La Patria Milagro es imposible sin autonomía territorial

Félix Alfázar González Mira

“Sin Antioquia es imposible la Patria Milagro”, decía el presidente De la Espriella durante el desfile del 20 de julio en Medellín. Posteriormente, en el Túnel del Toyo, resaltó el talante del pueblo antioqueño.

En 1863, Antioquia pasó de ser “la provincia más atrasada del reino” a convertirse en la más adelantada, como premonitoriamente lo había asegurado setenta años antes el oidor Mon y Velarde. Sin embargo, él no podía prever que sería el arreglo institucional el verdadero responsable de ese salto en el desarrollo, y no únicamente la riqueza de sus tierras o el espíritu luchador del montañero. Fue necesaria la concurrencia de lo material —la riqueza de sus recursos y sus vertientes— con lo inmaterial: el tesón, la capacidad emprendedora y el espíritu indomable de esta tierra.

También fue decisiva la Constitución Radical de Rionegro de 1863, cuyas posibilidades Antioquia, por encima de los demás Estados Soberanos, supo aprovechar para potenciar sus capacidades de desarrollo. No se enredó en conflictos internos, no se desgastó en disputas con el gobierno central, no se distrajo en asuntos menores ni consumió sus energías en lo cotidiano. Por el contrario, con la plena autonomía política, administrativa y fiscal que le otorgaba la Constitución, transformó la educación desde la enseñanza primaria hasta los talleres de artes y oficios; creó la primera Escuela de Minas de América Latina; fortaleció la Universidad de Antioquia y las facultades de Medicina y Derecho; construyó caminos y puentes para impulsar la competitividad; emprendió el histórico Camino de Occidente con el Puente de José María Villa sobre el río Cauca con el propósito de llegar al mar de Urabá; y consolidó la mayor epopeya de expansión territorial conocida en el país: la colonización antioqueña del Viejo Caldas, el norte del Valle y el Tolima.

Bastaron los 23 años de vigencia de aquella Constitución para que Antioquia tomara la delantera en el desarrollo nacional. Y la explicación es clara: gozaba de una autonomía integral. Política, porque elegía a sus gobernantes; fiscal, porque los estados soberanos administraban cerca del 46 % de los recursos públicos; y administrativa, porque podían decidir libremente en qué sectores y territorios invertir para promover el desarrollo regional y local.

Hoy, en contraste, los territorios apenas administran el 14 % de los recursos públicos, mientras el centralismo concentra el 86 % restante.

Desde Antioquia vuelve a escucharse el grito de la autonomía; el grito de la libertad; el grito de la montaña para toda la llanura colombiana; el grito emancipador de las regiones; el grito del desarrollo, de la prosperidad, de la seguridad y de la paz. Es el llamado al poder autonómico de todas las localidades y regiones de la patria, representado en la propuesta del gobernador Andrés Julián Rendón de impulsar un referendo fiscal, respaldado por los diputados de Colombia. La iniciativa busca que el impuesto sobre la renta y el impuesto al patrimonio se recauden en los departamentos, transformándose en un nuevo sistema general de participaciones territorial, con capacidad para consolidarse en arreglos de hacienda pública con la nación durante los próximos cinco años.

Esa es, a mi juicio, la verdadera garantía para avanzar hacia la “Patria Milagro”. La descentralización autonómica fortalece el crecimiento económico, profundiza la madurez democrática, amplía la participación ciudadana, empodera a las comunidades, facilita el control social sobre los recursos públicos y hace realidad el propósito de la Constitución de 1991: consolidar un verdadero Estado social de derecho.

Es darle oportunidad a la constitución de rescatar su espíritu primigenio: haber sido el gran acuerdo de la sociedad colombiana para superar violencias y avanzar hacia estadios superiores de desarrollo, y la descentralización autonómica es de los pilares fundamentales para alcanzar esos propósitos hoy visualizados en "La Patria Milagro".

La hora de la democracia representativa

Por Héctor Hoyos Vélez

Estamos evidenciando que el poder del presidente en Colombia es suficientemente fuerte para que, mediante el manejo del presupuesto, incida en las decisiones del Congreso, para beneficiar o combatir a organizaciones criminales, para debilitar o apoyar a las fuerzas armadas, para propiciar o no el desarrollo de obras públicas y generar un ambiente de crecimiento y de inversión o para afectar las iniciativas de las regiones o de los empresarios, entre otras muchas decisiones que alteran el buen funcionamiento de la economía y el bienestar de los individuos.

