos respectivos, poco.

Catatumbo, Tibú y Aguachica, entre otros varios municipios, tristemente se han convertido en “pedazos de Colombia” que no pertenecen a Colombia.

La Segunda División del Ejército Nacional tiene su sede principal en Bogotá y una sede alterna en Bucaramanga. La Trigésima Brigada, orgánica de la Segunda División del Ejército Nacional está ubicada en la ciudad de Cúcuta. Con toda la fortaleza del espíritu sugiero que ambas comandancias sean trasladadas inmediatamente para el epicentro del conflicto, Catatumbo, y que sea lo que Dios quiera, pues si seguimos administrando los operativos desde las capitales de los departamentos, jamás se van a conseguir resultados positivos y seamos claros: los datos y la realidad matan a los relatos, a las justificaciones y a las buenas intenciones.

Las guerras irregulares tienen sus propios códigos y requieren sus propias estrategias.

Otra medida es establecer la Ley Marcial en la zona y nombrar un gobernador militar.

¿O vamos a seguir haciendo más de lo mismo esperando resultados distintos?

Con espejismos como los de “Colombia potencia mundial de la vida” y expresiones como “Expandir el virus de la vida por las estrellas del universo”, no vamos a poder engañar ni a propios ni extraños, y mucho menos cuando se les ocurra anunciar con bombos y platillos que “Catatumbo es la capital nacional de la paz”.

No nos crean tan pendejos. Lo de la “Paz Total” que todos nos soñamos y nos merecemos, se ha convertido en un embeleco irrealizable si no se atacan de manera continua en el tiempo, como verdadero Proyecto Nacional, las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la injusticia y la iniquidad histórica que como lastre nos viene pesando desde el mismo día de la mal llamada independencia.

Otra situación, por ahora no tan caótica en términos de guerra, pero que cada vez está más cerca de explotar, es la que se observa en territorios olvidados como Chocó y La Guajira, sin mencionar aquellos departamentos tradicionalmente relegados como los que configuran nuestra Amazonía y nuestra Orinoquía.

¡Nos quedó grande la grandeza!

O nos ponemos serios y refundamos este engendro de Estado que hoy tenemos, o preparémonos y no nos asustemos ni nos sorprendamos cuando esto se salga de madre y quedemos reducidos a territorios convertidos abiertamente en zonas de combate.

¿Es este futuro el que queremos para nuestros sucesores? ¿Esta es la herencia, la mal llamada Patria, que les dejaremos como legado?

Si es así, pues entonces declaremos abiertamente que las últimas generaciones hemos sido generaciones perdidas, a las cuales ha de juzgar la historia por acción, por inacción, por complicidad o por omisión.

Maldita droga

Andrés de Bedout Jaramillo

La crisis humanitaria que está viviendo El Catatumbo y que se extiende a otras zonas del país, tiene todos los tintes de una guerra entre bandas de delincuentes dolidos por fechorías entre ellos, que ponen en entredicho la supremacía y dominio territorial de alguno de los dos bandos, en una zona, en plena frontera con Venezuela, donde se dice que hay más de cincuenta mil hectáreas de coca cultivada y laboratorios.

Los delincuentes de los dos bandos gozan de protección en ambos territorios. En Colombia, varios de ellos son gestores de paz, con paz y salvo para moverse libremente en camionetas blindadas y armamento suministrados por el Gobierno. En Venezuela, los dos bandos se mueven como Pedro por su casa, lo que les permite trabajar tranquilamente. Pero llegó el momento de las definiciones: al parecer, el Gobierno colombiano protege a las FARC y el venezolano al ELN. Yo diría que ambos protegen a los dos bandos de narcotraficantes en plena actividad.

En la mitad, una población que al parecer se constituye en la fuerza laboral al servicio de ambos bandos enfrentados.

Esa población pone los muertos; su identificación depende de para cuál de los dos bandos trabaja, haciéndose acreedores a la furia asesina de ELN y FARC, donde nadie se salva. Todos hacen parte de la fuerza laboral que mueve la economía del producto número uno de la zona: la coca.

El ejército, que tenía prohibido molestar a las FARC y ELN en la zona, llega ahora a tratar de ocuparla, con una capacidad operativa y de inteligencia menguadas por las medidas que ha venido tomando el Gobierno y que han logrado su propósito: restarle todas las capacidades a la fuerza pública.

Si el interés del Gobierno fuera el de darle duro a estos dos grupos, ELN y FARC estarían aprovechando que los habitantes de la zona abandonaron el territorio para hacer una ofensiva arrasadora contra estas estructuras, incluyendo destrucción de cultivos y laboratorios.

Pero como perro no come perro, esto no se va a dar. Las gentes seguirán desplazadas, bajo el cuidado de los colombianos que han volcado su solidaridad a su ayuda, con comida, vestido y elementos de aseo, mientras que los dos bandos se calman bajo la protección de los dos gobiernos, el colombiano y el venezolano.

Colombia terminará retirando a su menguada fuerza pública a los cuarteles y reactivando las negociaciones de paz con el ELN, suspendiendo otra vez las órdenes de captura, otorgando paz y salvos de movilidad y camionetas blindadas a los gestores de paz, que se tendrán que arreglar y juntar para que el negocio continúe y la fuerza laboral regrese a la zona y puedan convivir y trabajar en las peligrosas arenas movedizas del narcotráfico, que enriquece a unos pocos y empobrece y envilece a muchos.

Con las FARC no hay que reanudar diálogos; seguramente nombrarán más gestores de paz, más camionetas, más armas y más paz y salvos de movilización.

Colombia y Venezuela siguen empeñados en proteger, impulsar y ayudar a los delincuentes para asegurarse en el poder, incrementando la economía ilegal en sus territorios y seguramente lucrándose de ella.

La población de El Catatumbo seguirá como fuerza laboral al servicio del narcotráfico, sometida y esclavizada, atrapada entre la fuerza de las armas y el dinero que garantice su triste e incierta subsistencia.

Es impresionante la velocidad que llegamos al abismo del desastre.

Los efectos de la droga y el alcohol los estamos sufriendo todos. Nuestro primer mandatario, dominado por los vicios, destruye a su paso todo lo que toca, impunemente. Es el vicioso que destruye a Colombia y se destruye a sí mismo.

Lo sucedido con Estados Unidos en estos últimos días puso de presente el grado de irresponsabilidad, irracionalidad y locura al que ha llegado el presidente Petro.

No puede ser que en nuestro ordenamiento jurídico y en nuestras instituciones no existan normas que nos permitan salir de esta horrible situación.

Que nuestro señor Jesucristo nos ilumine para encontrar la forma de impedir a Petro seguir al frente de Colombia como primer mandatario y acepte un tratamiento que le permita salir del alcohol y las drogas.