Antioquia y la recentralización

Por: Félix Alfázar González Mira*

Decía Alfonso López Pumarejo en los años 30 que el país parecía “andar a la penúltima moda” y no se equivocaba para aquella época como para esta.

Es claro que los países que tienen en su estructura constitucional los modelos autonomistas y federalistas son los más prósperos y desarrollados del mundo. Son pocos en el concierto de las naciones y contribuyen a generar mayor riqueza en términos del PIB mundial y a su interior son los de mayor ingreso per cápita para beneficio de sus habitantes y territorios.

Demostrado está, entonces, que estos sistemas de arreglo de los gobiernos son la moda cierta para avanzar en el desarrollo, la creación de riqueza y bienestar de las gentes. Que sus ciudadanos y en sus territorios sean los dueños de las decisiones que competen a su entorno en varias de las materias requeridas para el buen gobierno: sus recursos fiscales, servicios como salud, educación, asuntos como el desarrollo agrario y la intervención del territorio, puertos, vías departamentales y vecinales, etcétera.

La llamada Constitución del 91 establece claramente en su artículo primero que Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada y “con autonomía de sus entidades territoriales”. Resaltado en el discurso de posesión del presidente Petro en el sentido de que haría cumplir este mandamiento constitucional. Goethe decía que una cosa era la intención y otra muy distinta era ejecutarla al señalar que la tarea entre la una y la otra era mucho más ardua. Pues parece que esta consigna del filósofo alemán se cumple perfectamente en este gobierno y para el departamento de Antioquia. Es paradójico que un país cuya  Constitución establece ser descentralizado y con autonomía de sus entidades territoriales le esté sucediendo precisamente lo contrario. Cada día más centralizado en sus recursos fiscales, obligaciones, competencias y funciones cuyas decisiones se toman desde La Centralidad (como la llamamos en La Corporación Colombia Autonómica). El 84 % del recaudo fiscal lo hace la nación, el 12 % los municipios y el 4 % los departamentos. Las políticas públicas sobre los territorios más alejados se diseñan, ejecutan y aplican desde la nación. De razón vemos a gobernadores y alcaldes con sus agendas mayormente ocupadas en la ciudad capital, Bogotá, vuelos ocupados por funcionarios regionales y locales rumbo a La Centralidad que maneja los recursos y las grandes decisiones.

Algunas acciones que en materia de minería y en desarrollo de la misma  Constitución, se habían delegado a algunos departamentos como Boyacá, Cesar, La Guajira, Bolívar, Norte de Santander y Caldas ya fueron recogidas nuevamente por las autoridades nacionales.

Antioquia es el único departamento formado en la minería, su Escuela de Minas con más de 140 años es icónica en América Latina, sus tierras arrugadas son pródigas en minerales necesarios para la transición energética, somos el principal productor y mayor exportador de oro de Colombia, la delegación minera ha sido responsable en su ejercicio como está establecido por los impactos en sus subregiones donde se explora y explotan minerales.

Todo ello y mucho más no ha sido óbice para que La Centralidad esté recentralizando más funciones que deben ser ejercidas por las comunidades regionales, en contravía de lo establecido por la Constitución.

Lo del cobre y el oro en Jericó se definió desde Bogotá. Deben ser sus ciudadanos y los de su entorno regional y bien informados los que tomen las decisiones sobre esos asuntos vitales para su desarrollo y bienestar. Las capacidades institucionales del departamento con articulación de las entidades nacionales deben ser responsables de los proyectos estratégicos y de interés nacional, Pine, cuyo impacto toca a cuatro subregiones de nuestro departamento a saber Suroeste, Occidente, Nordeste y Bajo Cauca. No, pero es la Agencia Nacional de Minería la que reasume en su totalidad, desde La Centralidad (Bogotá), todo lo atinente a estos proyectos ubicados en nuestro territorio.

Otra perla recentralista: el Ministerio de Ambiente ambienta un proyecto de resolución donde declara una Área Especial de Reserva sobre 92 mil hectáreas en la región del Suroeste donde no se podría adelantar nada productivo; metiéndose abruptamente en la Autonomía de las Corporaciones Autónomas Regionales al señalarles los estudios y pasos a adelantar en el entendido de que ello puede durar varios años. ¡Ojo con el Suroeste!

La Constitución del 91, el presidente Petro ha señalado que es legado del M-19, interpretó el grito de las regiones hacia su Autonomía, pero los encargados de aplicarla siguen, como ahora 90 años, a la penúltima moda del desarrollo del mundo.

Sobre el Apartheid indigenista

Por José Alvear Sanín*

(…) el lenguaje político está orientado para que las mentiras parezcan verdades y el homicidio, respetable, dando apariencia de solidez al puro viento

—George Orwell, en Politics and the English Language.