El balance del Gobierno en esos aspectos mencionados, hasta la fecha no satisface y más bien preocupa tanto, que el ambiente y la participación política del pueblo en general busca un destino contrario a las pretensiones del presidente, como lo demostró en las elecciones regionales y en las manifestaciones espontáneas de rechazo en los escenarios públicos. Por esa razón, se espera que los nuevos gobernantes territoriales ejerzan un contrapeso al poder presidencial por su liderazgo en sus regiones, por la discriminación que desde la Presidencia han ejercido entre quienes representan a los afectos u opositores al Gobierno, y lo más importante, por la necesaria resistencia a las políticas de sometimiento al sistema que destruye lo construido para someter a la población bajo la ideología comunista totalitaria. Pero no solo los nuevos gobernantes regionales son trascendentales para hacerle frente a un Gobierno que no coopera con el desarrollo y el bienestar; concejales, diputados y los mismos congresistas, como intérpretes del clamor del pueblo, tendrán que atenderlo para que prevalezca la democracia, la ley, la seguridad y se alcancen metas de desarrollo, empleo, bienestar y prosperidad en cada región. Es la hora de las instituciones que representan al pueblo, de las asambleas y de los concejos municipales y es la hora del Congreso para preservar la República instituida para la libertad y la democracia.

Esta condición favorable de nuestra democracia representativa que descentraliza el poder político, hay que resaltarla porque de ella depende un mejor futuro para los colombianos. Conviene apreciar y valorar esa autonomía política alcanzada de los territorios, en desarrollo del espíritu descentralista de la Constitución, para elegir sus dirigentes, en este momento de la vida de la nación que resiste ante tanta adversidad provocada desde el Gobierno nacional, para fortalecer el poder regional con una mejor distribución de las rentas del Estado.

La lucha contra el centralismo siempre ha sido una constante del pueblo antioqueño que poco a poco se ha ido expandiendo en todo el territorio nacional, la Federación de Departamentos, en los últimos años, ha propendido por el federalismo, el presidente del Congreso, doctor Iván Name, viene promoviendo la autonomía territorial y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, propone un referendo para redistribuir las rentas del Estado en los niveles municipal y departamental.

Coinciden hoy diversas circunstancias que propician la autonomía territorial además de las mencionadas:

1. La resistencia desde las regiones a las políticas nacionales de este Gobierno. Indudablemente la política regional está ansiosa por ejercer su poder en favor de las aspiraciones de los conciudadanos en especial en materia de seguridad donde el Gobierno nacional no ejerce la debida autoridad.

2. El nivel de desarrollo alcanzado en las regiones que se sustenta en el emprendimiento de millones de empresarios en todos los sectores, que creemos en nuestra capacidad para valernos por nosotros mismos y que observamos con indignación la concentración de poder y de recursos en un gigantesco Estado central, impedido para atender las necesidades de las poblaciones en la periferia y que funciona con base en la corrupción estructurada para condenarlas al atraso y la miseria. Nada puede impedir la conquista de aspiraciones de los colombianos que vemos oportunidades de progreso desde nuestras regiones.

3. El espíritu de la Constitución que los ciudadanos tenemos que hacer cumplir porque lleva consigo la justa retribución al esfuerzo regional de contribuir al funcionamiento y los deberes del Estado, y reconoce la identidad cultural de las regiones de Colombia para expresarse, organizarse y alcanzar sus aspiraciones: Artículo 1o. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

Todos los colombianos hoy debemos unirnos en dos objetivos principales; preservar la libertad y la democracia contra el totalitarismo comunista y alcanzar la autonomía territorial de los departamentos para salir del atraso y la pobreza.

Autonomía y patrimonio cultural

Por Félix Alfázar González Mira*

Hay un bello escrito del filósofo de Envigado, Fernando González, en el cual en su finca de “Otraparte” cuando era bucólica, describe el cuerpo de la vaca. Empieza a recorrerla desde la cabeza hacia atrás, a describir sus formas y sus partes, a mirar sus venas turgentes como tuberías flexibles que conducen la sangre cuyos nutrientes son necesarios para que los alvéolos mamarios la transformen en leche; y concluye: todo en la vaca concurre a la ubre. ¡Al líquido vital!

