martes, 28 de enero de 2025

Maldita droga

Andrés de Bedout Jaramillo
Andrés de Bedout Jaramillo

La crisis humanitaria que está viviendo El Catatumbo y que se extiende a otras zonas del país, tiene todos los tintes de una guerra entre bandas de delincuentes dolidos por fechorías entre ellos, que ponen en entredicho la supremacía y dominio territorial de alguno de los dos bandos, en una zona, en plena frontera con Venezuela, donde se dice que hay más de cincuenta mil hectáreas de coca cultivada y laboratorios.

Los delincuentes de los dos bandos gozan de protección en ambos territorios. En Colombia, varios de ellos son gestores de paz, con paz y salvo para moverse libremente en camionetas blindadas y armamento suministrados por el Gobierno. En Venezuela, los dos bandos se mueven como Pedro por su casa, lo que les permite trabajar tranquilamente. Pero llegó el momento de las definiciones: al parecer, el Gobierno colombiano protege a las FARC y el venezolano al ELN. Yo diría que ambos protegen a los dos bandos de narcotraficantes en plena actividad.

En la mitad, una población que al parecer se constituye en la fuerza laboral al servicio de ambos bandos enfrentados.

Esa población pone los muertos; su identificación depende de para cuál de los dos bandos trabaja, haciéndose acreedores a la furia asesina de ELN y FARC, donde nadie se salva. Todos hacen parte de la fuerza laboral que mueve la economía del producto número uno de la zona: la coca.

El ejército, que tenía prohibido molestar a las FARC y ELN en la zona, llega ahora a tratar de ocuparla, con una capacidad operativa y de inteligencia menguadas por las medidas que ha venido tomando el Gobierno y que han logrado su propósito: restarle todas las capacidades a la fuerza pública.

Si el interés del Gobierno fuera el de darle duro a estos dos grupos, ELN y FARC estarían aprovechando que los habitantes de la zona abandonaron el territorio para hacer una ofensiva arrasadora contra estas estructuras, incluyendo destrucción de cultivos y laboratorios.

Pero como perro no come perro, esto no se va a dar. Las gentes seguirán desplazadas, bajo el cuidado de los colombianos que han volcado su solidaridad a su ayuda, con comida, vestido y elementos de aseo, mientras que los dos bandos se calman bajo la protección de los dos gobiernos, el colombiano y el venezolano.

Colombia terminará retirando a su menguada fuerza pública a los cuarteles y reactivando las negociaciones de paz con el ELN, suspendiendo otra vez las órdenes de captura, otorgando paz y salvos de movilidad y camionetas blindadas a los gestores de paz, que se tendrán que arreglar y juntar para que el negocio continúe y la fuerza laboral regrese a la zona y puedan convivir y trabajar en las peligrosas arenas movedizas del narcotráfico, que enriquece a unos pocos y empobrece y envilece a muchos.

Con las FARC no hay que reanudar diálogos; seguramente nombrarán más gestores de paz, más camionetas, más armas y más paz y salvos de movilización.

Colombia y Venezuela siguen empeñados en proteger, impulsar y ayudar a los delincuentes para asegurarse en el poder, incrementando la economía ilegal en sus territorios y seguramente lucrándose de ella.

La población de El Catatumbo seguirá como fuerza laboral al servicio del narcotráfico, sometida y esclavizada, atrapada entre la fuerza de las armas y el dinero que garantice su triste e incierta subsistencia.

Es impresionante la velocidad que llegamos al abismo del desastre.

Los efectos de la droga y el alcohol los estamos sufriendo todos. Nuestro primer mandatario, dominado por los vicios, destruye a su paso todo lo que toca, impunemente. Es el vicioso que destruye a Colombia y se destruye a sí mismo.

Lo sucedido con Estados Unidos en estos últimos días puso de presente el grado de irresponsabilidad, irracionalidad y locura al que ha llegado el presidente Petro.

No puede ser que en nuestro ordenamiento jurídico y en nuestras instituciones no existan normas que nos permitan salir de esta horrible situación.

Que nuestro señor Jesucristo nos ilumine para encontrar la forma de impedir a Petro seguir al frente de Colombia como primer mandatario y acepte un tratamiento que le permita salir del alcohol y las drogas.