Corta, la vida de Eric Blair (1903-1950). Con el pseudónimo de George Orwell dejó, al lado de obras que poco han salido de Inglaterra, dos de validez universal: “Animal Farm” y “1984”, que deberían figurar al comienzo de todo curso de ciencia política, pero como encabezan el índice comunista de las obras prohibidas, se ocultan cuidadosamente a los estudiantes universitarios.

“La granja de los animales” (1945) es una genial sátira originada en su experiencia directa, porque Orwell vivió en la Barcelona de la guerra civil, cómo el comunismo, para imponer su tiranía, ejecutaba incluso a los anarquistas que antes los habían acompañado. El joven, que había llegado para servir a la República, desengañado por la matanza y la barbarie, se convertiría en el escritor más odiado por Stalin, quien no pudo dejar de verse retratado en Napoleón, el gran cerdo que encabeza la rebelión para liberar a los animales y luego se convierte en un tirano peor que el granjero.

Cuatro años más tarde aparece 1984, más que aterradora anticipación, veraz descripción de la miseria y opresión que imperan en todo Estado totalitario.

De “Animal Farm”, hasta quienes no la han leído recuerdan la feroz expresión de: “All animals are equal, but some animals are more equal than others”, que retrata la situación política de los grupos que logran imponer a los demás, primero, la tolerancia a sus desmanes, y luego, la sumisión a sus inapelables determinaciones.

Pues bien, en Colombia hay grupos “más iguales”, como todos los que adelantan el proceso revolucionario, amparados por un acuerdo final espurio, un poder judicial cooptado y unos medios infiltrados.

Sin dejar la ironía y la sátira orwellianas, podríamos revertirlas para afirmar que “Todos somos desiguales, pero hay algunos más desiguales”, lo que nos lleva a preguntarnos por el principio fundamental de la igualdad, esencial para la democracia, que permite la coexistencia de las diferencias y desigualdades inherentes a la condición humana, dentro de un marco igual para todos los ciudadanos de un país. No pueden, entonces, crearse grupos exentos del cumplimiento de las leyes, por el hecho de pertenecer a una raza, religión o bandería diferente.

Sin embargo, doscientos y más años después de la proclamación de los principios de Liberté, Egalité et Fraternité, la Constitución colombiana de 1991 excluyó de la patria a un 4% de la población, para que dejaran, de hecho, de ser colombianos.

Obedeciendo a teorías que son “puro viento”, más de un centenar de comunidades que se veían integrando al país fueron entregadas a la triple dictadura de caciques, chamanes y mamos, que no son elegidos ni revocables, ni responsables, ni están sujetos a las leyes. Su poder omnímodo sobre sus súbditos —que no ciudadanos—, hasta en lo judicial, depende de instituciones “ancestrales”, interpretadas caprichosamente por sus usufructuarios, que disponen también de grupos paramilitares, la guardia indígena. Estos sátrapas imperan sobre algo más del 25% de lo que antes era Colombia.

En los territorios indígenas no rigen la democracia representativa ni los códigos Civil y Penal. Por tanto, allá tampoco existen las libertades de religión, de pensamiento, de oposición política, de propiedad privada —y en consecuencia, tampoco la libertad de empresa—, la medicina científica, la higiene, ni la alimentación modernas, lo que explica la persistencia del atraso, la improductividad económica, la ausencia de impuestos y la doble mendicidad, la de las autoridades ancestrales que extraen inmensas sumas del erario, y la de las mujeres y los niños en todos los pueblos de Colombia, porque las millonadas que llegan de Bogotá se evaporan…

Para innovar en música y formas plásticas y para crear literatura, ciencia y tecnología, los pueblos indígenas, primero, deberán liberarse de un pasado opresor, mágico e inmodificable.

Por lo anterior y mucho más, he llegado a pensar que esos pueblos son “más desiguales”, y siento dolor por la patria que se les ha quitado, porque en realidad, a partir de la Carta de 1991, fueron condenados a la esclavitud y el atraso, mientras sus orondos jefes, asociados ahora a las FARC y a los carteles colombo-mexicanos, se regocijan sobre los despojos territoriales, morales y presupuestales de Colombia.

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Y con el mismo desprecio con que los dueños de los pueblos ancestrales mandan a las mujeres y niños a pedir limosna, se empaca y moviliza, en medio de la pandemia, a miles de personas, en condiciones peores que las que soportan los ganados en carretera.

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La diferencia entre el repugnante Apartheid surafricano y el Apartheid indigenista colombiano es que el primero buscaba, sobre principios injustos, un desarrollo separado para los pueblos ancestrales, mientras el Apartheid indigenista colombiano busca perpetuar el subdesarrollo de unos pueblos condenados a vivir en ghettos.