Pues bien, donde quiera que en nuestra patria se hable de políticas públicas que tengan que ver con mejorar las condiciones de vida de las gentes, el tema de la autonomía territorial siempre estará transversalmente presente.

Asistí en Aguadas, Caldas, al segundo encuentro de Pueblos Patrimonio de este departamento y de Antioquia dentro del marco de los programas de la Región Administrativa de Planificación, RAP, entre los dos departamentos sobre el agua y la montaña. Reunión para compartir experiencias de los municipios de Santa Fe de Antioquia, Jardín, Jericó, Salamina y Aguadas; con invitación a Abejorral y Manizales.

Todas las exposiciones de los diversos municipios tenían un elemento en común: la lejanía y lentitud de las autorizaciones por parte del Ministerio de la Cultura para intervenir bienes en su territorio. Rayaban casi en la indolencia.

En el pujante pueblo de Aguadas manifestaban sus autoridades la pereza de las gentes para seguir haciendo parte de esa organización, en atención a lo dispendioso de hacer intervenciones en los bienes atendiendo normas nacionales de conservación; a tal punto que el señor alcalde manifestó su preocupación por el deterioro y caída de su bello patrimonio arquitectónico.

En Manizales llevan dos años esperando autorización para una pequeña modificación que comporta una escalera menor y una puerta para habilitar un espacio necesario para una notaría que espera mejorar sus servicios, para lo cual les exigen un ingeniero calculista. Es una exigencia descomunal para ese permiso, y eso que la Facultad de Arquitectura de esa tierra es de las reputadas del país.

En Jericó la cotidianidad de la vida intergeneracional de familiares herederos de bienes patrimoniales es afectada altamente al no poder disponer de acomodo en esos espacios físicos por los complejos requerimientos de la centralidad.

Su parque, construido hace treinta años, para cambiar lozas menores e invertir 40 millones de pesos, necesitó seis meses de espera para acometer esos nimios trabajos.

En el precioso edén que es el Municipio de Jardín los hoteleros vienen parando las inversiones por lo dispendioso con el Ministerio, su plataforma y generar los permisos. Su teatro, bastante antiguo, avanza lentamente en su remodelación con las limitaciones de presupuesto y la “paciencia jobiana” de las autorizaciones.

Lo de Abejorral si constituye una tragedia total. Con buena intención el Ministerio de Cultura declara, desde 2002, mayor parte de sus bienes urbanos patrimonio cultural. Inmoviliza cualquier decisión e intervención de sus propietarios legítimos. No acuden a atender requerimientos de las comunidades produciendo que esos inmuebles se deterioren al punto de estarse cayendo y generando lo contrario de lo deseado: ¡conservarlos!

El señor gobernador de Antioquia se quejó, en visita a la Ciudad Madre, que la autorización del ministerio de cultura para intervenir el puente histórico, entre los municipios de Olaya y Santa Fe de Antioquia, se hubiera demorado más de un año. La remodelación de la plaza mayor Simón Bolívar de la ciudad histórica fue bastante lenta en atención a todos los requisitos que exige la centralidad.

El gobernador de Caldas manifestó que en Colombia había más territorio que Estado entendiendo que la autonomía permitía que el Estado copara el territorio.

Preocupa constatar que en todos los territorios de la patria existan preocupaciones comunes en todos los sectores de la vida nacional. Que el centralismo desde el siglo XIX esté presente en todos los rincones e instituciones que conforman nuestra organización estatal. Que el artículo primero de la Constitución de 1991 que establece la Autonomía de las entidades territoriales, dentro del Estado unitario y descentralizado, no esté reglamentado para que desate el desarrollo impetuoso y latente presente en nuestras gentes y territorios.

Pero anima saber y sentir que en todos los lares entienden y saben que, como en la vaca, ¡todo concurre hacia la autonomía fiscal territorial como líquido vital que alimentará el progreso y prosperidad de nuestras regiones, gentes y territorios!

Reflexionemos y actuemos

Por Antonio Montoya H.

Llegó la hora de reflexionar y actuar, pero con orden, después de que cada uno de nosotros los que perdimos la elección, hagamos el duelo y podamos analizar el presente y el futuro con serenidad, con estrategia y planeación para proyectar la forma de actuar coherente y masiva.

