Las políticas antipetroleras del
anterior Gobierno Nacional han significado un preocupante descenso en el índice
de reposición de reservas de crudo y gas natural. Durante el pasado cuatrienio el
país dejó de firmar nuevos contratos para buscar petróleo y gas, a diferencia
de otros países de la región, que continuaron impulsando el sector de
hidrocarburos mediante la adjudicación de nuevos bloques para exploración para la
reposición de reservas. A partir de 2022, la perforación de pozos exploratorios
en Colombia sufrió una drástica caída cercana al 48 %, pasando de 87 pozos
en 2022 a solo 45 en 2025, según datos consolidados de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP). Esto ha
significado que el índice de reposición de reservas de crudo bajó al 94,5 %,
lo que significa que, por cada 100 barriles consumidos o extraídos, solo se
repusieron 94.
Un estudio presentado por Naturgas el
pasado 31 de agosto ante el Comité Intergremial de Petróleo y Gas (CIPG) -
integrado por ACGGP, ACIEM, ACIPET, ACP, Campetrol y Naturgas – alerta sobre
los riesgos para la autosuficiencia energética, el abastecimiento de gas y los
ingresos fiscales a que está abocado el país de persistir en su política antipetrolera,
advirtiendo que “las reservas probadas de hidrocarburos con que cuenta el país
se agotarán hacia 2035″.
Uno de los mayores riesgos para el
sector energético, identificados por el referido estudio corresponde al gas
natural. En el escenario denominado “Pérdida de autosuficiencia”, en
2035 las importaciones de gas tendrían que atender hasta cerca del 65 % de
la demanda nacional y alrededor del 98 % en 2045. Una mayor dependencia
externa de gas importado aumenta la exposición del país a los altos precios
internacionales causados por los conflictos geopolíticos principalmente en el
Golfo Pérsico, los costos logísticos y la volatilidad de los mercados.
Caídas registradas durante la última
década del 27 % en la producción de crudo y del 31,8 % en la de gas,
son algunas de las razones detrás del llamado del CIPG a retomar e impulsar una
política exploratoria, que permita al país recuperar la soberanía energética y
a mitigar el cuantioso déficit que soportan las finanzas públicas. La llegada del
nuevo gobierno puede significar para el sector de los hidrocarburos una
oportunidad para retomar el dinamismo que tuvo el país en los años previos al
2022.
Estimaciones
del Centro Regional de Estudios de Energía y comités gremiales señalan que, una
transición energética acelerada sin adición de nuevas reservas de hidrocarburos,
podría poner en riesgo hasta $533 billones de pesos en aportes fiscales
(regalías, impuestos y dividendos) para la nación. Esta cifra representa la
diferencia de recursos entre un escenario de transición lenta (una reducción
progresiva del consumo de hidrocarburos), que aportaría 695 billones a la
Nación y las regiones entre 2025 y 2050, y un escenario de transición rápida
(supresión acelerada del consumo de hidrocarburos), donde se alcanzarían apenas
ingresos por 162 billones.
Si
no se reactiva la exploración de hidrocarburos, el momento más crítico para el
sector energético nacional vendrá entre 2029 y 2032, que es cuando se tendrá
una mayor presión sobre las reservas. “Existe un cuello de botella
institucional, pero Colombia tiene los recursos energéticos en el subsuelo”,
añade Luz Stella Murgas, presidenta de la Asociación Colombiana de Gas Natural
(Naturgas), quien ademas agrega: “Los inversionistas necesitan estabilidad
en las reglas de juego. Necesitamos una política de estado a 30 años,
trabajamos en un régimen especial para grandes inversiones”.
La
solución al actual problema fiscal del país en gran parte depende de la
reactivación e impulso del sector de los hidrocarburos. “Retomar proyectos,
adquirir sísmica y apostarle a la exploración nos aportará $533 billones que
hoy no tenemos”, afirma Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana
de Petróleo y Gas, ACP. La política pro hidrocarburos, que proponen los gremios,
se orienta a generar un ambiente favorable para la llegada de capital (extranjero
y nacional), fortalecer los proyectos existentes y explorar nuevos campos
promisorios, tanto costa afuera como costa adentro.
El
presidente de ACP también señala que ya ha considerado la posibilidad de
implementar un régimen para grandes inversiones, similar al caso argentino,
conocido como Rigi, con el que buscan atraer inversión extranjera para el
petróleo y el gas y, en un futuro, trasladarlo a otros sectores que han
mostrado un menor dinamismo en la llegada de nuevo capital. A lo cual Luz
Stella Murgas, presidenta de Naturgas, anota que la atracción de capital
extranjero a Argentina para el proyecto Vaca Muerta le permitió a ese país
sanear un déficit fiscal cercano a los US $8.000 millones y mejorar la balanza
comercial en el mercado de hidrocarburos.
Los representantes de los gremios además agregan que los proyectos de yacimientos no convencionales son otro de los caminos que el país debería considerar, no solo para mejorar la situación fiscal, sino también para apuntarle a recuperar la soberanía energética. Como lo señalé en anterior columna[1], el potencial de yacimientos no convencionales, principalmente gas natural explotable mediante fracking, identificados en el Valle Medio del Magdalena, es la oportunidad que tiene el país de avanzar en la era de una transición energética sustentable (“la transición lenta” que se mencionó antes).