Debo expresar varias cosas para que ustedes y yo, en conjunto, podamos definir el camino a seguir, a saber:

*No olvidemos que los votos de la derecha fueron 10.454.000, que se perdió por 700 mil votos y que podemos afirmar que el país no solo tiene una división política, sino, también una división territorial, 17 departamentos con Gustavo Petro y 16 con Rodolfo Hernández. Esto nos lleva a concluir que el presidente no podrá actuar con total libertad cuando no cuenta con mayorías suficientes de ciudadanos y ello, lo hará reflexionar sobre la forma de acometer las reformas que pretende.

*La derecha está dividida a la vez en partidos y movimientos por firmas que obedecen a liderazgos individuales, no de grupos, lo cual conlleva a que las acciones de cada grupo serán diferentes entre sí y cada uno se creerá el dueño de la verdad. Esto hoy impide que se piense en forma colectiva, bajo unos criterios claros.

*A la vez, al interior de cada grupo o partido existen diferencias entre los miembros lo que conlleva a que su fuerza y liderazgo se pierda en la maraña de las discusiones haciendo imposible construir proyectos e ideas de largo plazo, por cuanto estas duran hasta las elecciones, no se trabaja la fuerza de unos principios coherentes y fijos que enmarquen el rumbo y que todos se sometan a ellos.

*Hoy, a ocho días del triunfo electoral de Gustavo Petro, se están efectuando reuniones entre el candidato elegido, los partidos políticos y sus líderes, buscando alianzas y un acuerdo nacional que permita tener gobernabilidad lo cual en sí mismo es válido, pero, puede traer consecuencias funestas el que los partidos se entreguen de una al gobierno de turno.

Lo que se pretende es tener un mejor país, generando confianza y dando estabilidad jurídica, económica y social, pero sí debemos ser sigilosos ya que la izquierda radical del candidato ganador, no da nada gratis y pueden obtener todo.

A pesar de  los acuerdos, y de  algo de estabilidad, es necesario que nos preparemos en  las regiones, y por ello, debemos pensar de una forma diferente, protegiendo el entramado social que representan los departamentos y sus habitantes, no contando con los partidos que ya no existen, ni con los movimientos por firmas que es son el principio del fin de las democracias, sino contando con todos los ciudadanos, un movimiento cívico fuerte, con ideas precisas, con fundamentos que hagan parte inequívoca del movimiento, en el que quepan todas las personas porque el objetivo es el de fortalecer las regiones, no el de buscar independencia o separación del estado Colombiano, se respeta y acata la soberanía, la autoridad del ejército nacional, las relaciones internacionales, pero se busca dar fuerza económica a las regiones fortaleciendo sus ingresos disponiendo en forma directa de ellos y entregándole al Estado una menor participación. Así fortalecemos la economía, damos fuerza a la política con alcaldes y gobernadores elegidos popularmente, pero con un sentido de acción regional con más recursos a disposición y obviamente con diputados y concejales que realmente puedan promover normas y gravámenes propios que ayuden al desarrollo de la región.

Las regiones o comunidades autónomas son claramente una forma de descentralización política, financiera y administrativa en la que sus habitantes tendrán más competencias para aprobar sus propias leyes. Será un gran cambio que facilita que las regiones se desprendan del centralismo que agobia.

En Antioquia existe un grupo de ciudadanos, como bien lo dijo  Bernardo Guerra en su artículo de hoy en las páginas del Colombiano, de diversas profesiones y oficios liderado por ciudadanos prestantes como Jesús Vallejo, Héctor Quintero, Félix Alfazar, Rodrigo Sanín, Julio González, Luis Fernando Duque, Óscar Urrea y otros más, grupo del cual hago orgullosamente parte, que está luchando y promoviendo la autonomía de las regiones incluyendo a Antioquia  y que en próximos días fijará el rumbo y la invitación a los ciudadanos a que hagan parte de esta propuesta de cambio económico, político y social en Colombia.

Propongo que el siete de agosto los antioqueños en muestra de acompañamiento al movimiento autonómico, se vista de verde para mostrar de una forma inequívoca que cree en la autonomía y en el fortalecimiento de la región de Antioquia.

Que viva la autonomía. Que viva Antioquia la grande.